Rene Saldaña Albarran
Expediente 405/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Rene Saldaña Albarran
Actuaciones
- Principal
II) Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por René Saldaña Albarrán, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por René Saldaña Albarrán, contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil en Toluca, México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 405/2019-II. Precisión del acto reclamado. La resolución de cinco de marzo de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 387/2019, por la Primera Sala Civil de Toluca, que confirma la interlocutoria de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, que declaró procedente la excepción de competencia, así como su ejecución. Causa de improcedencia. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la tesis y jurisprudencia invocadas interpreten la legislación de amparo abrogada, pues aquéllas no son contrarias, ni se contraponen con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Lo que también acontece respecto de los demás criterios que serán invocados en esta determinación. Precisado lo anterior, conviene destacar que la resolución reclamada constituye un hecho notorio al constar en copia certifica en los autos del juicio de amparo 1192/2018-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, la cual se ordena certificar y glosar a los presentes autos; ello, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al cual los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, así como de la copia certificada de la resolución reclamada que goza de valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su precepto 2º; se obtiene que el impetrante reclama la determinación de cinco de marzo de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 387/2019, por la Primera Sala Civil de Toluca, que confirma la interlocutoria de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el expediente 810/2017, relativo al juicio ordinario civil sobre responsabilidad objetiva y directa, promovido por ahora quejoso, que declaró procedente la excepción de competencia. Determinación respecto de la cual el juicio de amparo indirecto es improcedente porque fue dictada en ejecución de diverso juicio de amparo, concretamente, en cumplimiento a la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, que al revocar el fallo emitido por este juzgador y reasumir jurisdicción, concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al Gobierno del Estado de México, en el juicio de amparo 1192/2018-VII, del índice de este órgano jurisdiccional. Cuyos efectos se concretaron a que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que partiera de la base que para fijar la competencia, era procesalmente aplicable la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y, por ende, quien debería conocer del asunto, sería la autoridad administrativa. Lineamientos bajo los cuales, la autoridad responsable emitió la resolución que pretende impugnar el impetrante, cuestionando una vez más un tema ya dilucidado y superado en sede constitucional, lo que actualiza el contenido del artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." De la cita que antecede se precia que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado es dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo; ello, al considerarse que existe cosa juzgada. En el entendido que dicha causal sólo se actualiza cuando esa decisión atiende a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, y no se hubiese concedido a la responsable libertad de jurisdicción para actuar, como en el particular acontece, pues de ser así, esa porción sería susceptible de un nuevo análisis constitucional. Tal como lo estimó la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), localizable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 576, Registro: 2014643, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional.". El énfasis es nuestro. Cabe destacar que esta causa de improcedencia no transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, pues es acorde a los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida que tiene como propósito establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada, y no a limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental al quejoso, aunado a que además cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegura su correcta y funcional administración. Como se advierte de la Jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), visible en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 829, Registro: 2018315, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración.". En este sentido, se insiste que el tema de la competencia en los términos que nuevamente plantea el impetrante, ya fue abordado y superado en sede constitucional por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito. Ello es así porque como se indicó, al revocar el fallo emitido por este juzgador y reasumir jurisdicción, concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al Gobierno del Estado de México, en el juicio de amparo 1192/2018-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, para que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia ahí reclamada y dictara otra en la que partiera de la base que para fijar la competencia, era procesalmente aplicable la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y, por ende, determinara que quien debería conocer del asunto, sería la autoridad administrativa. Así, en cumplimiento a dichos lineamientos, la Primera Sala Civil de Toluca, resolvió el toca 387/2018, declarando jurídicamente inatendibles los agravios del ahora impetrante, pues sostuvo que con independencia de lo que expuso, el acto ahora reclamado, era emitido en cumplimiento a la ejecutoria en comento, en la cual se dilucidó el tema de la competencia en atención a la ley especializada en la materia y obligatoria por su propia promulgación. Razón por la cual, confirmó el fallo recurrido que declaró procedente la excepción de incompetencia opuesta por la parte contraria del impetrante. Lo cual constituye cosa juzgada y, por tanto, torna improcedente el reclamo del quejoso. Sin que sea óbice a lo anterior lo expresado por el impetrante en su escrito de demanda en el sentido que la autoridad responsable ni siquiera valoró correctamente la figura de la prescripción de la acción pues además que se torna en un tema novedoso y distinto a la competencia, respecto del cual solo podrá pronunciarse la autoridad que deba resolver la litis de origen; en realidad se aprecia que el motivo de ese cuestionamiento está dirigido una vez más, a insistir en el trámite del asunto en la vía civil. Tan es así que refiere que el propio impetrante refiere que aun cuando hubiese instado la causa de pedir sobre la actividad administrativa irregular en contra de los enjuiciados el día de la vigencia de la ley en comento, el Tribunal administrativo la hubiese declarado improcedente por prescrita o extemporánea. Circunstancia que se insiste, nada tiene que ver con el tema de la competencia, superado constitucionalmente y que, por tanto, constituye cosa juzgada, por lo que no puede ser materia de un nuevo análisis en sede constitucional como el quejoso pretende. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda que se trata. Domicilio. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se autoriza en términos amplios a Alejandro Rivera Sánchez, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas en términos de la última parte del párrafo segundo del numeral citado, por no contar con dicho registro. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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