Reyes Cedillo Luna
Expediente 1353/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Reyes Cedillo Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1353/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el uno de octubre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1353/2017-III, promovido por REYES CEDILLO LUNA y otros; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este Juzgado de Distrito, REYES CEDILLO LUNA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otras autoridades (foja 2 a 37). SEGUNDO. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se radicó, se emitió auto de prevención (fojas 38 a 41), y se requirió al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para el efecto de que informara a este juzgado el estado procesal que guardaba la solicitud de pensión por viudez solicitada por el promovente de amparo. Una vez subsanada la prevención, por auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 109 a 112). Mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se promovió ampliación de la demanda de amparo (fojas 158 a 192), misma que fue desechada por auto de veinticinco de octubre del mismo año (fojas 193 a 196). Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja (fojas 261 a 393); dicho medio de impugnación fue radicado con el número 54/2018, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimoctavo Circuito, quien, en nueve de agosto de dos mil dieciocho lo resolvió, declarando infundada la queja promovida. En razón de lo anterior, el veinte de agosto de dos mil dieciocho se ordenó la reanudación del procedimiento y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En consecuencia, en términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir, precisa que lo que la parte quejosa reclama es: Del Director General de Recursos Humanos; Oficial Mayor de Recursos Humanos y del Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, el oficio 1530/07-2017, de veintisiete de julio de dos mil diecisiete. La inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, en aplicación del artículo 1530/2017, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, el proceso legislativo de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23,24,35,38,39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las bases generales para la expedición de pensiones de los servidores públicos de los Municipios del Estado de Morelos. TERCERO.INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Oficial Mayor de Recursos Humanos y del Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa, hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En tal virtud, este órgano jurisdiccional carece de materia para hacer un pronunciamiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad por lo que se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a dichas autoridades y el acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES" CUARTO.- CERTEZA DEL ACTO. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, consistentes en el proceso legislativo, en el respectivo ámbito de competencia, de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." También es cierto el acto reclamado al Director General de Recursos Humanos, del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, consistente en la expedición del oficio 1530/07-2017, de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, lo anterior se considera así, pues no obstante que al momento de rendir su informe justificado haya negado la existencia del acto reclamado, su existencia se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente OM/DGRH-V/021/2017, que remitió con su informe justificado (fojas 47 a 104 y 145 a 152), en las que obra el oficio 1530/07-2017 que en esta instancia se reclama. Documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, Ahora bien, las autoridades Municipales señaladas como responsables, así como la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, invocan como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5 de la Ley de Amparo, pues aducen que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no se desarrollan en una relación de supra a subordinación en perjuicio del quejoso, y que en el caso que nos ocupa, se trata de un acto de patrón en un plano transversal, por lo que el quejoso debe de agotar los medios de defensa ordinarios. Es fundada la causal de improcedencia que se invoca, por cuanto hace al acto reclamado al Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, consistente en la expedición del 1530/07-2017. Es verdad, el acto reclamado al tratarse de un conflicto que deriva de una prestación de seguridad social en términos de los artículos 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por constituir una controversia que se suscita en el plano laboral, no puede considerarse tal actuación u omisión de las autoridades señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. De la interpretación sistemática de los ordinales citados, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas en la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir la emisión del oficio 1530/07-2017, que aduce le causa agravio en razón que de su texto se advierte que la autoridad responsable no le otorgó valor jurídico a la documental que para tal efecto exhibió el trece de julio de dos mil diecisiete, para acreditar la dependencia económica con JUANA BOLAÑOS TORRES, y que, considera el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, sin embargo, se advierte que dicho oficio corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad y el aquí quejoso. Ello es así, pues de lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda, se desprende que solicitó al Ayuntamiento de Jiutepec la pensión por viudez como beneficiario de la finada Juana Bolaños Torres, ello derivado de la relación laboral que tuvo dicha persona con el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y de la cual manifiesta ser beneficiario de las prestaciones de la finada, las que surgieron con motivo de la relación de trabajo prestado en la administración pública municipal. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que subyace un vínculo derivado empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa quien aduce ser el beneficiario de la trabajadora fallecida, tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 108 fracción I y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Municipio, y, en el caso, ya que se trata del Municipio de Jiutepec, Morelos, conforme lo prevé el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil en cita, por consiguiente, el acto combatido por el impetrante de amparo, es una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Cabe señalar que la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran justificados. Por tanto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud, máxime que la fecha dicha solicitud de pensión se encuentra resuelta. Ilustra lo anterior, por las razones que informan la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, con registro 2014236, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, se debe de sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado al Director General de Recursos Humanos; Oficial Mayor de Recursos Humanos y del Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Ahora bien, la parte quejosa señaló como primer acto de aplicación de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, que aduce son inconstitucionales, el oficio el oficio 1530/07-2017, emitido por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, pues manifestó que en éste, la autoridad responsable, le requirió acreditar la dependencia económica con la finada JUANA BOLAÑOS TORRES. En consecuencia, al no existir acto de aplicación de los artículos que el quejoso impugna en el presente juicio de amparo, el juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace al acto reclamado que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, así como el proceso legislativo que reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos. Ello es así, en razón que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; motivo por el cual, primero se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto que aterriza la norma impugnada, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; ya que de acontecer así, se sobreseerá en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil, Novena Época, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Por lo tanto, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente (en su calidad de autoridad) ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. Por ende, tomando en consideración que para la procedencia de la acción constitucional intentada en contra de leyes heteroaplicativas, esto es, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación, como acontece en el presente asunto, es necesario que se demuestre la existencia de dicho acto, dado que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías; de ahí que, al no existir el acto concreto en el que se aplicaron las normas tildadas de inconstitucionales (por no haber sido emitido por un ente en calidad de autoridad), el juicio de amparo como ya se precisó, también resulta improcedente en relación a la inconstitucionalidad de las mismas. Se robustece lo expuesto, con la jurisprudencia 65/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos siete, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Por lo tanto, al no existir acto de aplicación de los artículos que el quejoso impugna en el presente juicio de amparo, también se debe de sobreseer el presente juicio por cuanto hace al acto reclamado que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, así como el proceso legislativo que reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos. Sentado lo anterior, al haber sido fundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades señaladas como responsables, se hace innecesario el estudio de las demás causales de improcedencia invocadas, pues en nada practicó llevaría su análisis ser fundada la primer de ellas. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por LUNA REYES CEDILLO, respecto de por cuanto hace a los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Paulo Yair García Meza, Secretario que da fe, hoy primero de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de uno de octubre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1353/2017-III, promovido por REYES CEDILLO LUNA y otros; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este Juzgado de Distrito, REYES CEDILLO LUNA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otras autoridades (foja 2 a 37). SEGUNDO. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, se radicó, se emitió auto de prevención (fojas 38 a 41), y se requirió al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para el efecto de que informara a este juzgado el estado procesal que guardaba la solicitud de pensión por viudez solicitada por el promovente de amparo. Una vez subsanada la prevención, por auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 109 a 112). Mediante escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se promovió ampliación de la demanda de amparo (fojas 158 a 192), misma que fue desechada por auto de veinticinco de octubre del mismo año (fojas 193 a 196). Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja (fojas 261 a 393); dicho medio de impugnación fue radicado con el número 54/2018, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimoctavo Circuito, quien, en nueve de agosto de dos mil dieciocho lo resolvió, declarando infundada la queja promovida. En razón de lo anterior, el veinte de agosto de dos mil dieciocho se ordenó la reanudación del procedimiento y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. En consecuencia, en términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir, precisa que lo que la parte quejosa reclama es: Del Director General de Recursos Humanos; Oficial Mayor de Recursos Humanos y del Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, el oficio 1530/07-2017, de veintisiete de julio de dos mil diecisiete. La inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, en aplicación del artículo 1530/2017, de veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, el proceso legislativo de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23,24,35,38,39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las bases generales para la expedición de pensiones de los servidores públicos de los Municipios del Estado de Morelos. TERCERO.INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Oficial Mayor de Recursos Humanos y del Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa, hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En tal virtud, este órgano jurisdiccional carece de materia para hacer un pronunciamiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad por lo que se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por cuanto hace a dichas autoridades y el acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES" CUARTO.- CERTEZA DEL ACTO. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso; Gobernador; Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, consistentes en el proceso legislativo, en el respectivo ámbito de competencia, de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." También es cierto el acto reclamado al Director General de Recursos Humanos, del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, consistente en la expedición del oficio 1530/07-2017, de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, lo anterior se considera así, pues no obstante que al momento de rendir su informe justificado haya negado la existencia del acto reclamado, su existencia se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente OM/DGRH-V/021/2017, que remitió con su informe justificado (fojas 47 a 104 y 145 a 152), en las que obra el oficio 1530/07-2017 que en esta instancia se reclama. Documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, Ahora bien, las autoridades Municipales señaladas como responsables, así como la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, invocan como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5 de la Ley de Amparo, pues aducen que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no se desarrollan en una relación de supra a subordinación en perjuicio del quejoso, y que en el caso que nos ocupa, se trata de un acto de patrón en un plano transversal, por lo que el quejoso debe de agotar los medios de defensa ordinarios. Es fundada la causal de improcedencia que se invoca, por cuanto hace al acto reclamado al Director General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, consistente en la expedición del 1530/07-2017. Es verdad, el acto reclamado al tratarse de un conflicto que deriva de una prestación de seguridad social en términos de los artículos 64 y 65, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por constituir una controversia que se suscita en el plano laboral, no puede considerarse tal actuación u omisión de las autoridades señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. De la interpretación sistemática de los ordinales citados, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/99 publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máxima intérprete de la ley, a través de diversos criterios, ha definido lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas en la tesis 2a. CCIV/2001, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir la emisión del oficio 1530/07-2017, que aduce le causa agravio en razón que de su texto se advierte que la autoridad responsable no le otorgó valor jurídico a la documental que para tal efecto exhibió el trece de julio de dos mil diecisiete, para acreditar la dependencia económica con JUANA BOLAÑOS TORRES, y que, considera el primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, sin embargo, se advierte que dicho oficio corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad y el aquí quejoso. Ello es así, pues de lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda, se desprende que solicitó al Ayuntamiento de Jiutepec la pensión por viudez como beneficiario de la finada Juana Bolaños Torres, ello derivado de la relación laboral que tuvo dicha persona con el Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y de la cual manifiesta ser beneficiario de las prestaciones de la finada, las que surgieron con motivo de la relación de trabajo prestado en la administración pública municipal. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que subyace un vínculo derivado empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa quien aduce ser el beneficiario de la trabajadora fallecida, tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Al respecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 108 fracción I y 114, establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Municipio, y, en el caso, ya que se trata del Municipio de Jiutepec, Morelos, conforme lo prevé el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil en cita, por consiguiente, el acto combatido por el impetrante de amparo, es una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de garantías; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Cabe señalar que la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran justificados. Por tanto, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud, máxime que la fecha dicha solicitud de pensión se encuentra resuelta. Ilustra lo anterior, por las razones que informan la jurisprudencia del Pleno en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, derivada de la Contradicción de tesis 2/2016, con registro 2014236, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, que dispone: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, se debe de sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado al Director General de Recursos Humanos; Oficial Mayor de Recursos Humanos y del Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Ahora bien, la parte quejosa señaló como primer acto de aplicación de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, que aduce son inconstitucionales, el oficio el oficio 1530/07-2017, emitido por el Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, pues manifestó que en éste, la autoridad responsable, le requirió acreditar la dependencia económica con la finada JUANA BOLAÑOS TORRES. En consecuencia, al no existir acto de aplicación de los artículos que el quejoso impugna en el presente juicio de amparo, el juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace al acto reclamado que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, así como el proceso legislativo que reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos. Ello es así, en razón que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; motivo por el cual, primero se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto que aterriza la norma impugnada, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; ya que de acontecer así, se sobreseerá en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil, Novena Época, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Por lo tanto, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente (en su calidad de autoridad) ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. Por ende, tomando en consideración que para la procedencia de la acción constitucional intentada en contra de leyes heteroaplicativas, esto es, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación, como acontece en el presente asunto, es necesario que se demuestre la existencia de dicho acto, dado que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías; de ahí que, al no existir el acto concreto en el que se aplicaron las normas tildadas de inconstitucionales (por no haber sido emitido por un ente en calidad de autoridad), el juicio de amparo como ya se precisó, también resulta improcedente en relación a la inconstitucionalidad de las mismas. Se robustece lo expuesto, con la jurisprudencia 65/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos siete, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Por lo tanto, al no existir acto de aplicación de los artículos que el quejoso impugna en el presente juicio de amparo, también se debe de sobreseer el presente juicio por cuanto hace al acto reclamado que hizo consistir en la inconstitucionalidad de los artículos de los artículos 57, 65 fracción II, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y, de los artículos 15, fracción II, inciso c), 23, 24, 35, 38, 39, fracción I y 41 del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, así como el proceso legislativo que reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos. Sentado lo anterior, al haber sido fundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades señaladas como responsables, se hace innecesario el estudio de las demás causales de improcedencia invocadas, pues en nada practicó llevaría su análisis ser fundada la primer de ellas. Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por LUNA REYES CEDILLO, respecto de por cuanto hace a los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Paulo Yair García Meza, Secretario que da fe, hoy primero de octubre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que el veintidós del mes y año en curso, ordenó archivar el recurso de queja 54/2018 por los motivos expuestos; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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