Rex Thomas Strickland
Expediente 664/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rex Thomas Strickland
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de desechamiento, mismo que fue radicado como RQL 54/2022. De lo que se toma nota para los fines legales conducentes.
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que en proveído de veinte de julio pasado, se tuvo interpuesto recurso de queja contra el auto de desechamiento; en dicho acuerdo se ordenó remitir electrónicamente el medio de impugnación al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; sin embargo, tanto en el expediente físico como electrónico, se inadvierte el acuse de recepción en cumplimiento a lo acordado; en ese sentido, se instruye al actuario de la adscripción para que a la brevedad adjunte la constancia respectiva, o bien, remita el recurso de queja al Tribunal Colegiado.
- Principal
Recepción de escrito. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Salvador Juárez Silva, en su calidad de apoderado legal del quejoso *********; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene interpuesto recurso de queja contra el proveído de trece de julio de dos mil veintidós; En razón de lo anterior, dada la naturaleza de la determinación recurrida, y toda vez que el presente recurso de queja se presentó vía interconexión a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), como se desprende de la evidencia criptográfica del ocurso de cuenta, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito electrónico de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro.
- Principal
Cumple requerimiento. Visto lo de cuenta, glósese al expediente el escrito firmado por ******, en su calidad de apoderado legal de **** mediante el cual cumple con el requerimiento de cuatro de julio pasado precisa la fecha en que se dictó el laudo. La parte quejosa señala como autoridades responsables, las siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Congreso de la Unión; Titular del Diario Oficial de la Federación; y, Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado residente en esta ciudad. De quienes reclama los actos que hace consistir como: Discusión, expedición, aprobación y publicación del artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo; y, Como su primer acto de aplicación, la resolución interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintidós que resuelve el recurso de revisión contra el acto del actuario de uno de marzo del mismo año, sobre la identidad del inmueble. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. *** Improcedencia por no ser última resolución en ejecución de laudo. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, tenemos que en los procedimientos civiles, mercantiles o laborales (que es el procedimiento respectivo), la última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. De lo que se sigue que de la intelección de los numerales 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos emitidos por autoridades jurisdiccionales: La primera consiste en que este procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia o durante la sustanciación del procedimiento de remate, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En abono a lo anterior, es necesario precisar que la procedencia del juicio de amparo en tratándose de la última resolución en el juicio respectivo se rige por las siguientes reglas: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, 3. El auto que ordena el archivo definitivo del expediente. Estos son los supuestos que deben actualizarse para considerar cuál es la última resolución en un procedimiento; lo anterior se estima así, anticipándose, porque la determinación de la que se duele la parte quejosa no encuadra en ninguno de estos supuestos, ya que en todo caso se trata de un aspecto intermedio dictado en la fase de ejecución, lo que trae como resultado la improcedencia el juicio de amparo indirecto, ya que tiende a retrasar o dilatar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia o laudo; máxime si se toma en consideración que aquellas violaciones suscitadas en etapas intermedias del procedimiento de ejecución en un juicio laboral se pueden reclamar en el amparo biinstancial que se promueva contra la determinación que le ponga fin a dicha fase. Análisis del caso concreto. Primeramente, ya que el amparo contra normas generales heteroaplicativas es procedente cuando se reclame en virtud de su primer acto de aplicación, será analizada la procedencia del acto concreto que da la posibilidad de promover amparo contra la norma. Así, la parte quejosa reclama como acto de aplicación la resolución interlocutoria de uno de marzo de dos mil veintidós que resuelve el recurso de revisión contra actos ejecutados en cumplimiento del laudo, específicamente, el embargo de un inmueble; por lo que, dicha determinación no resulta ser la última que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco resulta ser un auto que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo anterior se pone en evidencia en la narrativa de antecedentes siguiente: El veintitrés de octubre del dos mil quince, ***** presenta demanda en vía ordinaria laboral a ****** lo que por cuestiones de competencia se radica en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato con residencia en Celaya, Guanajuato, formándose el expediente número ****. Seguido el juicio laboral por sus etapas procesales, el ocho de marzo del año dos mil diecisiete, se dictó laudo dentro del expediente laboral indicado, en la cual se absuelve de todas las prestaciones al demandado *****. Inconforme, la actora promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en material de Trabajo del Decimosexto Circuito, quien determinó conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a ******, como consecuencia el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato con residencia en Celaya, Guanajuato, dictó resolución en forma de laudo, en la cual se condena de todas las prestaciones reclamadas a ******. El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la parte actora en el Juicio laboral multicitado, por conducto de su apoderado, solicita auto de requerimiento de pago y embargo ante la autoridad responsable en el domicilio ubicado en------; el veintiuno de marzo de ese año, se lleva a cabo mediante actuario la diligencia respectiva, donde la parte actora en el juicio principal, presenta certificado de gravamen con folio real ******* a nombre de ******, percatándose el actuario que no coincide con el domicilio; previa nueva solicitud, se verificó nueva diligencia el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la que se embargó el inmueble ubicado en comunidad ***** Guanajuato. Frente a esa actuación, el demandado interpuso recurso de revisión, el que verificados sus etapas, se resolvió el quince de octubre del dos mil dieciocho, se declaró procedente el medio de impugnación; esa determinación no fue recurrida por ninguna de las partes. El veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, la parte actora solicitó de nueva cuenta requerimiento de pago y embargo ante la Junta Laboral responsable en el domicilio ubicado en ********; el dieciocho de diciembre de ese año se verificó diligencia en que se embargó dicho bien inmueble; la parte demandada de nueva cuenta, inconforme con la citada diligencia, interpuso recurso de revisión; fue resuelto el diez de abril de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar su procedencia; no se recurrió por ninguna de las partes. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve la parte actora de nueva cuenta solicitó auto de requerimiento de embargo; la diligencia respectiva se verificó el uno de Julio del dos mil diecinueve, se trabó embargo sobre el multi-referido bien raíz; la parte que represento inconforme con la citada diligencia, interpuso recurso de revisión; fue resuelto el uno de marzo de dos mil veintidós. Resolución esta última que constituye el acto materia del reclamo constitucional. Por lo que, si el juicio se encuentra en etapa de ejecución de laudo y la determinación resulta ser una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, el acto no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución. Ello, pues el Pleno de la Suprema Corte del país determinó que la referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de laudo, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, pues este requisito tiene como finalidad evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución, se limita a la impugnación de la «última resolución» que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, resulta incontrovertible que lo reclamado en esta vía es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución, el cual no puede ser combatido a través de esta instancia constitucional, sino hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o en su caso que ordene el archivo definitivo del expediente, momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante esta etapa, pues lo que debe evitarse lo es la obstaculización de la ejecución del juicio. **** Ahora, respecto al reclamo en vía de consecuencia -discusión, expedición, aprobación y publicación del artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo -, toda vez que el acto de aplicación por el cual pretendió impugnarlos resultó improcedente, las porciones normativas siguen su suerte; ello, ya que como se mencionó, el amparo contra leyes heteroaplicativas en amparo indirecto es procedente únicamente cuando se impugna con motivo del acto de aplicación, pero con la salvedad de que este sea procedente. Además, al ser el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo; el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Rene Nieto Peña805/2015
- Rene Serrano Jasso708/2021
- René Vázquez Arreola22/2020
- Rene Vazquez Nuñez1054/2015
- Rex Thomas Strickland603/2023
- Rex Thomas Strickland622/2023
- Rex Thomas Strickland588/2022
- Rex Thomas Strickland879/2018
- Rex Thomas Strickland3/2017
- Rex Thomas Strickland4/2017
- Rex Thomas Strickland1154/2016
- Rex Thomas Strickland1155/2016