Reymundo Vazquez Morales

Expediente 1374/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1374/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Reymundo Vazquez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diecisiete de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO CITATORIO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por REYMUNDO VÁZQUEZ MORALES, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia de Pinotepa Nacional, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 1374/2016. La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos emanados de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, el acto controvertido que se hace consistir en la omisión de acordar la promoción de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en el expediente ejecutivo mercantil 387/2011, no transgrede un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino que se trata de una cuestión de carácter adjetiva, surgida dentro del propio procedimiento jurisdiccional, en el que el particular debe atender a las reglas que rigen en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada (derechos de debido proceso y acción). En esas condiciones, es evidente que el citado acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación material a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos). Por tanto, la omisión reclamada, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño material de imposible reparación al promovente, en atención al concepto de irreparabilidad citado, pues el hecho de que se omita acordar su promoción, no priva a la parte quejosa del derecho de defensa que tiene en el procedimiento, y tampoco altera las cuestiones debatidas en los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 8/2015 (10a.), relativa a la contradicción de tesis 130/2014, resuelta el veintiuno de enero de dos mil quince, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8º CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Como corolario de lo anterior, debe decirse que tiene a su alcance el recurso de queja previsto en el artículo 697, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, por medio del cual puede obtener una respuesta a su petición elevada ante la responsable; dicho precepto establece: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I.(.) IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1408, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE PROVEER UNA PETICIÓN EN UN JUICIO CIVIL, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. La omisión de la autoridad de proveer una solicitud en un juicio civil, no es impugnable de forma autónoma como violación al derecho de petición garantizado por el artículo 8o. constitucional, pues el procedimiento se rige por las reglas fijadas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, así como por la ley secundaria respectiva, además porque esa omisión constituye, por regla general, una violación de carácter adjetivo, porque debe atenderse a las reglas expedidas por el legislador ordinario, a fin de que se obligue a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Sin embargo, el juzgador debe analizar cada caso, para establecer si la ley secundaria prevé un mecanismo eficaz para obtener respuesta a aquella solicitud, pues de no existir y de afectarse materialmente derechos sustantivos como consecuencia de esa omisión, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por excepción, contra dicha violación, procede el juicio de amparo indirecto. Conforme a lo expuesto, no se configura una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, cuando el acto reclamado consiste en la omisión de proveer una petición en un juicio civil, por no ser evidente, clara y fehaciente, ya que para determinar su actualización, se requiere de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y por autorizada para tales efectos, a la persona que refiere, sin gozar de las demás facultades que otorga el artículo 12 de la ley de la materia, hasta en tanto acredite contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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