Rex Thomas Strickland
Expediente 3/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rex Thomas Strickland
Actuaciones
- Principal
CUENTA. En la misa fecha, la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja a que alude el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, en contra del proveído de cuatro de enero del año en curso, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***, QUIEN SE OSTENTA APODERADO LEGAL DE ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto el escrito de cuenta que suscribe ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ******************** a través del cual solicita acceso y publicación de los acuerdos dictados en el presente juicio, a lo que se acuerda. Una vez que se tuvo acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, específicamente el expediente electrónico de este juicio, se advierte que en el mismo no se tiene acceso para su consulta; por tanto, procédase de nueva cuenta a dar de alta el acuerdo dictado el cuatro de enero del presente año, para su consulta vía línea, a efecto de que la parte quejosa tenga conocimiento del mismo. En Celaya, Guanajuato, a cuatro de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta apoderado legal de ********************refiriendo que tiene acreditada dicha personalidad en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, a través de la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y Secretario General de dicho tribunal laboral; que estima violatorios de sus derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno y asígnesele el número 3/2017-IV.1; atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente con una impresión de la demanda y de sus anexos, relacionándose en el sistema y, procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Se precisa que las tesis que se invocarán son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en tanto no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Una vez analizada la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se acuerda lo siguiente: Del escrito de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el solicitante del amparo señala como autoridades responsables al Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y Secretario adscrito a dicho tribunal laboral, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; autoridades a las que reclamó el acto que describe de la forma siguiente: "IV.- Norma general, acto y omisión que de cada autoridad se reclame. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, el acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2016 y notificado mediante publicación en la página de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social el día 15 de diciembre del año 2016, por medio del cual tiene por desechado el incidente promovido por la parte demandada hoy quejosa interpuesto en contra de los actos contenciosos en la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas de fecha 25 de noviembre del año 2016, en la cual se aplicó en perjuicio del quejoso el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, decretando de manera defectuosa e ilegal la no justificación de la ausencia del absolvente a la prueba confesional, con las consecuencias legales que ello conlleva." De lo anterior el suscrito Juzgador Federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. A fin de corroborar dicho aserto, resulta necesario destacar las normas (tanto de la Constitución Federal como de la Ley de Amparo) que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con fundamento en el artículo 74 de la vigente Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral ********************, a través de la cual la Junta responsable, desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada (aquí quejosa), en contra del proveído de veinticinco de noviembre del año próximo pasado, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, dice el promovente, decretó de manera defectuosa e ilegal la no justificación de la ausencia del absolvente de la prueba confesional ofertada por la parte actora (aquí tercera interesada). De lo anterior se advierte que la determinación asumida por la Junta responsable no pueden considerarse que tenga sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que haga jurídicamente imposible el resarcimiento con una actuación posterior, pues será hasta que se dicte el laudo en dicho juicio cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, porque puede suceder que dicho fallo le sea favorable y en esa virtud no se patentizaría el mismo a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el amparo directo que se promueva en contra del laudo que se dicte en el juicio laboral. En efecto, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. De ahí que, si el proveído reclamado desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra de un auto en el cual la Junta responsable decretó la no justificación de la ausencia del absolvente de la prueba confesional ofertada por la parte actora (aquí tercera interesada), resulta inconcuso que ello es una situación que hasta este momento procesal no causa un perjuicio de imposible reparación al impetrante de amparo que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues se insiste sí aún no se ha dictado el laudo en aquél procedimiento, en todo caso afectaría un derecho procedimental. Es aplicable la jurisprudencia, por contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal del Décimo Primer Circuito y el Tercer Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 13, de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.". Por tanto, como las consecuencias de la determinación tomada por la Junta responsable al desechar el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada y aquí quejoso ********************, en contra del proveído emitido en el expediente laboral ******************** el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó la no justificación de la ausencia del absolvente de la prueba confesional ofertada por la parte actora (aquí tercera interesada), es de carácter intraprocesal y no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata derechos sustantivos; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, Tomo XVI, Octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte aquí quejosa y en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172 fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (I a II...) III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones, el ubicado en calle ***, en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, toda vez que indica una dirección de correo electrónico y la misma se ha verificado por esta secretaría que se encuentra dada de alta en el sistema que para tal efecto se implementó tal y como se muestra: Por tanto, a efecto de evitar una dualidad o duplicidad de la notificación únicamente se tiene la dirección de correo como aquella en la que se efectúan las notificaciones aún las de carácter personal. En otro orden, como lo solicita el peticionario del amparo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley sobre la Materia, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***, toda vez que si tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computacional para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los diversos profesionistas ***, por incumplir con dicho requisito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Notifíquese en línea a la parte quejosa.
- Principal
Celaya, Guanajuato, diecisiete de enero de dos mil diecisiete Visto el escrito de cuenta que suscribe Salvador Juárez Silva, quien se ostenta como apoderado legal de REX THOMAS STRICKLAND, a través del cual solicita acceso y publicación de los acuerdos dictados en el presente juicio, a lo que se acuerda. Una vez que se tuvo acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, específicamente el expediente electrónico de este juicio, se advierte que en el mismo no se tiene acceso para su consulta; por tanto, procédase de nueva cuenta a dar de alta el acuerdo dictado el cuatro de enero del presente año, para su consulta vía línea, a efecto de que la parte quejosa tenga conocimiento del mismo. NOTIFÍQUESE, Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firmó el maestro José Ulaje Escobedo, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme al oficio CCJ/ST/7869/2016, asistido de la licenciada Cristina Freyre Campos, Secretaria que autoriza y da fe. En cumplimiento al auto antes citado, se procede a insertar el diverso de cuatro de Enero actual, que dice: Celaya, Guanajuato, cuatro de enero de dos mil diecisiete Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Juárez Silva, quien se ostenta apoderado legal de REX THOMAS STRICKLAND, refiriendo que tiene acreditada dicha personalidad en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, a través de la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y Secretario General de dicho tribunal laboral; que estima violatorios de sus derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno y asígnesele el número 3/2017-IV.1; atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente con una impresión de la demanda y de sus anexos, relacionándose en el sistema y, procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Se precisa que las tesis que se invocarán son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en tanto no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Una vez analizada la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, se acuerda lo siguiente: Del escrito de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que el solicitante del amparo señala como autoridades responsables al Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y Secretario adscrito a dicho tribunal laboral, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; autoridades a las que reclamó el acto que describe de la forma siguiente: "IV.- Norma general, acto y omisión que de cada autoridad se reclame. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, el acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2016 y notificado mediante publicación en la página de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social el día 15 de diciembre del año 2016, por medio del cual tiene por desechado el incidente promovido por la parte demandada hoy quejosa interpuesto en contra de los actos contenciosos en la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas de fecha 25 de noviembre del año 2016, en la cual se aplicó en perjuicio del quejoso el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, decretando de manera defectuosa e ilegal la no justificación de la ausencia del absolvente a la prueba confesional, con las consecuencias legales que ello conlleva." De lo anterior el suscrito Juzgador Federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, este último aplicado en sentido contrario, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. A fin de corroborar dicho aserto, resulta necesario destacar las normas (tanto de la Constitución Federal como de la Ley de Amparo) que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con fundamento en el artículo 74 de la vigente Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio laboral 3107/2015/L1/CE/IND, a través de la cual la Junta responsable, desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada (aquí quejosa), en contra del proveído de veinticinco de noviembre del año próximo pasado, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, dice el promovente, decretó de manera defectuosa e ilegal la no justificación de la ausencia del absolvente de la prueba confesional ofertada por la parte actora (aquí tercera interesada). De lo anterior se advierte que la determinación asumida por la Junta responsable no pueden considerarse que tenga sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que haga jurídicamente imposible el resarcimiento con una actuación posterior, pues será hasta que se dicte el laudo en dicho juicio cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, porque puede suceder que dicho fallo le sea favorable y en esa virtud no se patentizaría el mismo a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el amparo directo que se promueva en contra del laudo que se dicte en el juicio laboral. En efecto, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. De ahí que, si el proveído reclamado desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en contra de un auto en el cual la Junta responsable decretó la no justificación de la ausencia del absolvente de la prueba confesional ofertada por la parte actora (aquí tercera interesada), resulta inconcuso que ello es una situación que hasta este momento procesal no causa un perjuicio de imposible reparación al impetrante de amparo que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues se insiste sí aún no se ha dictado el laudo en aquél procedimiento, en todo caso afectaría un derecho procedimental. Es aplicable la jurisprudencia, por contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal del Décimo Primer Circuito y el Tercer Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 13, de rubro: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.". Por tanto, como las consecuencias de la determinación tomada por la Junta responsable al desechar el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada y aquí quejoso Rex Thomas Strickland, en contra del proveído emitido en el expediente laboral 3107/2015/L1/CE/IND el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó la no justificación de la ausencia del absolvente de la prueba confesional ofertada por la parte actora (aquí tercera interesada), es de carácter intraprocesal y no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata derechos sustantivos; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de la resolución que ponga fin a juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, Tomo XVI, Octubre de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte aquí quejosa y en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172 fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (I a II...) III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones, el ubicado en calle Boulevard Adolfo López Mateos oriente # 1286, interior 6-K, pabellón del campestre, código postal 38080, en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Sin embargo, toda vez que indica una dirección de correo electrónico y la misma se ha verificado por esta secretaría que se encuentra dada de alta en el sistema que para tal efecto se implementó tal y como se muestra: Por tanto, a efecto de evitar una dualidad o duplicidad de la notificación únicamente se tiene la dirección de correo como aquella en la que se efectúan las notificaciones aún las de carácter personal. En otro orden, como lo solicita el peticionario del amparo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley sobre la Materia, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado Luis Manuel Ornelas López, toda vez que si tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computacional para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los diversos profesionistas Luis Antonio González Rodríguez y Edmundo Arellano Cuevas, por incumplir con dicho requisito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Notifíquese en línea a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado José Francisco Salazar Trejo, asistido de la licenciada Cristina Freyre Campos, Secretaria que autoriza y da fe.
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