RICARDO ANTONIO REYNA MENDOZA y Otros.
Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Antonio Reyna Mendoza
- RICARDO ANTONIO REYNA MENDOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en atención a su contenido, como lo solicita, devuélvanse los autos originales del toca penal JOTP/183/2021, así como el disco en formato DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado, ya que carece de objeto su permanencia en este Juzgado, al haberse declarado la ejecutoria de la sentencia que sobreseyó en el juicio. CÚMPLASE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Archivo Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Destino final Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Relevancia documental Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de documentales Finalmente, devuélvase a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, los autos originales del toca penal JOTP/183/2021, y un disco formato DVD, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 138/2022 promovido por RICARDO ANTONIO REYNA MENDOZA y KATERINNE ESTEFANIA RAMIREZ ORTEGA contra actos del Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y su ejecución al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 183/2021, donde se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 134/2021, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; proveído en el cual se desecharon por extemporáneas las pruebas ofrecidas por la defensa de los quejosos. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. SON CIERTOS los actos reclamados, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de doce de agosto de dos mil veintiuno, el defensor particular de los imputados Ricardo Antonio Reyna Mendoza y Katerinne Estefanía Ramirez Ortega, realizó su descubrimiento probatorio, y al efecto ofreció como datos y medios de prueba, las siguientes: a) La testimonial a cargo de Luis Alberto Hernández López. b) Documental pública de informe rendido por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana. c) Testimonial a cargo del perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, licenciado en Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales, respecto de su dictamen de extracción de datos de quince de febrero de dos mil veintiuno. d) Testimonial a cargo del perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, licenciado en Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales, respecto de su dictamen de extracción de datos de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. e) Testimonial a cargo del perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, licenciado en Criminalística, Criminología y Técnicas Periciales, respecto de su dictamen de quince de marzo de dos mil veintiuno. 2. En acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la Jueza de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó lo siguiente: "Por recibido el día de hoy el escrito del defensor privado Licenciado Gerardo Jesús Castellanos Avendaño, de los acusados Katerinne Estefanía Ramírez Ortega y Ricardo Antonio Reyna Mendoza, en términos de lo que establece los artículos 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene al defensor de manera extemporánea ofreciendo medios de prueba en los términos en que lo hace, ya que el término de diez días a que hace referencia el último de los preceptos legales antes invocado comprendió del veintitrés de julio al seis de agosto de dos mil veintiuno, ya que la última de las víctimas fue notificada el diecinueve de julio del presente año, por lo que el término de tres días a que hace referencia el artículo 338 del ordenamiento legal antes invocado comprendió los días, 20, 21 y 22 de julio del año en curso, por lo que en torno a la admisión de dichos medios de prueba será materia de la audiencia intermedia, ya que como se dijo en el auto en que se radicó la acusación deben de cumplirse con los plazos procesales que establece la ley ante el principio de igualdad que debe regir entre las partes. Por lo que con dicho escrito se ordena correr traslado a las demás partes con independencia de lo anterior el contenido de sus registros deberá entregarse a las demás partes procesales. preceptos legales antes invocado había comprendido del veintitrés de julio al seis de agosto de dos mil veintiuno, ya que la última de las víctimas fue notificada el diecinueve de julio del presente año, por lo que el término de tres días a que hace referencia el artículo 338 del ordenamiento legal antes invocado comprendió los días, 20, 21 y 22 de julio del año en curso, por lo que en torno a la admisión de dichos medios de prueba será materia de la audiencia intermedia, ya que deben de cumplirse con los plazos procesales que establece la ley ante el principio de igualdad que debe regir entre las partes. 3. Inconforme con dicha determinación, el defensor particular de los acusados Katerinne Estefanía Ramírez Ortega y Ricardo Antonio Reyna Mendoza, interpuso recurso de apelación, del que conoció la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así por resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el toca penal 183/2021, declaró inadmisible el recurso interpuesto, por actualizarse los supuestos establecidos en los artículos 467 y 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra los actos cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio, se advierte que contra los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente sino afecta derechos sustantivos, dichos numerales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] De lo anterior se advierte, interpretando la fracción V a contrario sensu, que el juicio de amparo es improcedente cuando sea promovido contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, esto es, que no afecten derechos sustantivos. Los actos procesales de imposible reparación son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado establecidos en la Constitución Federal, como son la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, porque la afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos en el procedimiento de ejecución reparable, respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Así, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "[...] 68. Así, por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. 69. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. 70. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. 71. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. 72. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. 73. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. 74. Bajo ese parámetro, es que se comparte el sentido de la resolución recurrida, en cuanto se determina que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera impertinentes y que han quedado precisadas en esta ejecutoria, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. 75. Lo mismo acontece respecto de la admisión de los medios de prueba que considera ilegales, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. 76. En efecto, respecto de la testimonial a cargo de los policías aprehensores [...] elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, su admisión no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. 77. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. 78. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales a cargo de [...], las imágenes de video grabación contenidas en una memoria "USB"; la evidencia material consistente en [...], puesto que su admisión no implica por sí misma un acto de imposible reparación, por las razones antes expuestas. 79. Del mismo modo, la pericial en materia de genética a cargo del perito [...], en los términos en que se ofreció y fue admitida, tampoco genera afectación irreparable al quejoso, puesto que no habrá de desahogarse respecto de su información genética, pues como el propio impetrante lo refiere, la pericial no tiene el objeto de determinar si las muestras de [...] derivan de él. 80. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. 81. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la admisión de medios de pruebas, pero no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia que el juez de distrito consideró aplicable al caso concreto, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. 82. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales e impertinentes, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso [...]" Lo resaltado es propio. En resumen, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que: - Para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. - La doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. - Además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deban ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. - El amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación, por afectar un derecho fundamental. - Se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. - La admisión de pruebas (incluso de aquellas que se consideran ilegales), no irroga un daño irreparable actual, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique, verbigracia, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Hecho lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 183/2021, donde se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la causa penal 134/2021, en la que tuvo al defensor de los acusados Ricardo Antonio Reyna Mendoza y Katerinne Estefanía Ramirez Ortega, de manera extemporánea ofreciendo medios de prueba, en términos de los artículos 338 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, la resolución emitida por los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTP/183/2021, no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de los acusados Ricardo Antonio Reyna Mendoza y Katerinne Estefanía Ramirez Ortega, ya que la admisión de pruebas son determinaciones de índole procesal. Además como válidamente lo consideró la sala responsable, el acuerdo recurrido no encuadra dentro de los supuestos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ser relativo a la admisión o exclusión de medios de prueba, y por ende se actualiza el supuesto de inadmisión del precepto 470 de la aludida codificación procesal. Por ende, se reitera que no hay afectación alguna a los derechos de la parte quejosa, porque en relación a la admisión de dichos medios de prueba se puntualizó por el Juez de la causa que será materia de la audiencia intermedia, atendiendo al principio de igualdad entre las partes y de contradicción. Y es precisamente en la audiencia intermedia, la etapa en la que se dará la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba, acto que es de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme al principio de continuidad, previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Esas etapas se van sucediendo una a otra, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; de ahí que, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. En consecuencia, se patentiza la causal de improcedencia invocada al no afectar derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón de que el Juez de Control en la etapa intermedia deberá corrobora el descubrimiento probatorio, admitiendo y excluyendo los medios y datos de prueba de las partes. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 6/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 1743, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Igualmente, es aplicable la Jurisprudencia PC.XVII. J/34 P (10a.), emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 2114, Undécima Época, Materias Común, Penal, con número de registro digital: 2023142, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo por lo que respecta al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, atribuible a su ejecución. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ... contra actos de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y su ejecución al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual hace del conocimiento que autorizó la vinculación del expediente electrónica de manera permanente del juicio de amparo 1222/2021, del índice de ese Juzgado al 138/2022, de este órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, instrúyase a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado para que realice todas las gestiones necesarias para lograr ese cometido. Notifíquese y cúmplase.
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