Rey Hassam Salas Gonzalez
Expediente 1554/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- R. I. S. M.
- Rey Hassam Salas Gonzalez
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar de Hermosillo, Sonora.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
"...CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil veintidós, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Blas Martínez Aboyte, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de Juez, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y del oficio CCJ/ST/681/2022, de catorce de marzo de dos mil veintidós, ante Gabriel Coria Martínez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de las constancias del sumario, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informes justificados. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Abierto el período de pruebas, el Secretario certifica que la parte quejosa y las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y Subdirectora de Protección a la Niñez de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, presentaron pruebas documentales, asimismo, que este juzgado recabó de manera oficiosa diversas documentales, las cuales obran agregadas en autos, así como en los tomos I y II de pruebas. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el Secretario certifica que las partes no formularon alegatos. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1554/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado en veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, Rey Hassam Salas González, por su propio derecho, y en representación de su mejor hijo de identidad reservada R.I.S.M., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, la que se admitió a trámite por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, con formación del expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno bajo el número 1554/2021, en el que además se ordenó pedir informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a cumplir con la obligación de fijar de manera clara y precisa el acto reclamado. Analizados el escrito de demanda, demás constancias de autos y atendiendo a la efectiva pretensión de la parte quejosa, se concluye que los actos reclamados consisten en: De los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora: La resolución interlocutoria, providencia cautelar o juicio promovido por Francisca Ozuna Moreno (abuela materna del menor quejoso), bajo el número de expediente 1055/2021, que resuelva u otorgue la custodia o tutela del menor de identidad reservada R.I.S.M., a la referida abuela materna, así como la falta de otorgarle al quejoso la garantía de audiencia en el referido juicio; y, De la Subdirectora de Protección a la Niñez de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: La audiencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual dicha autoridad omitió entregar al menor quejoso de identidad reservada R.I.S.M., a los padres del quejoso (abuelos paternos) o al propio quejoso (padre). TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, precisados en el inciso a) del apartado correspondiente, pues de esta manera lo sostuvieron dichas autoridades responsables en sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Tampoco son ciertos los actos atribuidos a la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, por lo que hace a los actos consistentes en la resolución interlocutoria o providencia cautelar dictada en el juicio ordinario familiar 1055/2021, que resuelva o tenga por objeto otorgar la custodia o tutela del menor de identidad reservada R.I.S.M., a la abuela materna, no obstante que dicha autoridad haya aceptado la existencia de los mismos, ya que del análisis de las constancias que allegó la autoridad en comento al sumario, no se advierte que se le hubiera otorgado el reconocimiento de tal prerrogativa (tutela provisional) a la parte actora -aquí tercera interesada-, pues no hay constancia de que hubiera protestado y aceptado el cargo conferido, tal como lo dispuso en auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen. Documentales a la que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Del mismo modo, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdirectora de Protección a la Niñez de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de entregar al menor de identidad reservada R.I.S.M., a los padres del quejoso (abuelos paternos) o al propio quejoso (padre), en la audiencia celebrada en veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, toda vez que así lo expresó la referida Subdirectora en su informe de ley, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que demostrara lo contrario, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que hace a los actos y autoridades responsables en comento, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia número 284, consultable en la página 36, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, consistente en la radicación del juicio ordinario familiar 1055/2021, promovido por la tercera interesada Francisca Ozuna Moreno (abuela materna del menor quejoso), en el cual reclama la pérdida de la patria potestad relativa al menor de identidad reservada R.I.S.M., en perjuicio del demandado -aquí quejoso- Rey Hassam Salas González, a quien no se le otorgó garantía de audiencia en dicho juicio. Lo anterior, en virtud de que así lo sostuvo dicha autoridad al rendir su informe justificado, además, dicha certeza se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de ley, consistente en las actuaciones que integran el juicio ordinario familiar 1055/2021 de su índice; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición de su arábigo 2, por tratarse de actuaciones expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causa de improcedencia. No se analizará el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, pues en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) La cesación de efectos del acto reclamado, ocurre cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En este orden de ideas, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente asunto el quejoso reclama a través de este medio de control constitucional la falta de garantía de audiencia al juicio ordinario familiar 1055/2021, promovido por la tercera interesada Francisca Ozuna Moreno, relativo a la pérdida de la patria potestad del menor de identidad reservada R.I.S.M., en perjuicio del promovente de amparo. No obstante lo anterior, de las constancias allegadas al sumario por la Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, se advierte que en dos de febrero de dos mil veintidós, la Actuaría Tercera Ejecutora adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, emplazó al quejoso Rey Hassam Salas González, por lo que hace al juicio ordinario familiar 1055/2021, corriéndole traslado con el escrito inicial de demanda, auto dictado en dos de diciembre de dos mil veintiuno y demás actuaciones relativas a dicho juicio, quedando debidamente notificado y emplazado a juicio para efecto de que en el término de diez días, contestara la demanda entablada en su contra y opusiera las defensas y excepciones correspondientes. Asimismo, se obtiene que por escrito presentado ante la responsable en dieciséis de febrero del año en curso, el demandado Rey Hassam Salas González, contestó la demanda entablada en su contra, oponiendo las defensas y excepciones pertinentes, contestación que fue admitida por la responsable en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, quedando así fincada la Litis del juicio y dando oportunidad al quejoso de defender sus derechos y concederle la garantía de audiencia solicitada. Por tanto, se determina que en el caso han cesado los efectos de los actos reclamados, de modo tal que ha ocurrido la destrucción de todos sus efectos en forma total e incondicional, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se llega a la anterior conclusión toda vez que al quedar debidamente emplazado el quejoso al juicio de origen, y de esta manera respetarle su garantía de audiencia para oponer las defensas y excepciones que considere pertinentes, la responsable destruyó todos los efectos de los actos reclamados, y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En tales condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se determina sobreseer en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63, de la referida ley. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1554/2021, promovido por Rey Hassam Salas González, por su propio derecho, y en representación de su mejor hijo de identidad reservada R.I.S.M., contra los actos reclamados a las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y Subdirectora de Protección a la Niñez de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, todas con sede en esta ciudad, precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Blas Martínez Aboyte, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de Juez, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y del oficio CCJ/ST/681/2022, de catorce de marzo de dos mil veintidós, y firma ante Gabriel Coria Martínez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
... Vista la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de seis de abril de dos mil veintidós, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho o interés convenga en relación con la designación del licenciado Blas Martínez Aboyte, como Secretario en funciones de Juez de este Órgano Jurisdiccional, de manera que aún no transcurre el plazo de tres días que tienen para tal efecto. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy y, en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil veintidós...
- Principal
Del contenido de la certificación de cuenta se desprende que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó la designación de Blas Martínez Aboyte, como Secretario en funciones de Juez de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de abril del año en curso. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes para que, en su caso, en el plazo de tres días contabilizado legalmente, manifiesten lo que a su derecho o interés convenga...
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