Reynaldo Molina Reyes
Expediente 440/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 19/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Reynaldo Molina Reyes
- Juez de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del cuatro al diecisiete del mes y año en curso, , sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 440/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. De igual forma, se hace constar que se abrió incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; sin embargo, no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se por una parte sobreseyó el presente juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que sí es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión al haberse concedido al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución relativa. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 440/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, Reynaldo Molina Reyes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Ordenadoras: 1. Juzgado de Control y Tribunal de enjuiciamiento Del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en esta Capital. 2. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Fresnillo, Zacatecas. 3. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Jerez, Zacatecas. 4 Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Río Grande, Zacatecas. 5. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Sombrerete, Zacatecas. 6. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Tlaltenango, Zacatecas. 7. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Calera, Zacatecas. 8. Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Ojocaliente, Zacatecas. Ejecutoras: 9. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. 10. Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas. Actos reclamados: IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: 1. A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. 1. B) además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 8 a 10), se ordenó registrar la demanda con el número 440/2017, y se mandó aclarar la demanda para el efecto de que, la parte promovente manifestara si insistía en señalar como acto reclamado la omisión que refería en su escrito de demanda y en caso de ser así, señalara a qué autoridad responsable se lo atribuía, asimismo, para que bajo protesta de decir verdad, narrara los hechos y abstenciones que fueran antecedentes de dicho acto; y, para que exhibiera copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; además, se le apercibió que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se proveería lo conducente únicamente por lo que atañe a los actos reclamados que no fueron motivo de aclaración. TERCERO. El doce de junio del año en curso, al advertir que había transcurrido el término otorgado al quejoso para que aclarara su demanda, sin que lo hubiera hecho, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo aclaratorio y únicamente se proveyó sobre la orden de detención y/o aprehensión reclamada a las autoridades señaladas como responsables; se admitió a trámite la demanda de mérito; se ordenó solicitar el informe con justificación a las autoridades responsables, dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se mandó emplazar a los terceros interesados; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que, las autoridades responsables, tanto ordenadoras como ejecutoras, tienen su residencia en este Estado, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos, consisten en: De los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Zacatecas, Fresnillo, Jerez de García Salinas, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango de Sánchez Román, Calera de Víctor Rosales y Ojocaliente, todos del Estado de Zacatecas: La orden de aprehensión por no comparecencia a cita, girada en contra del quejoso, dentro de la causa penal 96/2015, que se le instruye por el delito de lesiones y daño en las cosas culposo, previsto y sancionado por los artículos 285, 286 fracción II, 59 y 349 del Código Penal para el Estado. Del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad: La ejecución del mencionado mandamiento de captura. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Los Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Zacatecas, Fresnillo, Jerez de García Salinas, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango de Sánchez Román y Calera de Víctor Rosales, todos del Estado de Zacatecas, en sus informes justificados negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar sus negativas. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados respecto a las mencionadas responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;. Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa. De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, así como del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, toda vez que así expresamente lo manifestaron en su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la mencionada juez responsable consistentes, entre otras, en la resolución de orden de aprehensión dictada en la causa penal 96/2015 (fojas 68 a 89), y tres discos compactos que contienen la videograbación de las audiencias celebradas el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, así como catorce de febrero y trece de marzo de dos mil diecisiete; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la Jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También tiene aplicación la Jurisprudencia 43/2013 (10), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Luego, se encuentra acreditada la existencia de la orden de aprehensión reclamada y su ejecución. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Antes del análisis de los conceptos de violación y para una mejor comprensión del asunto, resulta necesario destacar los antecedentes de donde derivan los actos reclamados y que conforme a las constancias que remitió la juez responsable, son los siguientes: 1. En audiencia celebrada el diez de diciembre del año dos mil quince, al estimarse la actualización de los supuestos del artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso Reynaldo Molina Reyes, al considerar su probable participación, como autor material directo, acorde a lo dispuesto por la fracción I del artículo 11 del Código Penal, en la comisión del hecho considerado por la ley penal como delito de culpa con resultado de lesiones y daño en las cosas, cometido en perjuicio de Marco Antonio Guevara Camarillo, Swhall Jazmín Pérez Martínez y el menor Damián Guevara Pérez (foja 68 vuelta de autos); ello, en la causa penal 96/2015, instaurada en contra del impetrante del amparo. 2. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dio inicio la audiencia intermedia, dentro de la cual, se aprobó la salida alterna consistente en suspensión del proceso a favor del quejoso, bajo las cláusulas que en la propia audiencia se indicaron, y conforme al plan de pago de la reparación del daño a que el imputado se comprometió; lo que puede apreciarse de la videograbación de dicha audiencia que se contiene en el disco compacto que la responsable remitió con su informe justificado, así como de la copia certificada del acta administrativa de audiencia que también allegó, glosada a fojas 71. 3. Mediante escrito recibido por la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de Ojocaliente, Zacatecas, la agente del Ministerio Público adscrita a la unidad especializada en investigación mixta de ese distrito judicial, solicitó se fijara día y hora, a efecto de que se realizara audiencia con el fin de que se revisaran las condiciones que le fueron impuestas al imputado, ahora quejoso, con motivo del beneficio de suspensión condicional del proceso a prueba que le había sido concedido (foja 75) 4. Al ocurso antes mencionado, recayó acuerdo de uno de febrero de dos mil diecisiete, por el que se fijaron las once horas del catorce de febrero del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de mérito (foja 76). 5. La notificación del citado acuerdo se realizó a las partes el tres de febrero en cita, al procesado Reynaldo Molina Reyes, por comunicación telefónica al número proporcionado por dicho imputado, la que fue atendida por Brenda Molina Reyes, hermana del mismo, quien manifestó que quedaba enterada de la notificación y cuando regresara su hermano de trabajo le diría la hora y fecha que se señaló. 6. El catorce de febrero de dos mil diecisiete, comparecieron a la audiencia en que se revisarían las condiciones que le fueron impuestas al imputado respecto al beneficio de la suspensión condicional del proceso, únicamente la agente del ministerio público, el asesor jurídico de las víctimas y la defensora pública licenciada Brenda Xóchitl Santos Ríos, a quien la juez responsable designó defensora del imputado, aquí quejoso; la que no tuvo verificativo debido a que el impetrante del amparo no compareció, por lo cual, la propia juez, a petición de la agente del ministerio público, al considerar actualizada la hipótesis contenida en el artículo 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo declaró sustraído a la acción de la justicia, por no haber comparecido a una citación ante autoridad judicial, no obstante haber sido notificado. Circunstancia que se advierte de la videograbación de dicha audiencia, así como del acta administrativa relativa que obra a fojas 82 de autos. 7. Toda vez que en la referida audiencia, la agente del ministerio público solicitó se señalara fecha y hora para que en audiencia pública se atendiera su solicitud de orden de aprehensión, la que se llevó a cabo el trece de marzo del año en curso, habiéndose dictado la resolución de orden de aprehensión por no comparecer a cita; lo que también se aprecia de la videograbación que se contiene en el disco compacto que al efecto se remitió, así como de la copia certificada de la transcripción que de la misma acompañó la juez responsable a su informe justificado (fojas 68 a 70 de autos). La anterior resolución es la que constituye el acto reclamado, así como su ejecución. QUINTO. Conceptos de violación. Al no haber hecho valer las partes alguna causa de improcedencia, ni advertida de oficio por este resolutor, procede entrar al estudio de fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del promovente del amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del inculpado en el proceso penal 96/2015 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas; sin embargo, no se advierte violación contra los derechos del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, que sustentó la Segunda Sala del Alto Tribunal, que es de la literalidad siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Establecido lo anterior, cabe señalar, que el quejoso refiere que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de su libertad: a) Sin que se haya seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente, en el que se hubieran cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, como son, el que se hubiera hecho de su conocimiento con oportunidad para su defensa. b) Sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento. c) Sin que se acredite la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del promovente del amparo. Conceptos de violación que se dijo, son infundados. A efecto de justificar tal postura, conviene hacer las siguientes precisiones. La orden de aprehensión como la que aquí se reclama, es decir, dictada luego de declarada la sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado por no comparecer a citación ante autoridad judicial tiene como finalidad la privación de la libertad, sin embargo, su naturaleza es distinta a la de una orden de aprehensión que se solicita por el ministerio público en la determinación de consignación; en virtud de que esta última debe reunir los requisitos que específicamente, para tal efecto, exige el artículo 16 constitucional, mientras que la orden de aprehensión reclamada, versa sobre aspectos legales de orden procedimental. Puesto que la orden de aprehensión consistente en el mandato del juez para privar de la libertad a un individuo, como consecuencia del ejercicio de la acción penal y la petición del fiscal investigador, solo debe ser dictada cuando se reúnen los requisitos contenidos en el párrafo tercero del artículo 16 constitucional. Por su parte, la orden de aprehensión que se dicta por inasistencia a una citación, luego de que se declaró la sustracción de la acción de la justicia, si bien tiene como objeto privar de la libertad a un sujeto, los requisitos con los que debe contar son distintos, debido a su origen. Esto porque el juez que conozca de la causa puede decretar dicha orden sin necesidad de fundarla expresamente en términos del mencionado tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, es decir, en cuanto a la existencia de denuncia o querella, que la misma se refiera a un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y que existan datos que establezcan que se cometió tal hecho, así como la probabilidad de que el indiciado lo cometió; únicamente son necesarios los requisitos comunes a todos los actos de autoridad, es decir, constar en mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, las circunstancias en las que se dictan las órdenes de aprehensión derivadas del ejercicio de la acción penal y las emitidas por no comparecer un indiciado a una citación judicial son distintas, pues en la primera, la persona se encuentra en total libertad sin estar sujeta a la jurisdicción de ningún juez; en cambio, en la segunda, invariablemente se encuentra sujeto a un proceso, y su libertad está restringida lógicamente en algún sentido, si no es que privada totalmente, por lo que al estársele instruyendo un proceso, ya se acreditaron, anteriormente, el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, o bien, los elementos que conforman el hecho delictivo y la probabilidad de participación o autoría del imputado en su comisión. En conclusión para la emisión de la orden de aprehensión como la que se reclama, no es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, por cuanto hace a la existencia de la denuncia, acusación o querella y demás requisitos relacionados en su párrafo segundo, atento a su diversa naturaleza y objetivos, y en estricto rigor, aquella debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal según el caso. Así, la aprehensión con base en el ejercicio de la acción penal y la solicitud del agente del Ministerio Público, es una resolución judicial en la que, una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de aprehensión por no comparecer a cita judicial, constituye una determinación emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión derivada del ejercicio de la acción penal, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Sobre tales premisas, debe decirse que la resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete, que decretó la aprehensión del quejoso Reynaldo Molina, cumple con las formalidades esenciales del procedimiento y no vulnera ni restringe el derecho de audiencia del peticionario de amparo, como lo aduce en la primera parte de sus conceptos de violación, además, cumple con el requisito de fundamentación y motivación, ello si se atiende a las siguientes consideraciones. Para la emisión de dicha orden de aprehensión, la juez responsable se apoyó en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales, el primero, en la parte conducente establece: .La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. De donde se desprende, que la mencionada autoridad está facultada para declarar sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, y que además, dicha declaración da lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra de dicho imputado. Asimismo, en la circunstancia de que la fiscalía justificó que se había declarado la sustracción a la acción de la justicia del imputado Reynaldo Molina Reyes, requisito indispensable para la procedencia de la solicitud del mandamiento de mérito conforme lo dispone el 16 constitucional; ello, toda vez que esa declaratoria fue emitida en audiencia celebrada el catorce de febrero del año en curso; y, que además, en dicha resolución la juzgadora llegó a tal decisión al haber considerado que se actualizaba uno de los supuestos a que se refiere el artículo 141 en relación con el 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes citados, es decir, que el imputado no había comparecido a citación judicial sin justificación alguna. Situación ésta última que se justifica con la notificación del acuerdo en que se fijó fecha y hora para que se llevara a cabo audiencia con el fin de que se revisaran las condiciones que le fueron impuestas al imputado, ahora quejoso, con motivo del beneficio de suspensión condicional del proceso a prueba que le había sido concedido, la que se realizó al imputado Reynaldo Molina Reyes, el tres de febrero del año en curso por vía telefónica al número proporcionado por dicho imputado, misma que fue atendida por Brenda Molina Reyes, hermana del mismo, quien manifestó que quedaba enterada de la notificación y cuando regresara su hermano de trabajo le diría la hora y fecha que se señaló. De igual forma con el hecho de que el mencionado quejoso no haya comparecido a la referida audiencia, como se aprecia del contenido de la videoconferencia respectiva así como de la copia certificada del acta administrativa respectiva que la autoridad judicial responsable remitió como justificación de sus actos y a las que ya se hizo referencia en los antecedentes narrados en párrafos que anteceden. Luego entonces, como ya se dijo, en la emisión de la orden reclamada se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues el acuerdo dictado por la responsable a efecto de fijar fecha y para el desahogo de la referida audiencia, le fue notificado al ahora quejoso vía telefónica por conducto su hermana, sin que hubiera comparecido a su desahogo, por lo que en atención a ello, se declaró la sustracción del mismo a la acción de la justicia, razón por la que tampoco se vulnera el derecho de audiencia del peticionario de amparo, dado que como también lo señala la autoridad responsable en la resolución reclamada, con anterioridad, es decir en audiencia celebrada el diez de diciembre de dos mil quince, se había decretado auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso Reynaldo Molina Reyes, al considerar su probable participación, como autor material directo, acorde a lo dispuesto por la fracción I del artículo 11 del Código Penal, en la comisión del hecho considerado por la ley penal como delito de culpa con resultado de lesiones y daño en las cosas, lo que significa que se le siguió juicio previo al dictado acto reclamado en el tuvo oportunidad de defenderse. Así también, el acto reclamado se encuentra fundado, pues de acuerdo a lo expuesto, se citan las disposiciones aplicables, artículo 16 constitucional así como 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se dan las razones por las que la que la responsable consideró procedente el libramiento de la orden de aprehensión de que se trata. Razón por la cual, resultan infundados los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, dado que además, como de igual forma lo indicó la responsable en la resolución reclamada, ya no era necesario que se ocupara de analizar los elementos que conforman el hecho delictivo que se atribuye al peticionario del amparo, ni de la probabilidad de participación o autoría de dicho amparista, atendiendo a que ya se había dictado el correspondiente auto de vinculación a proceso. En esa línea de pensamiento, se concluye que el proceder de la autoridad responsable, no conculca derechos fundamentales en perjuicio del quejoso; por tanto, al no advertirse alguna violación que amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto a la orden de aprehensión emitida por la Juez de Control y Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como sigue: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo e niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador, que la Ministerio Público adscrita a este juzgado hizo valer los alegatos que consideró pertinentes, los cuales se encuentran en los pedimentos 667/2017, 668/2017, 669/2017, 670/2017, 671/2017, 672/2017, 673/2017, asimismo, que el tercero interesado Marco Antonio Guevara Camarillo por sí y en representación de su menor hijo Damián Guevara Pérez, formuló los de su intención; sin embargo no se realizará su análisis al no formar parte de la litis en el juicio de amparo, pues su estudio sólo es obligatorio cuando en ellos se hagan valer causales de improcedencia, lo que no acontece en el caso. A ese respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que dice: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Reynaldo Molina Reyes, en relación con los actos reclamados de las autoridades responsables, Jueces de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Zacatecas, Fresnillo, Jerez de García Salinas, Río Grande, Sombrerete, Tlaltenango de Sánchez Román y Calera de Víctor Rosales, todos del Estado de Zacatecas, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Reynaldo Molina Reyes, respecto de los actos reclamados a la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, así como al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Incidental
El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con una promoción registrada con folio 15770. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la promoción signada por el tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, por la cual solicita información respecto si el quejoso Reynaldo Molina Reyes compareció ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de ese municipio, dentro del plazo de tres días fijados por resolución interlocutoria de veintiséis de junio del año en curso que concedió la suspensión definitiva y en caso, de incumplimiento, dejaría sin efectos la medida cautelar; asimismo, señala que en caso de no cumplirse con ese requisito, se continúe con la secuela procesal y se haga vigente la orden de captura reclamada. Atento a lo anterior, se provee: En principio, debemos precisar que en la interlocutoria referida, se concedió la suspensión definitiva respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 96/2015, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardaban y no se privara de la libertad personal al justiciable de mérito, hasta en tanto existiera sentencia firme sobre el fondo del asunto; quedando a disposición de este juzgado, por lo que hacía a su libertad personal y a la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Ojocaliente, Zacatecas, lo ateniente a la prosecución del procedimiento penal señalado. En la misma resolución interlocutoria, este juzgado decretó como medida de aseguramiento a fin de que el quejoso no se sustrajera a la acción de la justicia, la de comparecer en el plazo de tres días ante la juez de Control del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, para que el Ministerio Público investigador formulara la imputación en su contra y rindiera su declaración; además, resolviera sobre la solicitud de vinculación a proceso y dentro de los tres días siguientes fijara fecha y hora para la audiencia inicial de imputación; apercibiendo a Reynaldo Molina Reyes que de no cumplir con lo anterior, dejaría de surtir efectos la suspensión definitiva concedida. Posteriormente, en auto de nueve de agosto pasado, se tuvo a la juez responsable informando que la agente del Ministerio Público de su adscripción ordenó la suspensión definitiva de la orden de captura girada en contra del quejoso Reynaldo Molina Reyes por los delitos de lesiones y daño en las cosas culposo. De igual manera, se dio cuenta con la circunstancia que mediante auto de siete de julio de dos mil diecisiete, se requirió a la Juez responsable a efecto de que dentro del término de tres días informara si la orden de aprehensión de trece de marzo de este año que aceptó haber librado contra el aquí quejoso por los delitos de lesiones y daño en las cosas culposo al rendir su informe previo, seguía vigente. Lo anterior, atendiendo a que en su comunicado recibido el seis de julio de dos mil diecisiete manifestó que no se estaba en posibilidad de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, dado que en la causa penal número 96/2015 ya se había celebrado dicha audiencia en la que se formuló imputación al quejoso por los delitos antes mencionados y a su vez el diez de diciembre de dos mil quince se dictó auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo atribuido. Derivado de lo anterior, la juez responsable mediante el oficio 327/2017 recibido el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, agregó copia certificada del acuerdo de trece del mes y año en cita, del que se advierte que dicha autoridad jurisdiccional ordenó requerir a la Agente del Ministerio Público de su adscripción para que dentro del término de tres días hábiles informara si se había ordenado la suspensión en el cumplimiento de la orden de aprehensión girada contra Reynaldo Molina Reyes, y en caso negativo, ordenara su suspensión de inmediato, debiendo remitir la constancia que avalara el cumplimiento de dicha indicación. En tales condiciones, se le requirió para que informara a este juzgado si la orden de aprehensión librada al quejoso el trece de marzo de dos mil diecisiete por los referidos delitos, tuvo como antecedente la no comparecencia del mismo a la citación judicial de catorce de febrero del año actual; a su vez, mediante proveído de veintiuno de agosto siguiente, informó que, efectivamente en tal diligencia, declaró a Reynaldo Molina Reyes sustraído de la acción de la justicia, en atención a que el agente del Ministerio Público así lo solicitó por no acreditarse causa establecida de su incomparecencia, no obstante que fue debidamente notificado a efecto de que compareciera a la audiencia de catorce de febrero del actual. Ante lo expuesto, se concluye que la medida de aseguramiento impuesta a Reynaldo Molina Reyes de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez responsable, a fin de que el ministerio Público investigador formulara imputación en su contra y rindiera declaración, no se podía llevar a cabo, atendiendo a que como se precisó en líneas precedentes, existe imposibilidad para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, dado que en la causa penal número 96/2015 ya se celebró tal audiencia en la que formuló imputación al quejoso por los delitos de lesiones y daño en las cosas culposo y el diez de diciembre de dos mil quince se dictó auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo atribuido, más aun que la orden de aprehensión reclamada derivada de que el imputado aquí quejoso no compareció a citación judicial sin justificación alguna. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, quien actúa ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG
- Principal
En dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Megm
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