Reynaldo Balam Pool

Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
544/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Reynaldo Balam Pool

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Reynaldo Balam Pool, mediante el cual, estando enterado del auto de treinta de marzo pasado, solicita la devolución de los documentos que exhibió junto con su demanda de amparo, autorizando a las apersonas que señala para tal efecto. Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración las manifestaciones de la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción III, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó la demandad de amparo. Se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión; y en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. De igual forma, como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos exhibidos junto con la demanda de amparo, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, previo cotejo y compulsa que se realice con una copia simple del mismo que exhiba el promovente, a fin de que se deje copia certificada de éstos en el presente asunto, previa identificación y razón de recibo que otorguen en autos. Apercibida que de no recogerlos dentro del término de noventa días podrá ser destruidos con el expediente. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio treinta y uno de julio; se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", para obtener la cita correspondiente a fin de acudir al Juzgado para que realice las gestiones conducentes y se le haga entrega de lo solicitado.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Reynaldo Balam Pool, mediante el cual, estando enterado del auto de treinta de marzo pasado, solicita la devolución de los documentos que exhibió junto con su demanda de amparo, autorizando a las apersonas que señala para tal efecto. Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración las manifestaciones de la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción III, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó la demandad de amparo. Se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión; y en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. De igual forma, como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos exhibidos junto con la demanda de amparo, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, previo cotejo y compulsa que se realice con una copia simple del mismo que exhiba el promovente, a fin de que se deje copia certificada de éstos en el presente asunto, previa identificación y razón de recibo que otorguen en autos. Apercibida que de no recogerlos dentro del término de noventa días podrá ser destruidos con el expediente. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio treinta y uno de julio; se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", para obtener la cita correspondiente a fin de acudir al Juzgado para que realice las gestiones conducentes y se le haga entrega de lo solicitado.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por******, contra los actos que reclamó del DELEGADO ESTATAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, QUINTANA ROO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO (DENOMINACIÓN CORRECTA), AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA TERCERA INVESTIGADORA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA AGENCIA CUARTA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO, y ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, JUZGADOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SÉPTIMO y OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PRIMER y SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO EN QUINTANA ROO, TODOS CON SEDE EN CANCÚN; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA EN CHETUMAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A LA AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN CHETUMAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUINTANA ROO y JUZGADOS PRIMERO Y SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, TODOS CON SEDE EN CHETUMAL; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN EN EL ESTADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN YUCATÁN, CON SEDE EN VALLADOLID, YUCATÁN; SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE APOYO JURÍDICO Y CONTROL MINISTERIAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TRAFICO DE MENORES, PERSONAS Y ORGANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TRAFICO DE MENORES, PERSONAS Y ORGANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TODOS CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO; PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, CUARTO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, QUINTO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO y SEXTO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO; JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO y DÉCIMO SEXTO, TODOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO; JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, (RECLUSORIO NORTE), JUZGADOS QUINTO, SEXTO y DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES (RECLUSORIO ORIENTE), JUZGADOS, SÉPTIMO, NOVENO y DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES (RECLUSORIO SUR), TODOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; DELEGADO ESTATAL EN YUCATÁN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN y ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN, TODOS CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán. Fórmese expediente con el número 544/2021-VIII y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, de una revisión de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia, lo que conduce a DESECHAR la presente demanda de amparo. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, de una revisión integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán, los actos tendentes a pertubarle su posesión que afirma tener con su carácter de avecindado sobre dos hectáreas de tierras de uso común, pertenecientes a dicho ejido. En sus hechos relata que, desde mil novecientos noventa, es posesionario con carácter de avecindado de un terreno en dicho ejido, que recibió por cesión que término el catorce de julio de dos mil diez, y que por más gestiones que ha realizado judicial y extrajudicialmente para obtener del Registro Agrario Nacional la posesión legitima de la superficie que ocupa, no tiene alguna resolución favorable, por lo que desde el año dos mil doce, promovió una demanda ante la Asamblea General de Ejidatarios, con la cual se formó el expediente TUA-34-9852012 en el cual, el cuatro de enero de dos mil dieciocho, se decretó la caducidad y archivo; que posteriormente promovió el diverso expediente TUA-34-1640/2018, en el que no se pudo notificar al citado ejido, ya que se suspendió la actividad con motivo de la pandemia por el virus COVID-19 y que no se ha enterado del acuerdo que tomó el Tribunal Agrario. Finalmente, señala que, el veintiocho de marzo del presente año, el Presidente del Comisariado Ejidal, con un grupo de personas, se introdujeron en su parcela, lo insultaron y le dijeron que iban a tomar posesión porque ellos son los dueños, y que sobre ese conflicto no hay una resolución judicial del Tribunal Agrario. Puntualizado lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán, carece del carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte, el ordinal 5°, fracción II de la aludida Ley, preceptúa: "Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con los preceptos que anteceden, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Tendrá el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esos parámetros, si el juicio de amparo se promueve, contra actos de personas que no tienen la calidad de autoridad responsable, resultará improcedente, pues sólo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad. En ese sentido, en el caso, es necesario determinar si en el caso la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, con motivo del acto que el quejoso reclama. Para ello, resulta pertinente efectuar el estudio de qué se considera autoridad responsable, al tenor del imperativo legal contenido en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, el cual indica que autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. En ese contexto, conforme a los dispositivos inicialmente citados, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en este caso, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/974. Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquellas cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica general, la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Sus funciones estén determinadas por una norma general, cuyo ejercicio sea irrenunciable por ser pública la fuente de dicha potestad; b) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados; y, c) Los actos que dicten lo sean de manera unilateral y obligatoria con lo cual afecten la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad, si bien incluyen actos de particulares, también es cierto que como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es necesario que las funciones de éstos estén determinadas por una norma jurídica general, y sean emitidos de manera unilateral y obligatoria con afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En ese sentido, es necesario establecer que el juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier persona; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional; así, jurídicamente la acción constitucional de mérito no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites; motivo por el cual, las sentencias de amparo sólo deberán decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. En el caso, se advierte que lo que el quejoso reclama en la presente vía constitucional de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán, consistente en los actos tendentes a pertubarle su posesión que afirma tener con su carácter de avecindado sobre dos hectáreas de tierras de uso común, pertenecientes a dicho ejido, no reviste las características propias de un acto de autoridad para efectos del amparo. Es así, pues si bien el quejoso refiere que el Presidente de dicho Ejido, con otras personas, fueron a la parcela cuya posesión ostenta y le dijeron que lo sacarían de ese lugar, porque ellos son los dueños, no constituye un acto equivalente a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, ni porque esté actuando en ejercicio de funciones determinadas por una norma general la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, sino que actuó como particular únicamente en su carácter de Presidente del órgano de representación del ejido, en un conflicto en ejidatarios. Ciertamente, del relato hecho por el quejoso, se aprecia que el acto que se reclama se trata de un conflicto, donde no hay una relación de supra a subordinación entre un gobernante y gobernado, en el que el Ejido señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior al quejoso, y por imperativo de la ley Además, se advierte que el acto reclamado, no deriva de la ejecución de alguna resolución emitida por autoridad competente que resuelva el conflicto sobre la parcela que defiende el quejoso. De modo que, los actos atribuidos a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán, tendentes a perturbarle su posesión que afirma tener con su carácter de avecindado sobre dos hectáreas de tierras de uso común, pertenecientes al Ejido San Antonio Yaxché de Peón del municipio de Ucú, Estado de Yucatán, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque, no crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, debido a que el ejido no actúa como como autoridad ejecutora que intervenga en la tramitación, resolución y ejecución de un expediente y conflicto agrario por órdenes de una diversa dependencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 61, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1998, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. CONSEJO DE VIGILANCIA E INTEGRANTES DE LOS MISMOS. CASOS EN QUE TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. En los juicios de amparo en que las autoridades internas de un núcleo de población ejidal o comunal son señaladas como ejecutoras tienen el carácter de responsables para todos los efectos legales. Lo anterior resulta porque los actos de los comisariados ejidales; de los consejos de vigilancia, o bien, de quienes los integran deben ser juzgados bajo dos aspectos: como autoridades ejecutoras que intervienen en la tramitación, resolución y ejecución de los expedientes y conflictos agrarios por órdenes de las diversas dependencias de la Secretaría de la Reforma Agraria, y como encargados de la administración de los bienes agrarios, esto es, como administradores. Así las cosas, en la primer hipótesis tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías y pueden ser señalados como responsables en tanto que en la segunda no son autoridades para los fines del juicio de amparo." En efecto, no existe juicio o resolución de autoridad competente, cuya ejecución se haya encomendado a la autoridad señalada como responsable, pues el quejoso expresamente manifiesta que no se ha resuelto el conflicto respectivo que tiene con el Ejido sobre la parcela que defiende; de ahí que, con independencia de la legalidad o no de su actuar, el ejido señalado como responsable realizó el acto que se reclama precisamente con el carácter de particular, actuando a través de su presidente, como parte del Comisariado Ejidal del mismo, situación que permite concluir que tal proceder no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Además, es conveniente señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 32 y 33, de la Ley Agraria, la asamblea, es el órgano supremo del ejido es en la que participan todos los ejidatarios y el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido, por lo que si en los hechos se indica que el Presidente de dicho comisariado fue el que llevó a cabo el acto reclamado, es un mero órgano de representación de la Asamblea, pero no de una dependencia del Estado, por lo que sus actos carecen de coerción y unilateralidad; de ahí que sean inimpugnables en el juicio de amparo. En efecto, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, ya que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, lo cual no acontece en el caso, puesto que sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, como se ostenta el quejoso, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario. Al caso es aplicable, la Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Registro: 2008595, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III Materia(s): Común, Página: 2184 que señala : "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo." Asimismo, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Registro: 900781, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia(s): Constitucional, Página: 85, que señala: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y la tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En otras palabras, los actos de la Asamblea del Ejido citado carecen de una relación en un plano de supra o subordinación entre una autoridad en representación del Estado y un particular; por tanto, en este caso, se reitera que los actos controvertidos no pueden considerarse como los dictados por una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues es inexistente el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, por consiguiente está desprovisto de las características que exige el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En tal virtud, se concluye que el acto reclamado deriva de una relación entre particulares, que actúan en un mismo plano, es decir, que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, tal como se dijo, es necesario que acudan a los procedimientos ordinarios previstos en la ley para ventilarlas, y si bien el quejoso señala haber entablado y no conocer en la actualidad la decisión que haya adoptado del Tribunal Agrario, se encuentra en aptitud de acudir al mismo a fin de conocer el estado que guarda o en caso de una denegación de justicia, entonces sí promover juicio de amparo por falta de la resolución del conflicto o de la emisión de la determinación conducente o bien por la resolución que se emita, pero como reclama actos directamente del Comisariado Ejidal, estos no tienen la características de actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, por las razones expuestas. Asimismo, tampoco puede considerarse que se esté en el supuesto que tal actuación particular reclamada sea equivalente a un acto de autoridad, en términos de la Ley de Amparo vigente, en virtud que, de acuerdo con su artículo 5º, segundo párrafo, pues es indispensable que además de crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria, sus funciones estén determinadas por una norma general, conforme a lo cual tal actuación sea imponible y ejecutable, aspecto que no se presenta en la especie, ya que la actuación que aquí se les reclama, no tuvo lugar con base en una disposición legal que establezca esa actuación como una facultad de imperio, esto es, no se encuentra basada en una norma jurídica cuyo ejercicio le sea irrenunciable, sino que únicamente se trata de una actuación particular llevada a cabo, en su caso, en representación del ejido o de los acuerdos de la asamblea respectiva, por lo que dicho acto impugnado, sólo da lugar a una controversia entre el quejoso y el Ejido señalado como responsable, tal como el propio peticionario lo expone, sobre el derecho que dice tener respecto del bien o parcela controvertida. En tal virtud, por las razones expuestas se considera que la actuación reclamada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por tanto, resulta improcedente la acción constitucional instaurada. Es aplicable, en lo conducente, el diverso criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, volumen C, Tercera Parte, página 12, que dice: "AGRARIO. COMISARIADOS EJIDALES. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS CUANDO ACTUAN COMO PARTICULARES. Los Comisariados Ejidales son de carácter mixto en sus funciones, pues en algunos casos funcionan como autoridad y en otros como un particular, cuando representan a los ejidatarios. Ahora bien, si un comisariado ejidal se concreta simplemente a dar cumplimiento a un acuerdo de la junta general de ejidatarios relativa, realiza con ello un acto de particular, contra el cual no debe promoverse amparo, ya que en tales condiciones, su improcedencia es clara, en atención a que sólo debe enderezarse contra actos de autoridad." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en concordancia con los diverso 1, último párrafo, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano por su notoria improcedencia la demanda de este juicio. Finalmente, tomando en consideración los razonamientos expuestos, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta que, en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En otro orden de ideas, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes que no lo hayan hecho para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en esta ciudad en su escrito de cuenta; asimismo, se tiene como autorizados a las personas que menciona para los efectos indicados. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las citadas personas, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales

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