Rene Mejia Torres

Expediente 547/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
547/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • Rene Mejia Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de doce de este propio mes de diciembre.mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el primer párrafo, del artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, .se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes.archívese este expediente como definitivamente concluido.carece de relevancia documental.es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda presentado por René Mejía Torres, contra actos del Juez de Garantías con residencia en esta ciudad; anótese en el libro de gobierno con el número 547/2016, y fórmese expediente. Ahora, el quejoso señala como acto reclamado la omisión del juez responsable de notificarle el auto de apertura a juicio en la causa penal 211/2014. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, y 173, fracción XV, de la ley de la materia, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En el caso, resulta conveniente señalar que, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba que debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció, que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sobre esas reglas, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. Así, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto, pues debía aceptarse de manera excepcional que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales como las cuestiones de personalidad, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. No obstante lo anterior, la actual Ley de Amparo, en la fracción V, del artículo 107, proporciona un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio de imposible reparación. En efecto, de la literalidad de dicho precepto legal, se obtiene que el legislador estableció como regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la misma porción normativa, el legislador estableció una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, al consignar que el juicio de amparo indirecto procede: . Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo . Bajo ese contexto, se considera que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos considerados como de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, el quejoso en su carácter de procesado en el proceso penal 211/2014, de! que derivan los actos reclamados, se duele de la omisión del juez responsable de notificarle el auto de apertura a juicio en la citada causa penal; acto contra el cual el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, y 173, fracción XV, de la Ley de Amparo, en tanto que, no se trata de actos en juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que, de no obtener sentencia favorable el aquí quejoso, y tales violaciones trascienden al resultado del fallo, será una violación a las leyes del procedimiento que afecten sus defensas, reclamable en el juicio de amparo directo. Lo que resulta así, habida cuenta que de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal; 107, fracción V, 170, fracción I, y 173, fracción XV, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el juicio de amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción procede el juicio de amparo indirecto, competencia del Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. En la especie, a juicio del suscrito juzgador el acto reclamado que señala el quejoso en su escrito de demanda, se traduce en violaciones de carácter procesal que por su naturaleza jurídica, sólo son reclamables en amparo directo, de conformidad con el artículo 173, fracción XV, de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse dentro del supuesto normativo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto establece el diverso artículo 107, fracción V, de la ley de la materia; esto es así, porque en el caso de que existiera una violación a las garantías individuales del quejoso que pudiera afectar su defensa y trascender al resultado del fallo, tendría el carácter de intraprocesal, lo cual, no le generaría un agravio de imposible reparación, como lo requiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues tal afectación, en caso de que así aconteciera, deberá determinarse precisamente al resolverse en definitiva el procedimiento penal, y en caso de favorecerle, tal violación formal sería reparada; caso contrario, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva. De ahí que no deban ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como en el caso del acto reclamado, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Tal acotación pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. Por consiguiente, como ya se dijo, la omisión del juez responsable de notificarle al quejoso el auto de apertura a juicio en la causa penal 211/2014, de ninguna manera es reclamable en amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha omisión sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en todo caso, si tales violaciones trascienden al resultado del fallo, será una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas de la quejosa, reclamable en amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 113, 170, fracción I, 172, y 173, fracciones XV, de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo que promueve René Mejía Torres contra actos del Juez de Garantías con residencia en esta ciudad. .. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, el que indica; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Morales Sánchez, Asunción Jiménez Sánchez, Noel Valdivieso Tapia y Mariana Yañez Unda, quienes justifican estar legalmente autorizados para ejercer !a profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación.

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