Reymundo Barrios Tellez y Otros.
Expediente 1162/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 47 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Aracely Quiñones Ozuna y Otros.
- Reymundo Barrios Tellez y Otros.
- Reymundo Barrios Tellez
- Lorena Rivas Herrera
- Ayuntamiento del Municipio de Pueblo Nuevo por conducto de su Presidente Municipal Adrián Noel Chaparro Gandara
- Lorena Rivas Herrera y Otros.
- Aracely Quiñones Ozuna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Agréguese el escrito signado por los quejosos *** y ****y, como lo solicitan, previa copia que se deje en autos, devuélvase los documentos originales exhibidos. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "Del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Durango, la emisión de la orden para despojar de metros cuadrados del frente de las viviendas a los quejosos. - De la Dirección Municipal de Obras Públicas de Pueblo Nuevo, Durango, el cumplimiento de lo ordenado por el Ayuntamiento, para despojar a los quejosos de veinte metros cuadrados de frente de sus viviendas". En el referido fallo, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas. b) En el caso de que la autoridad emita diverso mandato por escrito, deberá fundar y motivar su actuación, expresando la causa generadora de la afectación, origen y sus razones fundando y motivando su proceder; asimismo, deberá notificar a los impetrantes, para que estén en aptitud de conocer los preceptos legales y razones en que se apoya la autoridad, a fin de que puedan hacer valer sus derechos". La sentencia dictada en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento con la resolución en cita, mediante oficio sin número de uno de febrero de dos mil veintitrés, el Director de Obras Públicas y Presidente Municipal, ambos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, informaron que dejaron insubsistentes cualquier tipo de orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas, además, adjuntó copia certificadas del procedimiento ordinario 1474/2022; con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Con lo anterior, mediante acuerdo siete de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que se manifestaran en relación a dicho cumplimiento. Así, mediante oficios de dos de febrero, diez de marzo, todos de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal y Director de Obras Públicas Municipales, ambos Pueblo Nuevo, Durango, solicitaron se declarara cumplida la sentencia de amparo, aduciendo que el tema relacionado con quién era el dueño del inmueble afectado por los actos de autoridad no era materia del presente sumario constitucional. A su vez, la parte quejosa en escrito recibido el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, manifestó que en cumplimiento al amparo otorgado, solicitaban se exhibiera el documento mediante el cual se destruyó el cerco de su propiedad, se instalaron banquetas y se dejó material de construcción en el terreno materia del amparo, pues no se estaba atacando la sentencia protectora. Luego, se reitera que los efectos para los cuales se otorgó el amparo fueron: 1). Dejar insubsistente la orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas. En relación con dicho punto, debe decirse que en autos se encuentra cumplido por la autoridad responsable Presidente Municipal y Director de Obras Públicas municipales, ambos de Pueblo Nuevo, Durango, pues así se advierte de los oficios recibidos el dos de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales comunicaron que dejaron insubsistentes cualquier orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas, documento previamente valorado y con el que se justifica ese efecto de la sentencia protectora. Por lo que respecta al segundo punto de los efectos para los que se otorgó el amparo, esto es, que en el caso de que la autoridad responsable emitiera diverso mandamiento por escrito, debería fundar y motivar su actuación, expresando la causa generadora de la afectación, origen y sus razones fundamento y motivado su proceder, notificando a los impetrantes para que hagan valer sus derechos, se estima que también se acató a cabalidad; pues en autos no obra documental alguna en la que se advierta que se hubiera con posterioridad al dictado de la sentencia, diversa orden en la que la autoridad responsable hubiera ordenado alguna actuación dirigida a los inmuebles de los quejosos, pues no se allegó por parte alguna, lo que permite determinar el cumplimiento también de esa efecto protector. Por otra parte, importa destacar que las autoridades responsables adjuntaron copia certificada del procedimiento ordinario administrativo 1474/2022, tramitado ante el Juez Cívico Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, de las que se advierte que se inició con motivo de la queja interpuesta por el Director de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en contra de Reymundo Barrios Téllez, Aracely Quiñones Ozuna y Lorena Rivas Herrera, respecto de los bienes inmuebles que detentaban, en donde se les ordenó emplazar de manera personal, para que comparecieran a dicho Juzgado Cívico a ofrecer pruebas de su intención. Asimismo, obran las constancias de notificación de los aquí quejosos a dicho procedimiento, y posteriormente, en resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, se determinó que el Director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, acreditó su acción y los posesionarios (Reymundo Barrios Téllez, Aracely Quiñones Ozuna y Lorena Rivas Herrera), no hicieron valer sus derechos, por lo que se determinó que éstos se encontraban invadiendo propiedad municipal, en cuanto a una franja que se encuentra enfrente de su viviendas, ordenando girar oficio al Director de Servicios Generales del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para que conforme a sus atribuciones proceda al desalojo y retire los corrales de madera que se encuentran invadiendo la vía pública. Conforme a lo anterior, se tiene que dichos actos son realizados por diversa autoridad a las aquí señaladas como responsables, derivado del mencionado procedimiento administrativo, al cual no comparecieron los aquí quejosos no obstante de que fueron emplazados al mismo. En efecto, debe decirse que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento al fallo protector, conforme a los argumentos reseñados en párrafos precedentes, sin que se les pueda atribuir la realización que refieren los aquí quejosos en su ocurso de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que solicitan que con motivo de la sentencia de amparo, se remita el documento oficial mediante el cual se destruyeron cercos, instalaron banquetas y se dejó material de construcción en el terreno materia del presente amparo, por no ser una cuestión que hubiera sido objeto de estudio en este sumario. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la resolución que se dictó en el presente juicio de garantías y el contenido del oficio y anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de dicho cumplimiento, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En virtud que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de la suscrita juzgadora, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA DOS DE JUNIO DEL AÑO 2023 Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En sentencia dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "Del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Durango, la emisión de la orden para despojar de metros cuadrados del frente de las viviendas a los quejosos. - De la Dirección Municipal de Obras Públicas de Pueblo Nuevo, Durango, el cumplimiento de lo ordenado por el Ayuntamiento, para despojar a los quejosos de veinte metros cuadrados de frente de sus viviendas". En el referido fallo, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas. b) En el caso de que la autoridad emita diverso mandato por escrito, deberá fundar y motivar su actuación, expresando la causa generadora de la afectación, origen y sus razones fundando y motivando su proceder; asimismo, deberá notificar a los impetrantes, para que estén en aptitud de conocer los preceptos legales y razones en que se apoya la autoridad, a fin de que puedan hacer valer sus derechos". La sentencia dictada en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento con la resolución en cita, mediante oficio sin número de uno de febrero de dos mil veintitrés, el Director de Obras Públicas y Presidente Municipal, ambos del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, informaron que dejaron insubsistentes cualquier tipo de orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas, además, adjuntó copia certificadas del procedimiento ordinario 1474/2022; con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Con lo anterior, mediante acuerdo siete de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que se manifestaran en relación a dicho cumplimiento. Así, mediante oficios de dos de febrero, diez de marzo, todos de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal y Director de Obras Públicas Municipales, ambos Pueblo Nuevo, Durango, solicitaron se declarara cumplida la sentencia de amparo, aduciendo que el tema relacionado con quién era el dueño del inmueble afectado por los actos de autoridad no era materia del presente sumario constitucional. A su vez, la parte quejosa en escrito recibido el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, manifestó que en cumplimiento al amparo otorgado, solicitaban se exhibiera el documento mediante el cual se destruyó el cerco de su propiedad, se instalaron banquetas y se dejó material de construcción en el terreno materia del amparo, pues no se estaba atacando la sentencia protectora. Luego, se reitera que los efectos para los cuales se otorgó el amparo fueron: 1). Dejar insubsistente la orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas. En relación con dicho punto, debe decirse que en autos se encuentra cumplido por la autoridad responsable Presidente Municipal y Director de Obras Públicas municipales, ambos de Pueblo Nuevo, Durango, pues así se advierte de los oficios recibidos el dos de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales comunicaron que dejaron insubsistentes cualquier orden verbal para desposeer a los quejosos del solar urbano que constituye el frente de sus viviendas, documento previamente valorado y con el que se justifica ese efecto de la sentencia protectora. Por lo que respecta al segundo punto de los efectos para los que se otorgó el amparo, esto es, que en el caso de que la autoridad responsable emitiera diverso mandamiento por escrito, debería fundar y motivar su actuación, expresando la causa generadora de la afectación, origen y sus razones fundamento y motivado su proceder, notificando a los impetrantes para que hagan valer sus derechos, se estima que también se acató a cabalidad; pues en autos no obra documental alguna en la que se advierta que se hubiera con posterioridad al dictado de la sentencia, diversa orden en la que la autoridad responsable hubiera ordenado alguna actuación dirigida a los inmuebles de los quejosos, pues no se allegó por parte alguna, lo que permite determinar el cumplimiento también de esa efecto protector. Por otra parte, importa destacar que las autoridades responsables adjuntaron copia certificada del procedimiento ordinario administrativo 1474/2022, tramitado ante el Juez Cívico Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, de las que se advierte que se inició con motivo de la queja interpuesta por el Director de Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en contra de Reymundo Barrios Téllez, Aracely Quiñones Ozuna y Lorena Rivas Herrera, respecto de los bienes inmuebles que detentaban, en donde se les ordenó emplazar de manera personal, para que comparecieran a dicho Juzgado Cívico a ofrecer pruebas de su intención. Asimismo, obran las constancias de notificación de los aquí quejosos a dicho procedimiento, y posteriormente, en resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, se determinó que el Director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Pueblo Nuevo, Durango, acreditó su acción y los posesionarios (Reymundo Barrios Téllez, Aracely Quiñones Ozuna y Lorena Rivas Herrera), no hicieron valer sus derechos, por lo que se determinó que éstos se encontraban invadiendo propiedad municipal, en cuanto a una franja que se encuentra enfrente de su viviendas, ordenando girar oficio al Director de Servicios Generales del Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, para que conforme a sus atribuciones proceda al desalojo y retire los corrales de madera que se encuentran invadiendo la vía pública. Conforme a lo anterior, se tiene que dichos actos son realizados por diversa autoridad a las aquí señaladas como responsables, derivado del mencionado procedimiento administrativo, al cual no comparecieron los aquí quejosos no obstante de que fueron emplazados al mismo. En efecto, debe decirse que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento al fallo protector, conforme a los argumentos reseñados en párrafos precedentes, sin que se les pueda atribuir la realización que refieren los aquí quejosos en su ocurso de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que solicitan que con motivo de la sentencia de amparo, se remita el documento oficial mediante el cual se destruyeron cercos, instalaron banquetas y se dejó material de construcción en el terreno materia del presente amparo, por no ser una cuestión que hubiera sido objeto de estudio en este sumario. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la resolución que se dictó en el presente juicio de garantías y el contenido del oficio y anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de dicho cumplimiento, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. En virtud que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de la suscrita juzgadora, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva, no obstante que se haya concedido la provisional, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Se agrega oficio. Agréguese el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado y, como lo solicita, se acusa recibo del oficio 9155/2022 en el cual se vinculó electrónicamente la resolución dictada en los autos de la queja administrativa 123/2022 de su índice. Notifíquese.
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