Rene Rangel Gomez
Expediente 1003/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
Partes del expediente
- Rene Rangel Gomez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la Circular SECNO/12/2021, de veinte de febrero de este año, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación; con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19"; se provee lo siguiente: Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ...
- Principal
III) Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Visto el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Rene Rangel Gómez, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos Sofia Renee e Iker Eduardo Rangel Alarcon, contra actos del Juez Octavo Familiar de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 1003/2020-III. EXHORTACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA. Ahora bien, en términos artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible continúe con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberá proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se le provea la autorización correspondiente, en el entendido que deberá manifestar si es su deseo sea notificado vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, de conformidad con el numeral 62 del ordenamiento en cita, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Por consiguiente, del juicio de amparo en trato se advierte que la parte quejosa reclama el acto siguiente: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 817/2020 de su índice, en el cual acordó su contestación de demanda, sin embargo, no proveyó de conformidad la solicitud del quejoso, en el sentido de modificar las medidas provisionales decretadas anteriormente respecto a la custodia de su menor hija, en el expediente en el cual figura como parte demandada. Ahora, este Juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama un acuerdo emitido en un procedimiento civil sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. En efecto, el contenido del precepto legal en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Establecido lo anterior, debe señalarse que de la transcripción de mérito se aprecia que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Luego, el artículo señalado prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte inconforme tilda de inconstitucional acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 817/2020 de su índice, en el cual acordó su contestación de demanda, sin embargo, no proveyó de conformidad la solicitud del quejoso, en el sentido de modificar las medidas provisionales decretadas anteriormente respecto a la custodia de su menor hija, en el expediente en el cual figura como parte demandada; sin embargo, éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación ahí contemplado. Hecha tal precisión, contra el acto reclamado por el quejoso procede el recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1 y 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en relación con el contenido de los diversos 1.362 y 1.378 del citado código adjetivo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5.1.- Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento." "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 1.378.- Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación en este caso, se admitirá sin efectos suspensivos, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, del análisis de los artículos mencionados, este juzgado arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro de una controversia del orden familiar, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados, pues proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 5.74 y 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia de un medio de impugnación que pudo hacer valer la parte quejosa en la controversia del orden familiar de origen, a saber, recurso de revocación, dado que de la transcripción hecha del acto reclamado en el escrito de demanda, se advierte que éste fue dictado fuera de audiencia. Lo anterior es así, porque de los numerales antes transcritos del código adjetivo invocado, se advierte, en principio, que las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se deben tramitar conforme a las reglas establecidas en el Libro Quinto del citado ordenamiento legal, y en lo no previsto, conforme a los lineamientos previstos en el Libro Segundo de ese mismo ordenamiento. Por tanto, en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación, establecido en el artículo 5.74 en relación con el diverso 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México; por ende, resulta incuestionable la procedencia de dicho medio de defensa dentro de la controversia del orden familiar de origen, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado antes precisado, con lo cual se cumple el cuarto de los requisitos mencionado; de ahí que resulta exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote el recurso ordinario previsto por la ley que rige la contienda de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro de la controversia de origen (demandado). Máxime que, en el caso concreto, no obstante que se encuentran involucrados derechos de menores de edad, la parte quejosa no acreditó un riesgo o peligro grave para dichos infantes, con motivo del acto reclamado que aquí se analiza, con lo cual pudiera pensarse, al menos en grado de indicio, que está en riesgo o peligro, pues sólo en ese supuesto el medio de defensa ordinario sería inadecuado o ineficaz para alejar al referido menor de la situación de vulnerabilidad, riesgo o peligro en que pueda encontrarse, lo cual, se reitera, no sucede en este asunto. Por otro lado, en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, si no que tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, el quejoso debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Rene Rangel Gómez, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos Sofia Renee e Iker Eduardo Rangel Alarcon, contra actos del Juez Octavo Familiar de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, por notoriamente improcedente. Domicilio. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por la parte quejosa en el proemio del escrito inicial. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados a Sergio López Dominguez, Claudia Vargas Gómez, Camerino Roberto Chávez Argueta y Erick Elias Guadarrama, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con el registro de su cédula profesional en el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en tanto que los restantes en términos restringidos por no haber acreditado contar con el registro de mérito. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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