Reynaldo Antonio Ignacio Maza
Expediente 426/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 04/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Reynaldo Antonio Ignacio Maza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA PRAL. 426/2018 7-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído de doce de noviembre del año en curso (fojas 529 y 530), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede de oficio a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia engrosada el treinta y uno de julio de este año (fojas 353 a 376) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Reynaldo Antonio Ignacio Maza, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, procediera en los siguientes términos (fojas 375 vuelta a 375): "[. A). Deje insubsistente la resolución dictada el uno de marzo del año en curso, en el toca de apelación 375/2017, por la que confirma el auto de formal prisión de quince de octubre de dos mil diecisiete, contra el aquí quejoso Reynaldo Antonio Ignacio Maza, como probable responsable del delito de despojo, en agravio de Eva Osorio Gutiérrez. B). Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la que podrá ser en el mismo sentido, esto es, confirmando el auto de formal prisión o en uno diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia; es decir: 1) Expresar las razones lógico jurídicas en que se apoyó, para que de tal manera se evidenciara que habían sido demostrados con el grado de certeza necesaria todos los elementos del cuerpo del delito de despojo que se imputa al quejoso; 2) Precisar de manera detallada con cuál o cuáles de las pruebas se demuestran cada uno los elementos del cuerpo del delito de despojo; C). Todo lo anterior, deberá la responsable siempre fundando y motivando su proceder, es decir, asentando el precepto legal que corresponda y otorgue valor jurídico a cada probanza, asentando los motivos y razones particulares que tiene para darles el valor convictivo y el alcance jurídico de acuerdo a lo que con cada una de ésta se demuestre. Esto es, deberá motivar debidamente su determinación. Todo lo cual, se reitera, con libertad de jurisdicción, decidiendo lo que en derecho corresponda. (.) SE HACE EXTENSIVA LA CONCESIÓN La concesión del amparo se hace extensiva respecto a los actos de ejecución, que se reclama a las autoridades ejecutoras; ello, pues tal acto no se reclama por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la resolución que confirma el auto de formal prisión; y, por ende, al haberse determinado la inconstitucionalidad de ésta, ello también involucra sus consecuencias. .]" II.- Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 398 a 400) causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables 1) Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, 2) juez Penal del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca y 4) agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca. III.- Mediante proveído de diez de septiembre del año en curso (fojas 448 a 449) se tuvo a la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, informando lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; y, al efecto, remitió copia certificada de la resolución de seis de septiembre del año en curso (fojas 410 a 447); documental con la cual, en proveído de diez de septiembre siguiente (fojas 448 y 449), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que lo hubieren hecho. IV.- Seguido el trámite, en auto de treinta de octubre de este año (fojas 458 a 466) se procedió al análisis del cumplimiento emitido por la autoridad responsable; y, al advertirse de las constancias remitidas por esta, que la sentencia no se encontraba cumplida en sus términos, se requirió a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días acatara todos y cada uno de los efectos de la sentencia dictada en este expediente. V. Por oficio número 406, de ocho de noviembre del año en curso, la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada (foja 486) y remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha -ocho de noviembre del año en curso- en el toca penal 375/2017, de su índice (fojas 487 a 528); documental con la cual, en proveído de doce de noviembre de este año (fojas 529 y 530) se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que lo hubieren hecho. Ahora, es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con una sentencia de amparo, como es el caso, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que no se interpuso recurso de revisión en su contra, se establece que la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 487 a 528): 1.- Dejó insubsistentes las resoluciones de uno de marzo y seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas en el toca penal 375/2017, de su índice. 2.- Dictó una nueva resolución, confirmando el auto de formal prisión, en la cual, en lo sustancial, precisó los siguientes elementos del cuerpo del delito de despojo: a).- La ocupación o uso de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca: b).- Que tal ocupación o uso sea de propia autoridad; y c).- Que dicha ocupación se haga con violencia física o moral a las personas o furtivamente, o empleando amenazas o engaño. d).- Que esa ocupación se haga con el ánimo de usurpar en derecho ajeno, es decir, de perturbar la posesión de dicho inmueble o de un derecho legal. Ahora, la autoridad responsable determinó que el primer elemento, consistente en la ocupación y uso de un inmueble ajeno o de un derecho real que no le pertenezca, se encuentra acreditado con a) la querella por comparecencia de la ofendida, aquí tercera interesada, Eva Osorio Gutiérrez (foja 491 vuelta), b) la documental pública consistente en copia certificada del instrumento notarial 5378, c) diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, practicada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, d) así como con las declaraciones de los testigos Micaela Tapia Vergara, Josué Germán Cruz Martínez, Zacarías Zarate Pérez, José Arnulfo Cruz, Germán Gabriel García; medios de prueba que, a juicio de la autoridad responsable, acreditan que la ofendida Eva Osorio Gutiérrez es propietaria del inmueble denominado PIE DE LA CAÑADA FIERRO. Por lo que hace al segundo elemento, consistente en que la ocupación o uso sea de propia autoridad, refiere la responsable que se justifica con la querella de la parte ofendida, así como con la declaración de diversos testigos, quienes coinciden en que el día veintiséis de mayo de dos mil quince, como a las diez de la mañana, sin contar con la autorización de la propietaria ni de autoridad competente, Reynaldo Antonio Ignacio Maza procedió a la ocupación del bien inmueble de referencia; además, que esa manifestación se encuentra acreditada con la declaración del propio inculpado, quien refirió "la verdad es que desde el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno tengo posesión de terreno ubicado en el paraje denominado PIE DE LA CAÑADA FIERRO Y ARROYO SECO" (fojas 503 vuelta a 508). El tercer elemento, consistente en que la ocupación se haga con violencia física o moral a las personas o furtivamente, o empleando amenazas o engaño; determinó la responsable que la furtividad se encuentra acreditada con la declaración de la ofendida, robustecida, además, con las declaraciones de los testigos presenciales Josué Germán Cruz Martínez, Agustín Humberto Ignacio Maza, Zacarías Zárate Pérez y José Arnulfo Cruz, quienes coincidieron en establecer que el inculpado, aquí quejoso, Reynaldo Antonio Ignacio Maza, aprovechando que la ofendida no se encontraba en el inmueble que es de su propiedad, ocupó el mismo de manera furtiva; con lo cual, la responsable estimó que se lesionó el bien jurídico consistente, en el caso, en la propiedad y posesión de Eva Osorio Gutiérrez respecto del predio ubicado en la tercera sección de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca (foja 509). En tanto que la citada autoridad responsable analizó que el cuarto elemento, consistente en que la ocupación se haga con el ánimo de usurpar un derecho ajeno, es decir, de perturbar la posesión del inmueble o de un derecho legal, se encuentra acreditado en autos con la querella de la ofendida, aquí tercera interesada, Eva Osorio Gutiérrez y, además, con las declaraciones de los testigos presenciales Josué Germán Cruz Martínez, Zacarías Zárate Pérez y José Arnulfo Cruz, declaración del inculpado, aquí quejoso, Reynaldo Ignacio Maza, así como con la diligencia de inspección ocular de veintinueve de junio de dos mil diecisiete; medios probatorios a los que se otorgó su respectivo valor probatorio (fojas 509 a 513). Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destino del incidente. En virtud que del auto inicial se advierte que se ordenó formar, por duplicado, el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este asunto, acuérdese lo conducente en dicha pieza incidental, si resulta procedente. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Glose de oficio. Finalmente, agréguese el oficio de cuenta número 717, signado por la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en su atención, téngasele informando que dicha Sala tiene bajo su resguardo el toca penal 375/2017; de lo que se toma nota para los fines legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC. 426/2018 7-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que, con fecha dieciocho de abril del año en curso (fojas 66 a 68), la autoridad declinante, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, dictó la interlocutoria correspondiente en la que concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en los términos ahí indicados. Ahora, toda vez que en la fecha en que se actúa se tiene por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal ordenándose, además, el archivo del expediente 426/2018, del cual deriva esta pieza incidental. Archivo del incidente. Por tanto, como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Carece de relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el original de este expediente será depurable una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico respectivo siempre y cuando así proceda. Notifíquese..."
- Principal
PRAL. 426/2018 7-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Glose de escrito. Agréguese el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada Eva Osorio Gutiérrez; atento a su contenido, se acuerda: Se revoca domicilio. Se tiene a la citada parte procesal a) revocando el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, b) señalando para tales efectos los estrados de este Juzgado; asimismo, atento a lo establecido en el artículo 24, segundo párrafo, de la ley en cita, c) téngasele autorizando para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, por así solicitarlo expresamente. Precisión. Sin que, en el caso, haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en relación a la manifestación de la tercera interesada en el sentido de que se le ha informado que el actuario de la adscripción se ha hecho presente en el domicilio que tenía señalado para notificarle un acuerdo; ello, toda vez que no señala cual es la actuación que, a su dicho, no se le ha notificado; por ende, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese..."
- Principal
PRAL. 426/2018 7-B "..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado de autos de este expediente, se advierte que por auto de doce de noviembre de este año (fojas 529 y 530) se tuvo a la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Oaxaca, cumpliendo con el requerimiento realizado en auto de treinta de octubre pasado (fojas 458 a 466), en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; auto que se omitió notificar al agente del Ministerio Público adscrito a la citada Sala responsable, en su carácter de tercero interesado. Por lo anterior, a fin de no vulnerar las reglas esenciales del procedimiento, se ordena notificar el citado auto de doce de noviembre del año en curso al agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Oaxaca, en su carácter de tercero interesado; lo anterior, para los fines legales consiguientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe"
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