Reynalda Cecilia Fernandez Chi

Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1062/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Reynalda Cecilia Fernandez Chi

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  2. Principal

    II. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán; siendo las doce horas con treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Secretaria con quien actúa y da fe, Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo; auto de admisión de diez de abril de dos mil veintitrés; el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con el resto de actuaciones de trámite. Asimismo, se hace constar que el expediente físico y electrónico coincide en su integridad, incluidas las constancias de notificación y con la promoción presentada físicamente con número de registro 6286. El Juez acuerda: Téngase por recibido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable. Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, la cuales serán analizadas al dictar sentencia. Enseguida, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez con las pruebas documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda y por las documentales remitidas por la autoridad responsable en su informe con justificación. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: en atención a la relación secretarial, ténganse por formulados los alegatos en comento. De ser necesario, analícense al momento de emitir la sentencia correspondiente. Finalmente, en atención a la relación secretarial, al no haber diligencia pendiente por desahogar, y se concluye la audiencia constitucional, y procede a dictar la sentencia correspondiente. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1062/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra los actos reclamados al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El cuatro de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través del buzón judicial, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos reclamados al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, la omisión de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, con el que promovió jurisdicción voluntaria a fin de que se actualicen las pensiones y así notificar a la parte demandada, al que le recayó el número de expediente ********************/2023. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente ********************/2022, y se admitió a trámite la demanda. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito continuara con la tramitación del presente juicio de amparo, dicte la resolución, continúe con su eventual ejecución y archivo definitivo. Así, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 591/2023-I. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, en virtud de que se reclama la omisión de realizar actos, que al carecer de ejecución otorga competencia a este órgano de control constitucional, debido a que la demanda de amparo se presentó en esta ciudad de Mérida, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán - La omisión de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, de no fijar una pensión alimenticia en el expediente ********************/2022 relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria a favor de su menor hijo A.M.P.M., a pesar de haberlo solicitado. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe con justificación, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Además, por tratarse de un acto omisivo, de las constancias del juicio de origen, que en copia certificada remitió la autoridad responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, subsistía la omisión reclamada. Documentales que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional En el particular, la acción constitucional puede ejercerse en cualquier momento, pues se reclama un acto omisivo que ha ocasionado que la dilación dentro del procedimiento natural se actualice de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizados, sino hasta que cese la omisión, por ende no está sujeta al termino de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Establecidas esas premisas, se considera actualiza la referida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa reclama la omisión de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán, de acordar el escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, con el que promovió jurisdicción voluntaria a fin de que se actualicen las pensiones y así notificar a la parte demandada, al que le recayó el número de expediente ********************/2023; sin embargo, de las constancias allegadas por la responsable se obtiene que por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintitrés la responsable se pronunció respecto de la solicitud de la quejosa. En relación con lo anterior, al rendir su informe con justificación, la Juez responsable, anexó copia certificada del acuerdo dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se pronunció respecto de la solicitud de la quejosa, lo que aconteció posterior a la presentación de la demanda de amparo (uno de diciembre de dos mil veintidós); en ese sentido, se advierte que han cesado los efectos de la dilación procesal que constituyó el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Umán; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Mediante oficio SECNO/STCCCNO/292/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene el punto de acuerdo 66/2023, en el que se autorizó al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que auxilie a este órgano jurisdiccional en el dictado de la sentencia de cincuenta y cinco expedientes, elegidos aleatoriamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, visto el estado procesal de autos se obtiene que el presente asunto se encuentra en estado de dictar resolución, por lo que resultó seleccionado para su remisión electrónica al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; consecuentemente, se instruye al Oficial Judicial A, para que habilite al Juzgado de Distrito Auxiliar el acceso al expediente electrónico a fin de que de este en aptitud de emitir la sentencia, y se realicen las anotaciones en libro electrónico de gobierno. NOTIFÍQUESE.

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