Reynalda Landeros Montañez

Expediente 1274/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1274/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia del Decimo Segundo Distrito del Municipio de Salinas de Hidalgo
  • Reynalda Landeros Montañez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documento Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa *********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en auto de veintiuno de septiembre del año actual. Fijación del acto reclamado Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo , es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda2 , se colige que la parte quejosa reclama: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el juicio ordinario civil por petición de herencia 193/2021, promovido por la aquí quejosa, notificada por lista el treinta de agosto del año actual, a Jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32, registro 192097. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.63 PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN través de la cual se declara fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada y se decreta la ampliación del plazo para contestar la demanda instada por todo el término concedido a los terceros llamadas a juicio, en favor de los codemandados. Desechamiento Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo3 , impone la obligación de examinar la demanda para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que, se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro 194725, visible en la página 648, de la Marco jurídico En la especie, este órgano jurisdiccional estima que en relación al acto reclamado consistente en la resolución emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, notificada por lista el treinta siguiente, dentro del juicio ordinario civil por petición de herencia 193/2021, a través de la cual se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada y se le concede a la recurrente la ampliación del plazo para contestar la demanda, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Interpretación del marco jurídico Es menester indicar que de los preceptos antes trascritos se advierte que el juicio de amparo en la vía Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. indirecta procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; concepto que la propia norma define como una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos. Lo anterior claramente excluye la afectación a los derechos adjetivos o procesales, en tanto que son conceptos antagónicos, de ahí que, para dilucidar la procedencia de la vía indirecta debe atenderse a la naturaleza y efectos de la violación cometida en el curso del procedimiento, con motivo de lo cual habrá distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación sobre la esfera jurídica del quejoso. Efectivamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, de forma destacada precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo se producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Concluyendo así, que para delimitar esa irreparabilidad, era necesario establecer dos condiciones: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Caso concreto Con base en ello, la determinación reclamada de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, notificada el treinta de agosto siguiente, emitida en el juicio ordinario civil por petición de herencia 193/2021, que declaró fundado el recurso de revocación promovido por la parte demandada, contrario a lo señalado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, pues en esta únicamente se decretó, en favor de la recurrente en el juicio de origen, la ampliación del plazo para contestar la demanda. En efecto, de lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta, es improcedente, toda vez que del análisis de dicha determinación en vinculación con lo actuado en el juicio de origen y que la parte quejosa informó, bajo protesta de decir verdad, se advierte de manera indudable y manifiesta que sus consecuencias, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato en forma presente alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, tales como la vida, la libertad o sus posesiones. Ello, toda vez que la violación que en su caso produjera dicha determinación, únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues la consecuencia del acto reclamado radica únicamente en que se otorgue mayor plazo a la parte demandada para contestar la demanda instada en su contra, por el motivo que expuso el Juzgador natural; por ende, no surte algún efecto en los derechos sustantivos de la quejosa, en forma presente y de modo tal, que el perjuicio aducido no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Cobra apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1069, correspondiente a la Décima Época, registro 2009477, que expresa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.- Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia - que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". De ahí que, a criterio de la suscrita, la determinación reclamada no constituye un acto de aquéllos contra los que pueda promoverse el juicio de amparo indirecto, pues no se trata de una resolución que sea de imposible reparación, por no afectar de manera cierta, inmediata e irreparable algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ya que se trata de una violación procesal, mas no de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación; violaciones, las de éste tipo, que sí harían procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que las violaciones que se cometan durante un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra el acto definitivo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo a su resultado y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, lo que en el caso, como puede verse, no acontece. Decisión En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del diverso 107 de la ley en cita, interpretado a contario sensu, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la invocada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se recibe y se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Determinación Del contenido de la misiva de cuenta se desprende que la autoridad oficiante informa lo relativo al cumplimiento dado al fallo amparatorio dictado en el presente juicio y al efecto exhibe copia certificada del recibo de liquidación por concepto de devolución número E-0000719, expedido a favor de la empresa HTSG LEASING, Sociedad Anónima de Capital Variable - aquí quejosa- que ampara la cantidad de $37,882.00 (treinta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), con cargo a la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en el que se asentó la leyenda "Recibí" y se estampó la firma a nombre de Rubén Rodriguez Carrizales -apoderado de la moral justiciable-. Vista de cumplimiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo con el oficio y constancia de referencia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de tales documentales, para que este en posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de que se trata, con base en las constancias que obran en el juicio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documento Ténganse recibidos y agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el Facilitador del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General de la República Delegación Estatal de San Luis Potosí. Desahoga requerimiento Atento a su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento que le fue formulado mediante acuerdo dictado el veintiuno de los actuales; y, al efecto informa que no se admitió a trámite la sustanciación del mecanismo alternativo de solución de controversias, en la medida que, el veintisiete de mayo del año en curso, se emitió el acuerdo de no inicio de la aplicación del mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, dentro del expediente ****. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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