René Vicent Gallegos

Expediente 623/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
623/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • René Vicent Gallegos
  • Procurador General de Justicia del Estado de Michóacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho se sobreseyó en el presente juicio, y de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las constancias que allegó al presente juicio, por ser innecesaria su permanencia en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad correspondiente. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 623/2018, promovido por René Vicent Gallegos, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil dieciocho [foja 2-32], en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, René Vicent Gallegos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 623/2018 y en proveído de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 43) se determinó que le asistía el carácter de tercero interesado al Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, consiste en: Resolución de doce de junio de dos mil dieciocho, respecto a la queja 13/2018, interpuesta por el autorizado de René Vicent Gallegos, por incumplimiento a la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre de dos mil quince, emitida por la entonces Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del juicio administrativo JA-0460/2014-I. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 41-42). Lo anterior se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la autoridad judicial en cita, consistente en las copias certificadas del juicio administrativo JA-0460/2014-I [constante de un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho (foja 517-531, del tomo de pruebas); de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia se estudiarán preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del numeral transcrito, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos, de tal forma que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, dejando al gobernado como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica, o de haberla irrumpido, no se deje afectación en ella. Es decir, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de lesionar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o bien, al realizar una acción que detiene la omisión violatoria de derechos, por lo que hace ineficaz la concesión del amparo. Es así, pues el artículo 77, de la Ley de Amparo estipula los efectos de la concesión del amparo; serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación (cuando el acto reclamado sea positivo); y, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (cuando el acto reclamado sea negativo o implique una omisión). De modo que si la autoridad responsable hace cesar los efectos del acto reclamado, es evidente que al no existir perjuicio de los derechos de los amparistas, no hay motivo para examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En ese contexto, conviene establecer que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho, que resolvió la queja 13/2018, interpuesta por el autorizado de René Vicent Gallegos, por incumplimiento a la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre de dos mil quince, emitida por la entonces Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dentro del juicio administrativo JA-0460/2014-I. Por otro lado, mediante oficio TJA/SGA/DG/2373/2018 de dos de octubre del año en curso y presentado en este órgano jurisdiccional al día siguiente, el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, informó que dentro del juicio administrativo JA-0460/2014-I, dictó el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la Primera Sala Administrativa Ordinaria del mencionado Tribunal, declaró cumplida la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil quince. A dicho oficio adjuntó, entre otras, copias certificadas de las constancias siguientes: a) Escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por René Vicent Gallegos, mediante el cual manifestó al Tribunal responsable, que se daba por pagado de todas y cada una de las prestaciones económicas a que fueron condenadas las demandadas y/o cualquier otra exigible a la Procuraduría General de Justicia del Estado y/o Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y/o el Gobierno del Estado de Michoacán, en sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro del juicio administrativo JA-460/2014-I. Asimismo, manifestó que en esa misma data recibió a satisfacción el cheque número 0000045, girado por BBVA BANCOMER, S.A., de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. b) Comparecencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual René Vicent Gallegos, ratificó el escrito mencionado en el inciso anterior. c) Proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el que la Secretaria General de Acuerdos en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, con base tanto en el escrito de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, como en la comparecencia de esa misma data, declaró cumplida la sentencia de Sala dentro del juicio de origen. Sobre esas premisas, este Juzgado Federal considera que la resolución reclamada en el presente juicio de amparo, quedó totalmente sin efectos al haberse declarado cumplida la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil quince; y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa, pues dejó de lesionarse la esfera jurídica de los quejosos, lo que haría ineficaz la concesión del amparo. En consecuencia, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de dicha ley, respecto del acto y autoridad materia del juicio. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que se hubieren tomado en consideración constancias remitidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo que se resuelve [las remitidas por el Delegado del Tribunal responsable el tres octubre del año en curso], pues las mismas tienen valor probatorio pleno y sirven para demostrar el motivo de sobreseimiento invocado en esta sentencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, registro 2000902, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Finalmente, no se analizará la causa de improcedencia hecha valer por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia en estudio, sería ocioso analizarla, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por René Vicent Gallegos, por su propio derecho, contra el acto reclamado y autoridad responsable que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta fallo y por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA RENE VICENT GALLEGOS por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que el veintitrés de julio del año en curso, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por René Vincent Gallegos, por propio derecho, en contra de la autoridad y respecto del acto siguientes: Autoridades responsables: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La resolución dictada el doce de junio de dos mil dieciocho dentro de la queja 0013/2018-II, que declaró infundada la queja contra el incumplimiento de sentencia dictada dentro del juicio administrativo JA-0460/2014-I. Ahora bien, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, manifestó que sí eran ciertos los actos reclamados precisados con inmediata antelación, toda vez que el doce de junio del año en curso, el Pleno de dicho Tribunal dictó resolución definitiva dentro de la queja 0013/2018, interpuesta por René Vincent Gallegos, por omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dentro del juicio JA-0460/2014-I. Circunstancia que se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable; sin embargo, de las constancias remitidas por el Delegado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se declaró cumplida la sentencia de sala dictada dentro del juicio JA-0460/2014-I, en virtud de que mediante acta de comparecencia de veintisiete de septiembre pasado, el aquí quejoso René Vincent Gallegos, manifestó su conformidad y consentimiento con el cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio de origen, dándose por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretensiones obtenidas en dicha sentencia. En el caso, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo que, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de su derecho violado, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución dictada el doce de junio de dos mil dieciocho dentro de la queja 0013/2018-II, que declaró infundada la queja contra el incumplimiento de sentencia dictada dentro del juicio administrativo JA-0460/2014-I; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto toda vez que de veintiocho de septiembre del año en curso, se declaró cumplida la sentencia de sala dictada dentro del juicio JA-0460/2014-I, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material los efectos de los mismos y restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la pate quejosa como si se le hubiera concedido la protección constitucional. En esas condiciones, resulta claro que los actos aquí reclamados han cesado en sus efectos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados a las autoridades responsables. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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