Reynaldo Trujillo Félix
Expediente 1539/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Reynaldo Trujillo Félix
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Se le tiene por ofrecidas las pruebas documentales que envía la autoridad oficiante, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de la constancia probatoria remitida por la autoridad junto con su informe justificado de cuenta, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 196442, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. XLVIII/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando aun existiendo el acto reclamado, existe una imposibilidad jurídica para que pueda surtir sus efectos legales o materiales por la extinción de su materia u objeto. Bajo ese contexto, es necesario precisar el acto reclamado, lo que se realiza a continuación y conforme a la lectura integral de la demanda, se advierte que el impetrante reclama lo siguiente: - La omisión de dictar el acuerdo relativo a la etapa de alegatos dentro del juicio laboral ********************, del índice de la Junta responsable. Así las cosas, de la documental anexa al informe justificado, se advierte que no es posible proveer lo solicitado por el quejoso, toda vez que no fue posible localizar los autos originales del juicio natural, a saber ********************, por lo que, le dio trámite al incidente de reposición de autos. De lo anterior, puede inferirse que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio es necesario que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte por alguna circunstancia, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen por haber dejado de existir la materia u objeto del acto. Por lo que, en caso de concluirse que los referidos actos son inconstitucionales y jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria o podría en su caso, ocasionar un detrimento mayor en perjuicio del gobernado. Existen diversas razones que pueden actualizar la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como son: a) Que la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encuentre incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) La situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Bajo ese contexto, si bien subsiste el antedicho acto reclamado, también lo es, que no puede tener ningún efecto jurídico, ya que el acto no puede surtir consecuencia material alguna en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional, en razón de haber dejado de existir el objeto o materia del acto aquí reclamado (omisión de dictar el acuerdo relativo a dar por iniciada la etapa de alegatos), dado que tal como se advierte en la constancia exhibida por la Junta responsable, no es posible acordar lo conducente, toda vez que el juicio de origen se encuentra extraviado. Se estima que en el caso la omisión de efectuar las actuaciones proclives dentro del citado juicio laboral, no puede surtir efecto legal alguno, pues jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estima violado, ya que la reactivación del juicio dependerá la reposición de constancias. Por lo que no puede analizarse la constitucionalidad del acto que por este vía se reclama, ya que los efectos de una sentencia concesoria de amparo no podrían concretarse, a consecuencia del entorno en donde tuvo su origen, debido a que no existe materia para ordenar las acciones propensas al cumplimiento de las omisiones que se duele, menos aún para analizar la inconstitucionalidad. De manera que, si se estimara lo contrario y considerar que el acto originalmente reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado sin afectar la situación jurídica actual que guarda el procedimiento de origen. Se afirma lo anterior, pues el juicio de amparo como medio de control de la constitucionalidad tiene por objeto reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas. De ahí que se considere que de estimarse inconstitucional el acto reclamado, no podría darse los efectos restitutorios al quejoso pues la materia de los mismos dejó de existir, al haberse extraviado el expediente laboral - causa generadora del derecho aquí reclamado-. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala, Novena Época Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 181/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189,Tipo: Jurisprudencia. "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por ende, el acto reclamado en este juicio de amparo no podrá surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, atento al estado procesal a que actualmente se encuentra el asunto de la Junta responsable. Cabe precisar que en caso de inconformidad con dicha actuación, la parte aquí quejosa está en aptitud de promover el medio de defensa que estime pertinente, pues el acto omisivo aquí reclamado ha dejado de tener efecto en el juicio laboral de origen. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con los numerales 61 fracción XXII y 107, fracción V, éste a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha designadas para la celebración de la audiencia constitucional, para las diez horas con nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Reynaldo Trujillo Félix, contra el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirva de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérasele a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo haga saber a este juzgado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Comunicación a la responsable de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10a.), de título: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 9. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción, la intervención legal que le compete. 11. Terceros interesados. Una vez que obre el informe justificado, se proveerá respecto a la existencia de la parte tercero interesada. 12. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto que la parte quejosa señaló correos electrónicos y números telefónicos para efecto de entablar comunicación sobre cuestiones no procesales en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 13. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 14. Domicilio. Téngasele señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. 15. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 16. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las documentales que acompaña al escrito de demanda; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 17. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente será notificada por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de a su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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