Ricardo Arellano Castillo
Expediente 1692/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1692/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Arellano Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1692/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
SENTENCIA V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 1692/2017-IV-B, promovido por RICARDO ARELLANO CASTILLO, por conducto de su apoderado legal Hansel Francisco Antonio Rojas Brito; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado en la misma fecha, RICARDO ARELLANO CASTILLO, por conducto de su apoderado legal Hansel Francisco Antonio Rojas Brito, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente, los que hizo consistir en lo siguiente: "La omisión de las responsables en aplicar y hacer efectivo la destitución material y jurídica del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos; en términos del apercibimiento que se decretó en el acuerdo de fecha 19 de Diciembre del 2016 por incumplimiento al laudo de 01de julio de 2015. ". (SIC). SEGUNDO. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda, se registró con el número de juicio de amparo 1692/2017-IV-B; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar al tercero perjudicado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ejercerán su jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde tienen ejecución los actos que se les reclaman. SEGUNDO.- Es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 124 , fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que prevé la destitución como medida de apremio, toda vez que así lo admitió el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por sí, y en representación del Pleno de dicho Tribunal, al rendir su informe justificado (fojas 31 a 33); lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas copias certificadas del expediente 01/54/15, a partir del laudo (fojas 34 a 116); documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º. TERCERO. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En ese orden de ideas, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de garantías es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". A efecto de explicar la actualización de dicha causal de improcedencia se estima necesario establecer los antecedentes del acto reclamado. De los autos del expediente 01/54/15, se advierte lo siguiente: I.- El primero de julio de dos mil quince, se dictó laudo en el que se condenó al Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, al pago de diversas prestaciones (fojas 35 a 39). II.- Inconforme el Ayuntamiento de referencia promovió amparo directo del que le correspondió conocer al otrora Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito el que por ejecutoria emitida en sesión de veintidós de enero de dos mil dieciséis, negó el amparo y protección solicitada (fojas 44 a 53). III.- Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se abrió el incidente de liquidación (fojas 58). IV.- El ocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó resolución en el incidente de liquidación (fojas 66 a 83). V.- Por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente ejecutor, ordenó requerir de pago al Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado apercibiéndolo con multa de hasta quince salarios mínimos en términos del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 86 y 87). VI.- En virtud del incumplimiento de la parte demandada por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ordenó requerir de pago al Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado apercibiéndolo con la destitución en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 96). VII.-Por auto de once de agosto de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud del incumplimiento de la parte demandada ordenó dar cuenta al Pleno para la aplicación de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 115) Sentado lo anterior, debe reiterarse que la parte quejosa reclama la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que prevé la destitución como medida de apremio, en contra del Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, como medida de apremio a efecto de que se dé cumplimiento al laudo dictado a favor del quejoso. Ahora bien, mediante oficio TECyA/000249/2018, recibido el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete en el expediente 01/54/15, de la que en esencia se advierte que la autoridad responsable dio por cumplido el laudo y el incidente de liquidación; asimismo, el actor en el juicio natural, aquí quejoso, manifestó su conformidad con el cumplimiento, por lo que ordenó el archivo del expediente. Constancias a las cuales, por ser un documento público, se les concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2°. No es impedimento para que se valoraren las pruebas documentales públicas de referencia, el hecho de que se hayan agregado a los autos después del inicio de la audiencia constitucional, toda vez que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público, de acuerdo al artículo 62, de la Ley de Amparo y, por tanto, el juzgador debe tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios con posterioridad al inicio de la audiencia constitucional, siempre que con ellas se acredite la improcedencia del juicio. Este criterio encuentra apoyo en la tesis II.1o.P.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 664, del Tomo XIII, Junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." Así como en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 198, del Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "AMPARO, IMPROCEDENCIA EN EL. DEBE TOMARSE EN CUENTA LA DOCUMENTAL PRESENTADA DESPUÉS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO ACREDITA UNA CAUSA MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. La circunstancia de que haya sido ya celebrada la audiencia constitucional en el juicio de garantías, no imposibilita jurídicamente al Juez de Distrito para tomar en consideración, al dictar el fallo respectivo, aquellos documentos que aunque recibidos con posterioridad a la verificación de ese acto, guarden relación directa o inmediata con la improcedencia del juicio, pues la celebración de dicha audiencia únicamente impide la realización de actos procesales posteriores a la misma, mas no el que se alleguen documentos que versen sobre la improcedencia del juicio, dado que ésta es de orden público y, por tanto, debe ser analizada de oficio." En estas condiciones, se afirma que ha operado un cambio en la situación jurídica, puesto que las violaciones reclamadas en relación a la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que prevé la destitución como medida de apremio, en contra del Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, como medida de apremio a efecto de que se diera cumplimiento al laudo dictado a favor del quejoso, no pueden estudiarse sin afectar la nueva situación jurídica que guarda el impetrante con motivo del acuerdo en el que se tuvo por cumplido el laudo y se ordenó el archivo definitivo del expediente; de ahí que se afirma que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, y fundado, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 74, 75, 107, 119, 123 y 124de la Ley de Amparo; y 1º, 48, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por RICARDO ARELLANO CASTILLO, en contra del acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Presidente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así mismo, en cumplimiento del acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas por en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hasta hoy veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el PRESIDENTE, TERCER ÁRBITRO Y SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual remite copia certificada del convenio de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda; agréguese a los autos del presente cuaderno provisional en virtud de que el presente juicio de amparo se encuentra con audiencia celebrada de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual, informa que el acto reclamado ha dejado de surtir efectos, por la firma de un convenio de fecha veinte de diciembre de la presente anualidad; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, en virtud de que pudiera actualizarse alguna causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, requiérase al TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, para que en el término de cinco días siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada del convenio antes citado y el acuerdo que recayó al mismo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. En mérito de lo anterior, se ordena formar cuaderno provisional en virtud de que el presente juicio de amparo se encuentra con audiencia celebrada de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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