Reyes Acevedo Rojo

Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1130/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Reyes Acevedo Rojo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notificación personal.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso auto de trece de agosto de dos mil diecinueve...Vista la diligencia que antecede, se tiene ratificado, por lo que hace al quejoso Reyes Acevedo Rojo, el contenido del escrito presentado el treinta de julio de dos mil diecinueve, así como reconocida la firma que obra al calce del mismo; por tanto, se tienen cumplidos los requerimientos de veintinueve de julio y siete de agosto del presente año. -Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama de las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado y del Actuario de esa adscripción, respectivamente, la orden de llevar a cabo el requerimiento de pago, embargo y/o emplazamiento, dictada en su en el juicio laboral 1171/2017, así como su ejecución. -Concepto de persona extraña- A fin de emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de la demanda de amparo, se considera conveniente mencionar que doctrinal y jurisprudencialmente se ha distinguido entre el tercero extraño a juicio en estricto sentido y el tercero extraño por equiparación. La persona extraña a juicio propiamente dicha es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila; en este caso, la persona extraña es opuesta a la de parte procesal, puesto que es ajena por completo a la secuela del procedimiento. En cambio, la persona extraña a juicio por equiparación es la persona física o moral que, formando parte de la controversia, no fue llamada al procedimiento por no haber sido legalmente vinculada desde el inicio, o que dejó de estarlo por alguna eventualidad procesal posterior. Sobre el tema, se invoca la jurisprudencia 331, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto se reproducen a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE...En ese orden de ideas, en términos de la fracción VI del numeral 107, de la Ley de Amparo, para efectos del juicio de derechos, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. También cabe señalar que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando la persona extraña por equiparación promueve el juicio de amparo porque no ha sido oída en juicio por falta de emplazamiento o llamamiento legal, debe entenderse que en ese supuesto, quien promueve el juicio no estuvo en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en contra de sus intereses, por lo que para no dejarlo en estado de indefensión, es suficiente que comparezca ante la instancia constitucional con el carácter de tercero extraño, sin que esté obligado a agotar, previamente, los recursos ordinarios establecidos en la ley respectiva. En cambio, cuando el acto reclamado se hace consistir en la falta de emplazamiento o llamamiento al juicio, o bien, se combate su ilegalidad y el promovente del amparo tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia definitiva, en esas circunstancias, se estima que es parte en el propio juicio y no se le deja en estado de indefensión, pues tiene la oportunidad de impugnar la ilegalidad de tal emplazamiento o llamamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones, antes de que se pronuncie la resolución definitiva correspondiente en perjuicio de sus intereses, o en su caso, de alegar esa infracción como agravio a través del recurso ordinario procedente que se haga valer en contra de ésta, toda vez que si bien es cierto que la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales previstos en la legislación procesal que regule el procedimiento respectivo, ello ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural y la misma ha causado estado. Lo anterior es así, tomando en consideración que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio natural del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte o porque aun cuando se le designó como tal, no es llamado a juicio a defender sus derechos, y el acto que le afecta se trata de cosa juzgada. Ante tales circunstancias, no puede considerarse tercero extraño al quejoso que se ostenta con ese carácter, cuando en el propio juicio es formalmente parte demandada, o bien, se le haya reconocido alguna calidad en dicho juicio en términos de ley, y tiene conocimiento de la falta de emplazamiento legal o del llamamiento a juicio, antes de que se dicte la sentencia correspondiente, pues en tales condiciones, dicho quejoso tiene expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en la legislación procesal común, antes de promover el juicio de amparo. Por las razones que en ella se informan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", ...Partiendo de lo anterior, a la parte quejosa no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento de origen, habida cuenta que bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue debidamente emplazado y compareció al mismo por conducto de su apoderado, personalidad de este último que fue reconocida por el tribunal responsable, lo que constituye una confesión expresa en términos de los numerales 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente; por lo que tuvo conocimiento del juicio de origen, antes de la emisión del laudo respectivo. De esa forma, es claro que el quejoso conoció del juicio natural durante su tramitación y antes del dictado del laudo por lo que perdió el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. Sin que sea óbice que el promovente manifieste que no le fue notificado el laudo y que desconoce lo relativo a la fase de ejecución, ya que, al haber comparecido al juicio laboral con antelación a la emisión de aquel fallo, esto resulta suficiente para desvirtuarle el carácter de tercero extraño, ya que tuvo oportunidad de ejercer sus defensas. Apoya esa consideración, la jurisprudencia IV.1o.C. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, noviembre de 2006, página 960, que expone: "PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER, QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA, AUN CUANDO MANIFIESTE QUE POSTERIORMENTE FUE ILEGALMENTE NOTIFICADA DE DIVERSAS RESOLUCIONES Y SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL JUICIO. ...Bajo ese panorama, como se dijo, al haber comparecido el quejoso durante el juicio laboral, ello es razón suficiente para desvirtuarle el carácter de tercero extraño al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. -Motivo de improcedencia- Indicado lo anterior, respecto al auto de que contiene la orden requerimiento de pago y embargo, así como su ejecución (diligencia) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, éste aplicado en sentido contrario; precepto este último que estatuye: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Así es, los actos reclamados consisten en el auto que contiene la orden de requerimiento de pago y embargo, con motivo del laudo emitido en el juicio 1171/2017, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes; el cual forma parte del procedimiento de ejecución de ese fallo. En tal virtud, al estar vinculados directamente con la fase ejecutiva del laudo y no constituir la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el presente juicio biinstancial, se evidencia la actualización de la causal de improcedencia en cita, pues si bien fue emitido después de concluido el juicio laboral, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, a través de ella no se aprueba ni reconoce el cumplimiento total del laudo ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; tampoco ordena el archivo definitivo del expediente natural. De tal manera que los actos combatidos en esta vía no son ajenos a la litis dirimida en el contradictorio laboral, dado que a través de ellos se pretende lograr el pago de la condena decretada en el asunto de origen. Tampoco, los actos reclamados consisten en una resolución previa al inicio de la ejecución del laudo ni gozan de autonomía propia o independencia con el cumplimiento de dicho fallo, sino por el contrario constituyen actos que inciden de manera directa en su ejecución. De ahí que es improcedente el juicio de amparo en contra del auto de requerimiento de pago y embargo, dirigido en contra del quejoso, demandado en el asunto de origen, al no tratarse de la última resolución emitida dentro de dicho procedimiento. Por identidad jurídica sustancial resulta aplicable la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1647, cuyo rubro y texto son: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. Se invoca como sustento, el principio rector que informa la jurisprudencia I.6o.T. J/89, aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, marzo de 2008, página 1482, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Igualmente, la tesis I.3o.C.765 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, octubre de 2009, página 1345, cuyo literal es: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. Respecto al acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de requerimiento de pago y embargo, es decir, la propia diligencia, practicada el diez de julio del año en curso, por el Actuario responsable, en la que trabó embargo sobre bienes que el quejoso aduce son de propiedad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al procedimiento de origen, dispone: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." En el precepto reproducido, el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. A su vez, de los artículos 850 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda conocerá de la revisión cuando se trate de actos de los Actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Luego, en el particular se reclama la diligencia practicada el diez de julio del año en curso, por el actuario de la Junta responsable, en la que requirió el pago y se practicó un embargo sobre bienes, con motivo del laudo; entonces, previo a reclamar en el amparo tal diligencia, debe interponerse el recurso de revisión que contemplan los artículos 849 al 852 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Por lo que, al no haberse hecho así en el particular, ello actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 95/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, agosto de 2002, página 374, cuyo rubro y texto dicen: "REVISION EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. Lo anterior, sin que se actualice algún supuesto de excepción contenido en la fracción XVIII del numeral 61, de la ley de la materia. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente...(IV)

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.(IV)

  4. Principal

    Notificación personal.

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