Rene Narvaez Gallardo
Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Narvaez Gallardo
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Declaración de ejecutoria. Por otra parte, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada en audiencia dictada el once de mayo de dos mil veintitrés, que otorgó la protección constitucional a los quejosos. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, párrafo segundo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Anotaciones internas. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativas a la declaración de firmeza procesal. Se requiere cumplimiento de sentencia. Al haber quedado firme el fallo que otorgó la protección constitucional a los quejosos, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable *, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTIQ, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, den total cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es: * Apercibimiento a las autoridades. Luego, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir lo aquí establecido o de omitir manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), según se califique la gravedad de tal omisión y los daños ocasionados a la quejosa. Además, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, para que continúe el trámite correspondiente al incidente de inejecución de sentencia. * Requerimiento al superior jerárquico. Por otro lado, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al Fiscal General del Estado de Puebla, para que instruya a la autoridad responsable que cumpla con el fallo protector en los términos establecidos. Se hace notar al fiscal general que, lo anterior implica actuar más allá de sólo enviar a la autoridad un comunicado donde le haga saber el requerimiento, pues deberá conminarla o requerirla en forma directa a que cumpla la ejecutoria de amparo, en lugar de hacerle una invitación a ello. Máxime que el incumplimiento de la sentencia conlleva a una responsabilidad, en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo, pues impone a las autoridades responsables y a su superior jerárquico, la separación de sus cargos y su consignación ante un juez de distrito. Por lo que el Fiscal General del Estado de Puebla, deberá informar en un plazo de tres días contados a partir de que le sea notificado el presente auto, las medidas que dispuso para dar la efectividad requerida al requerimiento previo. Se apercibe al mencionado fiscal que de omitir dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo en vigor, una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno para la continuación del trámite que corresponda al incidente de inejecución de sentencia. *
- Principal
JUICIO DE AMPARO 312/2022-II. Puebla, Puebla, siete de abril de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 312/2022-II. Puebla, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó * contra actos del Juez Séptimo de lo Penal de esta capital, ahora reasignado al Juzgado Quinto de lo Penal Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar que el quejoso señaló como actos reclamados, lo siguiente: ".1. Del Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros de esta Ciudad Capital reclamo: a) [.]. b) [.]. Del Ciudadano Juez Séptimo de lo Penal, ahora Juzgado Quinto, reclamo:a). b). [.]. Del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla de la Segunda Sala reclamo: La omisión de no haber repuesto el procedimiento en apelación dándose cuenta que el supuesto abogado que se me designo no había presentado su sedula (sic) profesional y que solo abía (sic) proporcionado un gafet (sic) expedido por procuraduría del ciudadano [.]". De la transcripción precedente, relacionada con contenido integral de la demanda y los anexos que la acompañan, se pueden señalar los siguientes actos reclamados. I. Del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros de la ciudad de Puebla: a) b) II. Del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla: c) d) Procurador General de Justicia del Estado de Puebla. III. De la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: e) Tocante a los actos reclamados en los incisos a), c) y e), se advierte que los mismos convergen en un mismo punto: la designación de un defensor público en instancia ministerial, del cual no se verificó que contara con cédula profesional que lo acreditada como licenciado en derecho. Empero, respecto de éstos, encuentra actualización la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Conforme a dicha hipótesis, es improcedente el juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan dejado de afectar los derechos sustantivos del quejoso. Esto puede acontecer ya sea por la revocación del acto reclamado o porque es sustituido procesalmente. En el primer caso, los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. En el segundo supuesto, la autoridad responsable o un revisor, emite un nuevo acto que lo sustituye. Así, aun cuando la situación jurídica del gobernado continúa afectada, ahora lo está por una nueva determinación, ésta es contra la cual procede el juicio de amparo. En similares términos se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuido, dentro de la tesis de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. " En el caso, el quejoso reclama tres omisiones que derivaron en una violación a su derecho de defensa adecuada. Empero, de los antecedentes del acto reclamado y los conceptos de violación, se advierte que, en realidad, el quejoso ya ha sido sentenciado en primera instancia, y ese fallo fue confirmado en apelación por la sala señalada como responsable. En ese marco procesal, es evidente que lo resuelto en segunda instancia sustituyó procesalmente a los actos reclamados. En esas circunstancias, la ejecutoria de segunda instancia generó la cesación en sus efectos de dichos actos. Los sustituyó. Sobre todo porque en ésta, la sala responsable realizó una valoración de las pruebas desahogadas en el proceso de entre las cuales se ubican aquellas desahogadas con asistencia del aludido defensor público. De este modo, la afectación reclamada con motivo de esas omisiones quedó sustituida y dejó de tener efectos legales propios. En consecuencia, es dable concluir que los efectos de los actos reclamados han cesado por sustitución, pues la sala responsable emitió una ejecutoria que juzgó en definitiva al quejoso. Es lo resuelto en este fallo lo que asume la afectación de derechos fundamentales alegada. Por tanto, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia invocada en un principio, porque aun cuando la afectación alegada en la demanda pueda subsistir, sus efectos son atribuibles a un nuevo acto: la sentencia de segunda instancia. En punto y aparte, relativo al acto destacado con el inciso b), esta autoridad advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. ..No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Se explican las razones de dicha aseveración. De la fracción XIV en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando el quejoso no lo promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: "Artículo 17. ...; ." De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado por el quejoso (consistente en la determinación de veintitrés de febrero del dos mil cinco), el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintidós (como se desprende del sello de recepción plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla) es claro que el quejoso excedió el plazo de quince días que tenía para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara dicho retardo en la presentación de la demanda. Finalmente, por cuanto hace al acto reclamado precisado con el inciso d), en criterio de esta autoridad, es un acto que no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, por lo que de conformidad con la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías. De conformidad con el artículo 1º de la ley de la materia, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser vulnerado con la emisión del acto reclamado. Establecido lo anterior, es oportuno señalar que, a criterio de esta autoridad, respecto al acto puntualizado no se puede considerar como uno que restrinja algún derecho fundamental del quejoso. Por tanto, al no existir un agravio personal y directo, tampoco existe interés jurídico del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, por lo que se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada. De ahí que, se reitera, en el caso se considera que la acción aquí reclamada, constituye un acto cuyos efectos no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso. En consecuencia de todo lo expuesto, se desecha de plano la demanda presentada por *** Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. El quejoso omitió señalar domicilio alguno para efectos de recibir notificaciones; por tanto, en términos del artículo 27, párrafo III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como tal las listas que se publiquen en este juzgado. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico y un número de teléfono; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Rair Marín López, porque se encontró registro de la cédula profesional del nombrado en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace a la otra persona señalada por el quejoso en la demanda, queda autorizada en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, porque carece del referido registro....Notifíquese; de manera personal al quejoso (por lista); y cúmplase.
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