Ricardo Alberto Carrillo Santana
Expediente 1848/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1848/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Alberto Carrillo Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo conducente respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, el suscrito considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento.********************Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro 2007400. ********************Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. ********************Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, y el oficio con el que se informó dicho cumplimiento fue presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado en la misma fecha. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, con el que da cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documentación de cuenta por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO AL TERCERO INTERESADO.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos "18. A. El Tribunal responsable dicte la resolución correspondiente en el juicio laboral ********************, de su índice." En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1848/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, consistente en: La paralización dentro del juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable, al ser omiso en dictar del laudo correspondiente. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número 1848/2023 y se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se ordenó emplazar a la autoridad tercera interesada y al representante social de la adscripción. Finalmente, con esta fecha se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados se tratan de omisiones de autoridades laborales cuyas consecuencias son de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: (...) TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que se le reclama. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la indicada responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia Las partes no proponen causas de improcedencia y este Juzgado no advierte que deba examinarse alguna de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al análisis del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, en el particular, el accionante del amparo es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que el estudio de los motivos de disenso podrán ser suplidos en su deficiencia, acorde a lo que establece la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa de amparo arguye que el Tribunal responsable vulnera el derecho de pronta impartición de justicia, ya que ha paralizado el procedimiento natural, debido a que desde el catorce de marzo de dos mil veintitrés se desahogó la última prueba, sin que hasta la fecha haya dictado el laudo respectivo. Es fundado el concepto de violación. En efecto, el derecho humano de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 103/2017 (10a.) que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Ahora, en el caso, el artículo 149 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, establece que la fase de pruebas, alegatos y resolución comenzará con la ratificación de las pruebas ofrecidas, por las partes y se dará vista recíprocamente a la actora y a la demandada de las pruebas, para que aleguen lo que a sus derechos convenga. Una vez realizado lo anterior, se declarará cerrado el periodo de prueba. En la propia audiencia o en las siguientes que se fijen para tal efecto, se llevará a cabo el perfeccionamiento de las que requieran tal trámite, comenzando con las de la parte actora, para desahogar, terminadas las mismas las de la parte demandada. Perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución en la propia audiencia o si lo considera necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes. En el caso que se analiza, de las constancias que adjuntó el Magistrado Presidente del Tribunal responsable a su informe justificado, se advierte que el veintiocho de agosto del año en curso (posterior a la fecha de la presentación de la demanda, que fue el veintiuno del mismo mes y año) se concedió a las partes el término de tres días hábiles para que presenten sus alegatos (foja 11). Posteriormente, el once de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar los del juicio de origen a los Magistrados del Tribunal responsable para el dictado de la resolución correspondiente dentro del término de treinta días (foja 14). En ese contexto, se estima que la actuación del Tribunal responsable resulta ilegal, ya que sin causa justificada, desde el catorce de marzo de dos mil veintitrés dejó de impartir justicia dentro de los plazos y términos establecidos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, ocasionando la paralización del juicio de origen; lo que resulta violatorio del derecho humano de justicia pronta, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por identidad, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." En esa tesitura, ante la violación al derecho humano de pronta impartición de justicia, es que debe concederse el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. La presente resolución se emite a pesar de que no haya transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable; sin embargo, retrasar el dictado de la sentencia por un aspecto formal permitirá la subsistencia de un acto que vulnera el derecho humano de impartición de justicia. Por las razones que la integran, apoya lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." SEXTO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto siguiente: A. El Tribunal responsable dicte la resolución correspondiente en el juicio laboral ********************, de su índice. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74 y 77 y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión de la responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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