RICARDO ANTONIO REYNA MENDOZA y Otros.

Expediente 1410/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1410/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • RICARDO ANTONIO REYNA MENDOZA y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo ********************, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido.****************************************Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la medida cautelar provisional definitiva, el cuaderno incidental original es depurable después de tres años.****************************************Cabe precisar que en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, el presente incidente de suspensión no contiene documentos originales.****************************************Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control respectivos.****************************************Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales; asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control respectivos. Finalmente, dado que carece de relevancia continúen en este Juzgado los discos versátiles digitales y un tomo de prueba que remitió la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como dos discos versátiles digitales que envió el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, devuélvaseles dichas constancias, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1410/2022, promovido por RICARDO ANTONIO REYNA MENDOZA y KATERINNE ESTEFANÍA RAMÍREZ ORTEGA, por conducto de su defensor particular, contra actos de los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad. ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo,... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente, se inconforma con la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/101/2021, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso, emitido en su contra en la causa penal 134/2021 por la Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe justificado, el Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y el Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Para justificar su dicho, la sala responsable remitió un disco de audio y video, que contiene diversas actuaciones emitidas en el toca penal JOTP 101/2021, a las que se otorga valor probatorio pleno y de las que se advierte que en resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por la juez de la causa contra los imputados, aquí quejosos, por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado con violencia física a las personas. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresan. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte: Que el doce de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos, Adrián Pereda Avendaño y Viviriana Mireya García Hernández caminaban sobre la calle Margarita Maza de Juárez, en la ciudad de Oaxaca de Juárez; y cuando justo se ubicaban frente a la tienda "Modatelas", caminaban en sentido contrario Katerinne Estefanía Ramírez Ortega, quien chocó con ellos, para inmediatamente después acercarse a Viviriana un sujeto con un cuchillo en la mano quien le dijo: "dame el teléfono y la bolsa o te carga la chingada", al tiempo que le arrebató el teléfono celular; al resistirse Viviriana, con el cuchillo la lesionó en la muñeca derecha y cortó el lazo de la bolsa de mano que llevaba, en cuyo interior había la cantidad de dos mil seiscientos pesos. En ese momento también, Ricardo Antonio Reyna Mendoza portaba un cuchillo de aproximadamente veinticinco centímetros de largo, con empuñadura azul de plástico, y junto con otros dos sujetos, rodearon a Adrián Pereda Avendaño, y le dijeron "dame todo lo que traigas o acá te quiebro"; después Ricardo Antonio agarró a Adrián del brazo izquierdo para inmovilizarlo, mientras los otros sujetos (de identidad desconocida) lo registraron y apoderaron de su cartera en cuyo interior había la cantidad de dos mil pesos. A la par en que acontecieron esos hechos, Katerinne Estefanía Ramírez Ortega, a una distancia cercana, hacía señas y gritaba a los agresores "bájenles todo y apúrense"; posteriormente, Katerinne Estefanía Ramírez Ortega, Ricardo Antonio Reyna Mendoza y los otros tres sujetos desconocidos, corrieron hacia el estacionamiento Margarita Maza de Juárez, y fueron perseguidos por Adrián Pereda Avendaño, quien solicitó ayuda y fue auxiliado por locatarios del lugar, quienes retuvieron a los agresores en dicho estacionamiento, para momentos después arribar la policía municipal y detenerlos, localizándole a Ricardo Anaya Reyna Mendoza a la altura de la ingle un cuchillo de acero inoxidable. Hechos que fueron narrados por el Agente del Ministerio Público al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, quien el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 134/2021, consideró que se advertían datos de prueba para establecer la comisión de un hecho que la ley señala como delito de robo calificado con violencia física a las personas, previsto en el artículo 349 y sancionado por el diverso 353, en relación con los numerales 359 y 360, primer párrafo, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, por lo que vinculó a proceso a los imputados, por su probable participación en la comisión de tales hechos. Inconformes con esa determinación, los imputados, aquí quejosos, interpusieron recurso de apelación cuyo conocimiento correspondió a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal JOTP 101/2021, quien el once de noviembre de dos mil veintidós, confirmó la resolución apelada. Esta última resolución constituye el acto reclamado por el quejoso en el juicio de amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que enseguida se cita: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, se indica que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone como conceptos de violación: Que tal determinación no cumple los extremos establecidos en el artículo 19 Constitucional y en el numeral 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el caso existe atipicidad debido a que la representación social no acreditó el hecho que falsamente se atribuye a la parte quejosa. Que la resolución combatida debió emitirse de forma oral, en términos de los artículos 4, 52, 58 al 63, 477 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que la resolución reclamada no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, porque la sala responsable no admitió la revisión adhesiva interpuesta por la defensa de los imputados en el expediente penal. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del imputado; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Sobre la base anterior, RESULTAN INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, expresados por la parte quejosa, sin que exista queja deficiente por suplir. En efecto, el auto de vinculación dictado a los quejosos se encuentra regulado por el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A su vez, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales determinan los requisitos que han de cumplirse para la emisión de un auto de vinculación a proceso: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y; IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Como se aprecia de la anterior transcripción, para que sea válido el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que previamente se comunique la imputación al indiciado, en la que se debe indicar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, que se le otorgue la oportunidad de declarar y que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por dato de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, esto es, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Bajo este contexto, del análisis de las videograbaciones que contienen las audiencias que tuvieron lugar en el proceso penal, remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, con pleno valor probatorio al tener la naturaleza de una documental pública, se advierte la audiencia de quince de febrero de dos mil veintiuno, relacionada con la imputación que se formuló a los aquí quejosos y la diversa de ampliación de término constitucional de veintiuno de febrero de ese año, en la que se les dictó auto de vinculación a proceso. De ellas se colige que en el caso, el auto de vinculación a proceso reclamado, cumple con los requisitos señalados previstos en la norma constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir: Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de quince de febrero de dos mil veintiuno (dos horas con once minutos y veinticuatro segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), se comunicó la imputación a Katerinne Estefanía Ramírez Ortega, Ricardo Antonio Reyna Mendoza, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de sustracción de robo calificado con violencia física a las personas, previsto en el artículo 349 y sancionado por el diverso 353, en relación con los numerales 359 y 360, primer párrafo, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, con base en los hechos narrados en el considerando de antecedentes del acto reclamado. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, la Agente del Ministerio Público los consideró como constitutivos del delito en mención, y la forma de intervención que se le atribuyó al imputado fue que realizó la conducta por sí. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara a los imputados la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de quince de febrero de dos mil veintiuno (dos horas con dieciocho minutos y nueve segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), una vez que les fueron explicadas las prerrogativas que tiene como procesados, y asistidos de defensa particular, se les dio la posibilidad de declarar, manifestando su deseo de no emitir su declaración preparatoria en ese momento; y posteriormente, en audiencia de veintiuno de febrero de ese año, ambos imputados expresaron su voluntad de declarar con relación a los hechos. Ahora, para justificar el tercero de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistentes en que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en la audiencia de quince de febrero de dos mil veintiuno (dos horas con veinte minutos y cuatro segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), el juez natural otorgó el uso de la voz a la representación social quien realizó la solicitud de vinculación a proceso, (dos horas con veinte minutos y once segundos del archivo denominado 001971_2021_P01) sustentando su petición en el hecho imputado al aquí quejoso y con base en los siguientes datos de prueba: Parte informativo de doce de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por los policías municipales Felipe Genaro Vásquez López, Cipriano Arce Hernández y Jorge Marcos Rojas Juárez, (minuto cuarenta y uno con veintinueve segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), del que se advierte que tales elementos en esa fecha, aproximadamente a las veintiún horas, realizaban rondines en el pasillo de reordenamiento con dirección al estacionamiento Margarita Maza de Juárez en la central de abastos de la ciudad de Oaxaca, cuando se percataron que dos masculinos y una mujer que corrían hacia adentro del estacionamiento y atrás de ellos un grupo de aproximadamente treinta personas gritando "agarren a esos putos rateros, los vamos a matar"; que les dieron alcance en el estacionamiento y los empezaron a golpear. Ante esos hechos los elementos solicitaron apoyo vía radio e intervinieron para que les hicieran entrega de dichas personas; que se les acercó una mujer de nombre Viviriana Mireya García Hernández, que reconoció a dichas personas como aquellas que momentos antes, frente al local de "Modatelas", tanto a ella como a su amigo Adrián Pereda Avendaño, los habían amagado con un cuchillo, y les habían robado dinero y un teléfono celular; además, que a ella le lesionaron la muñeca del brazo derecho; que al efectuarles una revisión a tales individuos, a quien dijo llamarse Ricardo Antonio Reyna Mendoza le encontraron a la altura de la ingle derecha un cuchillo de acero inoxidable, de aproximadamente veinticinco centímetros; el cual reconocieron las víctimas como el arma con la cual fueron amagados, por lo que fueron detenidos Ricardo Antonio Reyna Mendoza y las otras dos personas de nombres Eliud Gerardo Méndez Gómez y Katerinne Estefanía Ramírez Ortega; Comparecencia de Viridiana Mireya García Hernández, de trece de febrero de dos mil veintiuno (minuto cuarenta y ocho con diez segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), en lo que declaró que el doce de febrero de dos mil veintiuno salió de la empresa donde trabaja, en compañía de Adrián Pereda Avendaño; que para dirigirse a su domicilio inevitablemente debe pasar por la central para tomar el pasaje; por lo que entre las ocho cuarenta y ocho cincuenta de la noche estaban en las inmediaciones del estacionamiento Margarita Maza, por donde están las instituciones bancarias, frente a "Modatelas", para tomar los taxis que van a Xoxo; que fue cuando se percataron de una mujer que caminó hacia ellos, de frente, y pasó entre los dos y por tanto los empujó, para después abordarlos cuatro hombres; que uno de ellos, que llevaba un cuchillo le dijo "dame el teléfono y la bolsa o te cargó la chingada", mientras los otros tres se fueron con su compañero y le dijeron "dame todo lo que traigas o te lleva la chingada". Que trató de guardar su teléfono pero se lo arrebató la persona que la tenía amenazada, para después jalarle su bolsa; pero como ella opuso resistencia, con el cuchillo le lesionó la muñeca de la mano derecha por lo que comenzó a sangrar y el sujeto cortó con el cuchillo el lazo del bolso para apoderarse de él; que la mujer que en un principio los había empujado le hacía señas a dicho sujeto y les decía "apúrense, ya bájenles todo"; que todos los sujetos corrieron al interior del mercado, persiguiéndolos Adrián Pereda Avendaño; que después llegó su compañero para decirle que sólo habían atrapado a dos hombres y a la mujer y que dos se habían logrado escapar. Agregó que en la bolsa llevaba la cantidad de dos mil seiscientos pesos y un teléfono celular marca Samsung. Comparecencia de Adrián Pereda Avendaño, de trece de febrero de dos mil veintiuno (minuto cincuenta y dos con treinta y tres segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), en lo que declaró que tiene aproximadamente un año y medio trabajando para la empresa Grupo Constructor y Carretero Iota-Lamda; que Viridiana Mireya García Hernández es su compañera de trabajo; que el doce de febrero de dos mil veintiuno salieron de su horario laboral para tomar el transporte público para llegar a sus respectivos destinos; que deben llegar a la Central de Abastos y ahí tomar otro transporte; que al cuarto o al diez para las ocho de la noche caminaban en las inmediaciones de la central de abastos, frente a "Modatelas", donde se encuentran los taxis que van para Xoxo; que observaron a una mujer que caminaba frente a ellos, hacia ellos, y pasó en medio de ellos chocando y empujándolos; que en ese momento salieron detrás de un urbano cuatro sujetos. Que uno de ellos se acercó a su compañera y le dijo "dame la bolsa y tu celular o te lleva la chingada" y los otros tres se le acercaron y uno lo agarró del brazo izquierdo para inmovilizarlo; que llevaban cuchillos y le dijeron "dame todo lo que traigas o acá te quiebro"; que le quitaron su cartera en la cual llevaba la cantidad de dos mil pesos; que en ese momento observó cómo le dieron un navajazo a su compañera en su muñeca derecha y que le quitaron su bolsa de mano; que vio que la mujer que los chocó le hacía señas a éstos sujetos y les dijo "bájenles todo, apúrense"; que posteriormente los sujetos corrieron al interior del mercado y comenzó a perseguirlos pidiendo ayuda; que locatarios del lugar lo apoyaron para perseguirlos, y lograron detener a la mujer y a dos hombres. Comprobante de ingresos de doce de febrero de dos mil veintiuno, expedida por Grupo Constructor y Carretero Iota-Lamda a favor de Viviriana Mireya García Hernández (dos horas con veintiún minutos y cuarenta y dos segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Comprobante de ingresos de doce de febrero de dos mil veintiuno, expedida por Grupo Constructor y Carretero Iota-Lamda a favor de Adrián Pereda Avendaño (dos horas con veintidós minutos y cuarenta y seis segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Inspección ocular de trece de febrero de dos mil veintiuno, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Alejandro Ordaz Acosta en el lugar donde acontecieron los hechos (dos horas con veintitrés minutos y treinta y ocho segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Inspección ocular de trece de febrero de dos mil veintiuno, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones Manuel de Jesús Ortiz Carrasco realizada sobre un cuchillo de acero inoxidable de veinticinco centímetros de largo (dos horas con veinticinco minutos y treinta y un segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Dictamen de criminalística de campo de trece de febrero de dos mil veintiuno, elaborado por la perito Noemí Belén Quiroz López, adscrita al Instituto de Servicios Periciales, a fin de identificar el objeto criminalista consistente en un cuchillo de acero inoxidable (dos horas con veintiséis minutos y cuarenta y seis segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Dictamen de avalúo, emitido por la perito en contaduría pública Judith Ramos García, quien determinó que el monto de lo robado asciende a la cantidad de cuatro mil seiscientos pesos (dos horas con veintinueve minutos y cuarenta y tres segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Certificado médico de lesiones de trece de febrero de dos mil veintiuno, practicado por Midory López Ramírez, perito médico de la Fiscalía General de Justicia, con relación a las lesiones ocasionadas a la víctima Viviriana Mireya García Hernández quien presentó una herida cortante en antebrazo derecho; lesión completa de tendones de uno y dos radiales de la mano derecha; vendaje compresivo en brazo derecho; que se lesionaron tejidos blandos, superficiales y profundos como tendones; por lo que se clasifican como activas pasivas que tardan en sanar más de quince días que no ponen en peligro la vida pero sí la función y las secuelas serán valoradas en sanidad definitiva (dos horas con treinta y un minutos y treinta y dos segundos del archivo denominado 001971_2021_P01). Luego de la enunciación de los datos de prueba, la representación social planteó los argumentos por los que consideró que se reúnen los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso contra los imputados. Posteriormente, en atención a que los imputados y su defensa solicitaron la duplicidad del plazo constitucional (dos horas con cincuenta minutos y cincuenta y siete segundos del archivo denominado 001971_2021_P01), mediante la audiencia de ampliación de plazo constitucional celebrada el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad responsable concedió el uso de la voz a la defensa del imputado (minuto treinta y nueve con dos segundos del archivo denominado 002294_2021_P01), quien como teoría del caso indicó que los imputados no cometieron algún delito ya que los hechos no acontecieron como los narró el Ministerio Público y sus defendidos no tuvieron algún grado de participación. Para ello, en esa audiencia, incorporó los siguientes datos de prueba: Entrevista de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno realizada a Susana Ortega García (madre de la imputada), por Luis Alberto Hernández López, defensor de los imputados; quien con relación a los hechos ocurridos el doce de febrero de dos mil veintiuno expresó: (minuto cuarenta y tres con diez segundos del archivo denominado 002294_2021_P02): que es comerciante y tiene un puesto de frutas en la central de abastos; que el doce de febrero de dos mil veintiuno como a las seis de la tarde llegó su hija Katerinne Estefanía y su esposo Ricardo a verla ahí al puesto; que a Ricardo le habló su mamá y fueron a verla y tardaron como dos horas aproximadamente; que regresaron y le ayudaron a cerrar su puesto y le dio dinero a su hija para que fuera a comprar unas hamburguesas al puesto que está frente a la farmacia Omega en la central de abastos; como no regresaba, fue a buscarlos; que entonces vio que su hija y su yerno estaban detenidos; que entonces vió un grupo de treinta personas que golpearon a su hija, a su yerno y a su amigo frente al puesto de hamburguesas; que luego llegaron otros policías, los dejaron de golpear y se los llevaron; que ellos no cometieron ningún delito. Entrevista de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno realizada a Hayla Bernabé Aquino, por Luis Alberto Hernández López, defensor de los imputados; quien con relación a los hechos ocurridos el doce de febrero de dos mil veintiuno expuso (minuto cuarenta y siete con dos segundos del archivo denominado 002294_2021_P02): que es comerciante y tiene su puesto de frutas en la central de abastos; que como a las ocho de la noche con quince minutos aproximadamente fue a comprar una hamburguesa en el puesto que está frente a las farmacias omega en la central de abastos; que cuando llegó estaba Estefanía con su marido Ricardo y otra persona que no conoce; que estaban comiendo su hamburguesa cuando llegaron dos policías, uno de nombre Felipe, a hacerles una revisión porque se les hacían sospechosos de un delito de robo; que los revisaron y no les encontraron nada; que el policía Felipe les dijo que los acompañaran donde está la parte acusadora y que si no los reconocía los soltaba y en ese momento el policía comenzó a esposar a Ricardo; que en ese momento llegó un grupo de treinta personas entre ellas personas que se dedican al robo en la central de abastos; que golpearon a los detenidos frente al puesto de hamburguesas y los policías no los defendieron; que llegaron otros dos policías y los dejaron de golpear; que fue entonces cuando se los llevaron con rumbo al estacionamiento para llegar a la avenida central. Dictamen pericial en materia de criminología, criminalística y técnicas periciales, realizada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, relativo a la extracción de datos de la cámara de video vigilancia 04 ó A4 del local comercial Súper Cell ubicado en la banqueta peatonal entre el ala sureste del estacionamiento Margarita Maza de Juárez y la avenida Periférico en la central de abastos de las veinte treinta y dos horas a las veintiún horas con veintidós minutos del viernes doce de febrero de dos mil veintiuno, para determinar que los imputados fueron detenidos en un horario distinto al indicado; que se obtuvo que entre las veinte horas con cuarenta y seis minutos y veinte horas con cuarenta y siete minutos se observan elementos policíacos con dos personas (un hombre y una mujer) detenidas por separado (minuto cincuenta y dos con treinta y seis segundos del archivo denominado 002294_2021_P02). Inspección en la avenida Central de Abastos, realizada por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo donde se ubica el puesto de frutas de Susana Ortega García, ubicado frente a la puerta del estacionamiento Margarita Maza de Juárez, y un puesto de hamburguesas ubicado entre las calles de Nuño del Mercado y Periférico, en la central de abastos, en el ala sureste del estacionamiento en cita (una hora con veintitrés minutos y quince segundos del archivo denominado 002294_2021_P02), a fin de establecer su existencia. Dictamen pericial en materia de criminología, criminalística y técnicas periciales, realizada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por el perito Miguel Ángel Reyes Pinelo, en cuanto a la extracción de datos de dos cámaras de video vigilancia del inmueble ubicado en calle Díaz Ordaz ciento dos, colonia Centro, del periodo comprendido de las veinte horas con cincuenta minutos a las veinte horas con cincuenta y nueve minutos del viernes doce de febrero de dos mil veintiuno (una hora con cuarenta y dos minutos y cincuenta y ocho segundos del archivo denominado 002294_2021_P02) a fin de demostrar que a las veinte horas con cincuenta y cinco minutos y cuarenta y ocho segundos; a las veinte horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y un segundos, y a las veinte horas con cincuenta y siete minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, fueron captados en video vehículos patrullas circulando sobre las calles de Independencia y Díaz Ordaz de la colonia Centro en Oaxaca de Juárez. Declaración del imputado Ricardo Antonio Reyna Mendoza emitida el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno quien en lo que interesa manifestó (dos horas con nueve minutos y veintinueve segundos del archivo denominado 002294_2021_P02): que con su pareja Estefanía salieron de su domicilio ubicado en Esquipulas Xoxo a las cinco y media de la tarde y fueron a la central de abastos, al puesto de frutas de su suegra; que estando ahí le habló su mamá para encargarle algunas cosas, por lo que compraron las cosas y fueron a la caseta donde está su mamá ubicado sobre la calle Nuño del Mercado; que platicaron con ella como dos horas, regresaron al puesto de su suegra, quien le dijo a su hija si pueden comprar unas hamburguesas para cenar; que pasaron por el pasillo de las flores y fueron al puesto de hamburguesas y ahí se encontraron a su amigo Eliud, que empezaron a comer las hamburguesas y ahí encontraron a la señora Hayla; que pagó las hamburguesas cuando llegó una pareja de municipales y les dijeron que les harían una revisión, que conoce a uno de ellos de nombre Felipe; que en ese momento no les encontraron nada, pero que lo tenían que acompañar donde está la parte afectada; que lo esposaron y en ese momento veinte o quince personas le empezaron a golpear y le dijo a su mujer que corriera, pero que la alcanzaron y le empezaron a golpear también; que dentro de esas personas reconoció a personas que se dedican a robar en la central; ya llegaron otros dos elementos que controlaron la situación; que después los llevaron a la avenida central; que los subieron a la patrulla la cual pasó por las calles de Trujano, Díaz Ordaz y Morelos con dirección al cuartel; que con relación a los hechos que se les atribuye no tiene nada que ver. Deposición de la imputada Katerinne Estefanía Ramírez Ortega emitida el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, quien en lo que interesa declaró (minuto uno con cuarenta segundos del archivo denominado 002294_2021_P03): que el doce de febrero como a las cinco y media de la tarde salió con su pareja de su domicilio, ubicado en la colonia Esquipulas; que se dirigieron al puesto de su mamá ubicado en avenida Central sin número; que llegaron ahí como cuarto para las seis y platicó con ella; que luego les marcó su suegra para que le llevaran cosas de aseo personal y frutas; que fueron a comprarlas y fueron al puesto de la hermana de su suegra, ubicado en Nuño del Mercado; que ahí estuvieron con su suegra platicando como dos horas; que después regresaron al puesto de su mamá; que estuvieron ahí como cuarto para las ocho; que su mamá le pidió que fueran a comprar de cenar, le dio dinero y se dirigieron al puesto de hamburguesas; que ahí se encontraron a Eliud que platicó con su marido y también se encontraron a la señora Hayla; que acabaron de cenar y se disponían a llevarla la cena a su mamá cuando llegó la pareja de Felipe como a las ocho y media y les dijo que ya era tarde, que se les hacían sospechosos y que acababan de asaltar; que revisaron a su marido y a la otra persona y no les encontraron nada; que les dijo que si los acompañaban para que las partes ofendidas los reconocieran; que esposaron a su marido cuando llegó un grupo de quince o veinte personas y los empezaron a golpear; que los sacaron por el estacionamiento; que muchos de ellos se dedican a robar; que los subieron a la patrulla y los llevaron al cuartel. Considerando lo anterior, el juez de primera instancia procedió a resolver la solicitud de vinculación a proceso en la audiencia de ampliación de término de veintiuno de febrero dos mil veintiuno (minuto y 54 segundos del archivo denominado 002294_2021_P03), y determinó vincular a proceso a los imputados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado con violencia física a las personas, previsto en el artículo 349 y sancionado por el diverso 353, en relación con los numerales 359 y 360, primer párrafo, todos del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, que enseguida se transcribe: Delitos en contra de las personas en su patrimonio. CAPITULO I. Robo. 349. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la Ley. 353. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se aplicará prisión de seis meses a tres años y multa de veinte a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 359. Si el robo se ejecutare con violencia a las personas o las cosas, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de uno a ocho años de prisión. Si la violencia constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de acumulación. 360. La violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el delincuente amaga o amenaza a una persona, con un mal grave presente o inmediato, capaz de intimidarla. Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido Ahora, de los datos de prueba aportados por las partes, el juez natural desestimó la teoría del caso de la defensa, e indicó que la hipótesis que debía prevalecer es la del Ministerio Público, pues de los datos aportados en el asunto, tuvo como hechos penalmente relevantes (3 horas con 52 minutos y 52 segundos del archivo denominado 016647_2022_P01): "1. El doce de febrero del año dos mil veintiuno, alrededor de las veinte horas con cincuenta minutos, Viviriana Mireya García Hernández y Adrián Pereda Avendaño caminaban sobre la calle Margarita Maza de Juárez de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, precisamente frente a la tienda con razón social "Modatelas" y frente a ellos caminaba en sentido contrario Katerinne Estefanía Ramírez Ortega quien al encontrarse de frente choca con ellos, para inmediatamente después se acerca a Viviriana Mireya García Hernández, un sujeto y con un cuchillo en la mano le dice dame el teléfono y la bolsa o te carga la chingada, al tiempo que le arrebata su teléfono marca Samsung modelo Grand Prime de las manos; al resistirse con el cuchillo la lesiona en la muñeca derecha de la cual comienza a sangrar y con el mismo cuchillo corta el lazo de la bolsa de mano que llevaba, la cual en su interior contenía la cantidad en efectivo de dos mil seiscientos pesos. 2. Por su parte, Ricardo Antonio Reyna Mendoza con un cuchillo de acero inoxidable con empuñadura de plástico color azul de aproximadamente veinticinco centímetros de largo en la mano y otros dos sujetos masculinos de identidad desconocida rodean a Adrián Pereda Avendaño y le exclaman "dame todo lo que traigas o acá te quiebro", para acto seguido el imputado Ricardo Antonio Reyna Mendoza le agarra el brazo izquierdo con la finalidad de inmovilizarlo los otros sujetos de identidad desconocida comienzan a registrarlo y se apoderan de su cartera en cuyo interior cuenta con identificaciones personales y la cantidad de dos mil pesos. 3. A la par, mientras esto ocurre, Katerinne Estefanía Ramírez Ortega a una distancia cercana de los hechos les hace señas y les grita a estos sujetos bájenles todo y apúrense, para enseguida Katerinne Estefanía Ramírez Ortega, Ricardo Antonio Reyna Mendoza y otros tres sujetos de identidad desconocida corren con dirección hacia el estacionamiento Margarita Maza de Juárez, siendo perseguidos por Adrián Pereda Avendaño, quien comienza a solicitar auxilio, siendo auxiliado por locatarios del lugar, siendo retenidos sobre dicho estacionamiento para después arribar al lugar la policía municipal quienes los detienen ante el señalamiento de Viviriana Mireya García Hernández y Adrián Pereda Avendaño como los que previamente les habían robado, localizándole a Ricardo Antonio Reyna Mendoza, a la altura de la ingle derecha, un cuchillo de acero inoxidable. Medios de prueba que el juez natural valoró de manera libre y lógica en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales En cuanto a la probable comisión o participación del imputado, aquí quejoso, el juez de primera instancia de manera atinada señaló que estaba acreditada, con los mismos datos de prueba, y que el actuar de los aquí quejosos fue antijurídica y no obstante la llevaron a cabo con todos sus elementos, lesionando el bien jurídico tutelado por la norma penal; su intervención la hicieron en términos del artículo 11, fracción III del citado código, ya que fueron coautores materiales por tener el codominio funcional del hecho. Ahora, para justificar el cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, consistente en que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, en el particular no advierte que los imputados actuaran bajo una causa de justificación de las que señala el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca como lo es la legítima defensa, un estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho; tampoco se observa que los imputados tuvieran capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho y conducirse de acuerdo a esa comprensión pues son mayores de edad; además que cuentan con la capacidad de goce y ejercicio pues no quedó justificado que padezcan algún trastorno mental o desarrollo intelectual retardado; menos se justificó la existencia de algún error de prohibición que les hiciera creer que su conducta era lícita. Inconformes con esa determinación, los imputados interpusieron recurso de apelación, y en vía de agravios, con relación al auto de vinculación a proceso, expresaron que su defensa aportó diversos medios de prueba donde negaron los hechos que se les atribuyen y que existe una insuficiencia probatoria del Ministerio Público para acreditar los hechos que se les imputó y que debe persistir el principio de presunción de inocencia. Ante ello, la sala responsable, al resolver el medio de impugnación, estimó que, como correctamente lo resolvió el juez natural, en el caso, con los medios de prueba aportados, se acreditó el hecho que la ley señala como delito de robo calificado con violencia física a las personas, previsto en el artículo 349 y sancionado por el diverso 353, en relación con los numerales 359 y 360, primer párrafo, todos del Código Penal en el Estado de Oaxaca, lo que se estima acertado pues como expuso, el juez de control realizó una correcta apreciación libre y lógica de los datos de prueba, fundó su decisión de manera explícita con apego a las reglas de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. También, la sala responsable sostuvo que fue correcto que el juez de control tuviera por acreditada la probable responsabilidad de los aquí quejosos pues existe el señalamiento directo que realizaron las víctimas Viviriana Mireya García Hernández y Adrián Pereda Avendaño, así como los elementos aprehensores Felipe Genaro Vásquez López, Cipriano Arce Hernández y Jorge Marcos Rojas Juárez, sin que las declaraciones de los imputados y de sus entrevistados desvirtuaran tales señalamientos, y si bien éstos expusieron una versión distinta, fueron coincidentes en ubicar a los imputados en el lugar de los hechos, así como que fueron detenidos por los elementos de la policía municipal. Agregó la sala, que en cuanto a la presunción de inocencia, no se vulneró puesto que a los imputados se les ha respetado en todo momento, sin que pase desapercibido que los recurrentes no hacen manifestación alguna del por qué a su consideración existe insuficiencia probatoria y en cuanto a los datos de prueba enumerados por la defensa no especifica en qué consiste el agravio a cada una de ellas. De esta forma, los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo son INFUNDADOS, sin que se advierta deficiencia que suplir en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En el primer concepto de violación, la parte quejosa refiere que el acto reclamado es inconstitucional, porque el auto de vinculación a proceso no cumple los extremos establecidos en el artículo 19 Constitucional y en el numeral 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en el caso existe atipicidad debido a que la representación social no acreditó el hecho que falsamente se atribuye a la parte quejosa. El sintetizado concepto de violación resulta infundado; porque la parte quejosa solamente se limita a indicar que la sala responsable no ponderó que la representación social no acreditó los hechos por los que se le vinculó a proceso, pero no controvierte los argumentos de la sala al momento de confirmar la determinación del juez de primer grado y que fueron precisados en párrafos que anteceden; es decir, tales argumentos son solo una reiteración de los argumentos expuestos ante la sala responsable para combatir en esa instancia el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control. En un segundo concepto de violación, refiere la parte quejosa que el acto reclamado es inconstitucional porque debió emitirse de forma oral, en términos de los artículos 4, 52, 58 al 63, 477 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre este aspecto, el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé: "APARTADO II Trámite de apelación Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada Como se observa, si bien el procedimiento penal es predominantemente oral, la naturaleza del trámite del recurso de apelación es escrita, pues la porción normativa transcrita así lo establece al señalar que su interposición y la expresión de agravios es por esa vía; además que con dicho escrito se corre traslado a las demás partes para que se pronuncien al respecto y sólo en caso de que al momento de la interposición del recurso, de adherirse a él o de contestar los agravios al interesado le asista el deseo de exponer oralmente sus alegatos, deberán manifestar tal postura en su escrito. Así, el sintetizado concepto de violación resulta infundado, ya que contrario a lo que afirma la parte quejosa, no existe disposición legal que obligue a la sala responsable a emitir su determinación de forma oral en una audiencia, aunado a que no existe constancia de la que se advierta que la parte quejosa solicitara por escrito la intención de exponer oralmente sus alegatos ante la responsable. Finalmente, en el sintetizado tercer concepto de violación, la parte quejosa indica que la resolución reclamada no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, porque la sala responsable no admitió la revisión adhesiva interpuesta por la defensa de los imputados en el expediente penal. Sobre este aspecto, la sala responsable, en la determinación que constituye el acto reclamado, precisó que no admitía la revisión adhesiva interpuesta por el defensor particular de los imputados en los siguientes términos "Por otro lado, en cuanto a la adhesión al recurso de apelación que promueve el licenciado Gerardo Jesús Castellanos Avendaño quien ostenta el carácter de defensor particular de los imputados multicitados, no se admite tomando en consideración que en su escrito de interposición se aprecia que no se pronuncian argumentos para fortalecer la resolución del juez o hacer valer violaciones procesales que pudiera afectarle, en caso de que ésta no sea confirmada; por el contrario, se impugnan las consideraciones de la determinación apelada. Esto significa que la defensa particular no actúa objetivamente apegándose a la naturaleza de la adhesión, por el contrario, se esgrimen consideraciones en contra de la resolución del juez natural. Sirve de apoyo la tesis aislada de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 473 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INTERPUESTO CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE CAUSEN PERJUICIO AL ADHERENTE ES IMPROCEDENTE." Bajo esta tesitura al no reunir los requisitos de una adhesión se declara inadmisible la adhesión que promueve el licenciado Gerardo Jesús Castellanos Avendaño quien ostenta el carácter de defensor particular de los imputados multicitados. De esta manera, el concepto de violación resulta infundado, porque la parte quejosa se limita a indicar que la resolución reclamada carece de congruencia y exhaustividad por no admitirse la revisión adhesiva interpuesta por la defensa; sin embargo, no controvierte el argumento que expuso la sala responsable para declarar inadmisible la adhesión al recurso, consistentes en que la naturaleza de la figura jurídica conlleva a formular argumentos que conduzcan a la subsistencia del auto apelado y no expresar argumentos que lo combatan. Cabe agregar que en el caso no son necesarios elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente los hechos de que se trata; pues lo importante es que, el actuar de la autoridad responsable se considera correcto, toda vez que no hay dato de prueba que demuestre que los quejosos no participaron en el hecho ilícito que se recrimina, además de que, en el dictado del auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo, de tal forma que con los datos señalados por la autoridad ministerial, se demuestra la participación en grado probable de los quejosos como sujetos activos, y en su caso, en la etapa de investigación complementaria, las partes, entre ellas quienes solicitan el amparo, pueden recabar medios de convicción que desvirtúen la comisión de la conducta que se le atribuye para ser analizados en la etapa de juicio -si se llega a ella-; sobre todo, porque en el acto reclamado solamente se fija la materia de la investigación por el hecho que la ley señala como delito, porque existen indicios razonables que demuestran la probabilidad de que lo cometieron. Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página trescientos sesenta del libro cuarenta y cinco, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, materia penal, registro 2014800, que a continuación se transcribe. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". De esta manera, se estima correcto el actuar de la sala responsable, al confirmar, en la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, en el toca penal JOTP/101/2021, el auto de vinculación a proceso emitido por la Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en su causa penal 134/2021. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro del toca penal JOTP/101/2021, en los términos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese y regístrese.

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