Reyna Colín Miralrío
Expediente 1454/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Reyna Colín Miralrío
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del original del juicio de amparo 1454/2022-V, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que aceptó la competencia planteada para conocer de ese asunto, el cual quedó registrado con el número 55/2023, de su estadística. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se declaró ser legalmente incompetente para conocer de este asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por el cual pretende desahogar las prevenciones que se le formularon en autos de veinte y treinta de diciembre de dos mil veintidós; y, como domicilio para oír y recibir notificaciones, adiciona al usuario "ReynacolinJilo". Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por conducto del usuario que refiere, por así haberlo solicitado. En el entendido que la parte quejosa queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, se autoriza al usuario antes mencionado, la consulta del expediente electrónico, mismo que se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. En el entendido que si bien ya señaló a dos usuarios para notificaciones electrónicas, desde este momento se le precisa que se le tendrán por hechas a partir de la primera consulta o que el sistema electrónico genere la constancia ante la falta de consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como de los escritos de desahogo se advierte que el acto reclamado consisten en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la audiencia inicial del expediente 1066/2022, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y, de las constancias allegadas, se aprecia que el siguiente, es su contenido: ".Tomando en consideración que las pretensiones que son motivo de litis en el expediente 1066/2022, las cuales ya fueron demandadas en ese entonces por la señora Lizbeth Yelitza Ordóñez Colín y que actualmente ya se decretó la guarda y custodia provisional de su menor nieto Alejandro Javier García Ordóñez a la señora ********************, se declara sin materia el presente juicio, toda vez que las pretensiones demandadas están controvertidas en el expediente 1934/2020. En ese sentido, háganse las anotaciones de estilo en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese el expediente 1066/2022 del índice de este juzgado, como asunto totalmente concluido; quedando a disposición de las partes los documentos exhibidos, previa copia y toma de razón que por su recibo obre en autos; y en su oportunidad remítase al Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para su resguardo." En consecuencia, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, estimando que quien debe conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional es el Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito en turno, salvo su mejor consideración. En efecto, del numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprenden dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y, 2. Resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que la determinación combatida (resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós), es de aquellas que deciden el juicio en lo principal, por ello se estima que procede combatirlo mediante amparo directo, tal y como lo establece el citado precepto normativo. Sin soslayar que a esta data no se tenga conocimiento respecto a si la quejosa impugnó a través de los medios ordinarios el acto reclamado, dado que el Tribunal Colegiado es quien tiene la facultad para analizar la procedencia del juicio de amparo, incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción, o no, del principio de definitividad. Al respecto se invoca la jurisprudencia 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, de registro digital 2008791, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por lo que se ordena el envío de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para su conocimiento y efectos legales, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite el escrito signado electrónicamente por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar las prevenciones que se formularon a ésta en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós y allega diversas constancias. Al respecto, no se estima necesario emitir mayor pronunciamiento en atención a que por autos de treinta de diciembre de dos mil veintidós y cuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvieron recibidos el ocurso y anexos, respectivamente, y se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguense los escritos signados electrónicamente por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, por el cual pretende desahogar las prevenciones que se formularon a ésta en autos de veinte y treinta de diciembre de dos mil veintidós y allega diversas constancias; sin embargo, no se tienen satisfechos los requerimientos efectuadas por este órgano jurisdiccional. Lo anterior se estima así en virtud de que éste órgano de control constitucional previno a la quejosa para que desahogara las prevenciones de manera personal, y no por conducto de autorizados, debido a que, a excepción de lo atinente al acto reclamado, son cuestiones que debe precisar bajo protesta de decir verdad al tratarse éste de un requisito que tiene como propósito cumplir con las exigencias procesales a que hace alusión el artículo 108 de la Ley de Amparo; además, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Sin embargo, como se dijo, los ocursos que se proveen fueron signados por el autorizado de la parte quejosa y no por ella, de ahí que no puede tenerse colmado tal requisito Se determina lo anterior ya que, si bien, el promovente se encuentra autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, dadas las prevenciones que se formularon a la agraviada, es necesario que deban desahogarse en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado de la amparista no puede desahogar el requerimiento relativo a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos actos o hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencia 2a/J.88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible a Página 348, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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