Reymundo Neri Hernández

Expediente 1755/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1755/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Reymundo Neri Hernández
  • Sandra González Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa transcurrió del tres al dieciséis de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida dentro del presente juicio de derechos. c) Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. d) Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa en el que se negó el amparo y protección del presente juicio; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración; en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, ultima parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que solo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en términos del punto vigésimo, fracción III del citado Acuerdo General, por lo que, una vez, transcurridos seis meses procédase a su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, hágase la devolución a la autoridad responsable Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado con sede en esta Ciudad; la documental consistente en el toca A.P.O. 130/2018. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy*

  2. Principal

    veintisiete de julio de dos V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1755/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Raymundo Neri Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que enseguida se precisan: "(.) TERCERO. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- Tiene ese carácter la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. CUARTO. ACTOS RECLAMADOS.- La resolución dictada el día 18 del mes anterior, dentro del toca de apelación oral número A.P.O 130/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la señora Sandra González Gutiérrez, en contra de la que a su vez dictó la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la capital, en la que se me otorga la suspensión condicional del proceso según audiencia de fecha cuatro de junio del año actual, dentro de la causa penal número 1290/2017, que se sigue en mi contra por los supuestos delitos de lesiones y violencia familiar (.).". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito registró la demanda con el expediente 1755/2018; solicitó el informe a la autoridad responsable; dio la intervención al agente del Ministerio Público; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado por el quejoso que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: La determinación de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación oral A.P.O 130/2018, a través de la cual la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocó la resolución que autorizó la suspensión condicional del proceso al quejoso, dictada por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, dentro de la causa penal 1290/2017 (foja110 a 115 del tomo de pruebas). Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama a la Sala de su adscripción (foja 13 de autos). Certeza que se corrobora con el original del toca de apelación oral A.P.O 130/2018 y un disco compacto remitido por el referido magistrado, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del ordinal 2°, párrafo segundo, Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 2004362, aparece visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, aun suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Para mayor claridad del asunto, se destacan algunos antecedentes del acto reclamado. 1. En la causa penal 1290/2017, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, se dictó auto de vinculación a proceso a Raymundo Neri Hernández, por el hecho delictivo señalado por la ley como el delito de lesiones dolosas y violencia familiar, en términos de lo dispuesto en los artículos 254 bis, ter y quater y 285, 286 fracción I, en relación con los numerales 5°, 6° fracción I y 7° fracción I, todos del Código Penal de Zacatecas. 2. Mediante audiencia verificada el cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, admitió la suspensión condicional del proceso a favor de Raymundo Neri Hernández, por el lapso de un año, siempre y cuando dicha persona cumpliera con las siguientes condiciones: * Residir en su domicilio. * Dejar de frecuentar a la víctima Sandra González Gutiérrez en su domicilio, en su lugar de trabajo o en el lugar en el que se encuentre y no acercarse a ella. * Someterse a tratamiento psicológico en el CEPAVIF, mismo que será canalizado por conducto de la Unidad de Medidas Cautelares. 3. Inconforme con dicha determinación la aquí tercera interesada Sandra González Gutiérrez, interpuso recurso de apelación (fojas 4 a 7 del tomo de pruebas). 4. Así, en resolución de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 115 del tomo de pruebas), la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad, revocó la resolución recurrida y ordenó se continuara la causa penal por la secuela legal correspondiente (determinación que constituye el acto reclamado). Ahora bien, aduce el promovente del amparo que el acto reclamado viola en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 14 constitucional, pues no le dan oportunidad de dar por terminado el procedimiento no obstante que sí se dan las condiciones para ello, violando lo estatuido en el numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se cubrieron todos y cada uno de los requisitos ahí establecidos; que no hubo oposición de la víctima. Que si bien el artículo 191 del código procedimental en cita refiere que el planteamiento de la suspensión condicional debe contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, también lo es que el diverso numeral 131 de tal código, establece que es obligación de la representación social solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que estos lo puedan solicitar directamente y, que en el caso no fue solicitado; por tanto, el quejoso se encontraba imposibilitando para hacer un plan detallado sobre la reparación del daño en cuestión porque no existen notas o facturas que lo acrediten. Que es violatoria la resolución que condena al pago de la reparación del daño si no se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 30 del Código Penal del Estado de Zacatecas, por no haberse aportado prueba alguna. Que la resolución que se combate también viola la garantía constitucional establecida en el artículo 16 porque ésta no se encuentra fundada y motivada. Por último sostiene que también se viola en su perjuicio el artículo 17 de la carta magna al dolerse de que éste prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias y que la responsable pasa por alto ello, pues no permite dar por terminado el conflicto mediante éstos. En ese tenor, en la resolución reclamada la Sala responsable, en esencia determinó que la juez natural no aseguró la reparación del daño y desatendió lo que la Constitución Federal le ordena, pues autorizó la suspensión condicional del proceso soslayando lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, los numerales 191 a 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen lo siguiente: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia.". En lo que interesa, la suspensión condicional del proceso consiste en el planeamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual debe contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, así como el sometimiento del imputado a alguna o varias de las condiciones previstas en el mismo Código Nacional, que esencialmente tienen como finalidad garantizar los derechos de la víctima u ofendido. Sin embargo, para su procedencia debe mediar solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél y cumplirse los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, y II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Adicionalmente, se establece como excepción para la procedencia de la suspensión condicional del proceso que el imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo que hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución a la primera suspensión condicional del proceso, en cualquier fuero. Dicha salida alterna debe solicitarse una vez emitido el auto de vinculación a proceso y hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Las condiciones pueden ser propuestas por el Ministerio Público y la víctima; la petición será resuelta en audiencia, en la que se aprobará o modificará el plan de reparación, sin que la falta de recursos del imputado sea suficiente para su rechazo, así como se fijarán las condiciones a cumplir. En relación a la aseveración del quejoso en el sentido de que se encontraba imposibilitando para hacer un plan detallado sobre la reparación del daño virtud a que el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que es obligación de la representación social solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito y que no existen notas o facturas que lo acrediten; se le precisa que ello es infundado en tanto que como lo dispone el diverso numeral 194 del citado código procedimental, en relación al plan de reparación, en la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado debe, es, decir tiene la obligación de plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo, esto es, no es una facultad que puede ejercer o no, sino es una obligación, una condicionante para poder acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Por tanto, la finalidad del sistema penal acusatorio, al establecer la suspensión condicional del proceso, es proporcionar un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumpla con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se encuentra la reparación integral del daño. Entonces en un inicio para que pueda operar dicha figura procesal no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto, por lo que el monto de éste debe cubrir, al menos, la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso pues, de otra manera, los derechos de la víctima u ofendido no se verían tutelados. Resulta aplicable a lo anterior la tesis VIII.P.T.2 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, que con número de registro 2015986, aparece visible en la página 2294, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y teto siguientes: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO. La finalidad del sistema penal acusatorio, al establecer la suspensión condicional del proceso, es proporcionar un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumpla con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, la reparación integral del daño; de ahí que para que dicha figura procesal pueda operar, no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto, por lo que el monto de éste debe cubrir, al menos, la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso pues, de otra manera, los derechos de la víctima u ofendido no se verían tutelados. Ahora, si el agente del Ministerio Público apoyó su petición en una norma que objetivamente determina cómo se calcula la reparación del daño, por ejemplo, tratándose de la pérdida de la vida (por encontrarse cuantificado el monto reparatorio por el legislador), entonces, en supuestos como el señalado, existen elementos objetivos suficientes que sustentan el cálculo realizado por dicho concepto y, por ende, en este caso, no existe necesidad de que se aporten medios de prueba adicionales que justifiquen la oposición de la parte acusadora o la ofendida.". De ello se desprende que no se puede prescindir de dicha figura procesal, pues tal como lo acotó la autoridad responsable, la reparación del daño es una pena que se impone a través de una sentencia, a la cual le antecedió un procedimiento judicial en el que se aportaron diversas pruebas, entre ellas las que permiten determinar la existencia de un daño y el monto a que asciende éste, y con base en tales probanzas, precisar con exactitud la reparación del daño. Además, el artículo 194 del citado ordenamiento adjetivo penal no condiciona que deban existir pruebas, notas, facturas, etcétera, para establecer el plan requerido, sino que únicamente refiere que el imputado deberá exponer un esquema de reparación del daño causado, así como los plazos para cumplirlo, y aquí es donde entra la potestad del juez ante quien se está solicitando la suspensión condicional del procedimiento, esto es, determinará si se cumple con los requisitos que la ley establece y de ser así, verificar si resulta acertado o conducente para que los derechos de la víctima u ofendido se vean tutelados. Virtud a ello, también resulta infundado el concepto de violación en relación a que se transgrede en perjuicio del quejoso el artículo 17 de la carta magna ya que éste prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias y que la responsable pasa por alto ello, pues no permite dar por terminado el conflicto mediante éstos; pues como ya se precisó en el párrafo que antecede, para poder acceder al beneficio de la suspensión condicional del procedimiento se debe atender a los regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no aconteció, pues aunque efectivamente no hubo oposición de la víctima y se le sometió a varias condiciones a cumplir, lo cierto es que en ningún momento el quejoso exhibió el plan detallado sobre el pago de la reparación de daño, por lo que, no se garantizó la efectiva tutela de los derechos de la víctima, para que en caso de cumplirse pudiera darse lugar a la extinción de la acción penal; por tanto, no es que la responsable no permitiera que el quejoso accediera a la suspensión condicional del proceso contemplada en el artículo 17 de la carta magna, sino que el quejoso no cumplió con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ello. En consecuencia, la responsable estuvo en lo correcto al determinar que la juez de origen debió de asegurarse que para autorizar la suspensión condicional del procedimiento, se informara sobre el plan detallado del pago de la reparación del año. Por tanto, de igual manera resulta infundado el argumento vertido en el sentido de que es violatoria la sentencia que condena al pago de la reparación del daño si no se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 30 del Código Penal del Estado de Zacatecas, por no haberse aportado prueba alguna; pues en el caso no se le condenó al quejoso al pago de tal reparación del daño, sino que al querer obtener el beneficio de la suspensión condicional del proceso es una condición que debe cubrir al aspirar a ello, lo relativo al deber de exponer un esquema de reparación del daño y los plazos para cumplirlo. Por último, por cuanto a que la resolución que se combate también viola la garantía constitucional establecida en el artículo 16 porque ésta no se encuentra fundada y motivada, también resulta infundado pues de autos se advierte que la autoridad responsable citó los preceptos legales que le sirvieron de sustento para emitir el acto que se le reclama y expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para su emisión. Pues al efecto la autoridad responsable sostuvo que la Juez natural no aseguró la reparación del año y desatendió lo que la Constitución Federal le mandata pues autorizó la suspensión condicional del proceso en los términos propuestos, además de soslayar lo establecido en los artículos 191, 194 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que la resolución de la juez natural conculca los derechos de SANDRA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ pues autorizó la salida alterna de suspensión condicional del proceso cuando la misma no cumplía con uno de los requisitos como lo es un plan detallado de reparación del daño, mismo que la defensa estaba obligada a plantear. Que la reparación del daño es una pena que se impone a través de una sentencia a la cual le antecedió un procedimiento judicial en el que se aportaron diversas pruebas, entre ellas la que permiten determinar la existencia de un daño y el monto a que asciende éste y con base en tales probanzas precisar con exactitud la reparación del daño. Que el plan reparatorio a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una naturaleza jurídica distinta ya que se trata de una propuesta realizada por el peticionario de la salida alterna con la finalidad de que el asunto se suspenda en tanto se cumple con dicho plan y con alguna o algunas de las obligaciones que el diverso artículo 195 del citado ordenamiento adjetivo penal señala. Que el artículo 194 del citado ordenamiento adjetivo penal únicamente refiere que el imputado deberá exponer un esquema de reparación del daño causado así como los plazos para cumplirlo, siendo función del juez solamente el determinar si se cumple con los requisitos que la ley establece y de ser así, verificar si resulta razonable. Como se ve, la autoridad responsable al emitir el acto reclamando se apoyó en los preceptos legales que consideró pertinentes, asimismo, expuso en concreto las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir el acto que se le reclama; de ahí que la resolución reclamada cobre los requisitos de fundamentación y motivación. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin que se advierta suplencia en su deficiencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raymundo Neri Hernández, contra la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación oral A.P.O 130/2018, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA REYMUNDO NERI HERNÁNDEZ,LA DETERMINACIÓN DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1755/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Raymundo Neri Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que enseguida se precisan: "(.) TERCERO. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- Tiene ese carácter la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. CUARTO. ACTOS RECLAMADOS.- La resolución dictada el día 18 del mes anterior, dentro del toca de apelación oral número A.P.O 130/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la señora Sandra González Gutiérrez, en contra de la que a su vez dictó la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la capital, en la que se me otorga la suspensión condicional del proceso según audiencia de fecha cuatro de junio del año actual, dentro de la causa penal número 1290/2017, que se sigue en mi contra por los supuestos delitos de lesiones y violencia familiar (.).". Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito registró la demanda con el expediente 1755/2018; solicitó el informe a la autoridad responsable; dio la intervención al agente del Ministerio Público; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad residente en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado por el quejoso que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: La determinación de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación oral A.P.O 130/2018, a través de la cual la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, revocó la resolución que autorizó la suspensión condicional del proceso al quejoso, dictada por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, dentro de la causa penal 1290/2017 (foja110 a 115 del tomo de pruebas). Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama a la Sala de su adscripción (foja 13 de autos). Certeza que se corrobora con el original del toca de apelación oral A.P.O 130/2018 y un disco compacto remitido por el referido magistrado, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del ordinal 2°, párrafo segundo, Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 2004362, aparece visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, aun suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Para mayor claridad del asunto, se destacan algunos antecedentes del acto reclamado. 1. En la causa penal 1290/2017, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, se dictó auto de vinculación a proceso a Raymundo Neri Hernández, por el hecho delictivo señalado por la ley como el delito de lesiones dolosas y violencia familiar, en términos de lo dispuesto en los artículos 254 bis, ter y quater y 285, 286 fracción I, en relación con los numerales 5°, 6° fracción I y 7° fracción I, todos del Código Penal de Zacatecas. 2. Mediante audiencia verificada el cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, admitió la suspensión condicional del proceso a favor de Raymundo Neri Hernández, por el lapso de un año, siempre y cuando dicha persona cumpliera con las siguientes condiciones: * Residir en su domicilio. * Dejar de frecuentar a la víctima Sandra González Gutiérrez en su domicilio, en su lugar de trabajo o en el lugar en el que se encuentre y no acercarse a ella. * Someterse a tratamiento psicológico en el CEPAVIF, mismo que será canalizado por conducto de la Unidad de Medidas Cautelares. 3. Inconforme con dicha determinación la aquí tercera interesada Sandra González Gutiérrez, interpuso recurso de apelación (fojas 4 a 7 del tomo de pruebas). 4. Así, en resolución de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 110 a 115 del tomo de pruebas), la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad, revocó la resolución recurrida y ordenó se continuara la causa penal por la secuela legal correspondiente (determinación que constituye el acto reclamado). Ahora bien, aduce el promovente del amparo que el acto reclamado viola en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 14 constitucional, pues no le dan oportunidad de dar por terminado el procedimiento no obstante que sí se dan las condiciones para ello, violando lo estatuido en el numeral 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que se cubrieron todos y cada uno de los requisitos ahí establecidos; que no hubo oposición de la víctima. Que si bien el artículo 191 del código procedimental en cita refiere que el planteamiento de la suspensión condicional debe contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, también lo es que el diverso numeral 131 de tal código, establece que es obligación de la representación social solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que estos lo puedan solicitar directamente y, que en el caso no fue solicitado; por tanto, el quejoso se encontraba imposibilitando para hacer un plan detallado sobre la reparación del daño en cuestión porque no existen notas o facturas que lo acrediten. Que es violatoria la resolución que condena al pago de la reparación del daño si no se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 30 del Código Penal del Estado de Zacatecas, por no haberse aportado prueba alguna. Que la resolución que se combate también viola la garantía constitucional establecida en el artículo 16 porque ésta no se encuentra fundada y motivada. Por último sostiene que también se viola en su perjuicio el artículo 17 de la carta magna al dolerse de que éste prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias y que la responsable pasa por alto ello, pues no permite dar por terminado el conflicto mediante éstos. En ese tenor, en la resolución reclamada la Sala responsable, en esencia determinó que la juez natural no aseguró la reparación del daño y desatendió lo que la Constitución Federal le ordena, pues autorizó la suspensión condicional del proceso soslayando lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, los numerales 191 a 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen lo siguiente: "Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia.". En lo que interesa, la suspensión condicional del proceso consiste en el planeamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual debe contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, así como el sometimiento del imputado a alguna o varias de las condiciones previstas en el mismo Código Nacional, que esencialmente tienen como finalidad garantizar los derechos de la víctima u ofendido. Sin embargo, para su procedencia debe mediar solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél y cumplirse los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, y II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido. Adicionalmente, se establece como excepción para la procedencia de la suspensión condicional del proceso que el imputado en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo que hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución a la primera suspensión condicional del proceso, en cualquier fuero. Dicha salida alterna debe solicitarse una vez emitido el auto de vinculación a proceso y hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. Las condiciones pueden ser propuestas por el Ministerio Público y la víctima; la petición será resuelta en audiencia, en la que se aprobará o modificará el plan de reparación, sin que la falta de recursos del imputado sea suficiente para su rechazo, así como se fijarán las condiciones a cumplir. En relación a la aseveración del quejoso en el sentido de que se encontraba imposibilitando para hacer un plan detallado sobre la reparación del daño virtud a que el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que es obligación de la representación social solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito y que no existen notas o facturas que lo acrediten; se le precisa que ello es infundado en tanto que como lo dispone el diverso numeral 194 del citado código procedimental, en relación al plan de reparación, en la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado debe, es, decir tiene la obligación de plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo, esto es, no es una facultad que puede ejercer o no, sino es una obligación, una condicionante para poder acceder a la suspensión condicional del procedimiento. Por tanto, la finalidad del sistema penal acusatorio, al establecer la suspensión condicional del proceso, es proporcionar un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumpla con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los cuales se encuentra la reparación integral del daño. Entonces en un inicio para que pueda operar dicha figura procesal no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto, por lo que el monto de éste debe cubrir, al menos, la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso pues, de otra manera, los derechos de la víctima u ofendido no se verían tutelados. Resulta aplicable a lo anterior la tesis VIII.P.T.2 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, que con número de registro 2015986, aparece visible en la página 2294, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y teto siguientes: "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. EL MONTO DEL PLAN DE REPARACIÓN DEL DAÑO PROPUESTO POR EL IMPUTADO DEBE CUBRIR, AL MENOS, LA CANTIDAD QUE PUEDA DETERMINARSE OBJETIVAMENTE AL MOMENTO DE PROMOVERSE DICHA SOLUCIÓN ALTERNA DEL PROCESO. La finalidad del sistema penal acusatorio, al establecer la suspensión condicional del proceso, es proporcionar un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumpla con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, la reparación integral del daño; de ahí que para que dicha figura procesal pueda operar, no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto, por lo que el monto de éste debe cubrir, al menos, la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso pues, de otra manera, los derechos de la víctima u ofendido no se verían tutelados. Ahora, si el agente del Ministerio Público apoyó su petición en una norma que objetivamente determina cómo se calcula la reparación del daño, por ejemplo, tratándose de la pérdida de la vida (por encontrarse cuantificado el monto reparatorio por el legislador), entonces, en supuestos como el señalado, existen elementos objetivos suficientes que sustentan el cálculo realizado por dicho concepto y, por ende, en este caso, no existe necesidad de que se aporten medios de prueba adicionales que justifiquen la oposición de la parte acusadora o la ofendida.". De ello se desprende que no se puede prescindir de dicha figura procesal, pues tal como lo acotó la autoridad responsable, la reparación del daño es una pena que se impone a través de una sentencia, a la cual le antecedió un procedimiento judicial en el que se aportaron diversas pruebas, entre ellas las que permiten determinar la existencia de un daño y el monto a que asciende éste, y con base en tales probanzas, precisar con exactitud la reparación del daño. Además, el artículo 194 del citado ordenamiento adjetivo penal no condiciona que deban existir pruebas, notas, facturas, etcétera, para establecer el plan requerido, sino que únicamente refiere que el imputado deberá exponer un esquema de reparación del daño causado, así como los plazos para cumplirlo, y aquí es donde entra la potestad del juez ante quien se está solicitando la suspensión condicional del procedimiento, esto es, determinará si se cumple con los requisitos que la ley establece y de ser así, verificar si resulta acertado o conducente para que los derechos de la víctima u ofendido se vean tutelados. Virtud a ello, también resulta infundado el concepto de violación en relación a que se transgrede en perjuicio del quejoso el artículo 17 de la carta magna ya que éste prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias y que la responsable pasa por alto ello, pues no permite dar por terminado el conflicto mediante éstos; pues como ya se precisó en el párrafo que antecede, para poder acceder al beneficio de la suspensión condicional del procedimiento se debe atender a los regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no aconteció, pues aunque efectivamente no hubo oposición de la víctima y se le sometió a varias condiciones a cumplir, lo cierto es que en ningún momento el quejoso exhibió el plan detallado sobre el pago de la reparación de daño, por lo que, no se garantizó la efectiva tutela de los derechos de la víctima, para que en caso de cumplirse pudiera darse lugar a la extinción de la acción penal; por tanto, no es que la responsable no permitiera que el quejoso accediera a la suspensión condicional del proceso contemplada en el artículo 17 de la carta magna, sino que el quejoso no cumplió con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para ello. En consecuencia, la responsable estuvo en lo correcto al determinar que la juez de origen debió de asegurarse que para autorizar la suspensión condicional del procedimiento, se informara sobre el plan detallado del pago de la reparación del año. Por tanto, de igual manera resulta infundado el argumento vertido en el sentido de que es violatoria la sentencia que condena al pago de la reparación del daño si no se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 30 del Código Penal del Estado de Zacatecas, por no haberse aportado prueba alguna; pues en el caso no se le condenó al quejoso al pago de tal reparación del daño, sino que al querer obtener el beneficio de la suspensión condicional del proceso es una condición que debe cubrir al aspirar a ello, lo relativo al deber de exponer un esquema de reparación del daño y los plazos para cumplirlo. Por último, por cuanto a que la resolución que se combate también viola la garantía constitucional establecida en el artículo 16 porque ésta no se encuentra fundada y motivada, también resulta infundado pues de autos se advierte que la autoridad responsable citó los preceptos legales que le sirvieron de sustento para emitir el acto que se le reclama y expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para su emisión. Pues al efecto la autoridad responsable sostuvo que la Juez natural no aseguró la reparación del año y desatendió lo que la Constitución Federal le mandata pues autorizó la suspensión condicional del proceso en los términos propuestos, además de soslayar lo establecido en los artículos 191, 194 y 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que la resolución de la juez natural conculca los derechos de SANDRA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ pues autorizó la salida alterna de suspensión condicional del proceso cuando la misma no cumplía con uno de los requisitos como lo es un plan detallado de reparación del daño, mismo que la defensa estaba obligada a plantear. Que la reparación del daño es una pena que se impone a través de una sentencia a la cual le antecedió un procedimiento judicial en el que se aportaron diversas pruebas, entre ellas la que permiten determinar la existencia de un daño y el monto a que asciende éste y con base en tales probanzas precisar con exactitud la reparación del daño. Que el plan reparatorio a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene una naturaleza jurídica distinta ya que se trata de una propuesta realizada por el peticionario de la salida alterna con la finalidad de que el asunto se suspenda en tanto se cumple con dicho plan y con alguna o algunas de las obligaciones que el diverso artículo 195 del citado ordenamiento adjetivo penal señala. Que el artículo 194 del citado ordenamiento adjetivo penal únicamente refiere que el imputado deberá exponer un esquema de reparación del daño causado así como los plazos para cumplirlo, siendo función del juez solamente el determinar si se cumple con los requisitos que la ley establece y de ser así, verificar si resulta razonable. Como se ve, la autoridad responsable al emitir el acto reclamando se apoyó en los preceptos legales que consideró pertinentes, asimismo, expuso en concreto las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir el acto que se le reclama; de ahí que la resolución reclamada cobre los requisitos de fundamentación y motivación. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin que se advierta suplencia en su deficiencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raymundo Neri Hernández, contra la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación oral A.P.O 130/2018, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. ..."

  4. Principal

    El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 23097. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la tercero interesada agente del Ministerio Público adscrita a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, de conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente asunto con el carácter antes indicado. Asimismo, con fundamento en el ordinal 124 de la Ley de la Materia en cita, téngasele formulando los alegatos que hace valer en los términos que consta en su libelo, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

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