Reyna Hernández Gonzáles
Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Reyna Hernández Gonzáles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL.774/2022.MESA-1 Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós, el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 774/2022, como se ordenó en proveído de fecha doce de agosto del año en curso, sin que las partes solicitaran asistir. Apertura de audiencia. Abierta la audiencia, la secretaria: I. Hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Reyna Hernández Gonzáles o Reyna Hernández González, por propio derecho y demás constancias que integran este juicio de amparo. II. Las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria se hace constar que la parte quejosa ofreció como prueba la documental consistente en: a) Copia certificada notarialmente del oficio 262/95 relativa a una constancia de posesión, ubicación, medidas y colindancias de un predio ubicado en el paraje de "Vigas", agencia muncipal del núcleo rural de Rancho Viejo, Tlaxiaco, Oaxaca, expedida por el alcalde municipal constitucional de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. b) Copia simple de una constancia de posesión otorgada a la quejosa Reyna Hernández González, por el representante del núcleo rural de Rancho Viejo, Tlaxiaco, Oaxaca. A lo que se acuerda: en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo se admite la referida prueba, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo más pruebas que desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, se cierra esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 774/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitido por razón de turno, en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, Reyna Hernández Gonzáles, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra: La indebida inconstitucionalidad de la supuesta diligencia que pretendía llevar en el domicilio de la quejosa, y que se encuentra ubicado en el domicilio bien conocido Rancho Viejo, perteneciente a la heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Que atribuye a la autoridad responsable ejecutora, actuario adscrito al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno y prevención. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 774/2022 y se previno a la parte quejosa aclarara su demanda en los siguientes términos: ". Único. En qué lugar se encuentra el inmueble del que pretenden desposeerlo para entregárselo a diversa persona. ." Tercero. Cumple prevención. Reyna Hernández González presentó escrito el once de julio de dos mil veintidós, por el que señaló que el inmueble que se le pretende desposeer se encuentra en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Cuarto. Admisión de la demanda de amparo. Ante el cumplimiento de la prevención formulada, en auto de fecha trece de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Reyna Hernández Gonzales o Reyna Hernández González, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a las partes para la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y los actos reclamados tratan de ejecutarse en Rancho Viejo, Tlaxiaco, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por la parte quejosa y por el cual se realizará el análisis relativo, es: La diligencia que se pretende llevar a cabo por parte de la responsable, para que la quejosa desocupe el inmueble que dice tiene en posesión, ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Tercero. Presunción de existencia del acto que reclamó la parte quejosa. La autoridad responsable, actuario adscrito al Juzgado Mixto del distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, no rindió su informe justificado, pese haber transcurrido el plazo de quince días para ello, al haber quedado notificada el cinco de agosto del año en curso de la petición respectiva; por lo que, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es procedente estudiar las causales de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las hagan valer o se realice de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley invocada. Antecedentes del asunto. La parte quejosa narró en su demanda de amparo que con fecha veinte de junio (sic) se encontraba en su domicilio ubicado en Rancho Viejo, perteneciente al paraje de las Vigas del nucleo rural de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, cuando se presentó una persona quien dijo ser actuario del Juzgado Mixto del distrito judicial de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, diciéndole que debía desocupar el inmueble y lo tenía que entregar a Víctor Gonzáles Hernández. Acto reclamado. Por lo que reclamó la diligencia que se pretende llevar a cabo por parte de la responsable, para que la quejosa desocupe el inmueble que dice tiene en posesión, ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Estudio de esa causal. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o, de la Ley de Amparo, establecen, respectivamente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio, análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agravios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Conforme a esos preceptos legales, para la procedencia de la acción constitucional se requiere, como condición previa, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye la legitimación exigida por la Carta Magna y la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es por ello que el ejercicio de la acción restitutoria de derechos fundamentales está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, que lo legitima a instar la acción constitucional. Falta de interés legítimo y jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Así, el gobernado en el juicio de amparo debe demostrar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Los elementos constitutivos del interés jurídico a demostrar son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Y para probar el interés legítimo, deberá justificarse que: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el gobernado pertenezca a esa colectividad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para reclamar una vulneración a un derecho, requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no como una simple posibilidad. Y que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ello, protegidos. En este juicio la parte quejosa señala que se le pretende desposeer del inmueble ubicado en Rancho Viejo, perteneciente al paraje de las Vigas del nucleo rural de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS", que el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, entre otros, de posesión, que resulte afectado sin haberse concedido el derecho fundamental de audiencia que se consagra en el precepto 14 constitucional. Sin embargo, refiere que la posesión protegida es aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista por la ley que genere tal derecho, siendo poseedor el que ejerce un poder de hecho como manifestación de un derecho, definida por el derecho común. Sostiene que, por ello, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Pruebas de la parte quejosa. Para demostrar ese derecho de posesión, la parte quejosa exhibió: a) Copia certificada notarialmente del oficio 262/95 relativa a una constancia de posesión, ubicación, medidas y colindancias de un predio ubicado en el paraje de "Vigas", agencia muncipal del núcleo rural de Rancho Viejo, Tlaxiaco, Oaxaca, expedida por el alcalde municipal constitucional de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. b) Copia simple de una constancia de posesión otorgada a la quejosa Reyna Hernández González, por el representante del núcleo rural de Rancho Viejo, Tlaxiaco, Oaxaca. Esos documentos son insuficientes para tener por acreditado su interés legítimo en el juicio de amparo, en la medida que la posesión que alega tener sobre el inmueble que dice se le pretende privar, no se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista por la ley que genere tal derecho, por las siguientes razones jurídicas: 1º. La constancia de posesión otorgada a la quejosa Reyna Hernández González el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, carece de valor probatorio; en primer término, porque fue presentado en fotocopia simple, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pues no se dio autenticidad a su contenido por autoridad competente, por ello, la sola presentación de esa copia no puede conferirle tal autenticidad. En segundo lugar, porque en esa constancia, aunque se denomina de posesión, el representante del núcleo rural que la expidió, sólo hizo constar que la quejosa es originaria de ese lugar y que ahí ha tenido su domicilio. Se invoca en apoyo la tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 200696 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Noviembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a. CI/95 Página: 311 COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador". 2º. La copia certificada notarialmente del oficio 262/95 que únicamente acredita la ubicación, medidas y colindancias de un predio ubicado en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y que no se encuentra dentro del régimen comunal ni ejidal, no demuestra que la quejosa sea poseedora o propietaria del inmueble ahí detallado; se explica: El artículo 112 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, vigente en la época en que se emitió la constancia exhibida, decía: "Artículo 112.- Son atribuciones de los Alcaldes o jueces municipales: I.- Conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de aquellos no contenciosos de su competencia que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y ad-perpetuam; II.- Auxiliar a los tribunales y jueces del Estado; por ende, desempeñar las funciones que unos y otros les encomienden, lo mismo en materia civil que en materia penal y para tal cometido, los alcaldes se ajustarán al mandamiento respectivo; y III.- Conocer como instancia conciliatoria: De los asuntos civiles y mercantiles cuyo monto no exceda del importe de cincuenta salarios mínimos generales, vigente en la Zona Centro del Estado de Oaxaca, en el momento de la presentación de la reclamación. El procedimiento conciliatorio previsto en la presente Ley será potestativo para las partes". Así, esa constancia no tiene la calidad de documento público y, como consecuencia, carece de valor probatorio, acorde a lo señalado en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, porque fue emitida por un funcionario público, pero no en ejercicio de sus funciones. Se invoca en apoyo, por tratar sobre el tema, la tesis que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 270291 Instancia: Tercera Sala Sexta Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen LXXIX, Cuarta Parte, página 62 Tipo: Aislada POSESION, NO ES PUBLICO EL DOCUMENTO EN QUE UN PRESIDENTE MUNICIPAL HACE CONSTAR QUE UNA PERSONA SE HAYA EN LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). La constancia que extienda un presidente municipal en el sentido de que una persona está en posesión de un predio, no tiene el carácter de documento público, en los términos del artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, porque aun cuando se expida por un funcionario público, no lo hace en el ejercicio de sus funciones, entre las que no esta la de expedir constancias de la posesión de inmuebles que tengan los particulares". Y el hecho de que la quejosa hubiere manifestado, bajo protesta de decir verdad, que ejerce la posesión del bien inmueble, se traduce en la simple detentación de ese bien, que no se trata de la posesión que tutela y protege el juicio constitucional, al no existir título alguno en el que pueda apoyarse; pues, se reitera, no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Lo anterior, con independencia de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión emana de un título legítimo o no, porque el juicio de amparo que salvaguarda el respeto e inviolabilidad de los derechos fundamentales no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión; como así lo ilustra la tesis que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 198745 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Común, Civil Tesis: 2a. LIII/97 Página: 333 INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley". Así, la parte quejosa tenía la obligación de justificar que el acto autoritario le causa un agravio personal y directo, sin que lo hubiere realizado, no obstante que se presumió cierto el acto reclamado, ya que por imperativo legal es obligación del agraviado acreditar su interés legítimamente protegido; atento a la jurisprudencia I.1o.A.J/3, invocada en términos del artículo sexto transitorio, publicada en la página 923 del tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 229368, de rubro: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Por ello, como no se demostró que se tenga un derecho legítimamente protegido que se hubiere transgredido por la actuación de la autoridad, se actualiza la hipótesis de improcedencia de falta de interés legítimo que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, como consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo. Se invoca en apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Octava Época. Registro: 207227 Instancia: Tercera Sala. Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: 3a. 58 8/90. Página: 236. Genealogía: Gaceta número 32, Agosto de 1990, página 20. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 385, página 260. POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, como lo establece la jurisprudencia II.3o.J/58, aplicable en términos del numeral sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, y que fue publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Reyna Hernández Gonzáles o Reyna Hernández Gónzalez, contra la diligencia que se pretende llevar a cabo para que desocupe el inmueble que dice tiene en posesión, ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, que se reclama del actuario adscrito al Juzgado Mixto del distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC.774/2022.MESA-1 Interlocutoria. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 774/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Radicación. Mediante auto de fecha trece de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento al proveído de esa misma fecha, dictado en el juicio de amparo 774/2022, se formó el incidente de suspensión solicitado por Reyna Hernández Gonzáles o Reyna Hernández Gónzalez, contra la diligencia llevada a cabo en el domicilio ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en la que el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, le indicó que tenía que desocupar dicho inmueble y entregárselo a una persona diversa. Segundo. Medida cautelar. En el referido auto se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó informe previo a la (s) autoridad (es) responsable (s) y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o : Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103 y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 122 a 144 de la Ley de Amparo; 49 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de la suspensión de actos reclamados en materia penal en un incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo tramitado en este órgano jurisdiccional. Segundo. Presunción de certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, omitió rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas concedido mediante proveído de trece de julio de dos mil veintidós, no obstante que el cinco de agosto siguiente quedó notificada de esa petición; por lo que, sólo para efectos de este incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Tercero. Estudio de la suspensión definitiva. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; por lo que la medida cautelar se pronuncia en los términos siguientes: El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal consagra a favor de los gobernados la prerrogativa consistente en la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, en la Ley de Amparo se fijan los casos y las condiciones correspondientes para su otorgamiento. En el entendido de que la suspensión tiene como finalidad preservar la materia del juicio de amparo. Por su parte, el diverso numeral 147, párrafo segundo, de la ley invocada prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, debiendo el juez fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. En tanto que los artículos 125, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para conceder la suspensión definitiva y los actos que el juzgador debe considerar para resolver al respecto, a saber: I. Que el quejoso hubiere solicitado la suspensión. II. Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita III. Que la naturaleza del acto reclamado permita la suspensión. IV. Que el quejoso aduzca un interés legítimo y se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. V. Que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. VI. La ponderación de la apariencia del buen derecho. Atento, además, a la tesis aislada 2ª. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja mil trescientos setenta y seis del libro 30, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA". Se satisfacen los tres primeros requisitos, ya que fue solicitada la suspensión de los actos reclamados, hay certidumbre de su existencia -por presunción- y la naturaleza del acto reclamado permite esa medida; sin embargo, la quejosa no demostró, aunque sea indiciariamente, que es titular del derecho de propiedad o posesión del bien inmueble del que aduce será privada y que, según lo señalado en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se encuentra ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, incumpliendo, con ello, los requisitos establecidos en el numeral 131 de la ley invocada. En efecto, la quejosa ninguna prueba aportó para justificar que es propietaria o poseedora del referido inmueble, ya que exhibió la copia certificada de una constancia expedida a su favor por el alcalde Municipal Constitucional del Ayuntamiento de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y aunque tiene valor probatorio pleno, no justifica ese derecho de propiedad y posesión, en tanto que dicho documento se refiere al inmueble ubicado en el Paraje Las Vigas, Agencia Municipal del Núcleo Rural de Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, que es diverso al que en escrito aclaratorio de la demanda señala que se le pretende desposeer, a saber, ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 138 y 163, de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva solicitada, Se invoca en apoyo la tesis 96/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23, del tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN". Cuarto. Se reserva archivar el incidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, en relación con lo señalado en el apartado 3.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, se reserva proveer lo relativo al archivo de este incidente de suspensión, hasta en tanto se acuerde el archivo del expediente principal como asunto concluido. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente; se: Resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva a la quejosa Reyna Hernández Gonzáles o Reyna Hernández Gónzalez, contra la diligencia llevada a cabo en el domicilio ubicado en Rancho Viejo, perteneciente a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, en la que el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, dice la quejosa, le indicó que tenía que desocupar dicho inmueble y entregárselo a una persona diversa; en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena que, en su momento, se cumpla con lo dispuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.774/2022. MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. 1. Diferimiento de audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, no ha rendido el informe justificado requerido por acuerdo de fecha trece de julio de dos mil veintidós, y se encuentra transcurriendo el plazo de quince días ahí concedido, previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que quedó notificada el cinco de agosto del año en curso. En esas condiciones, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere y se fijan para su desahogo, las nueve horas con cuarenta y un minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC.774/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintidós. 1. Diferimiento de la audiencia incidental. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tlaxiaco, Oaxaca, no ha rendido su informe previo ni obra constancia que acredite hubiere quedado notificada del proveído dictado el trece de julio del año en curso, en el que se le realizó la petición respectiva. En esas condiciones, no es posible jurídicamente celebrar la audiencia incidental señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las nueve horas con veintiún minutos del doce de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. 2. Se encomienda entrega de oficio. Y toda vez que en el expediente electrónico aparece la razón actuarial de veintidós de julio de este año, en la que se hace constar que el oficio relativo fue enviado vía estafeta, al no poder ser confirmada su remisión por correo electrónico, sin que a la fecha esté la guía que demuestre ya fue entregado a la empresa de mensajería respectiva; en consecuencia, encomiéndese al actuario judicial adscrito envíe el oficio respectivo o, en su caso, manifieste el impedimento que tenga para realizar tal fin. 3. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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