Rey David Burgos Corrales

Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1053/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Rey David Burgos Corrales

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal del expediente se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, remitió a este Juzgado las constancias que integran el juicio laboral 2289/20JE1 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. Ahora bien, toda vez que en trece de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó archivar el presente juicio de amparo asunto como concluido, al resultar innecesaria la retención del expediente de origen, se ordena hacer la devolución del mismo a la Junta responsable...

  2. Principal

    ... De la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para que el promovente interpusiera recurso de queja... contra el acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo... sin que lo hubiesen hecho. En consecuencia... se declara que el acuerdo en cita HA CAUSADO ESTADO. Se ordena... archivar este expediente como asunto concluido...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO REY DAVID BURGOS CORRALES, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente dice: "Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, a través del cual remite los autos del expediente 580/2021, relativo al amparo directo laboral promovido por Rey David Burgos Corrales, así como sus anexos. Se ordena acusar recibo a la autoridad oficiante. En consecuencia, se provee sobre la demanda presentada contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, consistente en la negativa de reconocer la personalidad del quejoso en el juicio laboral 2289/2020. Desechamiento: Ahora, del contenido de la demanda se advierte un motivo indudable y manifiesto de improcedencia que necesariamente lleva a desecharla, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De acuerdo con el artículo citado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudiera allegar las partes. Ilustra sobre el particular, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. De la lectura integral de la demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción V, del mismo ordenamiento. Los preceptos legales aludidos disponen que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De los preceptos transcritos se infiere que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Así, los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, o sea, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las anteriores consideraciones se encuentran en la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, ubicada en publicación semanal Contradicción de Tesis, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso, el acto reclamado es la negativa decretada en la audiencia de veintiocho de abril de este año, de reconocer la personalidad del quejoso en el juicio laboral 2289/2020 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, actuación que no afecta los derechos sustantivos consagrados por la Constitución, ni tiene efectos de imposible reparación. Lo anterior, pues si bien es cierto el acto reclamado pudiera derivar en una violación a las leyes que norman el procedimiento (violación al derecho de audiencia), esta solo impacta a las partes respecto al trámite del juicio de origen y no se materializa en una afectación a un derecho sustantivo, sino únicamente en el ámbito procesal; además, dicha violación es susceptible de no transcender al fallo definitivo pues el solicitante de amparo podría resultar vencedor en el juicio de origen, caso en el que, no resentiría ningún perjuicio. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107 fracción V, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y Autorizados: Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en boulevard Serna y calle de la Bajada, número 3 colonia Hacienda de la Flor, de esta ciudad. Ahora, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a Amado Bobadilla Pardo, Juan Manuel Monge Carrillo y Florentino Vázquez Borja, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del precepto legal citado, a Gustavo Celaya Hernández, Gloria María Robles Coronado, Julio Alonso Gutiérrez Ortega, Silvia A. Sánchez Ruiz, Celina Lizbeth Vázquez Meza, Elba Florentina Vázquez Meza y Sagrario Guadalupe Castillo Peralta, en tanto acrediten contar con cédula que los faculte para ejercer la abogacía. Del mismo modo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tienen por señalado el correo electrónico florentino1.937@hotmail.com a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: Ahora, con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19..."

  4. Principal

    Recepción de oficio: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, mismo que remitió vía electrónica a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a través del cual transcribe la determinación de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo directo 580/2021 de su estadística, promovido por Rey David Burgos Corrales, del que se desprende que el Tribunal oficiante se declaró incompetente para conocer dicho juicio. Formación y registro de expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1053/2021 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Solicitud de demanda y anexos: Ahora bien, del contenido de la determinación transcrita en el oficio que se atiende, se advierte que la autoridad declinante ordena la remisión del expediente 580/2021 de su índice, y de sus anexos correspondientes, formados con motivo del amparo directo promovido por Rey David Burgos Corrales. Consecuentemente, se solicita al Tribunal oficiante, que de no tener inconveniente legal alguno, remita a la brevedad posible, la demanda de amparo, el expediente a que hace referencia el párrafo que antecede y sus respectivos anexos. En razón de lo acordado anteriormente, se reserva proveer respecto de la admisión de la demanda, hasta en tanto se reciban en este Órgano Jurisdiccional las mencionadas constancias...

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