Reyes Ortiz Martinez

Expediente 197/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
197/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Reyes Ortiz Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, por medio del cual designa autorizados para recibir documentos, así como notificaciones e imponerse de autos. Ahora bien, en relación con el señalamiento de autorizados que realizan Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán, debe decirse que de conformidad con el artículo 9° de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos. En ese sentido, atendiendo a la literalidad de dicho artículo, se tienen como delegados en términos del referido artículo 9° de la Ley de Amparo, a las referidas personas. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Transfiérase el presente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-197/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofrecieron pruebas. Al respecto el juez acuerda: Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán; y, 3. Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán. Acto reclamado: "a).- A todas ellas les reclamamos la ilegal invasión de nuestra casa sin autorización judicial y la inminente detención ilegal de nuestras personas sin orden judicial y sin existir ninguna comisión de delito, con el único propósito de privarnos de nuestra libertad ilegalmente y eventualmente la aplicación en nuestra contra de las penas contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo [.]". Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables; y se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: "a).- A todas ellas les reclamamos la ilegal invasión de nuestra casa sin autorización judicial y la inminente detención ilegal de nuestras personas sin orden judicial y sin existir ninguna comisión de delito, con el único propósito de privarnos de nuestra libertad ilegalmente y eventualmente la aplicación en nuestra contra de las penas contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo [.]". Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir sus informes justificados las autoridades responsables, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Determinación que se hace extensiva respecto del Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán, pues pese a que no obre su informe justificado, se advierte que la misma tiene el carácter de autoridad ejecutora, calidad con la cual no puede materializar actos inexistentes; sin que los actos que se le atribuyen se hayan reclamado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JRRG/JMG/Jjona 2023. Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo". Sección de Amparo. Juicio de Amparo Indirecto 197/2023. Oficio.5736. Agente del Ministerio Publico adscrita la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Sección Tarímbaro. Oficio.5737. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán. Oficio.5738. Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán. Tarímbaro, Michoacán. Dentro de los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto ********************, que promueven ********************y********************, se dictó un auto que a la letra expresa: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-197/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofrecieron pruebas. Al respecto el juez acuerda: Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán; y, 3. Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán. Acto reclamado: "a).- A todas ellas les reclamamos la ilegal invasión de nuestra casa sin autorización judicial y la inminente detención ilegal de nuestras personas sin orden judicial y sin existir ninguna comisión de delito, con el único propósito de privarnos de nuestra libertad ilegalmente y eventualmente la aplicación en nuestra contra de las penas contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo [.]". Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables; y se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: "a).- A todas ellas les reclamamos la ilegal invasión de nuestra casa sin autorización judicial y la inminente detención ilegal de nuestras personas sin orden judicial y sin existir ninguna comisión de delito, con el único propósito de privarnos de nuestra libertad ilegalmente y eventualmente la aplicación en nuestra contra de las penas contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo [.]". Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir sus informes justificados las autoridades responsables, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Determinación que se hace extensiva respecto del Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán, pues pese a que no obre su informe justificado, se advierte que la misma tiene el carácter de autoridad ejecutora, calidad con la cual no puede materializar actos inexistentes; sin que los actos que se le atribuyen se hayan reclamado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. Lo que transcribo a Usted para su conocimiento y efectos que se indican. Morelia, Michoacán, 27 de Marzo de 2023 A T E N T A M E N T E: El Secretario Del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado. Licenciado Javier Morales Guzmán (Firmado Electrónicamente) AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo I-197/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofrecieron pruebas. Al respecto el juez acuerda: Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: En términos de lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; 2. Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán; y, 3. Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán. Acto reclamado: "a).- A todas ellas les reclamamos la ilegal invasión de nuestra casa sin autorización judicial y la inminente detención ilegal de nuestras personas sin orden judicial y sin existir ninguna comisión de delito, con el único propósito de privarnos de nuestra libertad ilegalmente y eventualmente la aplicación en nuestra contra de las penas contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo [.]". Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidieron los informes justificados a las autoridades responsables; y se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues la parte quejosa reclama actos positivos atribuidos a autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 192097, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al precepto y la jurisprudencia referidos, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: "a).- A todas ellas les reclamamos la ilegal invasión de nuestra casa sin autorización judicial y la inminente detención ilegal de nuestras personas sin orden judicial y sin existir ninguna comisión de delito, con el único propósito de privarnos de nuestra libertad ilegalmente y eventualmente la aplicación en nuestra contra de las penas contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15 de la Ley de Amparo [.]". Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al momento de rendir sus informes justificados las autoridades responsables, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el presente juicio de amparo. Determinación que se hace extensiva respecto del Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, Destacamentado en Tarímbaro, Michoacán, pues pese a que no obre su informe justificado, se advierte que la misma tiene el carácter de autoridad ejecutora, calidad con la cual no puede materializar actos inexistentes; sin que los actos que se le atribuyen se hayan reclamado por vicios propios. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************, por inexistencia de los actos reclamados en términos de la consideración tercera de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las doce horas con diez minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 197/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa Reyes Ortiz Martínez y Stephane Janett Ortíz Valadez, señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tarímbaro, Michoacán; 2. Director de la Policía Municipal de Tarímbaro, Michoacán; y, 3. Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, destacamentado en Tarímbaro, Michoacán. Acto reclamado: Orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización, presentación, citación y/o entrevista Segunda. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador de Tarímbaro, Michoacán y Director de la Policía Municipal de Tarímbaro, Michoacán, al momento de rendir sus informes previos manifestaron que no son ciertos los actos que se le reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto precisado con anterioridad reclamado a las autoridades responsables, por falta de materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia publicada en la página ciento treinta y tres, tomo ll, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable Jefe de la Unidad de Prevención del Delito, destacamiento en Tarímbaro, Michoacán, pues pese a que no rindió su informe previo, la autoridad ministerial ordenadora negó la existencia de los actos reclamados y está en su carácter de ejecutora no puede materializar actos inexistentes; máxime, que no se reclaman por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve Único. Se niega a Reyes Ortiz Martínez y Stephane Janett Ortíz Valadez la suspensión definitiva solicitada en términos de la consideración segunda de la presente interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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