Rene Martínez Aguilar
Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Martínez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de quince de agosto de dos mil dieciocho (foja 14), dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.
- Principal
Del estado procesal de los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar la prevención formulada en auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, pues transcurrió del ocho al catorce de agosto del año en curso, de cuyo lapso deben descontarse los días once y doce de agosto de la presente anualidad, pues fue notificado el seis de agosto de dos mil dieciocho, sin haber presentado escrito aclaratorio. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Vista la razón asentada por la actuaria de la adscripción, se advierte la imposibilidad para notificar el auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, de manera personal al quejoso ///. Lo anterior porque al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, fue atendida por el asesor jurídico de dicha institución, quien le informó que dicha persona obtuvo su libertad por condena condicional el día uno de agosto de dos mil dieciocho; motivo por el cual le fue imposible llevar a cabo la notificación ordenada. Por lo que en tales condiciones, se ordena a la actuaria de la adscripción, notifique al quejoso ///, el auto de uno de agosto de dos mil dieciocho y el presente proveído por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto señale domicilio procesal para tal efecto.
- Principal
Se recibe la demanda de protección signada por ++++, por propio derecho, contra actos de los Ministerios Públicos de la Federación y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, la demanda contiene diversas irregularidades que requieren de aclaración respecto del acto reclamado y las autoridades que deberían responder por dicho acto. Para demostrar lo primero se hace notar que el capítulo específico del acto reclamado, contiene el señalamiento de una orden de aprehensión, detención, presentación o retención. Tal cuestión es imprecisa porque el reclamo de una orden de aprehensión implicaría la existencia de un proceso y se requeriría que el promovente señalara alguna autoridad judicial responsable a la cual le imputara dicha orden. Lo cual debe ser aclarado para que la responsable conozca la actuación específica por la cual debe rendir informe; y más porque las facultades de las autoridades señaladas en la demanda, son insuficientes para emitir una orden de aprehensión como se reclama en la demanda. En cuanto a la orden de retención, ésta implicaría una actuación dentro de una averiguación previa o carpeta de investigación, así como la previa detención por parte de una autoridad administrativa, lo que obligaría a recabar información respecto del número de indagatoria, delito que se investiga, la fecha y causas de la detención, así como la denominación exacta de la autoridad administrativa que ordenó la retención del quejoso, lo cual resulta incompatible con la circunstancia de que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Por otra parte, respecto de la denominación de las autoridades señaladas como "Los Ministerios Públicos de la Federación adscritos al tramo carretero Puebla-Tehuacán km. 029+00 tramo Puebla-Tepeaca"; "Los Fiscales del Ministerio Público Orientadores en la ciudad de Puebla" y "Los Fiscales de la Casa de la (sic) Justicia del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla"; se encuentran señaladas de manera genérica e imprecisa, pues se desconoce si pretende señalar a Agentes del Ministerio Público Federal adscritos al Distrito Judicial de Tehuacán o al de Tepeaca, ni a cuáles o cuántos de ellos; lo mismo ocurre respecto a los diversos del Distrito Judicial de Puebla. Entonces, al resultar imprecisas las autoridades señaladas como responsables, así como el acto que desea reclamar, pues los términos en que está redactada la demanda de amparo resultan ambiguos. Lo que imposibilitará emplazar a juicio a las autoridades de referencia, como ha sucedido en otros asuntos de este juzgado que también han involucrado, pero han terminado en sobreseimiento, por la falta del señalamiento de las responsables de manera concreta y de acordar en determinado sentido, sería incierto y podría generar una transgresión a los derechos del quejoso. Además, de que de ningún modo pasa inadvertido que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Pues de conformidad con el artículo 107 constitucional, fracción I, los actos que se reclaman en la vía de amparo deben ocasionar un agravio personal y directo a quien los reclame, lo cual no ocurriría en caso de que resultara imposible llamar a juicio a las autoridades responsables, por ser incorrecta o imprecisa su denominación. Aunado a lo anterior, el quejoso manifiesta encontrarse privado de su libertad dentro del Centro de Reinserción Social de Puebla, empero, para nada manifiesta el estado procesal de la causa penal, así como el delito por el que se encuentra recluido. Entonces, dichas aclaraciones se realizan en beneficio del quejoso, puesto que se le dejaría en estado de indefensión respecto del acto que reclama. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, con los puntos siguientes: Manifieste si desea limitar el acto reclamado a la orden de detención o presentación y atribuírselo a las autoridades que señala en su demanda como responsables; o bien; Precise si desea reclamar la orden de aprehensión librada en su contra, pero en ese caso, deberá señalar al menos a una autoridad judicial a quien le atribuya dicho acto; En caso de insistir en señalar la orden de retención en su contra, deberá indicar cuándo se llevó a cabo su detención, qué autoridad administrativa le informó las causas de su detención, el número de indagatoria que propició su detención, así como el delito que se le atribuye. Aclare las denominaciones completas, correctas y actuales de las autoridades señaladas como: "Los Ministerios Públicos de la Federación adscritos al tramo carretero Puebla-Tehuacán km. 029+00 tramo Puebla-Tepeaca"; "Los Fiscales del Ministerio Público Orientadores en la ciudad de Puebla" y "Los Fiscales de la Casa de la (sic) Justicia del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla"; Refiera los antecedentes de su actual reclusión, es decir, que indique el número de causa penal instruido en su contra, el delito que se le atribuye, el juzgado ante quien se tramita dicho proceso y el estado procesal del mismo, o sea, si está en el periodo de instrucción, si ya se dictó sentencia, en su caso cuál es la pena de prisión que está compurgando. Indique cuáles son los hechos y abstenciones que les atribuye a la o las autoridades que señale como responsables, y en su caso, si se trata de los mismos a que hace referencia en la demanda de protección de derechos. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos más para formar el incidente de suspensión, en el caso de solicitarlo. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que la prevención de que se trata, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión, para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el Centro de Reinserción Social de Puebla, por así haberlo solicitado. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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