René Leopoldo Acosta Mendivil

Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
797/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • René Leopoldo Acosta Mendivil

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el promovente del presente juicio de amparo fue debidamente notificado del auto de seis de octubre de dos mil veintidós, en fecha catorce de octubre siguiente; en consecuencia, toda vez que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de referencia, en el que se tuvo desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso René Leopoldo Acosta Mendivil, en contra actos de los Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 797/2022-A. Desechamiento de demanda. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, la lectura íntegra a la demanda de amparo permite advertir que el acto reclamado consiste en el auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 2637/2021-2B por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California, en el que se desechó de plano el incidente de falta de personalidad planteado por la parte quejosa René Leopoldo Acosta Mendivil, en contra de la parte demandada en el expediente de origen DJ Ortophedics de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y como consecuencia de ello se continuó con la tramitación del expediente de origen. Puntualizado lo anterior, se estima que respecto a la resolución reclamada sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". La aplicación armónica de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, contra actos que no tengan una incidencia de imposible reparación sobre derechos fundamentales tutelados ya sea en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De ese modo, la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables, es decir, respecto de los denominadas violaciones formales o procesales que sólo producen efectos de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por tanto, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del promovente y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.]." De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En ese orden de ideas, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los actos dictados en juicio afectan derechos adjetivos o procesales; los cuales se caracterizan porque su afectación no es actual, sino que ello depende de que dicha afectación trascienda al resultado del fallo, es decir, que incluso podrían desaparecer si no inciden en el sentido del fallo final. En el caso, de los antecedentes del acto que en la especie se reclama, conforme lo manifestado bajo protesta de decir verdad, se advierte que: 1. El quejoso René Leopoldo Acosta Mendivil, es parte dentro del expediente laboral 2637/2021-2B radicado en la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California, pues tiene el carácter de actor. 2. Que en audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, en la que compareció Laura Elizabeth Arriaga Peraza, quien se ostentó con el carácter de apoderada legal de la moral demandada DJ Ortophedics de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (de lo cual el quejoso refiere que dicha persona carece de dicha personalidad, por no haberla acreditado fehacientemente). 3. Ante tal situación, el aquí quejoso, el seis de julio de dos mil veintidós, planteó el incidente de falta de personalidad y legitimación procesal, en contra de la comparecencia de la persona de nombre Laura Elizabeth Arriaga Peraza, quien se ostentó como apoderada legal de la moral demandada DJ Ortophedics de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual fue desechado de plano por la Junta responsable mediante acuerdo de catorce de septiembre del año en curso -en los términos ahí planteados- y como consecuencia de ello se continuó con la tramitación del expediente de origen. Por lo antes expuesto, se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente asunto, es un aspecto meramente procesal, que por sí mismo no le genera en forma directa un perjuicio de imposible reparación, pues en él, la autoridad que señala como responsable no resuelve ni ordena cuestión alguna, sino que el auto que constituye el origen del acto reclamado únicamente tiene como efecto dar continuidad al procedimiento de origen instaurado en su contra. Es decir, el acto tildado de inconstitucional, evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducirán en violaciones procesales que, en su caso, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados -de obtener sentencia favorable-, y en caso de que se llegue a dictar sentencia contraria a los intereses de aquél, puede hacer valer las violaciones que esa resolución le causó mediante el juicio de amparo directo. Por lo anterior, se advierte que dicho "acto" no queda comprendido dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que si bien dicha determinación -a consideración de la parte quejosa-, afectan y violan sus derechos de administración de justicia para hacer efectivos los derechos y garantías que les otorga la Constitución Federal, cierto es también que el acto reclamado materia del juicio de amparo en que se actúa -hasta la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen-, únicamente produce efectos intraprocesales, toda vez que de la lectura del escrito de demanda se obtiene que el juicio de origen se encuentra en trámite, pendiente de dictarse el laudo correspondiente, por lo que se considera que la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que le será desfavorable o no el laudo que en su caso se dicte dentro del juicio de origen de donde emanan los actos reclamados, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascenderán o no al resultado del fallo. Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que los actos reclamados en el presente juicio por sí solos, no producen una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción V, de la misma legislación, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por René Leopoldo Acosta Mendivil, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Número 68, Agosto de 1993, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, de su parte a Mónica Cruz Trillo, Federico Beraud Lares y Elizabeth Licona Ramírez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Requerimiento a las partes. Se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    a las nueve horas del catorce de octubre de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejosa, el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 797/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso René Leopoldo Acosta Mendivil, en contra actos de los Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 797/2022-A. Desechamiento de demanda. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, la lectura íntegra a la demanda de amparo permite advertir que el acto reclamado consiste en el auto de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 2637/2021-2B por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California, en el que se desechó de plano el incidente de falta de personalidad planteado por la parte quejosa René Leopoldo Acosta Mendivil, en contra de la parte demandada en el expediente de origen DJ Ortophedics de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y como consecuencia de ello se continuó con la tramitación del expediente de origen. Puntualizado lo anterior, se estima que respecto a la resolución reclamada sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". La aplicación armónica de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, contra actos que no tengan una incidencia de imposible reparación sobre derechos fundamentales tutelados ya sea en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De ese modo, la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables, es decir, respecto de los denominadas violaciones formales o procesales que sólo producen efectos de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por tanto, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del promovente y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.]." De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". En ese orden de ideas, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando los actos dictados en juicio afectan derechos adjetivos o procesales; los cuales se caracterizan porque su afectación no es actual, sino que ello depende de que dicha afectación trascienda al resultado del fallo, es decir, que incluso podrían desaparecer si no inciden en el sentido del fallo final. En el caso, de los antecedentes del acto que en la especie se reclama, conforme lo manifestado bajo protesta de decir verdad, se advierte que: 1. El quejoso René Leopoldo Acosta Mendivil, es parte dentro del expediente laboral 2637/2021-2B radicado en la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tijuana, Baja California, pues tiene el carácter de actor. 2. Que en audiencia de uno de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, en la que compareció Laura Elizabeth Arriaga Peraza, quien se ostentó con el carácter de apoderada legal de la moral demandada DJ Ortophedics de México, Sociedad Anónima de Capital Variable (de lo cual el quejoso refiere que dicha persona carece de dicha personalidad, por no haberla acreditado fehacientemente). 3. Ante tal situación, el aquí quejoso, el seis de julio de dos mil veintidós, planteó el incidente de falta de personalidad y legitimación procesal, en contra de la comparecencia de la persona de nombre Laura Elizabeth Arriaga Peraza, quien se ostentó como apoderada legal de la moral demandada DJ Ortophedics de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual fue desechado de plano por la Junta responsable mediante acuerdo de catorce de septiembre del año en curso -en los términos ahí planteados- y como consecuencia de ello se continuó con la tramitación del expediente de origen. Por lo antes expuesto, se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente asunto, es un aspecto meramente procesal, que por sí mismo no le genera en forma directa un perjuicio de imposible reparación, pues en él, la autoridad que señala como responsable no resuelve ni ordena cuestión alguna, sino que el auto que constituye el origen del acto reclamado únicamente tiene como efecto dar continuidad al procedimiento de origen instaurado en su contra. Es decir, el acto tildado de inconstitucional, evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducirán en violaciones procesales que, en su caso, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados -de obtener sentencia favorable-, y en caso de que se llegue a dictar sentencia contraria a los intereses de aquél, puede hacer valer las violaciones que esa resolución le causó mediante el juicio de amparo directo. Por lo anterior, se advierte que dicho "acto" no queda comprendido dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que si bien dicha determinación -a consideración de la parte quejosa-, afectan y violan sus derechos de administración de justicia para hacer efectivos los derechos y garantías que les otorga la Constitución Federal, cierto es también que el acto reclamado materia del juicio de amparo en que se actúa -hasta la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen-, únicamente produce efectos intraprocesales, toda vez que de la lectura del escrito de demanda se obtiene que el juicio de origen se encuentra en trámite, pendiente de dictarse el laudo correspondiente, por lo que se considera que la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que le será desfavorable o no el laudo que en su caso se dicte dentro del juicio de origen de donde emanan los actos reclamados, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascenderán o no al resultado del fallo. Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que los actos reclamados en el presente juicio por sí solos, no producen una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción V, de la misma legislación, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por René Leopoldo Acosta Mendivil, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Número 68, Agosto de 1993, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, de su parte a Mónica Cruz Trillo, Federico Beraud Lares y Elizabeth Licona Ramírez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Requerimiento a las partes. Se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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