Reynaldo Anotonio Ignacio Maza o Reynaldo Ignacio Maza.
Expediente 1108/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Reynaldo Anotonio Ignacio Maza o Reynaldo Ignacio Maza.
- Juez de lo penal del distrito judicial de la Villa de Etla, Oaxaca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
inc 1108/2017 mesa 4-b° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Prescripción de billete de depósito. Vistos autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de dos años que tenía el quejoso R*** para comparecer a recoger el billete de depósito N ***, expedido por BANSEFI Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de ***), que exhibió para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado y que se registró con el número 24 en el libro de gobierno respectivo (foja 42). Por tanto, como dicho billete se dejó a su disposición mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 59 y 60), sin que haya realizado gestión alguna, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en tal acuerdo (foja 60); por ello, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara la prescripción de la referida garantía, aplicando su importe a favor del erario federal. En consecuencia, remítase el billete de depósito debidamente endosado para su cobro al Tesorero de la Federación, conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 45 del ordenamiento referido. Notifíquese. ...
- Principal
PRAL.1108/2017-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Causa ejecutoria. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de octubre del actual año (fojas 61 a 65), en la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Por lo que resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo, para las autoridades responsables 1) juez de lo Penal (foja 74), 2) agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal (foja 75), 3) comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Destacamentado (foja 76), residentes en la Villa de Etla, Oaxaca, y 4) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en la Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca, dado que, como se precisó, en la resolución de veinticuatro de octubre del actual año (fojas 61 a 65), emitida se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo por lo que ningún agravio genera a dichas autoridades responsables, toda vez que carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Publicación de datos personales. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la resolución que puso fin a este juicio, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo del expediente. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devolución tomo anexo a la autoridad responsable. Finalmente, toda vez que en auto de once de octubre del año en curso (fojas 35 y 36) se tuvo al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, anexando a su informe copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 74/2017, de su índice, misma que está en la Secretaría de este Juzgado, y obra en un tomo anexo; en consecuencia, devuélvase dicha documental a la citada autoridad judicial; toda vez que carece de objeto su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese. ...
- Incidental
INC. 1108/2017 M4- B % San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. R E S UE L V E PRIMERO.- Se niega al quejoso ***** la suspension definitiva, por la razon expuesta en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando tercero de esta resolucion. Notifíquese.
- Principal
PRAL.1108/2017-4B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Incumplimiento a la prevención formulada. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de once del mes actual (fojas 35 y 36) transcurrió del diecinueve al veintitrés de octubre del año que transcurre, para el efecto de que precisara y acreditara su nombre correcto en esta instancia constitucional, sin que lo hubiere hecho, no obstante su notificación realizada el diecisiete de octubre del año en curso (foja 37). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en proveído de once del mes actual (fojas 35 y 36) y se tiene como persona distinta al aquí quejoso Reynaldo Anotonio Ignacio Maza o Reynaldo Ignacio Maza, al precisado por la autoridad responsable juez de lo Penal del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 33 y 34) y por el cual se libró orden de aprehensión. Se agrega oficio. Por otra parte, toda vez que mediante auto de diecinueve de octubre del año en curso (foja 60), se reservó acordar respecto del oficio y anexo signado por el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca; no ha lugar acordar respecto al contenido del anexo (fojas 42 a 59) por tratarse de una persona distinta al aquí quejoso. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, como las autoridades responsables 1) servidor Público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 27), 2) encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Comandancia (foja 29), 3) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Penal, ambos de la Villa de Etla, Oaxaca (foja 30), 4) directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en representación del fiscal general (foja 31) y 5) juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca (foja 33), negaron la existencia del acto que les reclama el aquí quejoso Reynaldo Anotonio Ignacio Maza o Reynaldo Ignacio Maza, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución; sin que obre prueba en contrario que, en su caso, acredite la existencia del mismo. Por tanto, resulta innecesario esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, ni obsta que los informes justificados no se hayan agregado dentro de los ocho días que deben mediar para que la parte quejosa tenga conocimiento del contenido de los mismos, como prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; pues resulta innecesario esperar a que transcurra ese plazo y resolver este juicio de amparo en la audiencia constitucional señalada el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, como se ordenó en auto de veintisiete de septiembre del año en curso (fojas 16 a 20) pues la inexistencia de los actos reclamados permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Además, se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de los actos), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia, pues la hipótesis prevista en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde el informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como la autoridad responsable ordenadora negó la existencia del acto reclamado, respecto del aquí quejoso Reynaldo Anotonio Ignacio Maza o Reynaldo Ignacio Maza, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Y la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, registro 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada a las autoridades responsables 1) servidor Público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, 2) encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Comandancia, 3) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Penal, ambos de la Villa de Etla, Oaxaca y 4) directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en representación del fiscal general. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, apéndice de 1995, Séptima Época, tomo VI, página 434, registro 394603, del tenor siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en autos, resultara la existencia del acto reclamado; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (foja 17 vuelta). Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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