Rey David Sánchez Robles
Expediente 274/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Rey David Sánchez Robles
- Rey David Sánchez Robles y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído con el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que no exista en autos constancia de notificación de los oficios enviados a las autoridades foráneas para notificarles la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ya que no se surten los extremos del artículo 87 de la ley de la materia, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra la sentencia que afecte directamente el acto reclamado de cada una de ellas y en el presente caso, se estima que tales autoridades no se encuentran en ese supuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XX.J/74, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiado del Circuito, Tomo 83, noviembre de 1994, página 84, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y también la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
I. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, así como el contenido de las constancias certificadas que allegó la autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto Reclamado". El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el quejoso señaló como acto reclamado la orden de captura emitida en su contra por el juez responsable. Del informe justificado, se aprecia que la responsable aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez que señaló que en la causa penal 1/2007, del índice administrativo del Juzgado de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Topia, Durango, se libró orden de reaprehensión contra el peticionario Rey David Sánchez Robles, en atención a que se evadió del centro de reclusión, proceso instruido en su contra por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de edad. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la autoridad responsable adjuntó copia certificada de la resolución de tres de marzo de dos mil veinte, en la que se resolvió: "PRIMERO.- Se declara procedente el Incidente no Especificado, en virtud de que por el mero transcurso del tiempo ha operado la prescripción de la acción penal a favor del inculpado; en consecuencia: SEGUNDO.- Se ordena la cancelación de la orden de reaprehensión girada en contra de ***, y transcrita al Representante Social mediante oficio número 383/2007, de fecha veintisiete de junio de dos mil siete, una vez que quede firme la presente resolución gírese vía telegráfica el oficio correspondiente. TERCERO.- Previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente, archívese la causa como asunto totalmente concluido y en su oportunidad remítase el expediente al Archivo General del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. CUARTO.- Infórmese de lo anterior al Juez de Distrito en el estado, que por turno le correspondió la tramitación de la demanda de garantías promovida por el citado inculpado. Notifíquese" Asimismo, se aprecia que en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, causó estado la resolución interlocutoria aludida. De igual forma, obra el oficio 76/2020, dirigido al Fiscal General del Estado de Durango, con el que le comunica la cancelación de la orden de recaptura, dictada por la autoridad aludida, en contra R***, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada, cometido en agravio de la menor de iniciales M.G.M.G., por haber operado la prescripción de la acción penal, ejercitada en su contra. Tales documentales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, pues ostentan el sello y la firma de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la orden de reaprehensión emitida contra, fue cancelada el tres de marzo de dos mil veinte, ello, por haber operado la prescripción de la acción penal. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, siendo las nueve horas de este día, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio de la secretaria de acuerdos en Funciones de Juez por Autorización del Consejo, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Con las constancias que acompañó la responsable fórmese cuaderno de pruebas. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, se requirió al Juez Mixto de Primera Instancia en Topia, Durango, para que informará si decretó o no el sobreseimiento de la causa penal 01/2007 y remitiera a este órgano jurisdiccional la totalidad de las constancias del proceso (en las que incluyera la resolución dictada en el incidente no especificado formado para analizar tal sobreseimiento); sin que obre el acuse de recibo correspondiente. En esas condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y seis minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.
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