Reyna Margarita Blanqueto Sosa
Expediente 949/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Reyna Margarita Blanqueto Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vistos los presentes autos y de la certificación precedente se advierte que feneció el plazo otorgado a las partes mediante auto de seis de octubre del año en curso; por consiguiente, se procede a resolver lo que corresponde. Precisado lo anterior, es necesario puntualizar que por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, concedió a la parte justiciable el amparo y protección de la justicia federal; inconforme con el sentido de dicha resolución, lo terceros interesados Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la Directora General de la Propiedad Rural, y la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos con sede en la Ciudad de México, interpusieron recurso de revisión, el cual por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se ordenó remitir los autos al Tribunal de Alzada en turno, para la substanciación del mismo, el cual correspondió resolver al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, el que mediante ejecutoria dictada en sesión iniciada el catorce de febrero de dos mil veinte y concluida el veinte del mismo mes, en el toca 303/2019, determinó lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Reyna Margarita Blanqueto Sosa, en contra del acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, consistente en el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido en los autos del juicio agrario 17/2016 de su índice, para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Ahora bien, la sentencia confirmada en la que se concedió la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable denominada Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos el acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar, emita otro, en el que determine que la sentencia agraria emitida en el juicio natural 17/2016 no se encuentra cumplida a cabalidad, y por ende, requiera a la autoridad demandada, para que dé cumplimiento total a la misma, en los términos y condiciones expuestos en esta resolución. En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, el cumplimiento respectivo. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio de la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remitió copia certificada del proveído de trece de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio agrario 17/2016, en el que señaló que dejó insubsistente el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; asimismo, se advierte que en dicho proveído el Magistrado responsable ordenó continuar con el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, para ello, giró oficio a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que ordenará a quien correspondiera, que en el plazo de diez días hábiles cumpliera totalmente con el resolutivo segundo de dicha sentencia, transcribiéndole los citados puntos. De igual manera, en el acuerdo aludido la autoridad responsable informó que por acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, declaró nulo el diverso auto de diecinueve de marzo de dos mil quince, por lo que se le tuvo cumpliendo parcialmente el fallo, razón por la que se le requirió nuevamente para que diera cabal cumplimiento a la sentencia agraria, marcándole en concreto que puntos debía atender, apercibiéndolo que de no hacerlo se le impondría una multa de cien unidades de medida de actualización, conforme a los artículo 26 Constitucional y 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así, por proveído de seis de agosto de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con las aludidas constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó a la autoridad tercero interesada el siete de agosto de este año, y a la parte quejosa el diez del mismo mes y año, tal y como se advierte del acuse y constancia de notificación personal que obran agregados a los presentes autos. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se declaró por no cumplida la sentencia de amparo y se requirió al aludido Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, a efecto de que acreditara que el citado oficio haya sido físicamente enviado a la autoridad referida, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en los presentes autos. De ahí, se tiene que por diverso proveído de seis de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la mencionada autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio agrario 17/2016, de su índice, así como el oficio UAJ/201/2020, dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la guía correspondiente con la que se acreditó haber remitido el citado oficio. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común. Ahora bien, mediante proveído de esa misma data, se dio vista a las partes con el contenido del aludido oficio y anexo remitido por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hasta la presente fecha haya realizado manifestación alguna. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en autos, atendió cada punto de la sentencia pronunciada en autos, toda vez que dejó insubsistente la resolución de dieciocho de octubre de dos mil ocho, dictada en el juicio agrario 17/2016, y ordenó continuar con el cumplimiento de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, para ello, giró oficio a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que ordenará a quien correspondiera, que en el plazo de diez días hábiles cumpliera totalmente con el resolutivo segundo de dicha sentencia, transcribiéndole los citados puntos, el cual fue enviado mediante oficio UAJ/201/2020, vía estafeta. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el cinco de octubre de dos mil veinte. Finalmente, se corrobora lo anterior con las manifestaciones realizadas por el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, mediante las cuales hizo del conocimiento que se encuentra realizando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo agrario relativo al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
I.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020 emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y del Secretario de las Comisiones en Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, regresar al esquema de contingencia previsto en las fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 emitido por el propio Pleno; ello como medidas a tomar en relación con contagios por la emergencia COVID-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; plazo que feneció el once de enero de dos mil veintiuno, según se advierte de la propia circular. En ese sentido, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo al esquema establecido en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, con relación al periodo de vigencia; con la precisión que, dado que los plazos y términos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron y no su reinicio. Por otra parte, a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta firmado por la Administradora Local de Correos en esta ciudad, mediante el cual remite copia de la factura 277, que comprueba la entrega de las piezas postales relativas a los oficios 9295/2020, 9296/2020, y 9297/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Director General de la Propiedad Rural, y Director General adjunto de Regularización de la Propiedad Rural, todos con residencia en la Ciudad de México, en la oficialía de partes de este Juzgado. Al respecto, glósense a los autos para que obren como correspondan las piezas postales antes citadas, y con los mismos, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en autos, para todos los efectos legales a que haya lugar. Se deja sin efecto el apercibimiento de multa que le fue decretado a la oficiante, mediante auto de dieciocho de diciembre del año dos mil veinte. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios dirigidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Director General de la Propiedad Rural, y Director General adjunto de Regularización de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, terceros interesados en el presente juicio de amparo, mediante el cual se les dio vista con el cumplimiento de la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase al Administrador de Correos de México con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de aquel en que sea legalmente notificado de este auto, remita o informe el tratamiento dado a los oficios 9295/2020, 9296/2020, y 9297/2020, de veintisiete de octubre de dos mil veinte, con números de guía RM002130105MX, RM002130119MX, y RM002130122MX, en la factura de cinco de noviembre del año en curso. Apercibido que de no hacerlo así, o no informar las causas legales que se lo impidan, se le impondrá una multa por la cantidad de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 50/100, moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veinte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena adjuntar al oficio que al efecto se libre a la autoridad en comento, copia de la factura referida, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con residencia en la Ciudad de México, autoridad tercera interesada en el presente juicio de amparo, mediante el cual informa que la Dirección General adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, desapareció de la estructura orgánica de esa Dependencia, quedando sus facultades atribuidas a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de seis de octubre de dos mil veinte, y realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria realizado por la autoridad responsable. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas dichas manifestaciones y tómense en consideración al resolverse respecto al referido cumplimiento.
- Principal
I.- Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte no obra glosada en autos las constancias con las que se acredite que las autoridades terceros interesados Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Director General de la Propiedad Rural; Director General Adjunto de Regularización de la Propiedad Rural y Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, hayan sido notificados del auto de seis de octubre del año en curso, mediante el cual se ordenó dar vista con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizado por la autoridad responsable. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, envíense de inmediato los oficios 8020/2020, 8021/2020, 8022/2020 y 8023/2020, de seis de octubre del presente año, a las autoridades citadas, a fin de estar en la posibilidad de realizar el estudio de cumplimiento correspondiente.
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