Rey Omar Alfaro Guillen

Expediente 1490/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1490/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Rey Omar Alfaro Guillen
  • REY OMAR ALFARO GUILLEN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la Fedataria de la adscripción para notificar a la parte quejosa el auto de dieciséis de noviembre del año en curso (fojas 33 a 37), por el que se le previno en este juicio de amparo, por las razones que expone. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el referido proveído, a través de la lista de acuerdos que se pública en los estrados de este juzgado, así como los subsecuentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa el auto de dieciséis del mes y año en curso; la presente determinación; así como, las subsecuentes. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien certifica que la razón actuarial que dio origen a este acuerdo, así como el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación personal de catorce de noviembre del año en curso, practicada por la Actuaria de la adscripción al directo quejoso ***, cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de los actuales, de la cual se advierte la siguiente manifestación: "Que ratifica la demanda de amparo promovida a su favor, asimismo, refiere que señala como autorizados a los que se designa en el escrito de demanda, así como el domicilio que indica en la demanda de amparo". En consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por dicho quejoso; así como las efectuadas por la actuaria judicial de la adscripción, de las que se advierte que informa el estado físico en que se encuentra el impetrante de amparo, indicando que a simple vista no presenta huellas o signos de tortura, ni golpes o malos tratos ni incomunicación, señalando que al parecer se tiene en buen estado de salud, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar Por tanto, se tiene por ratificada la demanda de amparo y al respecto, se provee: PREVENCIÓN Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación al diverso 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", aclare su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Tomando en consideración, que de la diligencia de ratificación de demanda se desprende que el quejoso *******, se encuentra detenido con motivo de una orden de aprehensión por convenio de colaboración, derivada de la causa penal 00714/2021, ordenada por Juez Oral de lo Penal del Distrito Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora. En ese sentido, deberá indicar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Oral de lo Penal del Distrito Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, y como acto reclamado la orden de aprehensión por convenio de colaboración, derivada de la causa penal 00714/2021, ya que del anexo a la constancia de cuenta (foja 21), se desprende lo siguiente: *********. De ahí que, deberá especificar dicha circunstancia, a efecto de estar en aptitud de integrar a Litis constitucional. SEGUNDO. Exprese si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2007285, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y en términos restringidos de dicho artículo a ******* toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en dicho sistema. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Lo gin, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectiva la referida autorización. Por otro lado, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, los informes de suspensión de plano rendidos por el Juez de Control, Región Dos, de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad y anexos, mediante los cuales comunican que quedan enterados de la medida decretada en el juicio en que se actúa. De igual manera, en relación a los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por el Juez de Control, Región Dos, de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, tómense en consideración para efectos de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo1 , se toma conocimiento de los mismos, para el caso de considerar necesaria tal comunicación. Por otra parte, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la razón actuarial de catorce de noviembre del presente año, mediante la cual se desprende la imposibilidad para hacer entrega de los oficios 28872/2023 y 28873/2023, dirigidos a las autoridades responsables Director General de la Policía Especializada, por Conducto del Director Jurídico de la Policía Especializada, ambos de la Fiscalía General del Estado y Jefe de Grupo adscrito al Departamento se Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, ambas con sede en esta ciudad, ya que al constituirse a las instalaciones de dichas autoridades, fue informada por personal de esa adscripción que dichas autoridades son inexistentes. Atento a ello, resérvese a proveer lo conducente respecto a dichas inexistencias, hasta en tanto, la parte quejosa desahogue la prevención formulada en párrafos que anteceden. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien además certifica que las promociones que dieron origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    CITATORIO).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO B), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA TERCERA INTERESADA ***, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por *** esposa del tercero interesado ***, a través del cual, en atención al requerimiento realizado en auto de dieciséis de octubre del año en curso (fojas 84 y 85), pretende apersonarse al presente juicio de amparo como heredera del citado tercero interesado; personalidad que pretende acreditar con las constancias exhibidas mediante escrito recibido el doce de septiembre de la presente anualidad (fojas 58 a 60). Sin embargo, de las documentales en comento, no se advierte que haya comparecido a apersonarse al juicio agrario 329/2023 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cuatro, con residencia en esta ciudad, del que derivan los actos reclamados; por tanto, requiérase nuevamente a la citada promovente, para que en el término de tres días que otorga el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe si ya se apersonó al juicio agrario de origen, a efecto que este juzgado esté en condiciones de reconocerle el carácter de tercera interesada; en el entendido, que deberá adjuntar las constancias que lo acrediten. Notifíquese; y personalmente a ***.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda la constancia de notificación personal de catorce de noviembre del año en curso, practicada por la Actuaria de la adscripción al directo quejoso ***, cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de los actuales, de la cual se advierte la siguiente manifestación: "Que ratifica la demanda de amparo promovida a su favor, asimismo, refiere que señala como autorizados a los que se designa en el escrito de demanda, así como el domicilio que indica en la demanda de amparo". En consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por dicho quejoso; así como las efectuadas por la actuaria judicial de la adscripción, de las que se advierte que informa el estado físico en que se encuentra el impetrante de amparo, indicando que a simple vista no presenta huellas o signos de tortura, ni golpes o malos tratos ni incomunicación, señalando que al parecer se tiene en buen estado de salud, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar Por tanto, se tiene por ratificada la demanda de amparo y al respecto, se provee: PREVENCIÓN Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación al diverso 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", aclare su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Tomando en consideración, que de la diligencia de ratificación de demanda se desprende que el quejoso *******, se encuentra detenido con motivo de una orden de aprehensión por convenio de colaboración, derivada de la causa penal 00714/2021, ordenada por Juez Oral de lo Penal del Distrito Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora. En ese sentido, deberá indicar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Oral de lo Penal del Distrito Siete del Poder Judicial del Estado de Sonora, y como acto reclamado la orden de aprehensión por convenio de colaboración, derivada de la causa penal 00714/2021, ya que del anexo a la constancia de cuenta (foja 21), se desprende lo siguiente: *********. De ahí que, deberá especificar dicha circunstancia, a efecto de estar en aptitud de integrar a Litis constitucional. SEGUNDO. Exprese si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2007285, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y en términos restringidos de dicho artículo a ******* toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en dicho sistema. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Lo gin, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectiva la referida autorización. Por otro lado, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, los informes de suspensión de plano rendidos por el Juez de Control, Región Dos, de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua y el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad y anexos, mediante los cuales comunican que quedan enterados de la medida decretada en el juicio en que se actúa. De igual manera, en relación a los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por el Juez de Control, Región Dos, de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, tómense en consideración para efectos de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo1 , se toma conocimiento de los mismos, para el caso de considerar necesaria tal comunicación. Por otra parte, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la razón actuarial de catorce de noviembre del presente año, mediante la cual se desprende la imposibilidad para hacer entrega de los oficios 28872/2023 y 28873/2023, dirigidos a las autoridades responsables Director General de la Policía Especializada, por Conducto del Director Jurídico de la Policía Especializada, ambos de la Fiscalía General del Estado y Jefe de Grupo adscrito al Departamento se Ejecución de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada, ambas con sede en esta ciudad, ya que al constituirse a las instalaciones de dichas autoridades, fue informada por personal de esa adscripción que dichas autoridades son inexistentes. Atento a ello, resérvese a proveer lo conducente respecto a dichas inexistencias, hasta en tanto, la parte quejosa desahogue la prevención formulada en párrafos que anteceden. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza, Lucía Cortés Sierra, quien además certifica que las promociones que dieron origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se obtiene que mediante oficio ***, el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular (Encargado) de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas y Jefe de Departamento, ambos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, remitió diversas constancias en copia certificada relativas a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado respecto del quejoso Mohamedou Mohamed Mahmoud (fojas 49 a 95). Documentales a las que, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiada, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiada (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. (...)." Ahora bien, por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, se analizan las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...).". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiada (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Como se estableció con antelación, la autoridad responsable, remitió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 67 y 68), en que la autoridad responsable admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y previno a la parte quejosa, respecto al trámite de tal solicitud. 2. Acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 71 a 73), en el que previo desahogo de los requerimientos, la responsable admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa, y le asignó la Clave Única de Refugiado, lo cual le fue notificado en esa misma data, y, 3. Le expidió la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado al quejoso (foja 85 y 86). 4. Así como, la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor del aquí quejoso (foja 87). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de trece del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquél, y le asignó la correspondiente Clave Única de Registro de Población (CURP). De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió la constancia de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que le fue notificada personalmente el trece de septiembre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (cinco de septiembre de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra agendada para las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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