Reyna Melgarejo Córdova

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Reyna Melgarejo Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    II- Agréguese el oficio signado por la Magistrada Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 28046/2022, de 25 de octubre del año en curso, girado en autos con el que se le comunicó que causó estado el desechamiento de la demanda y se le remitieron los anexos originales de su estadística. Notifíquese.

  2. Principal

    II- Vista la certificación que antecede y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de 6 de octubre del año en curso, mediante el cual este Juzgado desecho la demanda de amparo, promovida por Reyna Melgarejo Córdova; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, previstos por los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo promovida, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado acuerdo. Por último, toda vez que mediante proveído de 6 de octubre de 2022, se ordenó el resguardo de los anexos remitidos por la autoridad responsable magistrada de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a la autoridad responsable los referidos anexos y solicítese se sirva remitir el oficio mediante el cual acuse recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    II- Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    II.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de seis de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "Se tiene por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, y anexo consistente en juicio de amparo indirecto 913/2022-III, carpeta de apelación 89/2022, juicio oral de divorcio 804/2020, cuatro copias de demanda y sobre con dos discos compactos, promovido por Reyna Melgarejo Córdova y en representación de su hijo A. T. M., contra actos del magistrado de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; con transcripción del proveído de 27 de septiembre de 2022, con el que propone que este juzgado tenga conocimiento del referido juicio de amparo por razón de territorio. En tal virtud, por las razones expuestas en el oficio de cuenta, con apoyo en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Reyna Melgarejo Córdova y en representación de su hijo A. T. M.; por tanto, con transcripción del presente proveído, acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Se ordena formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 805/2022-II-D. Ahora, de la demanda de amparo que la quejosa promueve contra actos del magistrado de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, se advierte que reclama la sentencia de 2 de agosto de 2022, dictada en la carpeta de apelación 89/2022, mediante la cual determinó revocar la resolución interlocutoria impugnada de 17 de junio de 2022, en el incidente de pretensiones en el expediente natural 804/2020, del índice de la jueza Familiar Oral adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento, para que realice los siguientes actos: 1) Solicite oficiosamente a la autoridad competente en materia de salud, siendo en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que le sea remitido el historial clínico del menor de edad de iniciales A.T.M. 2) Recabar los demás medios probatorios necesarios para conocer las necesidades alimenticias actuales y reales del menor de edad, y en particular las que requiere respecto a su salud, habitación y los demás gastos que de ello se generen para su sano desarrollo, con la finalidad de determinar lo conducente en el momento procesal oportuno. 3) Solicitar un estudio socio-económico que aporte conocimiento respecto de los requerimientos especiales que pudiere tener el menor de edad. 4) Una vez que se haya allegado de las pruebas que estime necesarias, deberá en conjunto con los demás medios de convicción que obran en autos, resolver lo que en derecho corresponda, todo ello con plenitud de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En consecuencia, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consistente en la sentencia de 2 de agosto de 2022, dictada en la carpeta de apelación 89/2022, mediante la cual determinó revocar la resolución interlocutoria impugnada de 17 de junio de 2022, en el incidente de pretensiones en el expediente natural 804/2020, del índice de la jueza Familiar Oral adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento. Sentado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". Respecto de esta causal de improcedencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretarla en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), expuso las siguientes consideraciones: - Que, en la jurisprudencia P./J. 4/2001 los integrantes del Pleno de esa época interpretaron que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. - Que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "(.) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". - Que, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. - Amén de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación la dedujo el Pleno de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la citada jurisprudencia expresamente ese Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto: "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. El rubro y texto de la jurisprudencia P./J.37/2014 (10) en comento del Pleno del Máximo Tribunal del País es del tenor siguiente: 2 Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, Décima Época., registro 2006589. PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la especie, el quejoso reclama la sentencia de 2 de agosto de 202, dictada en la carpeta de apelación 89/2022, mediante la cual determinó revocar la resolución interlocutoria impugnada de 17 de junio de 2022, en el incidente de pretensiones en el expediente natural 804/2020, del índice de la jueza Familiar Oral adscrita al Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento, para que realice los siguientes actos: 1) Solicite oficiosamente a la autoridad competente en materia de salud, siendo en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que le sea remitido el historial clínico del menor de edad de iniciales A.T.M. 2) Recabar los demás medios probatorios necesarios para conocer las necesidades alimenticias actuales y reales del menor de edad, y en particular las que requiere respecto a su salud, habitación y los demás gastos que de ello se generen para su sano desarrollo, con la finalidad de determinar lo conducente en el momento procesal oportuno. 3) Solicitar un estudio socio-económico que aporte conocimiento respecto de los requerimientos especiales que pudiere tener el menor de edad. 4) Una vez que se haya allegado de las pruebas que estime necesarias, deberá en conjunto con los demás medios de convicción que obran en autos, resolver lo que en derecho corresponda, todo ello con plenitud de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin embargo, tal determinación no constituye un acto de imposible reparación, porque los efectos que produce no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada (X Región)4o.2 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, con registro digital 2015272, cuyo texto es el siguiente: LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cabe señalar que, en todo caso, el quejoso deberá combatir, como una violación procesal, los actos que reclama al momento de impugnar la resolución definitiva que se dicte, en caso de que le sea desfavorable. Ciertamente, ya que se estima que con la resolución reclamada sólo ocasiona que el procedimiento natural se reponga a fin de que se requiera a autoridad competente en materia de salud historial clínico de menor quejoso, recabar medio probatorios para conocer necesidades alimenticias actuales, solicitar estudio socio-económico, y se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Ahora, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a la consulta de un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente, la que podrán tramitar a través de la página electrónica https://www.firel.pjf.gob.mx/. Asimismo, acorde con lo establecido en la fracción II, del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la persona que indica toda vez que no tiene registrada cédula en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente."

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