Reyna Maria Roses Orozco

Expediente 1781/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1781/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Reyna Maria Roses Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no se presentó a la diligencia señalada para las doce horas del cuatro de agosto de dos mil veintidós, tal y como fue ordenado en auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, esto, con la finalidad de ratificar el escrito de desistimiento presentado por Alejandro Zacarías Martínez, apoderado de la parte quejosa Mary Angélica Pérez López. Atento a lo anterior, comisiónese a uno de los Actuarios de la adscripción, a efecto de que en el momento de la diligencia de notificación del presente proveído, requiera nuevamente al promovente para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de la presente determinación, comparezca ante este órgano de control constitucional a ratificar el escrito mediante el cual se desiste de la prosecución del presente juicio de amparo. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no ratificar el escrito de desistimiento presentado, se continuará con secuela procesal del juicio sin tomarlo en consideración u otorgarle valor alguno. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR LA QUEJOSA. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por la quejosa ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si la quejosa en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Reyna María Roses Orozco, contra los actos que reclama de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con sede en Mazatlán, Sinaloa, y de otra autoridad, que hizo consistir en los oficios DGOPA-03444/170522 y DGOPA-03445/170522, ambos de veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Al respecto, conviene tener presente que en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, de la imposición efectuada a la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que debe desecharse de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Ello resulta, en virtud de que en el escrito inicial de demanda, la parte promovente fue categórica en afirmar que las resoluciones emitidas en los oficios DGOPA-03444/170522 y DGOPA-03445/170522, ambos de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, emitidos por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con sede en Mazatlán, Sinaloa, fueron contestados mediante diversos escritos de trece de junio de dos mil veintidós, en los que realizó diversas manifestaciones, inconformándose con el resultado de dichas determinaciones, mismos de los que se advierte el sello de recibido ante la propia responsable, el diecisiete de junio del año en curso. Debiéndose destacar que las aseveraciones antes expresadas, tienen el carácter de una confesión, con eficacia demostrativa de prueba plena de tales hechos, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea. Numerales que para pronta referencia, se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los numerales transcritos se extraen sin mayor dificultad las reglas para la procedencia del juicio constitucional, con respecto a la temporalidad con la que cuenta la parte quejosa para presentar la demanda de amparo, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la legal notificación del acto o resolución que reclame, conforme a ley que lo rija; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Bajo esa óptica, si la parte promovente manifiesta de manera expresa en su demanda de amparo, que a menos desde el trece de junio de dos mil veintidós, tuvo conocimiento de las resoluciones emitidas en los oficios DGOPA-03444/170522 y DGOPA-03445/170522, ambos de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, al darle contestación a dichas determinaciones, realizando diversas manifestaciones al respecto; es inconcuso que partir de estas fechas estuvo en aptitud de reclamar las resoluciones de que se trata, así como sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintidós de julio de dos mil veintidós, según aparece del sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, es evidente que resulta extemporánea. Encuentra aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Así como la diversa tesis cuyo epígrafe es: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que en el presente caso se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece el citado ordinal 17 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento invocado. Por otra parte, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones; empero, tomando en cuenta las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que proporcionó en la boleta anexa a su demanda de amparo, como de su parte, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. En el entendido de que solamente en caso de que no pudiere realizarse la notificación relativa, mediante la citada dirección de correo electrónico, este órgano de control constitucional proveerá lo correspondiente, previa razón actuarial que al efecto se levante. En el mismo orden, téngase como autorizadas de la parte quejosa, a las personas que señala en su demanda de amparo, con las limitaciones que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, para que por sí y por conducto de sus autorizados, puedan hacer uso de los aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto incluso en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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