René Gabriel Martínez Hernández

Expediente 128/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
128/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • René Gabriel Martínez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por René Gabriel Martínez Hernández, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, expídase a su costa copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, devuélvansele las constancias que exhibió con el escrito inicial de demanda, previa foja de sustitución y razón de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 13-16), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por René Gabriel Martínez Hernández, contra actos del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) Sección XXV, con residencia en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 128/2018. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe precisar que por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto . En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. Al efecto, los artículos 61, fracción XXIII; 1º, párrafo último, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: . De las transcripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, es conveniente recordar que la teoría distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales y garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supra a subordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios y las funciones del ente que las realice deben estar determinadas por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende, aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, la lectura íntegra de la demanda de amparo revela que el quejoso René Gabriel Martínez Hernández, reclama del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) Sección XXV; secretario General de dicho Sindicato, y Secretaría Técnica de Escalafón del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), residentes en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, lo siguiente: "V. ACTO RECLAMADO: DEL LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO a), b) y c), LES RECLAMO LA FALTA DE ACUERDO Y/O CONTESTACIÓN QUE POR ESCRITO Y POR SEPARADO LES PRESENTÉ; a fin de conocer la situación real de la Plaza número 034183, correspondiente al cargo de Sub Jefe de Farmacia, con adscripción a la Clínica de Medicina Familiar en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; plaza que actualmente se encuentra siendo impugnada mediante Oficio SME 0157/2017 de fecha 27 veintisiete de marzo del 2017 dos mil diecisiete, por parte de la aquí ahora Tercero Interesado GUADALUPE RAMÍREZ GARCÍA." De dicha promoción se aprecia que el quejoso se duele de la falta de acuerdo y/o contestación a sus escritos de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, tres, veintiuno y veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dirigidos a las autoridades responsables, por los que solicitó su apoyo para gozar del beneficio escalafonario para ocupar la plaza número 034183 correspondiente al puesto de Subjefe de Farmacia con adscripción a la Clínica de Medicina Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, así como para que se le informara el estatus del proceso de impugnación que mediante oficio 0157/2017, de veintisiete de marzo del año próximo pasado, realizó Guadalupe Ramírez García. De lo que se colige, que la relación que existe entre el quejoso René Gabriel Martínez Hernández, con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (SNTISSSTE) Sección XXV; secretario General de dicho sindicato, y Secretaría Técnica de Escalafón del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), residentes en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, es bilateral, de coordinación y no de supra a subordinación, toda vez que la Secretaría Técnica de Escalafón del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, actúa como patrón en relación con el justiciable, con aspectos enmarcados dentro del ámbito del derecho del trabajo, lo que se evidencia del propio acto reclamado que la relación jurídica se entabla precisamente por su relación patrón-trabajadora; asimismo, los actos provenientes de un sindicato dirigido a sus agremiados, es de coordinación y carece de imperio, dado que el sindicato representa la asociación de trabajadores constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, los cuales se rigen mediante reglas instituidas para las relaciones internas de dicha agrupación, creadas por sus propios integrantes, pero no emanan de un órgano del estado. Por ese motivo, no puede considerarse que las citadas autoridades que señala como responsables, realicen actos equivalentes a los de autoridad, puesto que no deriva de un acto unilateral (sino bilateral) en el que se ejerza una facultad de imperio. En tal orden de ideas, el juicio de amparo que se intenta resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado; en consecuencia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Por otra parte, no ha lugar a tenerle a quejoso por señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el que señala en el proemio del escrito de demanda, dado que no se ajusta a las exigencias del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en la medida que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado; por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele sus notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones.

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