Reyna Graciela Lozano Hernández
Expediente 1344/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1344/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Reyna Graciela Lozano Hernández
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(V)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa...En el caso, del libro de gobierno de este Juzgado, aparece registrado el diverso juicio de amparo 1248/2017-V, mismo que se trae a la vista por ser un hecho notorio y se ordena adjuntar una copia certificada de la demanda de amparo, lo que encuentra apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, en forma comparativa se obtiene que tanto en el juicio de amparo 1248/2017, como en la demanda que nos ocupa se actualizan los supuestos del artículo 61, fracción X antes transcrito como se muestra a continuación: Expediente 1248/2017 1344/2017 Quejoso Reyna Graciela Lozano Hernández y Victoria Valadez Lozano. Reyna Graciela Lozano Hernández y Victoria Valadez Lozano Acto reclamado Auto de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 1345/2014. Auto de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 1345/2014. Autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Estado. Juez Segundo de lo Familiar del Estado Terceros Interesados Jaime de Jesús Valadez Saucedo. Jaime de Jesús Valadez Saucedo. De igual manera del expediente 1248/2017-V se encuentra pendiente de resolución, pues fueron señaladas las nueve horas con catorce minutos del dieciocho de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. Como puede observarse, están satisfechos los requisitos supracitados, pues como se ve, en el juicio de amparo 1248/2017-V -en trámite-, y el que ahora se promueve 1344/2017-V, existe identidad de la parte quejosa, autoridad responsable, acto reclamado y tercero interesado; además no se trata de normas generales. Sin que pase desapercibido para este Juzgador que en la demanda de amparo del expediente 1248/2017, señaló como acto reclamado el auto dictado el once de agosto de dos mil dieciséis y ahora es el once de agosto de dos diecisiete; sin embargo, como acompañó a su primer demanda el citado auto, por ende, forma parte integrante de la demanda, de éste se aprecia que en realidad corresponde al año dos mil diecisiete. Máxime que ambas demandas son idénticas incluso en la totalidad de su lectura puesto que el error del año (2016) fue testado manualmente por la promovente. Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizados- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Martha Sandoval Romo y Tania Duardo Sandoval, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Altagracia Elizabeth Alcantar Vazaquez, toda vez que no acredito el extremo del párrafo anterior. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General.(V)
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