Reyes Cabrera García

Expediente 879/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
879/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Reyes Cabrera García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Del estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que el juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, rinda su informe justificado. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de enero de dos mil veinte. Notifíquese."

  2. Principal

    MESA V-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese la promoción señalada en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Fiscal Federal adscrito a este órgano de control constitucional formulando sus alegatos en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo estatuido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo prescrito por el dispositivo 2 de la ley de la materia expídasele en su oportunidad copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio de amparo. Notifíquese."

  3. Principal

    MESA V-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual, la defensora pública del quejoso ***** desahoga la prevención efectuada en proveído de uno de octubre del año en curso, en el que precisa que el acto que reclama al juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, es la omisión de dar contestación a su escrito suscrito el veintiséis de abril de dos mil diecinueve; por tanto, se provee en relación a la admisibilidad de la demanda de amparo promovida por el citado impetrante. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Reyes Cabrera García contra la autoridad y acto precisados en párrafo que antecede. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Rodrigo Rodríguez Ibarra, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que la defensora pública Cinthia Rubí López Cruz no ha acreditado ante este órgano jurisdiccional que practicó visita carcelaria al quejoso Reyes Cabrera García a fin de brindarle asesoría jurídica para la tramitación de este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al jefe del Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, remita copia certificada de la constancia que acredite que la defensora citada en párrafo que antecede, compareció en el centro de reclusión donde se encuentra interno el impetrante de amparo, con el objeto de practicar la visita carcelaria que se le encomendó en este asunto. Apercíbase que de no hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizar la conducta sancionada. Con independencia de lo anterior, como se encuentra ordenado en proveído de uno de octubre del año en curso, por conducto de la actuaria adscrita, se ordena notificar personalmente a la defensora pública Cinthia Rubí López Cruz en las oficinas centrales de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, todo lo actuado en este asunto, a fin que pueda ejercer su derecho de defensa. Hágase del conocimiento a la defensora que cuenta con el plazo de cinco días para cumplir con la prevención formulada al quejoso en acuerdo de uno de octubre del actual, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en los términos ahí indicados. Notifíquese personalmente a la defensora pública designada al quejoso...INSERCIÓN:..."...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que ya se cuenta con la constancia de notificación relativa al acuerdo emitido el pasado dieciséis de octubre, realizada al director del Centro de Reinserción Social "1", ubicado en Santa María Ixcotel, Oaxaca, en el que se le insta para que permita el ingreso de la defensora **************** a fin que pueda entrevistarse con el impetrante Reyes Cabrera García y le brinde los mecanismos necesarios para procurar su integridad, asimismo, para que actúe conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Amparo. Por tanto, como se encuentra precisado en el citado proveído, remítase copia simple de la constancia de notificación al jefe del Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que proceda a instruir a la defensora designada se entreviste con el quejoso y le brinde la asesoría jurídica para la tramitación de este juicio de amparo, lo cual, como se indicó en determinación de nueve de octubre del año en curso, deberá acreditarlo ante este órgano jurisdiccional. Notifíquese...INSERCIÓN:... "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene al jefe del Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, informando que designó a la defensora pública ******************** para que asesore jurídicamente al quejoso ********************durante la tramitación de este juicio de amparo. En atención a su solicitud, se ordena enviar oficio al director del Centro de Reinserción Social 1, en Santa María Ixcotel, Oaxaca, para que permita el ingreso de la citada defensora -las veces que sean necesarias- a fin que pueda realizar la entrevista al impetrante ********************[por encontrarse ahí interno], debiendo brindar los mecanismos necesarios para procurar la integridad de aquélla; asimismo, para que actúe conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, proporcionar un lugar adecuado para poder efectuar la diligencia de mérito, la cual podrá ser privada y facilitar sin limitación el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su labor, absteniéndose de revisar el contenido de los documentos que se introdujeren o retirasen. Una vez que se cuente con la constancia respectiva de la notificación realizada a la autoridad penitenciaria, hágase del conocimiento al jefe del Departamento de Amparos y Litigio Estratégico de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Notifíquese...INSERCIÓN:...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la diligencia de notificación efectuada al quejoso el dos de octubre del año en curso, se advierte que el quejoso manifestó que "no es su deseo ser asistido por un defensor"; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo dictado el pasado uno de octubre y se ordena nombrar al impetrante un asesor de oficio para que lo asista en este asunto, tal como lo indica la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Por tanto, tomando en consideración que el quejoso refiere en su escrito inicial que se le instruye proceso en una causa penal del fuero común -con copia simple de la demanda de amparo y copia autorizada del proveído de uno de octubre del actual- envíese oficio al jefe del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de veinticuatro horas, siguiente a la notificación que se realice, designe un defensor público o asesor jurídico, para que asuma la defensa del impetrante Reyes Cabrera García, apercibiéndolo que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizar la conducta sancionada. Hágase del conocimiento al jefe del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, que no será necesario requerir al quejoso para el consentimiento del defensor o asesor que se le llegue a designar, ello atendiendo a la condición en que se encuentra y en aras de una defensa adecuada. Lo anterior es así, porque la exigencia de garantizar el real acceso a un estudio de fondo en el juicio de amparo, se acentúa en personas que se encuentran en una desventaja social, como las que están privadas de la libertad personal de manera provisional (porque están sujetas a un procedimiento de índole penal) y/o de forma definitiva (porque están compurgando pena privativa). En esa tesitura, la circunstancia de que la persona que promueve el juicio de amparo se encuentre privada de la libertad (de forma temporal o de manera definitiva), acentúa la "necesidad" de que la autoridad de amparo lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar al quejoso el respeto al derecho fundamental de una adecuada defensa. Es por ello que cuando se advierta que el quejoso privado de la libertad, no hubiese designado abogado que lo represente y asesore, con fundamento en los artículos 1º y 14 constitucionales, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juzgador de amparo debe designarle un defensor público para que, más allá de que lo pueda representar, emprenda lo conducente para evitar dejar a la persona en estado de indefensión frente a actos que, a decir del solicitante de amparo, infringen derechos humanos en su perjuicio. En este caso particular, la medida que se comenta, es decir, la designación de un defensor de oficio que represente y asesore al quejoso se torna necesaria, porque si bien el promovente al estar privado de su libertad puede presentar sus promociones relacionadas con el juicio de amparo, también lo es que no puede presentarlas a su voluntad, sino que depende de las autoridades carcelarias. De ahí que, se insiste, el quejoso debe contar con un defensor público, con el objeto de que lo represente y le brinde la asesoría jurídica que resulte pertinente y de esta manera, sea respetado su derecho humano de contar con un recurso judicial efectivo, sin que sea necesario el consentimiento por parte de aquél. Además, lo anterior acorde con la dualidad que tiene el juicio de amparo, en tanto que por un lado representa la vía procesal para acceder al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, y por otro, constituye, como garantía, también que el derecho o derechos humanos en juego sean reparados, en el supuesto de que se demuestre que han sido vulnerados. Situación que, en el caso, permite privilegiar la circunstancia procesal de que el quejoso cuente con un defensor público, en respeto al derecho humano ya señalado, puesto que ello permitirá que puedan llevar a cabo una defensa adecuada y, eventualmente, puedan acreditar, desde lo jurídico, la inconstitucionalidad del acto reclamado y lograr colocarlo en el estado donde se defina, de ser el caso, si ese acto infringe o no derechos humanos en su perjuicio. En razón de lo expuesto, se requiere al jefe del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que instruya al defensor público o asesor jurídico que designe, a fin que practique la visita carcelaria al quejoso Reyes Cabrera García en su centro de reclusión, para lo cual, deberá acreditar tal circunstancia ante este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de internamiento...INSERCIÓN:...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 879/2019. Prevención. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, se advierten irregularidades que requieren ser aclaradas, pues conforme al citado precepto 114, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal debe expresar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, el nombre y domicilio del quejoso, el que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, se cite el acto que de cada autoridad se reclame, es decir, es necesario que de forma clara señale qué actos se atribuyen a cada una de las autoridades designadas como responsables, la fecha de conocimiento de éste y se narre bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En primer término, de la lectura de la demanda se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: "IV. ACTO QUE SE RECLAMA: le reclamo a la responsable la inactividad procesal dentro de la causa penal 38/2013 de su índice." Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, el quejoso alude, bajo protesta de decir verdad, que el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, ha sido omiso en acordar diversos escritos que ha enviado relativos al dictamen ginecológico, los cuales ya obran en los autos de la causa penal que se encuentra instruida en su contra. De lo antes transcrito, se advierte que el quejoso atribuye diversos actos a la autoridad judicial responsable, pues por una parte controvierte de manera genérica una inactividad procesal en la causa penal y por la otra omisión de acordar diversos escritos. Lo que conlleva a una incertidumbre jurídica para fijar la litis en este asunto y proveer lo que en derecho corresponda. En consecuencia, se requiere al inconforme para que, dentro del plazo de cinco días cumpla con los requisitos previstos por el ordinal 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberá realizar lo siguiente: Especifique qué concretos actos le atribuye a la autoridad que señaló como responsable. Para el caso que reclame la omisión de acordar diversos escritos, deberá proporcionar mayores datos de identificación, tales como la fecha en que los suscribió o fueron presentados ante la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, quinta época, cuyo título y texto es: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA. No debe el juez desecharla de plano, sino mandar que sea aclarada en los términos de la ley." Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, se tendrá por no presentada la demanda en términos del penúltimo párrafo del precepto 114 de la ley de la materia. En el entendido que el plazo de cinco días que se concede para cumplir con la prevención formulada, comenzará a computarse una vez que se notifique personalmente todo lo actuado en este asunto al asesor o defensor público que se llegue a designar para que lo represente y pueda ejercer su derecho de defensa. Notificaciones. En razón que el promovente se encuentra privado de su libertad, se ordena notificar este acuerdo en el centro de reclusión donde se encuentra recluido. Tomando en consideración que del escrito de demanda de amparo, no se advierte que el quejoso cuente con asistencia jurídica; por tanto, se previene a éste para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea que lo designe en la diligencia de notificación de esta determinación o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos la respectiva notificación; bajo el apercibimiento que de no ser su deseo o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Sirve de sustento, la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

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