René Carlos Avila Velazquez
Expediente 521/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- René Carlos Avila Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de trece de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso de *** para que ratificara la demanda de amparo promovida a su favor por ***, sin que hiciera manifestación alguna. Asimismo, el promovente del amparo en su escrito de veinticuatro de mayo del año en curso, y en diligencia de ratificación de firma de treinta y uno de mayo siguiente (fojas 84 y 93), manifestó que tuvo comunicación vía telefónica con el directo quejoso ***, quien le confirmó que actualmente no se encuentra bajo los efectos de ninguno de los actos por lo que solicitó el amparo, que dicho inconforme continúa su camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que desconoce el lugar en que se encuentre actualmente el citado quejoso, y solicita que el juicio de amparo se tenga por concluido o se sobresea. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones innecesarias en la secuela de este asunto, con apoyo en el artículo 17 de la Constitución General de la República y por interpretación extensiva del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por *** a favor de ***. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". Es menester precisar que dicho criterio, se atiende por considerar que no se opone a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la diligencia de ratificación de firma del promovente del amparo ***. Ahora, no obstante a lo manifestado por el promovente del amparo en el sentido que tuvo comunicación vía telefónica con el directo quejoso ***, quien le confirmó que actualmente no se encuentra bajo los efectos de ninguno de los actos por lo que solicitó el amparo, que dicho inconforme continúa su camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que desconoce el lugar en que se encuentre actualmente el citado quejoso, y solicita que el juicio de amparo se tenga por concluido o se sobresea, y en virtud que de autos se obtiene que en razón de dos de mayo del año en curso, asentada por la Actuaria adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Acayucan, Veracruz, hizo constar que la imposibilidad de notificar al directo quejoso ***, por haber sido puesto en libertad por parte de la autoridad migratoria responsable. En consecuencia, para evitar dejar en estado de indefensión al directo quejoso, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, el proveído de radicación de la demanda de amparo, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se hicieron las prevenciones. Por otra parte, en virtud que se encuentra pendiente que el Juzgado Décimo de Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, devuelva el exhorto 91/2022, orden 169/2022, relativo a este juicio de amparo, en virtud que por oficio de diecinueve del mes y año en curso (foja 68), únicamente remitió una razón asentada por el Actuario adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Acayucan, Veracruz, con sede en esta misma ciudad, quedando pendiente la constancia de entrega de oficio a la autoridad responsable; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se ordena dar de baja dicha comunicación oficial y hacer las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Téngase por recibido el escrito de demanda promovida por *** a favor ***, contra actos de las autoridades siguientes: 1. Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración con sede en Monclova, Coahuila, con domicilio en ****. 2. Delegado del Instituto Nacional de Migración de Acayucan Veracruz, con domicilio en ****. 3.- El (la) Titular de la Estación migratoria de Acayucan Veracruz, con domicilio en ***. Actos reclamados: ? La ilegal detención por parte del Instituto Nacional de Migración y por consiguiente la privación ilegal de la libertad. ? La prolongación en el alojamiento de la que ha sido objeto en la estación migratoria de Acayucan Veracruz. ? La inminente deportación, expulsión o repatriación de la que podría sufrir por encontrarse privado de su libertad. ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 521/2022-6-B. Del análisis integral de la demanda de amparo se colige que, los actos reclamados lo constituyen: 1.- El aseguramiento, detención con fines de deportación fuera de procedimiento, expulsión, repatriación, retención, incomunicación, privación de la libertad que considera ilegal, la negativa a la libertad de tránsito; 2.- Detención o alojamiento prolongado. Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: (.) Sustenta lo anterior, la Tesis I.1o.P.6 P (11a.), emitida por Los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el diario oficial de la Federación, con registro digital 2024119, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. (.) En tales condiciones, respecto del acto reclamado consistente en la retención y la privación de la libertad que consideran ilegal, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Por tanto, toda vez que no existen elementos suficientes para tener por acreditado el acto de alojamiento prolongado que reclama el promovente, en consecuencia, este órgano jurisdiccional se reserva proveer respecto de la apertura del incidente de suspensión relativo a dicho acto, hasta en tanto, la demanda sea ratificada por el directo quejoso y se desahoguen las prevenciones que se formularán en el presente proveído; dado que las manifestaciones hechas por el promovente del amparo, no aportan mayores datos que permitan establecer con meridiana claridad los antecedentes del citado acto reclamado, en razón a que, no son vertidas por el directo quejoso, respecto a su permanencia en la Estación Migratoria, lo que motiva que se ordene la aclaración de la demanda de amparo en los términos antes formulados; aunado a que también se hace necesario contar con el informe de suspensión de plano que rindan las autoridades responsables, a fin de tener un parámetro en relación al tiempo en que el directo quejoso ha permanecido alojado en dicha Estación. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO Respecto del acto reclamado consistente en la posible incomunicación, analizado lo expuesto por el promovente y ante el peligro de que continúe ejecutándose dicho acto reclamado, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo a la parte quejosa su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. (.) Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. (.) Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. (.) Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. ...' Ley de Amparo "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. ..." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por los impetrantes del amparo y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que el directo quejoso Rene Carlos Ávila Velázquez, no sea objeto de incomunicación y de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco de la privación de la libertad con fines de deportación y expulsión, fuera de procedimiento, detención o alojamiento prolongado, incomunicación, sin causa legal; en el entendido de que el quejoso deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentre, sólo en lo que se refiere a sus libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa sus derechos como presentados: ? Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrán tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desean, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; podrán solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tienen derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre del directo quejoso por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del aquí quejoso, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (.) Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I.P. J/28 P (10a.) , emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acto de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar a territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderé a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le dé trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación del quejoso, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de la misma, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA Ahora bien, a fin de que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos a que se refieren los artículos 6 y 15 de la ley de la materia, previamente, es necesario que el directo quejoso René Carlos Ávila Velázquez, ratifique la petición de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que en el escrito de cuenta se advierte que el directo quejoso se encuentra alojado en la Estación Migratoria en la ciudad de Acayucan, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución General de la República, 298, 300 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se ordena girar atento exhorto vía juicio en línea, al Juzgado Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al Actuario Judicial de su adscripción, para que se constituya a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz o en cualquier estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad, a fin de que localice al directo quejoso René Carlos Ávila Velázquez; y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar al directo quejoso, en el lugar respectivo; Notificarle el presente auto; Requerirlo para que en ese acto o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre. Lo aperciba que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedará sin efecto las medidas decretadas. Dar fe del estado físico en que se encuentra el agraviado. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. Así también se solicita al actuario adscrito al Juzgado de Distrito que conozca de dicha comunicación oficial, entregue los oficios correspondientes a este proveído, notificando la presente suspensión de plano, de los cuales se anexa un juego, solicitando de la manera más atenta al Juzgado exhortado, los imprima tantas veces sea necesario, a fin de notificar a las siguientes autoridades: ??????????????? 9937/2022 DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE ACAYUCAN VERACRUZ, CON DOMICILIO EN CARRETERA DEL GOLFO NÚMERO DOSCIENTOS VEINTIUNO, MIGUEL ALEMÁN ACAYUCAN VERACRUZ ??????????????? 9938/2022 EL (LA) TITULAR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE ACAYUCAN VERACRUZ, CON DOMICILIO EN CARRETERA DEL GOLFO NÚMERO DOSCIENTOS VEINTIUNO, MIGUEL ALEMÁN ACAYUCAN VERACRUZ De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 Constitucional, se faculta al actuario de su adscripción, testar de ser necesario la denominación incorrecta, y colocar, de su puño y letra, el nombre correcto de cada autoridad a fin de notificar a las autoridades señaladas en el escrito de demanda, o la autoridad donde sean localizada la directa quejosa. Hecho lo anterior, sírvase devolverla a la brevedad posible a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adjuntando las constancias de notificación que al efecto haya recabado. PREVENCIÓN Asimismo, una vez localizado y hecha la ratificación de demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", aclaren la demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Señalen si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señalan como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. SEGUNDO. De existir en su contra algún procedimiento de regularización migratoria indiquen si han ejercido su derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional", ya que lo señalan como acto reclamado. TERCERO. De igual forma, indique si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. CUARTO. Precise en qué Estación Migratoria se encuentra actualmente alojado, la fecha en que fue presentado ante ésta y el tiempo que, en su caso, ha permanecido detenido en la misma. QUINTO. Manifieste si es su deseo señalar como autorizado al promovente y a la persona que se cita en el escrito de demanda, así como si es su deseo tener como domicilio para oír y recibir notificaciones por estrado de este Juzgado, y el correo electrónico y número de teléfono proporcionados. APERCIBIMIENTO Se apercibe al quejoso que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De actualizarse una casual de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de amparo, se acordara lo conducente, ello de conformidad con el numeral 64 del ordenamiento citado.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito al parecer firmado por el promovente del amparo ***, con el que pretende dar cumplimiento al requerimiento ordenado en auto veinte de mayo de dos mil veintidós. Ahora, previo a proveer lo que en derecho procede en relación con el contenido del escrito de cuenta, es dable precisar que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta al parecer por el promovente del amparo ***, es notoriamente distinta a la estampada en el escrito inicial de demanda, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Escrito de demanda ---- Cumplimiento de prevención --- Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, y que pretenda desahogar el requerimiento ordenado en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce de al escrito inicial de la demanda. Por lo que se ordena al Actuario adscrito a este Juzgado que notifique personalmente el presente proveído al promovente, tomando en consideración los artículos 3, 4, y 6 todos del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, en el sistema de "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del Artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2º, comparezca a este órgano jurisdiccional, ubicado en Predio Rustico denominado "Huerto Santa Isabel" Carretera Cantón Murillo K.M.0+450, Tapachula, Chiapas, con identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito que se atiende e indique si la reconoce como suya, apercibido que de no comparecer, se tendrá por no presentado. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 3a. 24, Octava Época, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207437, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Comparecencia, que deberá realizarse dentro de los días y horas hábiles que tiene este juzgado federal para realizar actuaciones, esto es, de lunes a viernes, preferentemente de las diez horas con a las dieciocho horas. Lo anterior, es así ya que de llevar a cabo actuaciones fuera de dicho horario las mismas se tonarían nulas y para realizar diligencias fuera del mismo tendría que ser con motivo de actos que ameriten un trato urgente o causas de fuerza mayor que justifiquen su actuar. No obstante lo anterior, a fin de hacer accesible la impartición de justicia tal y como lo demanda el artículo 17 Constitucional, en caso de que la quejosa se encuentre imposibilitada para comparecer dentro del horario que tiene habilitado este juzgado para llevar a cabo actuaciones, deberá hacerlo del conocimiento dentro de los tres días otorgados en el párrafo que antecede, para que el suscrito provea lo conducente a efecto de habilitar hora inhábil para tomar la comparecencia de ratificación, de no hacerlo así no podrá ser tomada diligencia alguna fuera del horario hábil. Sustenta a lo anterior, aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J. 14/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, materia común, página 6, con registro electrónico 2015471, del texto siguiente: "RESOLUCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÁ LEGALMENTE IMPEDIDO PARA EMITIRLAS EN UN DÍA INHÁBIL, PERO LABORABLE, SO PENA DE INCURRIR EN UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio." Por otra parte, infórmesele que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus ***, para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección. En el entendido de que la notificación del presente proveído a través del correo electrónico *** o número telefónico *** proporcionados por el promovente, es decir, procure entablar comunicación de manera personal con el interesado
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