Reynaldo Magaña Magaña
Expediente 484/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2017
Partes del expediente
- Reynaldo Magaña Magaña
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 484/2017-F En veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se da cuenta al juez, con la certificación de esta misma fecha y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Reynaldo Magaña Magaña, no interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de cinco de abril de la presente anualidad -fojas 140 a 143-, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el veintiocho de abril de dos mil veintidós. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial en Toluca, Estado de México, el veintiocho de abril de dos mil veinte. Finalmente, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido y se ordenó el archivo del mismo, devuélvase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, el tomo de pruebas consistente en el expediente laboral 487/2011 de su índice; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE TERCERO INTERESADA SERGIO EDUARDO DUCK LÓPEZ Y PERITO Julio Ernesto Torres Coto Mazier, EL ACUERDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 710/2015; PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no obra la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables con residencia en Mexicali, Baja California, del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 1612 y 1613), mediante el cual se les informó la reanudación del procedimiento en el presente asunto; en consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional, por lo que se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de mayo de dos mil diecisiete, para su celebración. Por otra parte, del escrito firmado por la apoderada legal del quejoso, registrado en este juzgado con el número 7156, se advierte que ofrece diversas documentales, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofertadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Asimismo, del diverso escrito firmado por la apoderada legal del quejoso, con número de registro 7276, mediante el cual solicita la sustitución de los testigos Pedro Esparza Gómez, por el de nombre Benjamín de la Herrán Rivas, así como de Miguel Ángel García Ramírez por Luis Antonio Quezada Salas, por los motivos que expone. En ese contexto, al haberse diferido la celebración de la audiencia constitucional a la hora y fecha señaladas anteriormente, se autoriza la sustitución únicamente de Pedro Esparza Gómez, por el de nombre Benjamín de la Herrán Rivas; no así la intentada de Miguel Ángel García Ramírez por el de nombre Luis Antonio Quezada Salas, en virtud de lo acordado en proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 1373 y 1374), donde se tuvo a Juan Eduardo Avitia como el testigo que permaneció en lugar de Miguel Ángel García Ramírez. En el entendido que lo anterior, implica únicamente la sustitución de la persona que desahogará la prueba testimonial, no así el interrogatorio al que se someterá a la misma. Asimismo, en virtud que la parte oferente, no manifestó bajo protesta de decir verdad imposibilidad alguna para hacer comparecer al testigo sustituto, lo deberá presentar por su conducto ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con documento oficial vigente, el día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, con el apercibimiento que de no presentar a su testigo, se le tendrá por desinteresada de dichtf a probanza y se declarará desierta la misma por falta de interés. En atención a lo anterior, y en preparación para la celebración de la audiencia constitucional, del estado de autos se advierte que la parte quejosa, manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito recibido en este juzgado de distrito el veinte de junio de dos mil dieciséis (fojas 1370 y 1371), su imposibilidad para presentar ante este juzgado al testigo Juan Eduardo Avitia; por tanto, se turnan los autos al actuario de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Sebastián Vizcaíno número 3070, fraccionamiento El Mirador, en esta ciudad, para que cite al testigo de referencia, a fin de que comparezca ante este órgano jurisdiccional debidamente identificado con documento oficial vigente, el día y hora fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, de autos se advierte que la persona moral tercero interesada Urbanizadora Nacional de Obras, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su abogada autorizada, mediante escrito presentado en este juzgado el siete de octubre de dos mil quince (fojas 736 y 737), solicitó que se otorgara a las partes la posibilidad de preguntar a los peritos en la audiencia constitucional, para que aclaren cualquier punto respecto del contenido de los dictámenes que han rendido en autos; por ello, hágase saber a los peritos José Francisco Carrillo Palma (perito oficial) y Julio Ernesto Torres Coto Mazier (perito de la tercero interesada Urbanizadora Nacional de Obras, Sociedad Anónima de Capital Variable), que deberán comparecer en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Para ello, gírese oficio al perito José Francisco Carrillo Palma, por conducto de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California; y por conducto del actuario, cítese al perito Julio Ernesto Torres Coto Mazier, en el domicilio ubicado en avenida de los Olivos número 105, fraccionamiento Neidhart, en esta ciudad. Por lo que respecta al perito Alfredo Montiel Vega (designado por la parte quejosa), toda vez que no obra en autos domicilio en el que pueda ser citado, ya que todas las notificaciones a él dirigidas, se han efectuado por conducto de quien lo propuso, requiérase a la parte quejosa, para que presente a su perito, debidamente identificado con documento oficial vigente en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, y para estar en aptitud de llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas, se apercibe al testigo Juan Eduardo Avitia, a los peritos José Francisco Carrillo Palma (perito oficial) y Julio Ernesto Torres Coto Mazier (perito designado por la persona moral tercero interesada Urbanizadora Nacional de Obras, Sociedad Anónima de Capital Variable), así como a la parte quejosa, que de no comparecer, y a esta última que de no presentar a su perito, el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, esto es, a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de mayo de dos mil diecisiete,, se les impondrá multa de cincuenta a mil días, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se apercibe al testigo Juan Eduardo Avitia, que en caso de no comparecer a la audiencia constitucional sin causa justificada, se hará uso de la fuerza pública, con fundamento en la fracción II, del artículo 237, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cuanto a la petición de la apoderada legal del quejoso, realizada en el ocurso registrado con el número 7277, en el sentido que se difiera la audiencia constitucional, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, quien en cumplimiento al requerimiento formulado en veintidós de marzo del presente año, remite convenio celebrado el ocho de marzo de dos mil diecisiete con el quejoso, en el que señala se cubren todas las prestaciones reclamadas en el juicio laboral burocrático 104/2008-III, del índice del tribunal responsable; por ende, dese vista al impetrante con el documento adjunto a fin de que manifieste lo que su derecho convenga.
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