Reyna Aquino Perez
Expediente 976/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Reyna Aquino Perez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, y de las constancias que acompañó a su informe justificado el Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se desprende la materialización del sobreseimiento en el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se precisarán. Cesación de efectos. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, el legislador previó la posibilidad de que durante la tramitación del juicio de amparo sobreviniera alguna causal de improcedencia de las previstas en la legislación invocada, de manera que cuando una de estas causales sea notoria y manifiesta y que no pueda ser desvirtuada mediante ningún medio probatorio, es posible decretar el sobreseimiento fuera de la fecha señalada para la audiencia constitucional, pues de no hacerlo, retardaría la impartición de la justicia. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia por contradicción 2a. /J. 10/2003, registro 184572 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para estimar actualizada la causa de improcedencia invocada, es indispensable que concurran los siguientes extremos: a) Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; y, b) Que respecto del mismo, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 2. Una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; El primer requisito se encuentra acreditado, pues del estudio integral de la demanda ser advierte que la parte quejosa estima como acto lesivo a sus derechos fundamentales: La omisión de administrarme justicia de una forma pronta. Así también de los antecedentes narrados en su demanda amparo, bajo protesta de decir verdad y en lo que interesa señaló, que en tres de mayo de dos mil veintitrés, la Junta Especial número Cuatro Bis -quien previno en el conocimiento del asunto-, se declaró incompetente para conocer y remitió lo autos del juicio laboral a la Junta Especial Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado -autoridad responsable en este juicio amparo-, quien recibió los autos el ocho de junio del año en curso, sin que a la fecha de la presentación de la demanda, se hubiera pronunciado al respecto. Por lo que hace al segundo de los extremos necesarios para la configuración de la improcedencia que se analiza, también se encuentra acreditado esto es, la existencia de una situación que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violado, materia del juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que por auto de doce de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ********************del índice de la Junta responsable, entre otras cosas, señaló fecha para que tuviera lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; proveído que ordenó notificarse a las partes; quedando notificada la parte quejosa el dieciséis siguiente -fecha posterior al en que promovió la demanda de amparo en el presente juicio-. En las relatadas condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Ante ello, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Finalmente, glósese el escrito que suscribe la apoderada del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con sede en esta localidad, mediante el cual formula alegatos; sin que haya lugar a decretar providencia alguna en virtud de lo determinado en el presente proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos se advierte, en proveído de treinta de octubre del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que, conforme a la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, con una copia de la demanda de amparo y mediante oficio que al efecto se gire, emplácese a juicio a la autoridad Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, toda vez que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercera interesada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que envía el Presidente de la Junta Especial número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde informe justificado; sin que haya lugar a dictar mayor providencia, toda vez que en auto de treinta de octubre del año en curso, se acordó respecto de su contenido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Reyna Aquino Pérez; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, y regístrese con el número 976/2023. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Reyna Aquino Pérez, contra actos de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se precisa a la autoridad responsable que si opta por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, solo será recepcionado el que envíen las autoridades foráneas con residencia oficial fuera de la Ciudad de Oaxaca, las que además deberán rendirlo con las providencias necesarias para que sean considerados como oportunos, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acredite dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene a la parte quejosa, señalando como autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, y a la persona que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número de teléfono que señala, únicamente para contacto con el presente Órgano Jurisdiccional en casos necesarios, no así para recibir notificaciones, toda vez que dichas vías no se encuentran contempladas por la Ley de Amparo. Tercero interesado. De la lectura integral de la demanda se advierte que para este órgano jurisdiccional no le reviste carácter de tercera interesada, a la autoridade señalada por la parte quejosa, dada la naturaleza de la violación al derecho fundamental que sustenta la procedencia de éste. Esto es, la persona señalada por la parte quejosa como tercera interesada en su demanda, no cuenta con dicho carácter en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que en el caso, si bien se trata de su contraparte en el procedimiento del cual emana el acto reclamado; lo cierto es, que no tiene un interés contrario, traducido en que la tramitación del procedimiento se siga conforme a los plazos que fija la ley de la materia, pues ello implicaría oponerse al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.). Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. Integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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