Reyes Huerta Ortega y Otros.

Expediente 1748/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1748/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Reyes Huerta Ortega y Otros.
  • Jesús Huerta Ortega y Otros.
  • Reyes Huerta Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental respectivo y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace saber a las partes que el incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 17, fracción III, inciso b) del referido Acuerdo General, pues en el caso se concedió la suspensión definitiva. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del expediente relativo a los medios preparatorios a juicio mercantil de pago de daños y perjuicios ********************, del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla,, misma que obra por cuerda separada del presente juicio de amparo identificada como cuaderno auxiliar I y II. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgaron a la parte quejosa para que exhibiera la garantía que se le fijó en la resolución interlocutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la medida de suspensión decretada en la resolución interlocutoria antes mencionada; por consiguiente, hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Décima Época Registro digital: 2008029 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.47 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Tipo: Aislada Página: 3040 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible". De igual forma, tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro digital: 170577 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.31 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Tipo: Aislada Página: 1823 SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad". Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Queja fundada Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual comunica la ejecutoria pronunciada el trece de abril de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja Q-348/2022, de la que se desprende que el citado Tribunal Colegiado resolvió: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el expediente de amparo indirecto 1748/2022. " Acuse de recibo En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; acúsese el recibo de la ejecutoria de mérito, mediante oficio vía electrónica. Procedencia de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Reyes Huerta Ortega y Jesús Huerta Ortega, por conducto de su apoderado legal José Raúl Manzano Jiménez, en contra de los actos del Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la misma. Incidente de suspensión Con una copia de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley Amparo, y con apoyo en el diverso 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Solicitud de informe justificado; correo oficial del juzgado y solicitud de correo electrónico oficial a las autoridades. Con apoyo en el artículo 117 de la citada ley, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación para que se permita su conocimiento a las partes, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, debiendo exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercíbase a las autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. OPC. Convenio de interconexión. FIREL. En caso que la autoridad responsable tenga signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitir el informe a través de dicho sistema, en términos de los artículos 72 Bis y 72 Ter del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá remitir a través de dicho sistema su informe justificado respectivo. Con igual fundamento, hágasele saber a las autoridades que podrá rendir su informe vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la FIREL o e.firma (FIEL). En el entendido, de que de remitirlo sistema de interconexión o a través del portal aludido, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria, en caso de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese a las partes para que señalen números telefónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en el artículo 263, fracción II del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Prevención a las partes sobre causas de sobreseimiento De conformidad con los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. Audiencia constitucional Conforme a lo previsto en el artículo 115 de la ley de la materia, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, de conformidad con la normatividad aplicable. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la parte quejosa, las documentales que acompaña a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero interesado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen como tercero interesado a ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, emplácese al tercero interesado antes precisado en el domicilio señalado por la parte quejosa, ubicado en:********************, por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado, debiendo entregarle copia de la demanda de amparo y copia autorizada del auto admisorio para el traslado correspondiente; así como, le haga saber el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, el derecho que tiene de apersonarse al juicio si a su interés conviene y requiera al referido tercero interesado para que dentro del término de tres días señale domicilio en esta ciudad o en la ciudad de Puebla, Puebla, para recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se le practicarán por lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. De igual forma, con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de tal diligencia. Vista a la Fiscal Ejecutiva Asistente adscrita a este juzgado En términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción IV y 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple de la demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado, a efecto de darle la intervención que por derecho le corresponde en el presente asunto. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Notifíquese; y, emplácese a la parte tercera interesada por conducto del actuario adscrito. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Tramitación del incidente de suspensión. Como está ordenado en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1748/2022, promovido por Reyes Huerta Ortega y Jesús Huerta Ortega, por conducto de su apoderado legal José Raúl Manzano Jiménez, en contra de los actos del Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Requerimiento de informe. Con fundamento en los artículos 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, debiendo precisar lo siguiente: Concretar a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan. Expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de resolver la suspensión definitiva en términos del artículo 140 de la ley de la materia. OPC. Convenio de interconexión. FIREL. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que, con fundamento en el acuerdo general 21/2020 precitado podrán presentar físicamente su informe previo respectivo a través de la Oficialía de Partes Común del bloque al que pertenece este órgano jurisdiccional, en los términos indicados en el artículo 12 del acuerdo de mérito. Asimismo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitir el informe aludido a través de dicho sistema, en términos de los artículos 21 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con igual fundamento, hágasele saber a las autoridades que podrá rendir su informe vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la FIREL o e.firma (FIEL). En el entendido, de que de remitirlo sistema de interconexión o a través del portal aludido, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria, en caso de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Audiencia incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado. De la lectura integra de la demanda, se advierte que Reyes Huerta Ortega y Jesús Huerta Ortega, por conducto de su apoderado legal José Raúl Manzano Jiménez, reclama del Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla: El auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, en el que se desecharon por notoriamente improcedentes los incidentes de derecho de oposición interpuestos por los hoy quejosos. Efectos por los que se solicita la medida cautelar. Los efectos para los cuales solicita la medida cautelar es para efecto de que no se realicen actos tendentes al desahogo de la audiencia para la entrega de la información solicitada dentro de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Cabe resaltar que los efectos solicitados se estima que son acordes al acto reclamado, se hace la precisión pues el juzgador puede ocuparse de efectos distintos a los solicitados por el quejoso, lo que no implica que puedan introducirse a la litis (por virtud de la suspensión) actos nuevos y distintos de los reclamados en el juicios; esto ya que la materia de la suspensión siempre queda acotada a los actos cuya inconstitucionalidad se plantea en el juicio; por ende al pronunciarse sobre la suspensión, el juzgado no podrá introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo, pero sí puede modificar los efectos para los cuales otorga la medida. Por tanto, se proveerá solamente en relación a tal efecto, y se aplica al caso la tesis de jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro digital: 2019200 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias: Constitucional Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) Página 14 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Requisitos de la suspensión provisional solicitada. Respecto de los efectos por los cuales la parte quejosa solicitó la medida cautelar precisados anteriormente, se verificará si se satisfacen los requisitos para que se decrete la suspensión en términos de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, esto es: Que la solicite el agraviado. Donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie, se considera colmado este requisito, en virtud de que Reyes Huerta Ortega y Jesús Huerta Ortega, por conducto de su apoderado legal José Raúl Manzano Jiménez, acreditan indiciariamente el interés suspensional en virtud de que son quienes promovieron los incidentes de oposición dentro de los referidos medios preparatorios. Por tanto, al ser parte dentro del mismo, su interés suspensional se encuentra satisfecho. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive de un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública y por otra parte, al conceder la suspensión se contravienen disposiciones de orden público cuando éstas tutelen los derechos de la colectividad que tiendan a evitar un mal general o busquen satisfacer una necesidad pública y, en estos supuestos, se deben examinar los diversos grados de afectación que cause al interés de la sociedad el otorgamiento de la medida cautelar en relación con los daños y perjuicios que puede sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. En el presente asunto, no se contravienen disposiciones de orden público, ni de concederse se actuaría contrario al interés social, dado que solo se reclaman actos que afectan a los involucrados en el procedimiento de origen y en específico a la parte quejosa al aducir que se pretende desahogar la audiencia para la entrega de la información solicitada dentro de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Asimismo, el acto reclamado, no se encuentra dentro de las hipótesis que prevé el artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se señalan una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará una afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. III. Ponderación, simultáneamente, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Debe decirse que, además de los requisitos previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el estudio que realice el juzgador para otorgar la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, no puede limitarse a esos aspectos de manera aislada, sino que se deberá atender, a lo previsto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, referente al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa; al enunciar la posibilidad de que se causen perjuicios a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, conforme a una interpretación sistemática de la ley, el aspecto relativo al perjuicio que pueda parar la parte quejosa la ejecución del acto, siempre se encuentra vinculado al estudio que debe emprender el juzgador para fijar la procedencia de la suspensión. En el caso, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro a la demora, con los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, con la ejecución del acto reclamado se ocasionarían perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, ya que traería como consecuencia que se celebrara la audiencia señalada para la entrega de la información solicitada dentro de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Registro: 2010818 Instancia: Plenos de Circuito Tipo: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: IV, Enero de 2016 Materia(s): Común Jurisprudencia: PC.III.C.J/7 k (10a.) Página: 2658 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso." Concesión de la suspensión provisional De conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a los quejosos Reyes Huerta Ortega y Jesús Huerta Ortega, por conducto de su apoderado legal José Raúl Manzano Jiménez, para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado en que se encuentran, no se desahogue la audiencia señalada para la entrega de la información solicitada dentro de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y no se dicte resolución que le ponga fin a dicho procedimiento preparatorio. Lo anterior, hasta en tanto tenga notificación de la resolución que se emita de manera definitiva en este incidente de suspensión. En la inteligencia de que si a la fecha de presentación de la demanda de amparo ya se realizaron actos tendentes al desahogo de la audiencia para la entrega de la información solicitada dentro de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, la medida suspensional no surtirá efecto legal ni material alguno. En el entendido que la presente medida suspensional únicamente surtirá efectos respecto de la autoridad señalada como responsable y del acto reclamado que derive de los medios preparatorios a juicio 484/2022 del índice del Juzgado Octavo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla. ...

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