Reyes Antunez Suárez

Expediente 698/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
698/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Reyes Antunez Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 698/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el nueve de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, en la que determinó en el primer punto resolutivo sobreseer en el presente juicio de amparo, y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Adolfo Jiménez Gómez que autoriza da fe.

  2. Principal

    Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 698/2016-I, promovido por Reyes Antúnez Suárez y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido en esa misma fecha en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Reyes Antúnez Suárez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades: Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos de quienes reclamó lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA. La expedición del decreto número CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5390 el día veinte de abril de los corrientes, en el cual se me otorga el 65% de pensión por jubilación, de acuerdo al último salario percibido por el suscrito y en atención a la antigüedad de 23 años, 03 meses, 06 días, tomando como base lo establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley del Servicio Civil vigente del Estado, y el cual fue expedido sin considerar que el artículo 58, en sus fracciones I y II, de la citada ley es inconstitucional y discriminatorio, vulnerando con ello mi derecho humano de equidad de género e igualdad, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo emanado de un artículo inconstitucional. V. ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. SE RECLAMA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE LE CORRESPONDE A CADA UNA 1. Todos los actos de aplicación que pretendan darle en adelante al artículo 58, fracción ,I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por ser inconstitucional y vulnerar mi derecho humano de equidad de género e igualdad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Del Gobernador del Estado de Morelos, del Secretario de Gobierno y del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE LE CORRESPONDA A CADA UNA, la promulgación y publicación del decreto número CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5390, el día veinte de abril de 2016. 3. De la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el pago que pretenda realizar dicha dependencia al suscrito en relación con la pensión por jubilación a razón del 65% del último salario que percibía, la cual fue otorgada mediante el decreto número CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5390, el día veinte de abril de 2016. Los actos que se le reclaman y que pretendan ejecutar dichas autoridades me causa un agravio, toda vez que la naturaleza y el punto toral del acto reclamado es la inconstitucionalidad del artículo 58, en sus fracciones I y II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el cual se establecen los montos para el otorgamiento de las pensiones por jubilación a los trabajadores y trabajadoras, en los que señalan montos diferentes para los trabajadores y trabajadoras, vulnerando con ello mi derecho humano de equidad de género e igualdad, el cual se encuentra consagrado en el artículo 4 de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, y se radicó con el número 698/2016-I; solicitó el informe justificado de las autoridades responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, se celebró la audiencia constitucional y, el once de julio de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región -en apoyo del dictado de la sentencia- sobreseyó en el juicio (foja 108 a 123 de autos). TERCERO. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito y, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia y ordenó reponer el procedimiento para que se previniera al quejoso y corrigiera el acto reclamado (fojas 235 a 250). CUARTO. Por auto de trece de abril de dos mil dieciocho, considerando que en el escrito de demanda el quejoso señaló como acto reclamado el decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, mencionando que a través de éste le fue otorgada una pensión por jubilación, tomando como base lo establecido en el artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio Civil vigente del Estado, sin embargo, de la documental que acompañó al libelo inicial se advierte que el decreto combatido se sustentó en el artículo 16 fracción I inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Por tal motivo, se requirió al quejoso para que manifestara si estimaba pertinente subsanar las irregularidades en que incurrió al exponer el acto reclamado, realizando dicha exposición de manera clara y precisa (fojas 251 y 252). QUINTO. Mediante escrito recibido el veintitrés de abril anterior, el quejoso precisó que el decreto de pensión que combate se apoyó en la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, particularmente en el artículo 16, fracción I, inciso h); por tal motivo, se admitió la demanda el veinticuatro de abril siguiente, se pidió a las autoridades el informe justificado, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de le Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, los actos combatidos fueron emitidos en esta ciudad por autoridades locales. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 181810, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados a las autoridades, Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos; siendo los que a continuación se precisan: La expedición, promulgación y publicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. La expedición, publicación y ejecución del decreto cuatrocientos cuarenta y ocho que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 65% del último salario percibido, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis, como primer acto de aplicación del precepto reclamado. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Son ciertos los actos consistentes en la expedición, promulgación y publicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. De igual manera, son ciertos los actos consistentes en la expedición, publicación y ejecución del decreto cuatrocientos cuarenta y ocho que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 65% del último salario percibido, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis. Esto es así, porque así lo aceptaron las autoridades Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en sus informes justificados. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatido (artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado) En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". De la misma forma, es cierto el acto que se reclama a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de que la aplicación del decreto se encuentra encomendada a dicha dependencia, como se aprecia del artículo 2º de dicho Decreto, al señalar que la pensión decretada será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo dispuesto por los artículo 5, 14 y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. Razón por la cual, queda desvirtuada la solicitud de sobreseimiento efectuada en su informe con justificación por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por inexistencia del acto reclamado. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el Congreso y el Secretario de Hacienda del Gobierno, ambos del Estado de Morelos, refieren que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico del quejoso, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es infundada dicha causal de improcedencia, en virtud de que, contrariamente a lo que aducen las autoridades responsables citadas, la norma impugnada fue aplicada en la esfera jurídica del gobernado por medio del decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, por el que se le concede pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis. En el referido decreto, se fijó una pensión por jubilación a razón de sesenta y cinco por ciento del último salario percibido en cuanto al dispositivo legal impugnado, lo que, en el concepto del quejoso, le causa un perjuicio, en razón de que estima debe corresponderle una pensión mayor, a saber: del setenta y cinco por ciento, ya que por la misma antigüedad, a las mujeres se les concede la pensión en ese porcentaje, lo que considera trasgrede el derecho de igualdad por razón de género. De ahí que, contrariamente a lo que aducen las autoridades responsables en comento, los actos reclamados sí afectan el interés jurídico del quejoso, a más que como se verá, tales aspectos se encuentran vinculados con el estudio de fondo del asunto. El Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, aduce la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no ordenó, ejecutó ni trató de ejecutar el acto reclamado. Es infundada dicha causal, en razón de que existe certeza del acto que se le atribuye, consistente en la aplicación del decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, por el que se concede pensión por jubilación a Reyes Antúnez Suárez, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5390, de veinte de abril de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que del artículo 2 del citado decreto dispone que la pensión deberá ser cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como se trascribe a continuación: "ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse al 65% de la última remuneración de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.". La Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado de Morelos (en los informes rendidos tanto el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis como el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho) asegura que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, con relación al 63, fracción V de la ley de la materia, relativa a la falta de interés de la parte quejosa, por lo que considera que no se demostró el acto de aplicación de la norma combatida, así como la concerniente a que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional, por lo que debe de sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracciones IV y V de la legislación federal en consulta. Así, en el caso es infundada la causa de improcedencia en comento, toda vez que, como se precisó en párrafos que anteceden, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte la existencia del acto de aplicación de la norma tachada de inconstitucional. En ese contexto, se demuestra el interés jurídico de la parte quejosa, ya que como se advierte de la página de internet del Periódico oficial "Tierra y Libertad" (el cual puede ser consultado en la página electrónica www.periódico.morelos.gob.mx y del que, además, obra copia agregada en autos) sí existe el decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, expedido por el Congreso local fue publicado en dicho medio de difusión el veinte de abril de dos mil dieciséis, en el que se concedió a la parte quejosa una pensión por jubilación del 65% de su último salario, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, toda vez que acreditó que a la fecha de su solicitud contaba con veintitrés años, tres meses y seis días de servicio efectivo interrumpido, por lo que la citada autoridad consideró que encuadraba en lo previsto por el numeral 16, fracción I, inciso h) de ordenamiento legal impugnado. Tampoco se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a que el quejoso consintió expresamente o por manifestaciones de la voluntad que entrañen ese consentimiento la norma combatida. Refiere la Secretaría de Hacienda que el veinte de abril de dos mil dieciséis, el quejoso acudió voluntariamente a las oficinas de le Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado para iniciar el trámite correspondiente a la pensión por jubilación; con relación a lo cual, el Director General de Recursos Humanos emitió el oficio SA/DGRH/1223/2016 fechado el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, con el que se dirigió al Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda, refiriendo que el veintidós de abril de aquel año, el quejoso se presentó a gestionar su alta en la nómina de jubilados y pensionados de la Administración Central del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Sin embargo, contrario a la aseveración de la responsable, no se actualiza dicha causal, como se explicará a continuación: El decreto cuatrocientos cuarenta y ocho que concedió pensión por jubilación en favor del quejoso se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis. Por su parte, el quejoso acudió a realizar los trámites correspondientes para disfrutar de la pensión obtenida el veintidós de abril siguiente. La demanda de amparo se presentó el veinticinco de abril del referido año. Así, el hecho de que el quejoso comparezca a ejercer el derecho que consagra el artículo 123 Constitucional en materia de seguridad social, en modo alguno implica una manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la norma impugnada, puesto que el acudir a obtener la prestación en seguridad social se entiende que obedece a garantizar su subsistencia, por lo que la posterior promoción del juicio de amparo (dentro de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo) no implica una inexorable sumisión a la norma combatida que torne improcedente el juicio constitucional, puesto que poner en funcionamiento al tribunal de amparo refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada; por tanto, no se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el Gobernador del Estado de Morelos y el Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Se estima fundada la referida causal consistente en que el quejoso no combate por vicios propios la promulgación y publicación del ordenamiento legal impugnado, porque no expone conceptos de violación en el escrito de demanda ni en el diverso que subsanó la prevención efectuada el trece de abril del año que trascurre. Sin que en el caso haya lugar a suplir la queja en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta que -como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación- tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, el Juez de amparo está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes, sólo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, ya que si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular -como se verá más adelante- bastará con que así lo declare sin necesidad de hacer un estudio oficioso del asunto, ya que, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación, visible en la página 1106, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". Del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se desprende que es requisito que la demanda de amparo se formule por escrito expresando los preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que la parte quejosa estime violados y los conceptos de violación. Es fundada la causa de improcedencia invocada, en razón de que, de la lectura a la demanda de amparo y escrito de ampliación, particularmente del apartado correspondiente a los conceptos de violación, no se advierte que el quejoso formule argumentos con relación a los actos legislativos de promulgación y publicación de la ley combatida, no existiendo queja deficiente que suplir. En consecuencia, es procedente sobreseer respecto de los actos reclamados consistentes en la promulgación y publicación del artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, esto último a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2248 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de dos mil quince, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2010097, del siguiente rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS.". QUINTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Al no actualizarse diversa causa de improcedencia del juicio, resulta válido analizar la constitucionalidad de la norma general reclamada y, en su caso, el acto de aplicación. Son infundados los conceptos de violación, lo que da lugar a negar el amparo y protección de la justicia federal. Sin que en el caso exista queja deficiente que suplir, como se precisó en el considerando cuarto, ya que, al tratarse de un juicio de amparo en el que se combate el otorgamiento de una pensión por jubilación, sólo procede suplir la deficiencia de la queja en favor del quejoso, cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho; sin embargo, como se precisará en el presente apartado, no se advierte que la suplencia conduzca a algo provechoso para el quejoso, por ello, bastar con que así lo declare sin necesidad de hacer un estudio oficioso del asunto, en términos de la jurisprudencia 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". En primer término, se estima oportuno destacar que se concedió al quejoso la pensión por jubilación hasta por el 65% de su último salario, al acreditar haber laborado un total de veintitrés años, tres meses y seis días de servicio efectivo interrumpido Sustancialmente, aduce el quejoso que el artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos que sustentó el diverso acto de autoridad que se reclama; transgrede lo dispuesto por el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el varón y la mujer son iguales ante la Ley, en virtud de que por un mismo período de tiempo laborado, se le concede un porcentaje de pensión menor con relación a la mujer, lo cual hace una distinción por cuanto al género entre los trabajadores que hayan prestado sus servicios al Estado. El artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece lo siguiente: "Artículo 16. La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: I.- Para los Varones: a).- Con 30 años de servicio 100%; b).- Con 29 años de servicio 95%; c).- Con 28 años de servicio 90%; d).- Con 27 años de servicio 85%; e).- Con 26 años de servicio 80%; f).- Con 25 años de servicio 75%; g).- Con 24 años de servicio 70%; h).- Con 23 años de servicio 65%; i).- Con 22 años de servicio 60%; j).- Con 21 años de servicio 55%; y k).- Con 20 años de servicio 50%. II.- Para las mujeres: a).- Con 28 años de servicio 100%; b).- Con 27 años de servicio 95%; c).- Con 26 años de servicio 90%; d).- Con 25 años de servicio 85%; e).- Con 24 años de servicio 80%; f).- Con 23 años de servicio 75%; g).- Con 22 años de servicio 70%; h).- Con 21 años de servicio 65%; i).- Con 20 años de servicio 60%; j).- Con 19 años de servicio 55%; y k).- Con 18 años de servicio 50%. Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de los Poderes del Estado o Municipios, aun cuando la relación haya sido de carácter burocrática, al amparo de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Para recibir esta pensión no se requiere edad determinada. El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la Entidad. En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 24 de esta Ley." Del artículo transcrito se advierte, en lo que interesa, que el legislador establece para la obtención de la pensión por jubilación de los servidores públicos bajo el régimen de dicha norma, una diferencia del porcentaje de salario que percibirán los trabajadores en relación con las trabajadoras, por años de servicio laborados, pues no obstante que los varones y las mujeres tengan los mismos años de servicio, a estas últimas se les concede un diez por ciento más de pensión, mientras que a los primeros se les exige dos años más de tiempo laborado para obtener el mismo porcentaje de pensión. Visto el marco normativo en análisis debe concluirse que devienen infundados los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción II, inciso f) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos la Ley, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal; negativa que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis, toda vez que no fue reclamado por vicios propios. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010 visible en la página 427 del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010; correspondiente a la Novena Época, del rubro "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA" estableció dos criterios para examinar una norma a la luz de la garantía o del principio de igualdad. El primer criterio estriba en elegir el término de comparación adecuado, que posibilite comparar a los sujetos desde determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente; de suerte que si los sujetos comparados no son iguales, o bien, no son tratados de manera desigual, no habrá violación a la citada garantía. El segundo criterio radica en establecer si una situación de igualdad y una diferencia de trato, persigue una finalidad constitucionalmente válida. En el caso, de una simple lectura del artículo combatido, podría remitir a la idea de que el legislador estableció un trato diferenciado entre las mujeres y los hombres que trabajan para las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que parecería conducir al pronunciamiento respecto de si ese trato diferenciado obedece a una razón que la justifique o no, esto es, si el trato diferenciado persigue una finalidad constitucionalmente válida. Sin que se soslaye el hecho de que la determinación de la existencia de una diferencia de trato normativa exija el examen de la ley en cuanto a su contenido substancial, en tanto que la forma en que aparentemente se expresa la norma no basta, ya que debe desentrañarse el significado de fondo, incluso ante una deficiente técnica legislativa, lo cual no conduciría a una diferenciación de trato ni a su irregularidad constitucional, en tanto que el diseño de la norma obedecería en su caso a una cuestión de deficiencia de técnica o de mala redacción. Así, la Segunda Sala estableció que resulta imprescindible determinar en cada caso respecto de qué se trata la igualdad o la desigualdad, en tanto que la igualdad es un principio de carácter objetivo que se atribuye siempre a algo, de forma que sólo cuando se identifica si en el caso en particular se está o no en supuestos de hecho equivalentes, puede determinarse entonces si existe o no un trato diferenciado respecto de un mismo aspecto o cuestión que regule la Ley. La interpretación constitucional busca prevalecer el verdadero sentido que el legislador plasmó en la norma, por eso se suele acudir a la exposición de motivos por ser uno de los factores que en ocasiones pueda contribuir a desentrañar su contenido tanto para saber lo que substancialmente regula, como respecto de las razones por las que el legislador haya establecido un trato desigual a supuestos de hecho equivalentes. Toda norma legal debe interpretarse armónicamente sin darle a sus términos un menor o mayor alcance del que natural y substancialmente tienen dentro del contexto en que se encuentran y acorde con la finalidad de lo que regulan y, además, como puede servir de fuente de interpretación la exposición de motivos de la ley correspondiente o el procedimiento legislativo que la originó, cuando su contenido clarifique la voluntad del legislador y ello sirva para desentrañar la parte dispositiva de la ley. Por ello, para efectuar el examen de la norma impugnada, necesariamente se tiene que examinar la porción normativa que el quejoso estima violatoria del principio de igualdad atendiendo al primer criterio citado en líneas anteriores, en tanto que es necesario elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar las situaciones de hecho que se regulan desde determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros. Como se aprecia de la lectura del artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en él se regulan condiciones o requisitos para que los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres tengan derecho a la pensión por jubilación. Así, se tiene que la norma cuestionada regula esta prerrogativa respecto de sujetos que tienen como común denominador ser trabajadores. Así, se desprende con claridad que el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos otorga un trato desigual a los sujetos que comprende, sobre la base de que todos son trabajadores, haciendo una diferenciación de trato dependiendo de si se trata de una mujer o de un varón, respecto al tiempo requerido para tener derecho a determinado porcentaje de pensión por jubilación, en tanto que en el caso de los trabajadores se requiere de dos años más de servicios, para alcanzar el mismo porcentaje que las trabajadoras. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los artículos 1º, párrafo último, y 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contienen las garantías individuales de igualdad y de no discriminación, que tutelan el derecho subjetivo del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que proscribe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. Luego, considerando que el artículo 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, es evidente que la norma reclamada hace una diferencia en razón del género. Esto es, el término de comparación pertinente para el universo de trabajadores que prevé la norma reclamada es el género. Dicho de otra forma, el término de comparación de los supuestos de hecho que contempla la norma radica en el género de los trabajadores, lo que se traduce evidentemente en una diferenciación, en tanto que se advierte que lo que regula la porción normativa de referencia, respecto del número de años de servicios está enfocado en función del género de los trabajadores. Así, existe en la norma el establecimiento de un trato diferenciado, porque como se ha puesto de manifiesto se está en presencia de supuestos de hecho equivalentes, pues otorga un trato desigual a un tipo de trabajadores respecto de otros, distinción derivada en razón del género, a partir de la cual establece condiciones diversas para el otorgamiento del monto del porcentaje de la pensión por jubilación, de ahí que sea conducente abordar el examen relativo a si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida o no. Identificado que sí existe diferenciación de trato a los destinatarios de la norma combatida, habida cuenta que el término de comparación de los supuestos de hecho que contempla radica en el género de los trabajadores, lo que, por sí provoca una distinción, en tanto que, la regulación de los años de servicio está en función solamente de ello, habrá que examinar, entonces, si ese trato desigual encuentra justificación. Se estima pertinente precisar que la pensión por jubilación es una prestación que encuentra origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su otorgamiento y fijación en una determinada cantidad debe regularse en Ley. De esta suerte se le identifica como una prestación legal, por regirse por la ley, y que se actualizará en el momento en que se satisfagan los requisitos exigidos por la norma jurídica de que se trate. Luego, las leyes que se expidan respecto de las pensiones por jubilación, deben seguir los lineamientos de la Constitución Federal, de ahí que en el caso el examen se deba enfocar a determinar si las condiciones para las percepciones de las pensiones que regula el artículo 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos resulta o no violatoria de los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal, centrando así el análisis en si el trato desigual encuentra una finalidad constitucionalmente válida, o bien, se traduce en un trato discriminatorio como manifestó la parte quejosa en sus conceptos de violación. Con ese propósito, resulta pertinente verificar si las razones del trato desigual a supuestos de hecho equivalentes pueden derivarse de la exposición de motivos relativa. En ese tenor cabe tener presente que el veintidós de enero de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5158 la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En la parte que interesa, la exposición de motivos señaló: ".ll.- MATERIA DE LA INICIATIVA [.] la iniciativa presentada [.] tiene como materia y único objeto, la determinación de establecer el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección y seguridad social para los integrantes de las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público, con la finalidad de que con los beneficios comprendidos en la norma, puedan hacer frente a los altos riesgos derivados de la función de seguridad que tienen encomendada, todo ello en el marco de una política coherente, integral y eficaz de reconocimiento a sus derechos de protección de la salud y seguridad social.". ".Entre las disposiciones que se reformaron mediante el referido Decreto se encuentra la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, cuyo párrafo tercero mandata: "Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social."." [.] "De lo anterior resulta un trato diferenciado, respecto del resto de los trabajadores al servicio del Estado, por cuanto hace a los agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales, de quienes además señala que son sujetos a una relación administrativa y se regirán por sus propias Leyes, homologando a los agentes del Ministerio Público y Peritos con los miembros de las Instituciones Policiales, respecto de la separación del servicio, la responsabilidad en el desempeño de sus funciones y el que cuenten con sistemas complementarios de seguridad social.". [.] "Una sociedad que brinda seguridad social a sus ciudadanos, no sólo los protege de la enfermedad, sino también de la inseguridad relacionada con el hecho de ganarse la vida. Los Sistemas de Seguridad Social se ocupan de la enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los hijos y la pérdida del sostén de la familia. Estas prestaciones no sólo son importantes para los beneficiarios, sino también para la comunidad en general porque la seguridad social ayuda a impulsar la productividad y contribuye a la dignidad y a la plena realización de los individuos, además de que se promueve la equidad de género, a través de la adopción de medidas encaminadas a garantizar que se goce de las mismas oportunidades.". [.] "En ese tenor, es importante destacar que en Morelos los trabajadores al Servicio del Estado cuentan, de por sí, con prestaciones complementarias de seguridad social, las cuales se prevén en la Ley de la materia, esto es, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; lo que motiva que el presente proyecto no sólo contemple las prestaciones complementarias de seguridad social que determina esa Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino que incluso se prevén prestaciones adicionales que refuercen la protección y seguridad social de los integrantes de las Instituciones Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio Público, quienes son los sujetos de la Ley, de forma que aquellos a quienes les resulte aplicable la presente Ley considerando su entrada en vigor, de ninguna manera podrán invocar o solicitar las prestaciones de seguridad social que contiene la referida Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el ánimo del Constituyente Permanente no es que reciban prestaciones por duplicado, sino es que cuenten con su propia normatividad únicamente por cuanto hace a la materia de seguridad social, buscando que se atienda más particularmente a sus necesidades específicas en este rubro.". [.] "El presente Proyecto se encuentra conformado por cuatro Capítulos: en el Primero de ellos se regulan las disposiciones generales, señalando claramente el objeto de la Ley y quiénes serán los sujetos de la misma, así como los beneficiarios, además se prevé un artículo de definiciones y la responsabilidad de las instituciones obligadas a cubrir las prestaciones, así como los descuentos que podrán proceder; en el Capítulo Segundo se prevé todo lo relativo a riesgos del servicio, enfermedades y maternidad, así como la licencia de paternidad pues como ya se indicó anteriormente las Normas Internacionales de Seguridad social también contemplan la perspectiva de género; en el Capítulo Tercero se contempla todo lo referente a las pensiones, lo que se diseñó en armonía e igualdad de tratamiento que actualmente contempla la multicitada Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la cual la presente Ley viene a sustituir para el caso de los integrantes de las Instituciones Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio Público, y finalmente en el Capítulo Cuarto se prevén otras prestaciones que son de carácter complementario a lo previsto en el resto de la Ley, y que presenta novedades importantes como la ayuda para transporte, ayuda para útiles escolares, el bono de riesgo, el apoyo para alimentación, así como la posibilidad de obtener pases de acceso gratuito o descuentos en actividades sociales, culturales y deportivas, entre otras.". (Lo destacado es propio) De la lectura de la exposición de motivos de la norma reclamada, se desprende que en lo referente a las pensiones (Capítulo Tercero), la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue diseñada en armonía e igualdad de tratamiento que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la cual sustituyó para los integrantes de las Instituciones Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio Público. Por lo anterior, resulta válido atender a lo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece en cuanto a la pensión por jubilación. En primer término, cabe precisar que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se expidió el uno de septiembre del año dos mil, publicándose en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del seis de septiembre de dicho año. Conforme a la exposición de motivos, dicha ley fue emitida en reconocimiento a la declaración de los derechos sociales del trabajo, considerando que la actuación del Estado debe subordinarse a los principios y normas fundamentales del derecho proclamados en la Constitución en respuesta a los problemas sociales, económicos y de trabajo, para alcanzar tres objetivos: Incorporar en el texto de la Ley los principios que rigen el Derecho del Trabajo tratándose de empleados públicos Adecuar a las condiciones vigentes la Ley que rige al Estado desde el año de 1950; y Garantizar a los sujetos de la Ley, sus derechos y obligaciones. Refieren los legisladores que en dicha ley se recogieron las propuestas obtenidas de una consulta efectuada a organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, así como a empleados públicos y profesionales en la materia. Así, la Ley de Servicio Civil del Estado se estructuró con once Títulos y 124 artículos; en el Título Primero se determinan los sujetos de la Ley; la clasificación de los trabajadores, destacándose la creación de un tercer grupo de trabajadores, los eventuales; y las disposiciones generales propias de la Ley. En el Título Segundo se estableció que la falta de nombramiento no priva al trabajador de los derechos que le otorga la propia Ley, que tal omisión es imputable al patrón; prohibió el traslado de trabajadores para prestar sus servicios en dependencia distinta a la de su adscripción ya sea como comisionado o de índole similar para dependencias de un mismo poder, ayuntamiento o entidad paraestatal. En los Títulos Tercero y Cuarto se precisaron, los horarios de trabajo, la jornada, los descansos laborales, horarios en los que participa el sindicato de burócratas correspondiente, en su fijación; se estableció que el salario sería incrementado anualmente. En el Título Quinto, se trasladaron los derechos y obligaciones de los trabajadores y del Gobierno del Estado y Municipios que se contenían en la Ley abrogada (Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, promulgada el veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta), ampliándolos con el propósito de adecuar a las circunstancias que prevalecían al momento de su expedición (año dos mil). Posteriormente, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de abril de dos mil cinco, se reformó el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil en lo relativo a la pensión por jubilación atendiendo a la siguiente exposición de motivos: ".Que en la Ley del Servicio Civil vigente se establece en el artículo 58 el derecho de los trabajadores de los Poderes del Estado y de los Municipios a una pensión por jubilación, la cual tienen derecho a disfrutar una vez que se han cumplido con las disposiciones que establece la Ley; y de acuerdo a esta disposición, en su fracción primera señala que "La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores en general, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: . . . ". Por lo que al referirse a los trabajadores en general, esta disposición señala que es aplicable tanto a trabajadores como a trabajadoras; dejando a las trabajadoras que no son madres, excluidas del beneficio que establece para éstas la fracción II de este mismo artículo, toda vez que se refiere de manera específica a los porcentajes a que tiene derecho las madres trabajadoras que cumplan con los años de servicio señalados, por lo que se propone reformar la fracción I eliminado la palabra "en general" con el fin de hacer la distinción entre trabajadores y trabajadoras. La fracción II de este artículo, establece lo siguiente: "Las madres que trabajan tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden..." en este sentido, se establece el derecho a la jubilación únicamente para las "madres trabajadoras" y excluye de su ámbito de protección a las mujeres que siendo trabajadoras y habiendo cumplido los requisitos que establece esta fracción, no hayan tenido la fortuna de ser madres bajo cualquier circunstancia, por lo que éstas se encuentran en desventaja y además se ven perjudicadas hasta en un diez por ciento de sus percepciones ya que se aplica la fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que se refiere a "los trabajadores en general", situación que desde luego es primordial corregir. Es importante mencionar que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establece en el artículo 60 el derecho a la pensión por jubilación a los trabajadores con 30 años de servicio y a las trabajadoras con 28 o más de servicios, por lo que una vez cumplidos los requisitos que les señala dicha ley, las trabajadoras tienen derecho al pago de una cantidad equivalente al 100 por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior a la fecha de baja del servicio, sin que haga una distinción entre mujeres trabajadoras o madres trabajadoras." [.] ".con base en lo anterior los dictaminadores consideramos procedente reformar el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, con el fin de dar respuesta a las diversas peticiones de trabajadoras que han acudido a esta representación social y que se ven afectadas en sus derechos laborales por tal irregularidad, debido a que la prestación del derecho a la jubilación no atiende en el mismo grado a todas las mujeres, ya que la Ley en comento es la única en el País que hace tal distinción y discrimina a las trabajadoras al servicio del Estado y Municipios por el hecho de no ser madres, motivos por los cuales consideramos necesario reformar nuestra legislación en esta materia.". Dicha reforma motivó el trato diferenciado entre mujeres y hombres, como se plasmó en el artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 58.- . . . I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a) Con 30 años de servicio 100%; b) Con 29 años de servicio 95%; c) Con 28 años de servicio 90%; d) Con 27 años de servicio 85%; e) Con 26 años de servicio 80%; f) Con 25 años de servicio 75%; g) Con 24 años de servicio 70%; h) Con 23 años de servicio 65%; i) Con 22 años de servicio 60%; j) Con 21 años de servicio 55%; y k) Con 20 años de servicio 50% II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden: a) Con 28 años de servicio 100%; b) Con 27 años de servicio 95%, c) Con 26 años de servicio 90%; d) Con 25 años de servicio 85%; e) Con 24 años de servicio 80%; f) Con 23 años de servicio 75%; g) Con 22 años de servicio 70%, h) Con 21 años de servicio 65%; i) Con 20 años de servicio 60%; j) Con 19 años de servicio 55%; y k) Con 18 años de servicio 50%. Como se desprende de la lectura de la exposición de motivos de la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con el artículo 58 se establece el porcentaje de la pensión por jubilación a mujeres en un diez por ciento mayor a la de los hombres por igual número de años de servicio. Esto es, se está ante la situación de igualdad de condiciones (años de servicio), sin embargo, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos diferencia el porcentaje de pensión en función del género. En este momento, resulta conveniente precisar que, como quedó expuesto con antelación, la norma reclamada (Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública) fue diseñada en armonía e igualdad de tratamiento que la que sustituyó por cuanto hace al tipo o carácter de los empleados públicos del Estado dedicados a la procuración de justicia y seguridad pública, como lo son los integrantes de las Instituciones Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio Público, esto es, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. El legislador Morelense, en la reforma de ésta última ley, publicada en el órgano oficial de difusión, a su vez mencionó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establece en el artículo 60 el derecho a la pensión por jubilación a los trabajadores con treinta años de servicio y a las trabajadoras con veintiocho o más de servicios, por lo que una vez cumplidos los requisitos que les señala dicha ley, las trabajadoras tienen derecho al pago de una cantidad equivalente al 100 por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año anterior a la fecha de baja del servicio. En ese Sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 248/2012, analizó la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En dicha ejecutoria, se hizo referencia al dictamen de la Cámara de origen en el que se expuso lo siguiente: (.) Por otra parte, siguiendo la tendencia de ampliar la protección hacia la mujer, tomando en consideración que en la mayoría de los casos ésta cumple una doble función dentro de la sociedad, esto es, en el desarrollo de las actividades derivadas en su relación laboral y dentro del seno familiar, se propone que la mujer trabajadora pueda aspirar a una pensión por jubilación al cumplir 28 años de servicios e igual tiempo de cotización al instituto, cualquiera que sea su edad, con lo cual se da respuesta, una vez más, a las demandas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. (.). En sesión de la Cámara de Diputados de seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, se llevó a cabo la discusión del dictamen aludido; destacando lo siguiente: (.) El elemento de unidad y desarrollo con armonía en la familia sin lugar a dudas es la mujer que cumple con una doble función, la de atender el hogar y sus responsabilidades al servicio del Estado y por ello la iniciativa propone que la jubilación para la mujer se obtenga a los 28 años de servicio. (.). Bien esos aspectos consideramos nosotros que son importantes indudablemente que en forma especial es de resaltarse la reforma al artículo 60, que prevé la jubilación de la mujer trabajadora a los 28 años de su servicios y no como ha mantenido hasta la actualidad en forma igualitaria con los años de servicio del hombre trabajador de 30 años. Consideramos que esta reforma desde el punto de vista que se rompe esta igualdad en los años de servicio y ahora es menor; constituye un despegue; un paso cualitativo importante por que es necesario que en este aspecto, de los años de servicio de la mujer; se haga justicia disminuyendo el período de trabajo que sirva de precedente para que en otros aspectos de la responsabilidad laboral de la mujer siga también reconociéndosele derechos especiales que merece para hacer justicia a su participación en el área de la producción y los servicios de México. Y siendo importante, que hoy será ya de 28 años, pensamos que, como ha sido la demanda de los trabajadores; de sindicatos y organismos políticos como el nuestro de que el período para que la mujer pueda jubilarse sea de 25 años, pensamos que sería más atractivo para los efectos de acogerse a una jubilación inmediata, establecer esta cantidad de años de servicio, además de que obviamente resulta más justa. Por eso este aspecto en lo particular, junto con otras fracciones parlamentarias, pensamos tratarlo en su momento. (.) el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana recibe con beneplácito esta iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado que evidentemente redundan en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado, en particular como, militantes del magisterio tamaulipeco, debo decir, que en particular recibimos con gran satisfacción y júbilo estas reformas positivas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, evidentemente, ha sido una vieja demanda de los burócratas y en particular del magisterio nacional desde el Congreso de Guanajuato, esta demanda por disminuir los años como tiempo de jubilación para el magisterio en particular y la burocracia en general. En los congresos magisteriales de Tamaulipas y en los nacionales - repito -, desde Guanajuato, se planteó la demanda magisterial de que hubiese un término de 25 años para la jubilación en lugar de los 30 establecidos por la ley, esta demanda de los 25 años evidentemente sigue siendo una demanda actual y presente del magisterio tamaulipeco y del magisterio en general, sin embargo es positiva la reforma que establece en favor de los 28 años para jubilar a la mujer, en una base, es una reivindicación muy positiva lograda por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, logrado por el magisterio, logrado por los distintos sindicatos que agrupan a los burócratas nacionales, saludemos pues, esta conquista positiva - repito -, del magisterio y de los burócratas en general, también saludamos, porqué no decirlo, las distintas reivindicaciones que establece la ley en obvio de tiempo. (.) La Ley desde que fue creado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ha tenido muchas reformas a nuestro juicio, todas ellas positivas. Hoy por primera vez se intenta hacerle justicia a la mujer al otorgarle el derecho a la jubilación a los 28 años, nosotros proponemos que esto no quede sólo en el intento, por ello coincidiendo con la propulsión del Partido Popular Socialista, proponemos que atendamos a la vieja demanda de otorgarle a la mujer trabajadora al servicio del Estado, el derecho a la jubilación a los 25 años de servicio cualquiera que sea la edad. (.) Apoyamos en lo general el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sabemos que esta lucha de los trabajadores al servicio del Estado, viene a fundamentar una vez más un proceso irreversible de conquistas de los trabajadores de México, por lo tanto consideramos que esta conquista de la jubilación a los 28 años de la mujer, la jubilación con el promedio del último año de servicios y autoseguros para los beneficiarios de pensionados y jubilados, es el inicio de esta conquista irreversible. Por ello, deseamos dejar patente nuestra adhesión y solidaridad con los trabajadores al servicio del Estado, porque ellos como los obreros de México, organizados en el movimiento obrero, son la base modular del proceso revolucionario que ha emprendido el movimiento organizado de México. Salud compañeros a nombre de la Confederación de Trabajadores de México y seguiremos con los trabajadores al servicio del Estado. Muchas Gracias. (.) Es importante pues, este punto, sí hay reformas bastante importantes como que las mujeres se jubilen a los 28 años, quizá en algunos departamentos la jubilación se requerirá hasta más pronto debido a que las sustancias que manejan los trabajadores pongan en peligro su vida, y quizá 28 años es demasiado tiempo aun para jubilarlos en aquellas áreas donde deberas (sic) las sustancias químicas ponen en grandes riesgos la vida del trabajador, en ese sentido apoyo la iniciativa de que sea la jubilación con el salario en el momento que se deja de trabajar. (.) es importante señalar y comentar que ante él, mi compañero de tribuna que me antecedió en el uso de la misma de Acción Nacional pretenden una populista y poniéndose ropajes que lo corresponden como trabajador, decir que queremos que fácilmente se quiere lograr la jubilación de la mujer a los 25 años, esa postura ha sido de los trabajadores a lo largo del tiempo, ha sido una demanda de los sindicatos federados y es hoy aquí una iniciativa de ley que creemos indiscutiblemente que al modificarse y aprobarse la modificación para jubilarse la mujer a los 28 años es basado en un estudio actuarial serio y responsable, basado en el presupuesto de nuestra Federación que es importante pensar que el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, no podemos permitir los trabajadores que se corra el riesgo de descapitalizarlo, por eso es importante que iniciemos el proceso de disminución de la jubilación para los trabajadores e indiscutiblemente a quienes a lo largo del tiempo han entregado su esfuerzo en una doble misión en actitud social, porque aparte de la mujer trabajadora tener una acción laboral, tiene una doble misión siendo mujer trabajadora, siendo la madre de nuestros hijos, siendo quienes atienden nuestro hogar, por eso, el acto de jubilar a la mujer a los 28 años es un acto de justicia, es un acto de congruencia, es un acto de reconocimiento a las mujeres trabajadoras al servicio del Estado. (.) La reforma propuesta por el Ejecutivo Federal al artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 60. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto, en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos porcentajes de la tabla del artículo 63. La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja." La lectura que antecede revela que se estimó, fundamentalmente, otorgar un beneficio a la mujer trabajadora, considerando, entre otras, a las madres trabajadoras que aspiran a una pensión por jubilación al cumplir veintiocho años de servicios; asimismo, que se tuvo como propósito establecer mejores condiciones para el desarrollo de la unidad familiar; que se consideró la protección hacia la mujer sobre la base de que en la mayoría de los casos cumple una doble función dentro de la sociedad, a saber, en el desarrollo de las actividades derivadas de su relación laboral, así como dentro del seno familiar, esta idea se señaló también de otra forma, en el sentido de que la mujer cumple una doble función, la de atender el hogar y la atinente a las responsabilidades al servicio del Estado y que por virtud de ello el hecho de que pueda aspirar a una pensión por jubilación al cumplir veintiocho años de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado representa un acto de reconocimiento a dichas mujeres, con motivo de su participación en el área de producción y los servicios de México. De lo anterior se puede advertir la concepción o estereotipo de mujer que sirve de sustento a los motivos insertos en la exposición de motivos y en el proceso legislativo, en cuanto se trata de la mujer-madre y la mujer-familia, lo que se cimienta en la idea de que es la mujer a quien corresponde el cuidado de los hijos y la atención al hogar, lo cual es un reflejo de la visión de que "existen" roles que corresponden a la mujer; ello no se traduce en una reivindicación positiva para la mujer, sino en una sobrecarga de trabajo y responsabilidades, por la cual, de hecho se dice que se tiene la intención de "favorecer" a la mujer, al poder jubilarse con dos años de servicios menos que los hombres, cuando que es responsabilidad común de hombres y mujeres la educación y el desarrollo de sus hijos, así como las labores o quehaceres propios del hogar. Continua explicando la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal de justicia en el país, que la atribución de los roles de referencia no reivindican positivamente a la mujer, por el contrario, se trata claramente de un estereotipo con motivo del cual se impone una carga. En términos jurídicos los estereotipos son relevantes cuando por virtud de ellos: a) se niega un derecho o un beneficio; b) se impone una carga; y c) se margina a la persona o vulnera su dignidad. Lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): Artículo 5 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Si bien el estereotipo apuntado no puede justificar por sí mismo el trato desigual establecido en la norma cuestionada, lo cierto es que la exposición de motivos y el proceso legislativo relativo reflejan, por un lado, el pensamiento de una época de este país, que da noticia de un hecho notorio, una desigualdad social real entre la mujer y el hombre, originada fundamentalmente por la visión que establecía una división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer. Los motivos que adoptó el legislador no pueden avalarse en su totalidad en tanto que en una parte reflejan un concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, pero paradójicamente ponen de manifiesto el pensamiento de una época, que en ocasiones persiste hasta la actualidad y que al ser tomado en cuenta, se adoptó una medida que consiguió aminorar la desigualdad real entre el hombre y la mujer, aspecto que conduce a la justificación de la norma, en cuanto constituye una medida temporal. Dicha percepción (estereotipos en los papeles masculino y femenino) subsiste a la fecha atento a la emisión de criterios por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 910/2016, en el que patentizó la existencia de la "doble jornada" en torno a las obligaciones de crianza a cargo de la mujer. En dicho criterio, la Primera Sala estableció que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género y verificar si existe una situación de vulnerabilidad que impida esa impartición de forma completa e igualitaria por cuestiones de género. Así, al tomar en cuenta la condición especial en que se coloca uno de los cónyuges (generalmente a las mujeres) al tener que realizar un trabajo profesional indispensable para su propia subsistencia y para hacerse cargo de las necesidades de sus hijos menores de edad y, hacerlo compatible con la labor de su cuidado y crianza, lo que se ha denominado "doble jornada". La Primera Sala identificó uno de los problemas a los que se enfrenta una mujer que trabaja fuera de casa: que cumpla con la responsabilidad "primaria" de sus obligaciones tradicionales (casa y familia) -es lo que se espera de ella como mujer- sin disminuir su rendimiento laboral, lo cual puede provocarle un fuerte estrés; de ahí que la duplicidad de funciones implica un sobreesfuerzo en la mujer que lo realiza, al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, esto es, a la madre se le exige que cumpla con esa doble jornada mediante un esfuerzo intenso, como si fuera la única a cargo de la obligación de crianza y del hogar, condicionando su autonomía personal y castigándola por no cumplir ese rol. En estos casos, a la madre se le exige una adecuación a estereotipos que llevan a considerar "normales" ciertas conductas de las exigencias y roles de género que continúan vigentes al momento en que se emite la presente sentencia. El anterior criterio se encuentra plasmado en la tesis 1a. XLVI/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación del uno de junio de dos mil dieciocho, del rubro "OBLIGACIONES DE CRIANZA. CUANDO SE REVISE SU POSIBLE INCUMPLIMIENTO, NO PUEDE OBVIARSE LA EXISTENCIA DE UNA "DOBLE JORNADA". Así, la distinción contenida en el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya justificación normativa en términos de la exposición de motivos citada remite a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que fue reemplazada en lo relativo a los integrantes de las Instituciones Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio Público con base en o cual se aprecia que encuentra fundamento o razonabilidad en cuanto se trata de una medida especial encaminada a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Sobre este aspecto, el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, aprobada por el Senado de la República el dieciocho de diciembre mil novecientos ochenta, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo de mil novecientos ochenta y dos, establece la necesidad de que los Estados adopten medidas de carácter temporal encaminadas a provocar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, las cuales no se consideran discriminación. Dicha disposición es del siguiente tenor: "Artículo 4 La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.". Adicionalmente, dicho numeral encuentra relación directa con el 11 de la propia Convención que establece, en la parte que interesa, lo que sigue: "Artículo 11 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: [.] e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación [.] 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños; [.] Además, dentro de las consideraciones de la Convención se destaca el aporte de la mujer en los siguientes términos: Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Como deriva de lo expuesto, la diferenciación de trato permitió una de las intenciones fundamentales de la citada Convención, en el caso, que la mujer tenga una mayor participación en todas las esferas, lo que apunta hacia un pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad, cuestión indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. Así, la distinción normativa contemplada en el artículo 16, fracción II, inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, analizada con base en las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse respecto a una norma que, como se dijo, sirvió de sustento para la promulgación de la aludida norma combatida, permite concluir que se obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, en tanto persigue un fin derivado del artículo 4º Constitucional, al respecto se cita la tesis 1a. CII/2010 emitida por la Primera Sala, que aparece publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, correspondiente a la Novena Época, del rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN A EFECTOS DE DETERMINAR LA INTENSIDAD DEL ESCRUTINIO.". Como se desprende de la tesis trascrita, el legislador puede hacer distinciones al diseñar las normas, dado que el principio de igualdad contenido en el artículo 1º Constitucional, como límite de la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni conlleva, por ejemplo, una igualdad material o económica real, pues lo que exige es que toda diferenciación normativa busque una finalidad constitucionalmente aceptable. En el caso, la norma cuestionada contiene una acción encaminada a aminorar la desigualdad creada históricamente entre mujer y hombre, mediante la construcción de una medida legislativa en ese sentido, que no se considera discriminatoria en la medida en que el Poder Legislativo tiene expedito el derecho para reformar o abrogar la porción normativa que en ésta vía se combate en cuanto se reúnan las condiciones necesarias para ello como reflejo del verdadero empoderamiento de la mujer, de la mejora de las condiciones de vida y de la igualdad de oportunidades para acceder a las prestaciones de seguridad social; observando que tal diferenciación de trato en la actualidad sigue permeando a nuestra sociedad, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de la Nación al resolver diversidad de asuntos en los que se aborda la distinción entre el hombre y la mujer, concluyendo en el sentido apuntado. A manera enunciativa se citan las siguientes tesis: 1a. CCCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 580 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del rubro: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO. EL ARTÍCULO 4.99 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO NO VULNERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 3 DE MAYO DE 2012)." 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 720 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014; Tomo I, del rubro: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL". Así como la diversa 1a. XXVII/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 443 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017;; Tomo I, del rubro: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.". Muestra de lo anterior, a nivel federal, se encuentra el hecho de que el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue abrogado el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Así, partiendo de la base del desarrollo argumentativo plasmado en el amparo en revisión 248/2012, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite por identidad de razón, he incluso al observarse que la norma aquí combatida remite conforme a su exposición de motivos a la cual se gestó su expedición, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, contrariamente a lo aducido por el quejoso, que la misma no contraviene los principios de igualdad y de no discriminación contenidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que fue reemplazada en lo relativo a los integrantes de las Instituciones Policiales, Peritos y Agentes del Ministerio Público, como lo expuso la Segunda Sala, en el primer criterio al elegir el término de comparación que posibilite comparar a los sujetos y establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente; de manera que si los sujetos comparados no son iguales, o bien, no son tratados de manera desigual, no habrá violación de garantías. A juicio del suscrito, la referida distinción de trato respecto de las trabajadoras y trabajadores integrantes de las Instituciones Policiales encuentra fundamento o razonabilidad ya que se trata de una medida especial encaminada a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer en la entidad, por ello, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma combatida. Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis, toda vez que no fue reclamado por vicios propios, pues si bien es cierto que su existencia quedó acreditada en autos, también cierto resulta que la parte quejosa omitió formular conceptos de violación contra el acto de aplicación, ya que sólo los expresó contra la ley, no existiendo a juicio del suscrito vicio de inconstitucionalidad que de oficio lleve a declarar su contravención al texto fundamental, pues fue expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Sin que se desconozca la la tesis XVIII. 1º. 2 A (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 29, Abril de 2016, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, número de registro electrónico 2011464, del rubro siguiente: ""PENSIÓN POR JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO 16, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MORELOS, QUE PREVÉ EL ESQUEMA RELATIVO PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTAS, AL DAR UN TRATO DESFAVORABLE A LOS VARONES RESPECTO DE LAS MUJERES, VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO.", toda vez que se trata de una tesis aislada de carácter orientador mas no obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo; a mas que el presente fallo se sustenta en las consideraciones plasmadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 248/2012. Se invoca como sustento de lo anterior la jurisprudencia VI.1o.P. J/26 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, correspondiente a la Novena Época, del rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.". Por lo expuesto, y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Reyes Antúnez Suárez, respecto de la promulgación y publicación del artículo 16, fracción II, inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y el Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege Reyes Antúnez Suárez, por cuanto a la expedición y promulgación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, así como la expedición, publicación y ejecución del decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5390 el veinte de abril de dos mil dieciséis que se reclama al Congreso del Estado de Morelos y Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, por los razonamientos contenidos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy nueve de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con los mismos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de las autoridades oficiantes los que designan. En relación con la presuncional e instrumental de actuaciones que ofrece el Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por lo que respecta a las solicitudes para que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza a la parte promovente, la copia de actuaciones por medios electrónicos como escaners, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. Para dar margen a que las partes se impongan de los informes justificados, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy fijándose en su lugar, las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que suscribe el fedatario adscrito, mediante la cual refiere la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el auto de trece de abril de dos mil dieciocho, por los motivos que expone. En las relatadas circunstancias, se ordena se le practique a la parte quejosa, la notificación del citado acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe. Doy fe. ---ATENTO A LO ANTERIOR, SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA: REYES ANTUNEZ SUAREZ por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, EL ACUERDO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, que a la letra dice:"...Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 281/2018 signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo 698/2016-I, promovido por Reyes Antúnez Suárez, y el testimonio de la ejecutoria emitida en la sesión de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del amparo en revisión 978/2016, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se deja insubsistente la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO.- Se ordena reponer el procedimiento." En mérito de lo anterior, agréguese el cuaderno de antecedentes, y remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo del juicio de amparo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 978/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, se provee lo siguiente: Se deja insubsistente la sentencia emitida el once de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y se ordena reponer el presente procedimiento en términos de la ejecutoria de cuenta. Por lo tanto, a efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de garantías de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la peticionaria de garantías para el efecto de que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: ÚNICO.- Toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que, la parte promovente señaló como acto reclamado el decreto cuatrocientos cuarenta y ocho, mencionando que a través de éste le fue otorgada una pensión por jubilación, tomando como base lo establecido en el artículo 58 fracción I de la Ley del Servicio Civil vigente del Estado, sin embargo, de la prueba documental que acompañó a dicha demanda se advierte que tal decreto se sustentó en el artículo 16 fracción I inciso h) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública; lo procedente es requerir a la parte quejosa, para que manifieste si estima pertinente subsanar las irregularidades en que incurrió al exponer el acto reclamado, es decir para que realice dicha exposición de manera clara y precisa. Lo anterior, en el entendido de que la prevención antes señalada, no faculta al quejoso a señalar nuevos o diversos actos y autoridades, no invocados inicialmente, sino sólo a corregir las deficiencias, irregularidades u omisiones detectadas. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior prevención, dentro del término concedido, se tendrá como acto reclamado el indicado en el escrito inicial de demanda. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia I.4o.C. 26, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO" emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63. Tiene apoyo la anterior consideración por similitud, la tesis I.7o.A.100 K, del rubro "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época. Y de igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página cincuenta y cuatro, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. También, encuentra sustento por similitud jurídica, en la tesis XX.57 K, cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, visible en la página 871. Gírese oficio a las autoridades responsables, haciéndoles de su conocimiento la continuación del presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

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