Reyes Segura Balderas
Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Reyes Segura Balderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mesa III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: I. Se declara que dicho auto ha causado estado. II. Archívese el expediente principal como asunto concluido. III. Este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. En el oficio que se atiende en la cuenta que antecede, la directora jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, informa que el quejoso Reyes Segura Balderas egresó de dicho centro penitenciario el veinticuatro de julio del año en curso, al haber sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 14, "CPS-Durango", anexando copia certificada del acta administrativa correspondiente; por ende, en el caso sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo se actualiza, pues está probado que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Sin que sea obstáculo para agregar el oficio signado por la directora jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el hecho de haberse remitido vía fax, ya que al estar certificada la hora y fecha de su recepción, y el nombre de la persona que lo remitió, lo que se corroboró con una llamada telefónica realizada al remitente, de la cual dio fe la secretaria judicial adscrita a este juzgado, por lo que, tienen pleno valor probatorio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;.". Lo que se corrobora con el contenido del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/18829/2017, de quince de junio de dos mil diecisiete, firmado por el coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, del que se advierte, se ordenó al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, el egreso del aquí quejoso Reyes Segura Balderas, para ser internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, "CPS-Durango". Traslado que tuvo verificativo el veinticuatro de julio de esta anualidad, acorde al acta administrativa de egreso por traslado número 295/2017 . 1. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858)". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241). Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 3044/98, 901/2000, 197/2001, 210/2002 y 737/2002, que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" . En esos asuntos, la Segunda Sala explicó que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, acotó la Segunda Sala, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en que el acto reclamado consiste en la falta de atención por un médico con conocimientos en padecimientos en la vista (esto es en optometría) así como en hongos en la uñas; acto que se presentó en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tal hipótesis, si encontrándose pendiente de resolver el juicio de amparo, el quejoso fue trasladado a diverso centro de reclusión y con ello, las autoridades responsables dejan de realizar cualquier tipo de conducta en la persona del impetrante del amparo, se impone concluir que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de ésta habrán dejado de existir. De ahí que al haber egresado del centro de internamiento cuya administración corresponde a las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, se impone concluir que el objeto material del acto ha dejado de existir, en tanto que éste ya no podrá concretarse en perjuicio del quejoso. Es como cuando un menor de edad promueve un amparo para defender un derecho relacionado con su minoría de edad y durante el juicio deja de tener ese carácter. En ese supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que se actualiza la causa de improcedencia relativa que antes estaba prevista en la fracción XVII de la Ley de Amparo abrogada . La misma lógica aplica para este asunto, donde el quejoso intentaba defender ciertos derechos que consideraba tener como interno del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca. Hoy las autoridades señaladas como responsables ya no cuentan con dicho carácter, precisamente porque el quejoso Reyes Segura Balderas ha egresado de ese centro de reclusión, por lo que, a juicio de este juzgador, es innegable que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse, en su totalidad, el presente juicio de amparo. En virtud de actualizarse la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el quejoso, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría desvirtuarse dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo seria siempre en el mismo sentido. Tomando en consideración que el quejoso ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca y que en auto de dieciocho de julio del año dos mil diecisiete dictado en este juicio , se tuvo a la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en San Bartolo Coyotepec, designando al licenciado Jorge Armando Holder Jiménez como defensor público federal adscrito a esa delegación, para que asistiera al citado quejoso; por tanto, notifíquese este proveído de forma personal al citado defensor federal. En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas en auto de tres de agosto de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia constitucional a las once horas con diez minutos del treinta de agosto del dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto del defensor público federal Jorge Armando Holder Jiménez.
- Principal
Mesa III-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito original señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que la firma que aparece al calce, difiere notoriamente de la estampada en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con la Jurisprudencia número 19, consultable en la página 84, Segunda Parte, del Informe de 1989, que aparece bajo el rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE PROCEDA ", y a fin de no retrasar la impartición de justicia en contravención al párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona al actuario adscrito para que se haga presente el viernes veintiocho de julio de dos mil diecisiete en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", ubicado en Mengolí de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca y en diligencia relativa requiérase al promovente para que manifieste si reconoce como suya la firma estampada en el ocurso de cuenta. En el entendido que la salida y regreso del actuario deberá ser en el mismo día que se le comisiona; lo anterior, sin que haya lugar a informarlo al Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración que mediante oficio 16/2017 suscrito por el titular de este órgano jurisdiccional, se comunicó la autorización de la salida de los actuarios, para que realicen las notificaciones ordenadas en el referido centro federal de reclusión. Notifíquese.
- Principal
Mesa III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el telegrama de la citada autoridad, por medio del cual, informa que acata la suspensión de plano; en atención a su contenido, téngasele informando lo anterior. Notifíquese.
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