Reynaldo Nuñez Rico

Expediente 830/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
830/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Reynaldo Nuñez Rico

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 830/2022-E. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de la Agencia del Ministerio Especializado en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, la inactividad procesal de integrar la carpeta de investigación 0204-2019-40563, por lo que en el caso concreto, quien suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En principio, es menester puntualizar que la parte quejosa resulta ser ofendida en la carpeta de investigación 0204-2019-40563, quien además compareció ante la Fiscal responsable a querellarse en dos de septiembre de dos mil diecinueve, lo que evidencia que a la parte peticionaria de amparo no le reviste el carácter de tercero extraño, por lo cual, está en la posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra del acto reclamado consistente en la inactividad procesal de integrar la carpeta de investigación antes mencionada. Al efecto, cabe mencionar que el nuevo sistema de justicia penal establece que el proceso penal empieza desde la etapa de investigación, pues las reglas que fija el Código Nacional de Procedimientos Penales, están previstas también para el Ministerio Público en la etapa de investigación, tal como se puede apreciar de los artículos 2° y 131 del precitado ordenamiento: "Artículo 2o. Objeto del Código Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." ... Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión del Ministerio Público de cumplir con lo ordenado por un Juez de Control, respecto a subsanar algunas deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al no haberse agotado el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En desacuerdo, interpuso recurso de queja y adujo que no le era obligatorio agotar el medio de impugnación indicado, pues previamente y con motivo de anteriores omisiones, ya había sometido su pretensión ante el Juez de Control, lo cual, en su momento, se resolvió en sentido favorable a sus intereses. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de escenarios como el descrito, la víctima u ofendido tiene dos vías ordinarias para asegurar que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación diligente: i) cuando exista un pronunciamiento previo por un Juez de Control sobre la obligación de llevar a cabo determinados actos para la debida integración de la carpeta, aquél está facultado para acudir ante la representación social para solicitar el exacto cumplimiento de lo ordenado, quien estará en aptitud de dictar las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir su determinación; o, ii) si se trata de nuevas omisiones que no hayan sido materia de una audiencia celebrada conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido puede interponer, en múltiples ocasiones, el recurso innominado previsto en el artículo invocado; de modo que su primera resolución no conlleva la improcedencia de un diverso planteamiento, con fundamento en el mismo precepto. Por tanto, previamente a acudir al juicio de amparo indirecto, tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, la víctima u ofendido tiene la obligación de agotar los medios ordinarios a su alcance, en atención al principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque tratándose del primer supuesto, la autoridad jurisdiccional está obligada a hacer cumplir sus determinaciones, de forma acelerada y ágil, para garantizar la debida diligencia en la integración de la investigación inicial en favor de la víctima u ofendido. Por lo que hace al segundo supuesto, es necesario tener en claro que la resolución de un recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no agota su materia en un momento específico, por el contrario, durante la integración de la propia investigación las circunstancias varían; de modo que la víctima u ofendido puede someter a control judicial esas nuevas pretensiones, por lo cual, la materia del recurso será distinta al planteamiento formulado en un anterior medio de impugnación; de ahí que el Juez de Control estará obligado a pronunciarse sobre las particularidades advertidas en ese nuevo momento, que no han sido objeto de análisis judicial. Por tanto, el que previamente se hubiere hecho valer ese recurso ante el Juez de Control no impide que, en lo futuro, se vuelva a interponer, ante una nueva Litis". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal y, los diversos 109 y 113, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la que debe desecha de plano la demanda de amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este juzgado, por así haberlo manifestado. Se autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia a José Manuel Armenta Peredo, en virtud de que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al realizar la consulta al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales se desprende que cuenta con su cédula profesional registrada en dicho sistema. Asimismo se autoriza a Carlos Urías Rodríguez, en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, es decir para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Además, con sustento en el artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil, proporcionados por la parte quejosa, a fin de establecer comunicación con este órgano jurisdiccional; y no así para las notificaciones electrónicas del presente asunto, dado que, en su caso, deberá proporcionar el nombre de un usuario electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese por lista al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargada del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia autorizada del Titular, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano