Rey Jorge Ladron De Guevara Martínez
Expediente 1457/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1457/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Rey Jorge Ladron De Guevara Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo y acusa el recibo correspondiente. En consecuencia, se tiene a la citada autoridad acusando recibo e informando a este órgano jurisdiccional que se admite el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número********************. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito signado por ***, por medio del cual interpone recurso de queja y formula agravios en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el que este juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo propuesta. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b; 98, inciso a, 99 y 101, de la Ley de Amparo, y con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta CJF/CAP/DGGJ/STG/1300/2023 de tres de abril de dos mil veintitrés remítase el informe materia de la queja y el escrito de expresión de agravios, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, para la substanciación del citado recurso. Sin que haya lugar a mandar copia certificada del presente sumario, en virtud de lo estipulado en los dispositivos normativos antes citados. En el entendido que el expediente electrónico quedará a disposición en el momento que se haga saber el número de expediente relativo al recurso de mérito. En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Sin que se de vista a las partes, en términos del primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que al haberse desechado la demanda propuesta, las partes no fueron llamadas a juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta suscrito por Rey Jorge Ladrón de Guevara ********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en tal virtud, se provee: Procedencia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio Vista la demanda de amparo promovida por Rey Jorge Ladrón de Guevara ********************, en contra de los actos del Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; se provee: Previo a proveer lo conducente, atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se precisa que la parte quejosa señala como acto reclamado, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el siguiente: La interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por ********************, a través de su apoderado legal ********************, contra el quejoso Rey Jorge Ladrón de Guevara ********************, que revocó el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de veinticinco de mayo de ese año, en el que al haberse aprobado la liquidación de sentencia decretó la adjudicación directa a favor de la actora, respecto del inmueble embargado en autos. "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Desechamiento de la demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo Respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por ********************, a través de su apoderado legal ********************, contra el quejoso Rey Jorge Ladrón de Guevara ********************, que revocó el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, el cual no admitió el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de veinticinco de mayo de ese año, en el que al haberse aprobado la liquidación de sentencia decretó la adjudicación directa a favor de la actora, respecto del inmueble embargado en autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De la lectura, del numeral transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera que, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, específicamente en el caso que se analiza, cuando se afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo. En el caso a estudio, se desprende que el acto reclamado antes citado, es ajeno a la hipótesis consistente a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que en los mismos, en forma alguna se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, se ordena el archivo definitivo del expediente, sino que únicamente nos encontramos frente a un auto emitido en la etapa de ejecución de sentencia cuyo objeto es dar cumplimiento a la sentencia definitiva. A mayor abundamiento, la parte quejosa en el escrito de demanda y aclaratorio afirmó que el juicio del cual emana el acto reclamado actualmente se encuentra en ejecución de sentencia. Por lo tanto, es claro que el procedimiento que se sigue en el juicio de origen incluyendo el auto combatido, se encuentra encaminado a lograr el debido cumplimiento de la sentencia definitiva, sin que en forma alguna constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo que hace improcedente la tramitación del juicio de amparo en su contra; más aún que tal determinación no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte promovente. Sin que en el caso nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que la parte promovente no es tercera extraña al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen y por otro lado se advierte que los actos combatidos van encaminados al trámite de ejecución de sentencia. En ese sentido, los actos reclamados devienen improcedentes pues su fin es lograr cumplir con lo sentenciado y sin que en el caso, como se indicó, nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que la parte promovente no es tercera extraña al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen y por otro lado se advierte que los actos combatidos van encaminados al trámite de ejecución de sentencia. Por lo que dicho acto no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de no cumplirse de forma material, se continuarán ejecutando diversas diligencias a efecto de lograr el cabal cumplimiento de lo resuelto, esto es, los citados actos constituyen una resolución intermedia en contra de la cual es improcedente esta vía biinstancial. Lo anterior es así, dado que los actos reclamados del impetrante, se encuentran comprendidos dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo ejecutivo, tal y como se aprecia de la lectura del citado numeral 107 de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el aludido juicio de origen, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 196894 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. VIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 230 Tipo: Aislada RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Igualmente, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 163652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XIX.1o.P.T.3 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." En este orden de ideas, se considera se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, pues de un análisis de los citados numerales se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones intermedias de un procedimiento que se encuentre en etapa de ejecución como lo es el acto reclamado que se estudia, pues sólo es procedente el juicio constitucional en contra de la última resolución dictada en el mismo, y es hasta ese momento que se pueden combatir las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis "Registro digital: 199576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XV.2o.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 420 Tipo: Aislada AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE SENTENCIA. QUE DEBE ENTENDERSE POR ÚLTIMA RESOLUCION, EN TERMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCION III, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuándo se está ante la "última resolución", dictada en la etapa ejecutiva, se debe de acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la Protección Constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza a concluir que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo." Desechamiento En consecuencia, al tener por actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XXI y XXII, ésta última en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto del acto reclamado precisado en párrafos que anteceden. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, ********************, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. V I S T O el estado de los autos, este juzgado debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. ... Fecha de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. ...
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