Reyes Alpizar Ortíz

Expediente 1760/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 105 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1760/2017
Año
2017
Actuaciones
105
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Reyes Alpizar Ortíz y Otros.
  • Reyes Alpizar Ortíz
  • Daniel García Rodríguez
  • Daniel García Rodríguez y Otros.
  • Fiscal General de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 105.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Jefe del Departamento de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual, acusa de recibo del oficio 2194/2022, así como de las copias certificadas del presente juicio de amparo, mismas que descargó desde la liga electrónica que le fue enviada, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el acuse del correo electrónico enviado por este juzgado, en atención a la solicitud de diecisiete de enero del presente año, por el Director General de Recursos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se advierte que se remitieron las ligas de los vínculos de Google Drive para visualizar los dos tomos certificados del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl; con el que remite en versión electrónica, sin diligenciar la comunicación oficial 114/2021, del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar al quejoso Reyes ..., lo anterior en virtud de que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se declaró cumplido el fallo protector. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta y toda vez que no se formuló manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado sobreseyó el juicio de amparo promovido por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Inconforme con dicho fallo, el quejoso Daniel García Rodíguez, interpusieron recurso de revisión, del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, el cual lo registró con el número 149/2019, y en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve determinó modificar la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional para lo cual modificó y concedió el amparo para el efecto de que: "La Visitadora General, al resolver el recurso de revisión a que se refiere el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, revocará la confirmación de no ejercicio de la acción penal, emitida por el Fiscal Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y ordenará devolver la averiguación previa al agente del Ministerio Público investigador, a efecto de que dentro del término de noventa días hábiles, realice lo siguiente: Indague la identidad de las personas que se enuncian a continuación o, en su caso, determine si alguna de ellas corresponde a los diversos sujetos ya identificados en autos: i. Secretario particular del Subprocurador "N". ii. Jesús "N". iii. El "Oso". iv. Personal del Hotel San Isidro que laboraba en el período del arraigo de Reyes Alpizar Ortíz. v. Personal que tuvo contacto con Reyes Alpizar Ortíz en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez, con motivo de su ingreso en octubre de dos mil dos, sean médicos, enfermeras, personal técnico que haya realizado algún estudio o evaluación del paciente, personal administrativo encargado de su ingreso y egreso, así como trabajadores sociales. Cite y recabe la declaración de los sujetos relacionados en el apartado I denominado HECHOS Y PROBABLES INTERVINIENTES. Lo anterior, en el entendido de que la investigación que realice respecto de los hechos puestos en su conocimiento, deberá verificarla a efecto de constatar si desplegaron alguna conducta típica de las previstas en el artículo 2, 4 o diverso de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, u otra establecida en distinto ordenamiento, con motivo del ejercicio de sus funciones como servidores públicos; y, en consecuencia, si resulta preciso otorgarles la calidad de indiciados. Recabe los testimonios y documentales precisadas en el punto II denominado TESTIMONIOS Y PRUEBAS, así como las que estime conducentes para hacerse de elementos suficientes que le permitan emitir una determinación apegada a la legalidad. Ello, en ejercicio de la facultad que le confiere el punto 3, inciso a), del anexo I, del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como "Protocolo de Estambul", que establece: "La autoridad investigadora tendrá poderes para obtener toda la información necesaria para la investigación y estará obligada a hacerlo. Las personas que realicen dicha investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para una investigación eficaz, y tendrán también facultades para obligar a los funcionarios presuntamente implicados en torturas o malos tratos a comparecer y prestar testimonio. Lo mismo regirá para los testigos. A tal fin, la autoridad investigadora podrá citar a testigos, incluso a los funcionarios presuntamente implicados, y ordenar la presentación de pruebas." De manera adicional, si en el curso del desahogo de las diligencias que le han sido precisadas, emerge diverso elemento que amerite ser agotado, ejerza las amplias facultades que ostenta acorde al contexto legal. Una vez realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita la determinación en la averiguación previa, conforme a derecho proceda, sin perder de vista lo siguiente: D.1. El tipo penal de tortura, previsto en la legislación estatal, sanciona no sólo el sufrimiento físico que el sujeto activo inflija sobre el pasivo, sino también el psicológico. D.2. La legislación aplicable prevé que la valoración de los dictámenes que obren en el expediente relativo, correrá a cargo de quien emita la determinación procedente, en este caso, al agente del Ministerio Público titular de la investigación, fundando su apreciación en los lineamientos que precisa el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como "Protocolo de Estambul", no así en la opinión de diverso perito; máxime cuando no cuente con las credenciales necesarias para tal ejercicio, ni goce de la independencia necesaria para dichos efectos. D.3. Constatará que los peritos que emitan opinión con base en el citado manual, cuenten con la acreditación de la especialidad que los faculte a dictaminar en dicha materia, evidencia documental que deberá obrar en los autos de la averiguación previa. D.4. Al fundamentar su decisión en los dictámenes que obran en el expediente, y que fueron emitidos por quien legalmente se encuentre facultado para ello, corroborar que la opinión profesional haya sido vertida con absoluta independencia y libertad, como de forma ineludible lo exige el citado manual; es decir, que no puede encomendarse a aquellos que laboren en la misma institución que los presuntos infractores; ni su opinión se advierta comprometida, en razón de que el autor(a) forme parte de la investigación en calidad de indiciado(a)". Mediante proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento dado a la concesión de amparo. Por oficio con número de registro 20450, se remitió la resolución de la Visitadora General de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la que se revocó el no ejercicio de la acción penal de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, y ordenó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Tlalnepantla, Estado de México, diera cumplimiento a los puntos A) a D) de la ejecutoria dictada por el Colegiado. A través de los oficios con números de registro 488, 2665, 4428, 6794, 4609, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5139 y 5212 el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Tlalnepantla, informó y remitió las diligencias practicadas en la averiguación previa TLA/MR/III/1973/2006, con lo cual se cumplieron los incisos A), B) y C) del fallo protector. Una vez hecho lo anterior, el tres de mayo de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la investigación del Delito de Tortura, emitió la resolución de no ejercicio de la acción penal, la cual fue autorizada el dieciocho siguiente por el Fiscal Regional de Tlalnepantla Estado de México, y de su lectura se aprecia que se atendieron los aspectos precisados en el inciso D) de la ejecutoria de amparo, por lo que se cumplieron los efectos esenciales del fallo protector. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Finalmente, y una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. En acatamiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es depurable el presente expediente, pues se concedió el amparo y carece de relevancia documental.

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