Reyna Hernandez Alonso Jimenez

Expediente 940/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
940/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Reyna Hernandez Alonso Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 940/2020-III. No son ciertos los actos que se reclaman del Titular de la Unidad de Asuntos Internos, adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso, de las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, derivadas del expediente SSP/UAI/INV/004/2019 de su estadística, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, según el contenido de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2º, de esta última legislación en cita; se desprende que si bien la parte quejosa reclama la negativa verbal de expedición de copias, dentro del referido expediente que se sigue en su contra; no menos verídico es que la petición respectiva no se elevó ante la autoridad aquí designada como responsable. En efecto, pues de las referidas constancias se advierte que la impetrante del amparo mediante acta de entrevista realizada el siete de diciembre de dos mil veinte, realizó verbalmente su solicitud de copias a Javier Escobedo Gómez, personal adscrito a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y no así al Titular de dicha dependencia, tal como lo refiere en su escrito inicial de demanda. Ello con independencia de que el funcionario en cita sea el servidor público legalmente competente para desahogar la diligencia en comento, pues tal cuestión de ninguna manera puede analizase a través del presente juicio de amparo. En ese sentido, debe decirse que por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto de la autoridad que se aduce en las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esto es por parte de Javier Escobedo Gómez, personal adscrito a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; sobra decir, de quien ni siquiera se señala el cargo. No obstante, en el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente, toda vez que la autoridad que, bajo su más estricta responsabilidad, negó la expedición de copias del expediente SSP/UAI/INV/004/2019, no fue señalada como autoridad responsable, por la parte quejosa. Por tanto, si en el caso, la quejosa omitió solicitar que se llamará a juicio a Javier Escobedo Gómez, personal adscrito a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien según se advierte de las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue esa autoridad quien negó expedir a Reyna Hernández Alonso, copia simple del expediente SSP/UAI/INV/004/2019, siendo que, incluso, con las mismas se le dio vista; en consecuencia, ante la imposibilidad de analizar dicho acto por falta de designación de la referida autoridad responsable, debe decretarse el sobreseimiento del juicio por lo que a dicho acto se refiere, al actualizarse el motivo de improcedencia que deriva de la relación de los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo del presente año, se dio vista a las partes con el oficio y las constancias remitidas por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; por ende, se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su respectivo contenido. En consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y anexo que acompaña, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso; con su contenido dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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