Ricardo Alan Sánchez Almeira
Expediente 98/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/03/2016
Partes del expediente
- Ricardo Alan Sánchez Almeira
- Juez de Primera Instancia Penal de la ciudad de Tecate, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dése aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que le esté transcurriendo el plazo legal a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia Penal; Secretaria Actuaria de su adscripción; agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Primera Instancia Penal, y Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona, residentes en Tecate, Baja California, a efecto de que se inconformen con el fallo dictado en veintinueve de febrero de dos mil dieciséis; puesto que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, solamente es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido de la resolución en cuestión y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno; debiéndose conservar el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, y resolución de cuatro de febrero de este año, por los cuales se concedió la suspensión. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el nueve de agosto de dos mil dieciséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Por último, glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...
- Incidental
Visto, el contenido de la certificación cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que se otorgó al quejoso Ricardo Alan Sánchez Almeria, en la resolución incidental de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, para que exhibiera la garantía de $7,000.00 pesos (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), que ahí se le fijó, con el objeto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, sin que al efecto la hubiera otorgado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las autoridades Juez de Primera Instancia Penal de la ciudad de Tecate, Baja California; Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Tecate, Baja California; Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona, y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia Penal, residentes en Tecate, Baja California, que el quejoso Ricardo Alan Sánchez Almeria, a la fecha no cumplió con los requisitos exigidos en la interlocutoria de cuatro de febrero del presente año, para su vigencia, consistente en la exhibición de la garantía que se le fijó por la cantidad de $7,000.00 pesos (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), en el plazo de cinco días; por ende, quedan expeditos para ejecutar el acto reclamado materia de la suspensión.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 81, fracción I, inciso e) de la propia ley, para recurrir la sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, en la que se concedió el amparo y protección solicitado por Mario Alberto Almanza Reyes, por su propio derecho, y en representación de Mario Zahir, Eder Yair, y Ashley Yael, todos de apellidos Almanza Acosta, sin que dentro de dicho lapso hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; por lo que, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria, dese aviso a las partes, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, en la sentencia definitiva se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, deje insubsistente la resolución reclamada de once de agosto de dos mil quince, y dicte otra en la que realice un estudio íntegro de la totalidad de los agravios que planteó el aquí quejoso en su recurso de revocación, interpuesto en contra del auto de cuatro de junio de dos mil quince, emitidos en el expediente 1669/2013, de su índice, y, fundando y motivando su determinación, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Así, al haber resultado fundado el anterior motivo de inconformidad, se hace innecesario el estudio de los demás, conforme a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 168 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 113, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que estatuye: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos." Concesión de amparo, que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades Actuario adscrito al juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad, por tener el carácter de autoridad ejecutora y haberse otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal por lo que respecta a la autoridad ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, observable en la página 41, del tomo 55, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de los actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." [.]" Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables el Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar de Primera Instancia, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, residentes en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se les notifique el presente proveído, den cumplimiento al fallo protector; apercibidos que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento legal que tuviesen para ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución; misma que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se les impondrá una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.
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