Reynaldo Sacarias Chávez

Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1127/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Reynaldo Sacarias Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que se haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Archivo y valoración de expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin necesidad de requerir para que se presenten para devolución de documentos, dado que en este asunto no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se procede a verificar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. II. Relación de constancias. En la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Manuel García Buitimea y Dionicio García Buitimea, para efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "Deje sin efectos la fecha señalada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno en el juicio laboral 4179/19JE1 y en su lugar señale una nueva para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo Realicen, las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 4179/19JE1.". III. Ejecutoria. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio, y se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. IV. Actuación de la responsable. Por auto de tres de marzo de la presente anualidad, se agregó el oficio por medio del cual las autoridades responsables presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y del actuario adscrito, remitieron copia certificada de acuerdo de vendidos de febrero del año que transcurre, de las que se advierte que se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, y además, remitieron las constancias que acreditan las gestiones encaminadas al emplazamiento de la demandada en el juicio de origen. V. Vista cumplimiento. Con la anterior actuación, en el citado proveído, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada sin haberse manifestado al respecto. VI. Calificación de cumplimiento. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que en el juicio laboral de origen se señalaron las diez horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, y además, remitieron las constancias que acreditan las gestiones encaminadas al emplazamiento de la demandada en el juicio de origen; se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VIII. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Mario Alberto Huerta López, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución con la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Promovente. Visto el escrito de cuenta presentado por Antonio Indalecio Chávez Castro, quien promueve juicio de amparo en favor de Reynaldo Sacarías Chávez, Teresa Hernández Ramírez y Mayda Mariana Mazariegos Mazariegos, contra actos del Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente hace consistir los actos en la detención, incomunicación, inminente deportación, aseguramiento, retención, deportación y traslado, de los que según dice son objeto, por parte de las autoridades señaladas como responsables; actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, se provee al respecto lo siguiente: 3. Suspensión de plano. En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese cualquier acto de incomunicación, deportación y traslado, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas circunstancias, y toda vez que al parecer los directos quejosos se encuentran en riesgo de ser devueltos a su país de origen, se otorga la suspensión de plano, la cual tiene el efecto de que cesen los actos de incomunicación y que los agraviados Reynaldo Sacarías Chávez , Teresa Hernández Ramírez y Mayda Mariana Mazariegos Mazariegos, no sean objeto de deportación fuera de procedimiento o expulsión, ni de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pudieran poner en peligro su integridad; además, para que se les permita el acceso de manera prudente a sus familiares y abogados en horas hábiles, ésto, sin alterar el debido orden, medidas de sanidad y seguridad establecidas; procurando en todo caso la protección de los derechos humanos de los quejosos; debiendo informar las autoridades responsables dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que dén a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Además, requiérase al delegado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para efectos de que bajo los términos antes señalados comunique a los quejosos, el derecho que tienen al contacto y asistencia consular, pues es obligación de las autoridades informar a los extranjeros sobre la existencia del derecho fundamental, a la asistencia y contacto consular. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como ser consignado ante el agente del Ministerio Público de la Federación por el delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." 4. Se requiere a los agraviados para que ratifiquen la demanda. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en las oficinas donde se localiza el Instituto Nacional de Migración a través de la Oficina de Representación en Sonora, con residencia en esta ciudad, y solicite al encargado de ese lugar poner a los referidos agraviados ante su presencia para dar fe de su integridad física y requerirlos para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su nombre por Antonio Indalecio Chávez Castro; además, en el supuesto de que el encargado del resguardo de los directamente agraviados se niegue a ponerlos ante su presencia o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentran en ese lugar, deberá apercibirlo que de persistir en su conducta se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad de funcionario respectivo. Lo anterior, en el entendido de que si los agraviados no hablaran el idioma español, la responsable deberá fijar fecha, en el plazo de ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, para que el fedatario adscrito, acompañado del traductor oficial que hasta el momento haya servido para comunicarse, les haga de su conocimiento esta resolución. En el caso de no contar con intérprete, deberá informar a este juzgador, lo siguiente: a) Qué idioma hablan los quejosos; b) De qué manera se han comunicado con ellos; y, c) Si dio vista al consulado del país del cual provienen. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se autoriza al fedatario público para que de ser posible, haga uso de algún instrumento de cualquier índole que le permita comunicarse con los agraviados, cuyas circunstancias deberán quedar asentadas en la diligencia en comento. 5. Domicilio. Como se solicita, se tiene por señalados los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. 6. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al promovente y a los agraviados; y, por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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